En el marco de las elecciones de 2024, en Revista Común nos interesa escuchar la opinión proveniente de diferentes voces acerca de los temas y problemáticas que hoy deben estar puestos sobre la mesa del debate público. Por eso, en esta ocasión, decidimos hacer un ejercicio de consulta a manera de encuesta, una que pueda reflejar las preocupaciones de quienes trabajan o estudian las políticas o perspectivas alrededor de la seguridad, la justicia y la construcción de paz.
En esta sexta y última entrega —la primera se centró en el 8M; la segunda, en política fiscal; la tercera, en medio ambiente y crisis climática; la cuarta, en periodismo y medios de comunicación; y la quinta, en salud pública—, nos acercamos a tres especialistas en el tema, quienes nos hicieron llegar sus reflexiones por escrito: Myriam Fracchia, investigadora, Servicio Paz y Justicia (Serpaj); Rodrigo Meneses, profesor universitario, experto en temas de seguridad y justicia; y Pablo Ferri, periodista.
¿Cuál es tu diagnóstico sobre la forma en que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado los problemas de violencia y criminalidad?
Myriam Fracchia: Desde el siglo XX, hemos observado que paralelamente a la ampliación de la participación ciudadana a través de diferentes signos partidistas, en los tres niveles de gobierno, también se realizaba un proceso de exterminio selectivo al que se ha sobrepuesto el exterminio masivo desde la “guerra contra el narcotráfico”. Han proseguido los asesinatos y desapariciones de activistas, periodistas y candidatos electorales, así como de la población de ambos sexos y de todas las edades, incluyendo los “desconocidos” (en cuanto no se aportan datos sobre sus identidades), como parte de la sociedad. La responsabilidad de este costo humano es fruto de la colusión entre autoridades, crimen y empresarios, que persiguen sus intereses mercantiles —locales, nacionales y transnacionales— de manera heterogénea en las diferentes regiones del país. Ese entramado de la criminalidad no sólo opera en México, sino también en el resto del mundo.
El actual gobierno ha abordado ese complejo entramado, pero no ha logrado erradicarlo. Por un lado, ha reconstituido un Estado de bienestar: programas sociales, salud, educación con más universidades y becas, los pilares, política laboral con aumento del salario mínimo, recuperación de áreas estratégicas, más infraestructura para los pueblos, más poder a los medios públicos. Esto, con la finalidad de rescatar a parte de la población del sometimiento a la delincuencia organizada, lo que ha saldado parcialmente la desigualdad económica. Por otro lado, el gobierno ha incrementado una política de seguridad pública basada en la ampliación del poder militar en todas las áreas estratégicas de gobierno, “porque el crimen organizado se ha convertido en una fuerza ‘cuasimilitar’, que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas” y, en palabras de López Obrador: “me encontré una realidad catastrófica, y precisamente por la corrupción, y no iba yo a poder salir si no me apoyo en las fuerzas armadas… eché mano de lo que tenía nuestro país” (La Jornada, 1/9/22: 4 y 7/5/24: 3).
Esto ha comportado la concentración y coordinación de las Fuerzas Armadas, a las que está sometida la creada Guardia Nacional, en sustitución de la policía federal que junto al Estado Mayor Presidencial han sido desmantelados. Aun si han bajado los indicadores de los mayores delitos, aun si se ha impulsado la creación de la institucionalidad para atender las desapariciones gracias a las presiones de los familiares que las han padecido, se ha desmantelado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; hay un accionar lento y selectivo del Fiscal General, de la Unidad de Inteligencia Financiera, fiscalías, jueces y ministros, que privilegia a los altos dirigentes encerrados por corrupción y libera a delincuentes; tampoco hay avance en el esclarecimiento de los hechos de Ayotzinapa ni de la indagación de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia. Lo que ha ido desnudando la colusión entre diferentes dominios en el poder judicial, en el poder legislativo y en los poderes ejecutivos estatales. Esto señala la enorme dificultad que entraña realizar las reformas electoral y judicial, y poder desmantelar los entramados criminales que atenazan al Estado.
Rodrigo Meneses: El gobierno actual ha construido una política de seguridad sobre tres ejes fundamentales: 1) prevención social a través de programas sociales que buscan arrancar a los jóvenes de las garras del crimen organizado mediante el pago de becas y apoyos al estudio; 2) populismo punitivo por medio del reforzamiento del régimen oficioso de prisión preventiva y el aumento de penas carcelarias; y 3) militarismo a través del despliegue de fuerzas armadas y la estructura operativa de la Guardia Nacional. Los resultados de esta estrategia son limitados. Hoy, hay más jóvenes en conflicto con la ley, víctimas, probables responsables y delincuentes en prisión que hace seis años. Qué tanto estos aumentos son el reflejo de un Estado comprometido por la justicia, o no es una discusión que está por tenerse.
Pablo Ferri: Es un misterio. En los viajes que he hecho estos años a zonas del país, atravesadas por batallas entre grupos criminales o criminales y autodefensas, el Estado siempre llega tarde. Quiero decir que militares, marinos o guardias nacionales aparecen después de los estallidos violentos, sin ninguna intención, ni por su parte, ni por parte de otras agencias federales o locales, de tratar de deshacer los nudos que yacen en el núcleo de los conflictos. Pero digo que es un misterio porque, pese a eso, hay elementos que invitan a pensar que, en algunos casos, el Estado se mueve en la sombra, caso de Michoacán en 2021, con la ofensiva del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra las mafias y/o autodefensas locales, y la respuesta del Estado contra este grupo criminal, presuntamente aliados con esas mafias y/o autodefensas locales, como ha informado el Crisis Group estos días.
Entonces, creo que en general ha prevalecido la lógica de abrazos no balazos, con los terribles resultados vistos en Colima o Chiapas, con posibles desvíos como en el caso de Michoacán. Eso dibuja, en el fondo, una improvisación y no una política, de ahí que la violencia siga desatada.
¿A qué políticas puntuales te gustaría que se comprometieran las candidatas y los candidatos en materia de seguridad, justicia y construcción de paz?
Myriam: No habrá seguridad, justicia y, por tanto, condiciones para pacificar al país mientras no se logre desbaratar el entramado político-militar-empresarial-criminal que opera de manera heterogénea en el territorio. Para lograrlo habría que implementar políticas que atravesaran transversalmente todas las áreas y dimensiones del Estado, en todos los niveles de gobierno, así como en sus vinculaciones transnacionales que se refieren al combate a la corrupción, al lavado de dinero y al rastreo del capital delincuencial; a la trata o explotación sexual y laboral, que incluye a los migrantes; a los mercados de armas y de drogas; a la extorsión; a las políticas del agua, de defensa del bosque, fauna y flora, de elaboración de megaproyectos y de minería. Habrá de perseguirse la aplicación de una justicia correspondiente, de carácter transicional, sin privilegios, de arriba para abajo y viceversa, como ya existe en algunos países del mundo como Australia o Sudáfrica. A esas fiscalizaciones y saneamientos económicos debieran estar sometidos todos los poderes civiles y el conjunto de las fuerzas armadas. De éstas habrá que eliminar el poder de la intocabilidad. Por otro lado, habrá que fortalecer los mecanismos de protección de la ciudadanía y de los luchadores sociales, de las comunidades rurales y urbanas para evitar su saqueo y expropiación de sus recursos.
El gran desafío es lograr desarticular una cultura centenaria de corrupción, a lo que contribuiría una política laboral más contundente, que elimine la necesidad de recurrir al sometimiento del crimen para subsistir, así como el reforzamiento de las políticas educativas de construcción y de cultura de paz. Si la sola idea de aplicar el Plan C convulsiona todos los intereses mencionados, lo expuesto aquí demanda, para su realización, un largo plazo, pero se puede ir realizando por dimensión o área, que conduzca a ello. Sin Plan C no habrá justicia ni paz, pero no basta. Los intereses de la ciudadanía deben imponerse a la lógica de negocios sin el ejercicio de un doble poder, de una doble economía.
Rodrigo: En primer lugar, reconocer, recuperar y reforzar la política de búsqueda de personas desaparecidas. En segundo, desmontar el régimen actual de prisión preventiva oficiosa. En tercero, promover y garantizar reducciones constantes en la cifra de delincuentes reincidentes. Y en cuarto lugar, promover una política gradual de desmilitarización de las tareas de seguridad pública.
Pablo: Llevar a cabo una verdadera revolución en la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales, que permita entender la procuración de justicia como una verdadera herramienta de persecución de delitos y no como meros gestores del crimen, en el mejor de los casos. Y que la Guardia Nacional desarrolle capacidades bajo supervisión civil, para recibir denuncias, abrir carpetas de investigación, y consignarlas ante la judicatura, en colaboración con la FGR.
¿Qué expectativas tienes sobre lo que el próximo gobierno pueda realizar para atender la crisis de violencia de nuestro país?
Myriam: La crisis de violencia o de exterminio en México podría ser atendida sólo si se avanza hacia el desmantelamiento del entramado económico-financiero-militar-político del crimen que la hace posible y la sostiene. Esto hace necesario que el próximo gobierno, por un lado, deba seguir consolidando y ampliando el Estado de bienestar con los programas sociales mientras va saneando y transparentando ese entramado complejo. Esto pondría en su lugar al poder militar en sus varias ramas. La sociedad se empoderaría en la reconstrucción social-económica-política y militar.
Además, habrá que preservar y alimentar la memoria; acceder y transparentar los hechos de represión por lo menos desde los años 60 del siglo XX a la fecha; y que las organizaciones sociales y civiles tengan interlocución y capacidad de propuesta y de trabajo conjunto con los diferentes niveles de gobierno. Significaría hacer justicia en los hechos de represión históricos, además de judicializar los casos.
Este gran esfuerzo requiere, de parte del poder ejecutivo y sus equipos, realizar una coordinación permanente, con el apoyo de los poderes legislativo y judicial, a la par de las secretarías de gobierno de Gobernación, de Seguridad y de Relaciones Exteriores, con las áreas económicas. Que lograran reforzar y profundizar en las políticas laborales y en el desmantelamiento de los sindicatos charros.
Se necesita retomar el control de los mercados emergentes, regularlos a nivel nacional y en su coordinación internacional. Por cada uno de los mercados, los involucrados en su operación legal, así como la población, deben ser consultados, escuchados. Se deberían reasumir, en áreas de ese trabajo, las bases sociales territoriales en esas actividades de defensa del medio ambiente, de seguridad, contra la extorsión, contra la trata, de atención a migrantes, a los presos políticos y al ejercicio de los diversos derechos humanos de los pueblos y de los ciudadanos.
Rodrigo: A nivel general, es probable que siga reduciéndose la proporción de muertes (homicidios) atribuidas al ejercicio de la violencia. Sin embargo, ésta continuará afectando de manera significativa a comunidades y zonas específicas del territorio nacional. Es probable también que el próximo gobierno proponga más cabios actuariales (incorporación de nuevas metodologías y criterios oficiales para procesar la información oficial sobre el crimen y la violencia) que sustantivos (reformas legales, procesales o constitucionales) para prevenir e institucionalizar los delitos. Finalmente, el gobierno entrante tendrá la posibilidad de recuperar y fortalecer diferentes insituciones cruciales para este proceso, como las comisiones nacional y locales de derechos humanos, el sistema de búsqueda de personas desaparecidas, el sistema de víctimas, las defensorías de oficio y los sistemas de ejecución de penas.
Pablo: No tengo expectativas al respecto. Después de tres gobiernos desastrosos en la materia, todo plan que, ejecutado, dé buenos resultados, sería fantástico. Pero hasta ahora no ha habido planes, sólo ocurrencias, desechadas cada seis años, siempre sometidas a la conveniencia de la clase política.
