En la ciudad de Buenos Aires, a mediados de mayo de 2025, el vocero presidencial ofreció en la Casa Rosada una conferencia de prensa destinada a anticipar las nuevas medidas que el gobierno pretendía llevar adelante en materia migratoria. Desde el atril oficial, con el tono arrogante y aleccionador que suele utilizar, el funcionario reprodujo el habitual repertorio antiinmigrante. En sus palabras resonaban las declaraciones de funcionarios de gobiernos anteriores que han atacado a determinada “inmigración”: la migración ilegal, la migración desordenada, la migración descontrolada. En esta ocasión, mediante diversas distorsiones históricas y clasificaciones morales, el vocero presidencial estableció diferencias entre la migración del pasado lejano y la reciente, al mismo tiempo que apeló a las figuras del “buen” y del “mal inmigrante” para crear un relato que justificara las “modificaciones al régimen migratorio”, en especial el reforzamiento de los controles migratorios y fronterizos.
En ese relato, la migración europea de fines del siglo XIX es retratada como “virtuosa” y como un “aporte” basado en el trabajo y el respeto a la ley, mientras que las migraciones actuales son asociadas al caos, al abuso, a la deshonestidad, al peligro, a la delincuencia. Pero la retórica antiinmigrante no descalifica en bloque a todxs lxs migrantes ni se erige contra cualquier inmigración, sino que selecciona, racializa y criminaliza a ciertos individuos o grupos de un universo mucho más amplio para adjudicarles la culpa de los problemas sociales o económicos y justificar el brutal ajuste neoliberal. Bajo el gobierno de Milei, lxs migrantes indeseables, en contraste con “los inmigrantes de bien”, son acusados de abusar de los servicios públicos (especialmente los servicios de salud), cometer delitos, vivir al “margen de la ley” o atentar contra la “prosperidad” del país o de la nación. En el contexto actual, estas representaciones se inscriben en una narrativa política global impulsada por la ultraderecha que traza una linealidad temporal a partir de parámetros nacionalistas: frente a la necesidad de restaurar el pasado glorioso, es imperioso seleccionar y desterrar a quienes impiden “hacer a la Argentina grande otra vez” (la identificación con la consigna “Make America Great Again” de las primeras y segundas administraciones Trump no es ninguna coincidencia).
“Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes”, expresó el vocero presidencial con tono provocador y admonitorio en aquel mayo de hace un año, dos semanas antes de que fuera dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 366, que a fines de ese mes amplió las causales de inadmisión y expulsión y aceleró los procesos de expulsión, aun aquellos sin condena firme. Este decreto provocó una reacción inmediata de diferentes espacios del activismo migrante que se manifestaron por medio de distintas modalidades de acción. Organizaciones con una larga trayectoria de trabajo en defensa de los derechos de lxs migrantes —como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF)—, así como distintas instituciones, colectivos migrantes y redes académicas, emitieron comunicados. Asimismo, en junio, más de 30 organizaciones de la sociedad civil organizaron un plenario para trazar estrategias de lucha. A inicios de 2026, distintas agrupaciones incluyeron consignas de repudio al DNU en marchas por reclamos más generales.
La construcción oficial de la figura del inmigrante delincuente opera desde hace más de un siglo en Argentina y es constantemente actualizada y resignificada. Esta categoría criminalizante condensa la representación del migrante indeseable, articulada en torno al binomio legal/ilegal —el cual remite no sólo a una distinción jurídica, sino también a una diferenciación social y moral—, y ha demostrado una notable eficacia política para deslegitimar la presencia de los inmigrantes y, al mismo tiempo, justificar y naturalizar medidas de control punitivo como la detención y la expulsión. La exaltación del castigo en el campo de las migraciones se inscribe en la fórmula “el que las hace, las paga”, que atraviesa la narrativa oficial y expresa una concepción securitaria y punitivista más amplia de la gestión neoliberal y neoconservadora de la sociedad. Durante el gobierno de Milei, la expulsión no sólo simboliza el endurecimiento de la política migratoria, sino que también organiza una narrativa y esquemas de acción que apuntan a la espectacularización del control migratorio. Con una presencia migrante de diversos países sudamericanos, caribeños, asiáticos y africanos, la espectacularización en Argentina no es aleatoria, sino que refuerza el rechazo hacia migrantes que son esencialmente asociados con las alteridades indígenas y afrodescendientes negadas por el ideario nacional.
La escenificación del control mediante la divulgación en redes sociales de los operativos y procedimientos desplegados por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) junto a la Policía Federal, cuyo fin es verificar la situación administrativa de lxs migrantes en determinadas zonas urbanas —los llamados “controles de permanencia”—, así como de las prácticas de detención y expulsión de “inmigrantes delincuentes” o “inmigrantes ilegales”, forma parte de una “política de la hostilidad” que el gobierno nacional lleva adelante como un modo específico de intervención política. Estas acciones, que producen sospecha y rechazo hacia lxs migrantes, recrean sensaciones de (in)seguridad entre nacionales y estados colectivos de malestar, temor y miedo entre no-nacionales. De este modo, el gobierno busca crear condiciones para el endurecimiento del castigo y la aceptación social de medidas de control y disciplinamiento de la población migrante que podrían ser cuestionadas por su carácter arbitrario e injusto. Estas prácticas estatales no han pasado inadvertidas para diferentes actores sociales. El “ICE argentino” —en tanto analogía de la agencia estadounidense encargada de la detención, deportación y control migratorio interno— es una expresión que empezó a circular en debates públicos y mediáticos recientes para denunciar la exacerbación de las prácticas de control en el marco de un giro securitario más amplio de la política migratoria. Como lo han expresado referentes de organizaciones involucradas en las luchas migrantes, “la narrativa que se está armando ahora es una narrativa de ataque” que apunta a la construcción de un “enemigo”.
Figuras de la sospecha: abuso, reproducción y amenaza sexual
Desde la asunción de Milei, las intervenciones públicas del vocero presidencial y de otras figuras del gabinete han ido delineando un conjunto de enunciados donde la migración es puesta bajo sospecha. En diferentes ocasiones y contextos, las formulaciones oficiales producen activamente a las personas migrantes como sujetos ilegítimos. Esta operación discursiva se apoya en tres figuras que funcionan como justificación tanto para el desmantelamiento del sistema público de salud y educación como para la expansión de las instituciones punitivas en general: lxs migrantes como abusadores de servicios públicos, la mujer migrante como amenaza reproductiva y el varón migrante como peligro sexual.
En mayo de 2025, el vocero presidencial sostuvo que “solamente en ocho hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones de pesos en atender extranjeros” y que “uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Concluyó su diagnóstico afirmando que “no es justo que quienes pagan impuestos financien el abuso de quienes vienen a usar servicios que no les corresponden” (Casa Rosada, 2025). Este tipo de declaraciones, presentadas como razonables y basadas en datos, reactivan una idea conocida en torno a las migraciones: la asociación entre costos y amenaza como forma de justificar la exclusión. Al mismo tiempo, producen una distinción entre sujetos “merecedores” y “no merecedores”, ampliando esa frontera hacia distintas figuras vinculadas a la extranjeridad, el abuso y la peligrosidad. Desde el punto de vista oficial, no se trata sólo de un uso intensivo de los recursos, sino también de una conducta moralmente reprochable.
La apelación a cifras tergiversadas o engañosas refuerza la narrativa repetida sobre la carga o el exceso. El uso estratégico de números —“114 mil millones de pesos”, “ocho hospitales”, “uno de cada tres”— produce una apariencia de rigor técnico y neutralidad que legitima una operación de exclusión y demarcación moral. El señalamiento de un supuesto uso excesivo en salud y educación reconfigura al migrante como una figura amenazante (alguien que pone en peligro los recursos del Estado). La palabra “abuso” es especialmente significativa, porque no alude necesariamente a una situación administrativa irregular, sino a una falta moral y sugiere una ruptura con la cortesía esperada de las personas migrantes. Esto opera como un desplazamiento conceptual significativo: las personas migrantes pueden ser toleradas en tanto fuerza de trabajo, pero se vuelven problemáticas cuando reclaman salud o educación, excediendo su rol instrumental.
En el discurso oficial, otras configuraciones que remiten al abuso y la amenaza se asientan en una construcción racializada de la capacidad reproductiva migrante. El decreto 366/2025 afirma que “la modificación propiciada contribuirá a desalentar el ‘turismo de natalidad’, una de las formas de abuso de la ley migratoria más recurrentes de los últimos años”, configurando a la mujer migrante como un sujeto problemático. Toda mujer migrante racializada se convierte en sospechosa por su capacidad potencial de tener hijxs que alteran con el ideario nacional. Estos discursos extienden las fronteras hasta el útero: la capacidad de crear vida se convierte en una amenaza al proyecto de una nación blanca y europeizada.
Otra sospecha recurrente recae sobre las masculinidades migrantes, asociadas a la violencia sexual. En Davos, en enero de 2025, el presidente sostuvo que en Europa existen “hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan”. Asimismo, en el marco de un conflicto diplomático con el mandatario español, afirmó que este puso “en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal”. Estas afirmaciones del presidente ponen de manifiesto un modo específico de significar ciertas movilidades asumidas como problemáticas: si ciertas mujeres migrantes encarnan el peligro de reproducir lo “no-nacional”, ciertos varones representan el peligro de violar la nación encarnada en los cuerpos de las mujeres blancas, imaginadas como territorio y propiedad de los varones nacionales.
Securitizar para transformar: la migración como problema de seguridad
Las transformaciones recientes de la política migratoria argentina evidencian un acelerado proceso de securitización de las migraciones internacionales mediante discursos y prácticas que buscan crear malestar entre la población. En distintas declaraciones, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha vinculado la llegada de migrantes con la comisión de delitos y promovido medidas para agilizar las expulsiones, como ya lo hiciera durante el gobierno de Macri (2015-2019). A finales de 2024, la ministra adelantó que el gobierno trabajaba en una reforma para acelerar las expulsiones por causas penales. En esa ocasión expresó que “bastante tenemos con los delincuentes argentinos como para además tener delincuentes extranjeros”.
Estas intervenciones discursivas se articulan con una serie de transformaciones institucionales que colocan a la migración en el ámbito de gestión de la seguridad del Estado nacional. El 10 de noviembre de 2025, el gobierno de Milei sancionó el DNU N° 793 por medio del cual la DNM fue transferida de la órbita del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad Nacional. Esta medida produjo rechazo entre diferentes organizaciones de la sociedad civil como el CELS, que advirtió sobre los efectos del decreto en términos de estigmatización, criminalización y securitización de la política migratoria. Algunos días después, el 25 de noviembre, la ministra Bullrich presentó la nueva Agencia Nacional de Migraciones bajo la cual se prevé una integración con las fuerzas de seguridad en un mismo esquema. En su discurso, justificó este cambio poniendo como ejemplos a seguir a la Unión Europea y países como Estados Unidos o México donde el control migratorio es realizado por fuerzas policiales y militares. No es casual que la actual ministra de seguridad haya firmado un acuerdo de cooperación con el programa EUROFRONT para fortalecer los controles migratorios y fronterizos. Bajo estos esquemas, las migraciones internacionales son pensadas como un riesgo que compromete el “orden nacional”.
En materia de refugio y asilo también se han producido modificaciones significativas, alineadas con una perspectiva securitaria y abiertamente xenófoba. Estas transformaciones combinan cambios normativos y administrativos con prácticas que obstaculizan el acceso al derecho a solicitar asilo, junto con la producción de narrativas criminalizantes basadas en la sospecha permanente sobre las personas refugiadas. En este marco, se consolidan mecanismos de inadmisión y de desestimación in limine de las solicitudes, los cuales restringen de manera sustantiva la protección internacional. Las modificaciones introducidas por dos decretos nacionales durante los dos primeros años de gobierno (el DNU N° 942/2024 y el Decreto N° 646/2025) establecen la incorporación de un representante del Ministerio de Seguridad a la CONARE —en el contexto de la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI— lo que profundiza el proceso de securitización del sistema de asilo. Frente a estos cambios, organizaciones sociales, sindicales y eclesiales impugnaron y rechazaron las reformas introducidas por decreto a la ley de refugio —consideradas inconstitucionales por restringir el derecho al asilo— y cuestionaron la designación de un abogado vinculado a la defensa policial en casos de violencia institucional en la CONARE, advirtiendo un retroceso en las garantías de protección internacional.
Estas medidas se fundamentan en un discurso oficial que equipara a las personas solicitantes de asilo con amenazas vinculadas al terrorismo y al narcotráfico. Estas narrativas fueron formuladas en el comunicado del Ministerio de Justicia del 15 de septiembre de 2025, titulado “Argentina no será refugio de delincuentes”, donde se reitera que las restricciones buscan “evitar abusos en el uso del asilo” y “reforzar la seguridad interior frente al crimen organizado, el terrorismo y la inmigración ilegal”. De este modo, como ha ocurrido en otros contextos restrictivos, las personas solicitantes de asilo son presentadas como potenciales delincuentes y abusadoras de los sistemas de protección internacional.
Argentina y la “seguridad hemisférica”: geopolítica y externalización fronteriza
El 7 de marzo de 2026, un comunicado oficial argentino resaltó la alianza histórica del “Escudo de las Américas” y estableció como meta “promover estrategias que frenen la interferencia extranjera en nuestro hemisferio, combatan el crimen organizado y el narcotráfico, y den respuesta a la problemática de la migración ilegal” (Presidencia de la Nación, 2026). Esta declaración estatal ratificó la alineación geopolítica del gobierno de Milei con Estados Unidos. Aunque quizás parezca una obviedad, el objetivo de “frenar la interferencia extranjera en nuestro hemisferio” resulta una clara proclama ideológica y de asimetría interestatal que llama implícitamente (o no tanto) a diferenciar entre interferencias “deseables” y no “deseables”. En efecto, el comunicado argentino replicó los lineamientos en materia de control migratorio y fronterizo establecidos en la cumbre convocada y liderada por Estados Unidos ese mismo día. En ella se establecieron alianzas y compromisos diplomáticos por medio de un esquema de acción fundado en el vínculo entre “seguridad regional”, “migración ilegal” y “narcotráfico”.
En esta iniciativa participaron los países latinoamericanos alineados con Estados Unidos bajo el liderazgo de la (ahora ex) secretaria de Seguridad Kristi Noem, el rostro visible de los violentos y mortales operativos de ICE en el contexto estadounidense. En la primera reunión de la “alianza”, Noem explicó el éxito de las políticas migratorias que habían logrado deportar a más de tres millones de personas en su país. Posteriormente, argumentó que “ahora que Estados Unidos es seguro y nuestras fronteras son seguras, queremos centrarnos en nuestros vecinos y ayudarles con sus fronteras, para que puedan disfrutar de la seguridad que nosotros disfrutamos”. Al mismo tiempo, destacó las reuniones previas mantenidas con presidentes de El Salvador, Chile, Argentina y Ecuador y dejó (confusamente) claro que el objetivo central de la cooperación regional “no solo será la soberanía, sino también el control de la migración, y trabajaremos por la prosperidad económica”. El “Escudo de las Américas” se constituye así como un espejo contundente de la arquitectura geopolítica de control que establece como “prioridad” la “seguridad hemisférica” y, por lo tanto, habilita la recreación o exacerbación de escenarios punitivos para las poblaciones migrantes en América Latina, en el marco del actual giro a la derecha de numerosos gobiernos de la región.
La cumbre también representó un avance concreto en el reclamo del dominio geopolítico de Estados Unidos sobre las geografías de América Latina y el Caribe en una época de reconfiguraciones globales. En medio de una disputa hegemónica que desde hace tiempo busca interrumpir en el continente los vínculos comerciales y políticos con China (y otros países), Estados Unidos no ha dejado de utilizar sus canales habituales de presión económica, diplomacia, inteligencia y financiamiento. No obstante, el segundo mandato presidencial de Trump ha producido una reedición histórica de prácticas de intervención militar directa, tal como lo demostraron las recientes acciones bélicas en Venezuela y Ecuador, así como las amenazas efectuadas a países como México, Colombia y Brasil. En este marco más amplio, nos enfrentamos a un escenario de disputa abierta por el control de múltiples recursos e infraestructuras, pero también de las narrativas políticas que se tejen regionalmente, donde las alianzas interestatales asimétricas siguen siendo claves para entender la reestructuración geopolítica en curso.
La incidencia de Estados Unidos en materia de política migratoria no es nueva, pero las disputas de movilidad y control parecieran estar adquiriendo niveles crecientes de agresividad, selectividad y racismo por medio de complejos y heterogéneos procesos de fronterización. Los ejemplos abundan. Desde el financiamiento de organismos internacionales con fines de contención y disuasión de migrantes en camino al norte hasta la multiplicación de numerosos acuerdos con “terceros países de deportación” orientados hacia las más diversas geografías del llamado “Sur Global”. Según diferentes medios, Argentina entró en este tipo de negociaciones en enero de 2026. El contexto incluye también las deportaciones a distintos países latinoamericanos mediante operativos criminalizantes y con una fuerte exposición mediática. Argentina no ha sido ajena a esta tendencia, con la recepción de los primeros vuelos chárter de “deportados argentinos” coordinados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos desde fines de 2025. En este escenario, el desplazamiento del lenguaje tecnocrático y normativo de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección hacia las formulaciones de carácter estratégico-militar y policial del nuevo “Escudo de las Américas” constituye un momento clave en la reconfiguración del multilateralismo y la externalización fronteriza estadounidense en la región.
En suma, es importante atender la existencia de un marco (geo)político común, pero también las matrices históricas particulares de las políticas de migración en Argentina. Luego del recorrido realizado, las resonancias espaciales del control migratorio y fronterizo encuentran su causalidad y, por ello, no sorprenden (aunque sí indignan) las recurrencias regionales que se multiplican bajo la forma de prácticas de ilegalización de la migración, retóricas discursivas xenófobas, mayores restricciones de acceso al refugio, jerarquizaciones entre migrantes legítimos e ilegítimos y controles racializados y generizados sobre sus cuerpos, estrechamente conectados con la reorganización de la externalización fronteriza y del multilateralismo, la espectacularización de las deportaciones y, en general, la exacerbación de la violencia política contra las personas migrantes. El “Escudo de las Américas”, en particular, es el ejemplo más reciente y contundente de la nueva arquitectura de seguridad regional. Bajo este horizonte político, Argentina, en una relación ambivalente con el Norte que combina márgenes de autonomía y dependencia, avanza hacia formas cada vez más policiales de gestión de la migración y de “control remoto” de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región.
* Actualmente, este programa de investigación está conformado por Angélica Alvites, Valentina Biondini, Janneth Clavijo, Eduardo Domenech, Andrés Pereira y Carina Trabalón. Desde 2023, se encuentra radicado en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Durante los dos primeros años, el espacio fue dirigido por Eduardo Domenech y Lourdes Basualdo. En la actualidad, la dirección del programa es ejercida por Andrés Pereira y la coordinación por Carina Trabalón.
