En el marco de las elecciones de 2024, en Revista Común nos interesa escuchar la opinión proveniente de diferentes voces acerca de los temas y problemáticas que hoy deben estar puestos sobre la mesa del debate público. Por eso, en esta ocasión, decidimos hacer un ejercicio de consulta a manera de encuesta, una que pueda reflejar las preocupaciones de quienes estudian las políticas y perspectivas sobre medio ambiente y crisis climática.
En esta tercera entrega —la primera se centró en el 8M y la segunda en política fiscal—, nos acercamos a tres especialistas en el tema, quienes nos hicieron llegar sus reflexiones por escrito: Laura Priscila Tercero Cruz, socióloga, geógrafa, candidata a doctora en Seguridad Hídrica y docente del área de Desarrollo Sustentable; Eugenio Fernández Vázquez, periodista ambiental en Pie de Página y en Radio Chilango, además de editor en jefe de la editorial La Cigarra; y Francisco Serratos, escritor y profesor, que aborda temas sobre crisis climática, humanismo ambiental, animales y literatura, cuyo último libro es El Capitaloceno: Una historia radical de la crisis climática.
¿Cuál es tu diagnóstico de la política ambiental del actual gobierno, específicamente con respecto a tus temas de especialidad?
Laura Priscila Tercero Cruz: Considero que este gobierno inició con una agenda ambiental ambiciosa que osciló entre las políticas de remediación y mitigación de daños ambientales, así como los programas que impulsaron transiciones agroecológicas; pero en la práctica, el diseño de las políticas ha sido insuficiente para atender las problemáticas socioambientales que hay en los territorios, particularmente indígenas, donde continúan los megaproyectos y despojos territoriales. En el caso específico del agua, por un lado, no se han aprobado las propuestas de leyes que han impulsado iniciativas ciudadanas y comunitarias, para lograr una gestión integral del agua; y por otro, han buscado la integración de dependencias como el IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo cual mermaría las capacidades de este instituto. En suma, este gobierno queda en deuda con el sector hídrico y con las comunidades afectadas por los megaproyectos.
Eugenio Fernández Vázquez: Este gobierno no ha tenido una política ambiental y la 4T no ha registrado que el planeta entró en un nuevo régimen climático y enfrenta, además, crisis terribles de contaminación y de pérdida de biodiversidad. Quizá el único avance registrado sean las nuevas áreas naturales protegidas, pero ésas todavía no se concretan más que en el papel.
La construcción del Tren Maya, en flagrante violación de la normatividad ambiental, ilustra cómo la legislación en la materia quedó, en los hechos, suspendida. Se desmontó sin permiso; se presentaron y aprobaron manifestaciones de impacto ambiental imprecisas y mentirosas (la afirmación en la manifestación para el tramo 5 sur de que éste “no incide sobre dolilnas [sic], cenotes y cavernas” quedará para la historia del oprobio nacional); se continuó con las obras a pesar de haber órdenes judiciales de detenerlas.
Con ello quedó claro que en México los poderosos —hoy el gobierno de López Obrador como antes el de Peña Nieto o el de Calderón, o como los grandes grupos empresariales en los tres sexenios— ven la normatividad más como una recomendación que como un mandato de ley. Lo peor del caso es que los jueces han confirmado que tienen razón, pues violar las leyes ambientales no ha traído consecuencias para nadie.
Por otro lado, y como demostración de que las políticas ambientales quedaron también canceladas en lo que no fuera infraestructura hídrica, se redujeron drásticamente los recursos para el sector. Aunque aumentaron los recursos del ramo 16 (el ambiental) en 45% entre 2018 y 2024, el grueso de éstos se destinaron a la Conagua para la construcción de tuberías y represas, mientras que las demás áreas vieron sus presupuestos reducidos prácticamente a la mitad en el mismo periodo.
La Comisión Nacional Forestal simplemente se quedó sin dinero para salir a campo e impulsar la silvicultura comunitaria; el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y las áreas de fiscalización ambiental (la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) son ya meros esqueletos sin autonomía, y, aunque se reporta como reforestación el programa Sembrando Vida, hasta los partidarios de la 4T han afirmado que es un programa social con algún beneficio ambiental y sus resultados están lejos de ser homogéneos y aplaudibles.
La única buena noticia en la materia podría ser el decreto de 44 nuevas áreas naturales protegidas en este sexenio. Esa buena nueva, sin embargo, está todavía por materializarse, pues las nuevas áreas no tienen programa de manejo y en casi todos los casos no tienen personal. La 4T no considera que el mundo sea un lugar que compartimos con otras especies ni que podemos disfrutar en armonía con la naturaleza. Más bien, ésta debe quedar confinada a ciertas áreas para ir a visitarlas, y el resto debe doblegarse en aras de un desarrollo que ya mostró que no es sostenible y que es terriblemente injusto.
Francisco Serratos: Un total fracaso absoluto con apenas unas propuestas no concretadas, y los datos son elocuentes. Se recortó el presupuesto de las instituciones que administran o regulan todo lo relativo a la ecología y protección de áreas naturales (de ahí que se hayan salido de control tantos incendios en varias ocasiones). Se está devastando la selva más importante de Norteamérica por un proyecto extractivista militarizado que ha favorecido a los grandes capitales tanto nacionales como internacionales. Se está construyendo un aeropuerto en Tulum, donde vivían jaguares, que igual favorecerá al capital turístico: fue inaugurado por el presidente acompañado de Slim Helú, quien dobló su fortuna durante el sexenio, y Grupo Vidanta, un conglomerado famoso por gentrificar y destruir ecosistemas. Se echó para atrás la prohibición del glifosato con argumentos inconsistentes y no se mencionaron las decenas de otros agroquímicos que se utilizan en el campo que, por cierto, están prohibidos en otros países por ser altamente peligrosos.
Durante el sexenio también se incrementó la quema de combustibles fósiles y de hecho las emisiones repuntaron a niveles sin precedentes en la historia del país. México fue uno de los países con mayor rebote de quema de combustibles fósiles en el mundo después de la pandemia. Pemex, asimismo, ya es de las compañías que más ha contribuido con las emisiones globales de gases de efecto invernadero desde que se firmó el Acuerdo de París en 2015.
Ni hablar de los asesinatos de defensores del territorio: en este sexenio, al menos una vez, México se convirtió en el país con mayor cantidad de asesinatos y violencia contra los protectores del agua, de la selva y bosques y de las montañas.
Por si fuera poco, varias regiones de México se están calentando a un nivel por encima del resto del planeta y los efectos de ese calentamiento se están sintiendo cada vez con mayor violencia: desde un huracán como Otis, que devastó Acapulco, como las olas de calor que en 2023 causaron récord de muertes, o las sequías que desde hace unos años se vienen agravando a niveles horrorosos. México es el país con mayor degradación territorial de la región, casi 72% de la superficie nacional; por ello, la biocapacidad, que es la capacidad ecosistémica para producir materiales biológicos usados por las personas y para absorber desechos, se está superando y empezaremos a vivir de crédito biológico. Esto pone en peligro la manida ambición de la soberanía alimentaria.
Y, aun así, a pesar de las señales y los efectos tan visibles, parece que todo esto no ha sido suficiente para siquiera cuestionar el modelo económico. Al contrario, se le aceleró, y, en lugar de implementar medidas de mitigación o adaptación, se pretende llevar a cada ecosistema el mismo modelo desarrollista que se nos ha prometido, ya sea con bandera estatista o de libre mercado. Y el resultado, como vemos, ha sido el mismo: la precarización de la vida por erosión de los sustentos biológicos que nos permiten continuar existiendo como especie.
¿A qué políticas puntuales te gustaría que se comprometieran las candidatas y los candidatos para afrontar la crisis climática y ambiental?
Laura Priscila: El tema del agua y la tierra son fundamentales; legislar a favor de ello sería un gran compromiso no sólo hacia México, donde más de la mitad del territorio nacional se rige bajo la propiedad agraria colectiva que pertenece a los pueblos y comunidades, sino a favor del planeta. En los territorios indígenas se dan las mayores captaciones de agua de las cuencas que abastecen a las ciudades. Cuidar dichos territorios hidrosociales sería un avance para las acciones contra la crisis climática. Sin embargo, continúan los despojos agrarios, hay una tendencia de debilitamiento de las instituciones comunitarias debido a las burocracias agrarias. Sigue habiendo una deuda en ese tenor. Complementariamente, las y los aspirantes a la presidencia deberían de comprometerse a evitar la entrada de más empresas extractivas (mineras, de hidrocarburos, hídricas) que están causando grandes despojos y devastación ambiental, creando incluso regiones de emergencia sanitaria por los desechos que generan.
Eugenio: Este país necesita cambiar radicalmente su relación con la naturaleza y entender que se debe regenerar el planeta en todas partes. Debemos entender que ése es el camino para tener un México más próspero y más justo, y no al contrario. Esto se debe traducir en acciones urgentes en al menos cuatro campos: la aplicación de la normatividad ambiental y su mejora; el impulso a las empresas comunitarias y a las pequeñas empresas que manejan recursos naturales; una transición energética justa y de fondo, y un gran esfuerzo de restauración de la biodiversidad en campos y ciudades.
Sin normatividad y sin hacer que se cumpla, las actividades económicas, como ocurre hoy en día, envenenan el planeta y dañan la salud de todos, además de devastar la naturaleza y dejarnos sin sus servicios ambientales. Más que cancelarla, como se ha hecho en los últimos seis años, hay que mejorarla y dotar a las dependencias relevantes de la capacidad para procesar solicitudes, otorgar permisos cuando sea apropiado y acompañar a empresas, gobiernos y ciudadanos para que hagan bien las cosas.
Por otra parte, en México hay una larga tradición de manejo de los recursos naturales centrada en empresas comunitarias y en cadenas cortas basadas en talleres y empresas muy pequeñas o, aunque puedan ser muy grandes, con un número enorme de propietarios. Bien acompañadas, con una normatividad adecuada, son un poderoso motor para la conservación y la restauración de la naturaleza y para el combate a la pobreza.
En los bosques hay desde pequeñas empresas forestales de comunidades indígenas, como en Capulálpam de Méndez, en la sierra norte de Oaxaca, hasta grandes conglomerados, como SEZARIC, en Durango, del que son socios decenas de ejidos y comunidades indígenas. En la costa hay experiencias de conservación y uso sustentable de la biodiversidad marina tan bellas como la de Cabo Pulmo, en la península de Baja California, y tan sustentables como la de las cooperativas de la pesquería de pepino de mar o de langosta de Yucatán. Urge apoyarlas, adaptando a ellas la normatividad, acompañándolas para que se organicen mejor y tengan mejores capacidades empresariales.
Debemos cambiar cuánta energía usamos, de dónde la tomamos y a qué la destinamos. Mejorar el transporte público en todas partes para dejar de usar autos, lo mismo al interior de las ciudades que entre ellas, renovar el transporte de carga, cambiar la matriz energética, en general, para dar peso a las fuentes renovables es clave en ese sentido. Debemos imaginar Pemex como empresa energética y no solamente petrolera. Además, hay que restaurar la biodiversidad ahí donde la hemos destruido, porque eso tiene beneficios para todos: la infraestructura verde nos hace la vida más vivible en las ciudades y mitiga los efectos del cambio climático, y la restauración forestal nos permite recuperar servicios ambientales, belleza y resiliencia. Eso pasa también por reducir drásticamente el uso de plaguicidas en el campo y el impulso a las cadenas alimentarias sanas y cortas.
Francisco: Me gustaría, para empezar, que se entendiera que la crisis climática no es un problema aislado de todos los demás problemas que tenemos como país; por el contrario, atraviesa a todos. Cada aspecto de nuestra vida está ligado o afectado por ella, desde la vivienda, la transportación, el ordenamiento urbano, la reforestación, la producción de comida y el trabajo. Ni qué decir de la salud. No se trata sólo del tema energético, sino de todo el sistema en el que estamos inmersos.
Ninguna candidata, de las punteras, realmente lo propone así porque piensan que los problemas corren en carriles diferentes. Por ejemplo, creen que con sólo cambiar la matriz energética es suficiente, que la tecnología, como la electromovilidad, va a traducirse inevitablemente en transformación social, cuando en realidad esto no es verdad: tu vida será igual de precaria haya o no haya autos eléctricos en las calles. En este sentido, estamos frente a dos opciones idénticas porque no ofrecen un relato articulado tanto de la gravedad del problema como de la gran oportunidad que tenemos para repensar y rediseñar todo lo que está mal.
Además, es contradictorio que, por un lado, se proclame una política climática de “desarrollo sustentable” o de “prosperidad compartida” y al mismo tiempo se añore el nearshoring, el establecimiento de los grandes capitales internacionales que, para prosperar, necesitan que el Estado diseñe un orden geosocial que abarca la apertura de fronteras extractivas, de energía, de suelo, de agua y de trabajo barato. No se puede tener, o al menos no hay evidencia de ello, una industria expansiva con un medio ambiente sano. Tampoco se puede resolver el colapso de los ecosistemas sin una reforma fiscal progresista, sin limitar el poder de las clases altas: el 1% más rico de este país contamina más que el 80% de la población nacional. La acumulación de riqueza es inseparable de la destrucción de los ecosistemas.
¿Qué expectativas tienes sobre lo que pueda hacer el próximo gobierno en materia ambiental?
Laura Priscila: Los análisis electorales apuntan que Claudia Sheinbaum tiene altas probabilidades de ganar la presidencia de la República. Aunque ella y su equipo tienen una serie de principios sobre el “Buen gobierno del agua” —incluso han convocado a foros de diálogo con distintos actores sociales—, la expectativa es que continuarán los procesos extractivos y que el sector hídrico seguirá estando comprometido con las grandes empresas y capitales. La actual crisis planetaria y civilizatoria y las consecuencias que estamos viviendo requieren acciones contundentes de ruptura con los patrones de crecimiento del actual modelo económico. En ese sentido, veo pocas expectativas de romper con esta tendencia, incluso a poco tiempo de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Eugenio: Todo indica que la doctora Sheinbaum ganará la presidencia de la República, y lo dicho por ella hasta ahora es muy positivo en ciertos aspectos, pero muy preocupante en otros. De manera general, lo que ha prometido es una política de apropiaciones y expansiones en términos de territorios y de uso de los recursos naturales que, combinada con el credo neoliberal de la “austeridad republicana” —o “pobreza franciscana”, como también la llamó el presidente López Obrador—, es muy poco esperanzadora.
Creo que es muy relevante lo que ha propuesto sobre el impulso a la electromovilidad en todas las ciudades y en el combate a la contaminación en ellas, aunque quedaran fuera de sus 100 compromisos muchos de los entornos más contaminados del mundo, que de hecho están en México. Impulsar el transporte público será muy positivo para todos y tendrá impactos reales, tangibles y muy claros en la vida de las personas, tanto en términos de gasto como de ingreso. Ojalá que esta política contra la contaminación vaya más allá de las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, que había señalado ella, y llegue también al Bajío y a la cuenca del Lerma, donde el aire está ya terriblemente viciado.
Al mismo tiempo, su promesa, por ejemplo, de aumentar la producción lechera en Campeche es muy peligrosa. La producción ganadera y el cultivo de forraje para esas reses son los principales motores de la deforestación en la península de Yucatán, que es la zona más deforestada del país año con año, y una de las que más se deteriora en el continente, ya no solamente en el país. Gente de su equipo ha aclarado en los últimos días que para ello la política se centrará en tierras abandonadas y no en la expansión de la frontera agropecuaria, pero eso es solamente dar por buena la deforestación anterior, en lugar de restaurar selvas que se desmontaron ilegalmente.
Por otro lado, la promesa de mantener los presupuestos al mínimo y de seguir con la inversión en infraestructura es también muy mala noticia. El neoliberalismo —esa doctrina según la cual el Estado debe vivir con lo mínimo; el mercado manda y no las personas, y la infraestructura es la única inversión saludable— no es malo solamente si lo implementan los panistas o los priistas: siempre hace daño, también bajo la 4T. Más que estar recortando presupuestos, debería de replantearse cómo interviene el Estado en la vida nacional; en lugar de centrar las políticas públicas en repartir subsidios, se debería de invertir en personal que salga al territorio y lo arrebate al crimen organizado restaurando comunidades, construyendo capacidades, transformando nuestra relación con nuestros congéneres y con el mundo todo.
La gestión de la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México en materia ambiental se quedó corta respecto de lo que hacía falta, pero fue muy superior a la de López Obrador. Esperemos que ya en lo federal actúe con la premura necesaria y mantenga, al menos, los estándares chilangos.
Francisco: Ninguna. Sólo hay que recordar el espectáculo decadente del segundo debate presidencial en el que se supone que debían delinear las propuestas de este tema. De los tres que estaban ahí, ninguno pudo articular política climática coherente y holística que no fuera mencionar mera verborrea tecnosolucionista, como los autos eléctricos. Además, la crisis ambiental es un asunto intergeneracional, no sexenal; se necesita algo más que un mero plan de seis años que las cúpulas partidistas no están dispuestas a aceptar porque para ellas lo importante es lo inmediato electoral antes que la ecología como proyecto político de largo plazo.
Dicho eso, el cambio urgente y necesario no sucederá por iniciativa del Estado, no importa quién gobierne; y, si sucede, será por presión social. Tengo la convicción de que la lucha y las soluciones vendrán —o deberían organizarse— de la sociedad, de la resistencia, de los defensores del territorio, del activismo ambiental y de lo que Arturo Escobar llama “discursos de la transición”. Más que esperar algo del gobierno en turno, debemos organizarnos para que éste actúe en consecuencia y, cuando no, cuando continúe el mismo camino de destrucción ecológica, confrontarlo. La crisis climática es una buena oportunidad para recuperar la subjetividad política.
Foto de portada: Guillermo Ontiveros González.
