A partir de lo mencionado en las pasadas entregas de esta columna —en especial en la última—, así como en mi colaboración más reciente en la columna colectiva Efecto Marx, podría parecer sencillo establecer pautas para controlar la explotación económica. La primera forma de violencia que sufren los cuerpos está relacionada con el tiempo de recuperación que se les permite y con el reconocimiento justo de las actividades que se les imponen para adquirir determinadas cualificaciones. Dichas actividades deberían realizarse en condiciones accesibles, sin requerir esfuerzos adicionales no reconocidos.
Así, la explotación económica se produce por medio de complementos infralegales de actividades pactadas. La cultura responsable de la explotación supone que los agentes, independientemente de lo acordado, deben responder a las demandas imprevistas. De este modo, se encuentran en una situación de minoría de edad, sometidos a los dictados de una autoridad que se legitima en su supuesta visión superior de las necesidades económicas.
La cultura de la automejora competitiva, arraigada desde hace tiempo en la conciencia de quienes trabajan, incorpora dichas exigencias como si fueran obviedades, del mismo modo que un niño o un estudiante asume que los acuerdos pueden romperse por necesidades de su crianza o formación. No es de extrañar que la explotación adquiera rasgos serviles o cuasiesclavistas, implicando una ocupación absoluta de la persona, algo que también ocurría con los subalternos —siervos y esclavos—, quienes no eran dueños de sí mismos.
Tampoco sorprende que los cuerpos se quiebren, ya sea física, psíquicamente o en ambos planos. La asimilación subjetiva de la dinámica de autoexplotación no es suficiente, porque, aunque la persona acepte e incluso enaltezca lo que se le impone, descubre que una parte de sí misma se rebela y se paraliza.
Luchar contra la explotación cultural implica garantizar la posibilidad de practicar una actividad al margen de los ciclos de explotación. Para ello, recurrimos al razonamiento contrafáctico, que consiste en considerar escenarios que no han ocurrido pero que podrían suceder. Nos preguntamos si es posible realizar una actividad socialmente necesaria sin los privilegios culturales que conlleva.
Para comenzar, la distinción entre lo cultural y lo material no es del todo clara. Esto se debe a que no hay experiencia cultural que no tenga como base dos dimensiones fundamentales. La primera es que la cultura depende de un elemento material sin el cual no podría existir. La segunda es que ese elemento material, al incorporar un significado cultural, permite la creación de diversas formas posibles. Por ejemplo, un cuerpo puede asumir distintas determinaciones culturales para desempeñar el papel de camarero, y ello implica que no podría ser simultáneamente camarero y presidente de una multinacional sin generar conflictos en la gestión del tiempo.
Enfocándonos en el trabajo, un primer componente del razonamiento contrafáctico consiste en identificar qué aspectos de una actividad son esenciales pero no reconocidos, y cuáles podrían eliminarse a pesar de su normalización. Cada empleo incluye tareas esenciales que suelen pasar inadvertidas, mientras que otras gozan de un prestigio desproporcionado. Es necesario realizar un inventario de estas actividades para visibilizarlas.
El segundo componente del razonamiento contrafáctico se refiere a la forma de comunidad y estilo de vida que se desarrollan al permitir una determinada actividad económica. Si el análisis planteado en el párrafo anterior revela los trabajos ocultos, una segunda acción contrafáctica nos permite detectar la explotación cultural: ¿es una actividad socialmente necesaria o responde a prácticas culturales reprobables por su naturaleza o por la forma en que se ejercen mayoritariamente? Para comprender qué tipo de comunidad construye una actividad, es fundamental establecer un diálogo con los actores involucrados. ¿Quiénes deben ser los interlocutores en una actividad económica? ¿Los clientes actuales o potenciales? ¿Puede una comunidad de clientes imponer pautas de comportamiento lesivos para quienes trabajan?
En definitiva, una actividad puede organizarse de diversas maneras. Quienes defienden los esquemas tradicionales argumentan que las innovaciones pueden reducir la eficacia, empobrecer la prestación y generar un desperdicio de esfuerzos y recursos. En ese sentido, el tercer componente del razonamiento contrafáctico implica reflexionar sobre las distintas formas de llevar a cabo actividades productivas, de cuidado o intelectuales. La asignación de funciones suele tratarse como un mandato tecnológico o intelectual, sin considerar que existen alternativas influidas por decisiones que permitirían diversas alternativas. Asimismo, la definición de jerarquías dentro del trabajo se basa en procesos que entrenan a ciertas personas en un saber específico mientras ocultan las contribuciones de los oficios menos valorados.
Finalmente, dentro de cada actividad, es crucial cuestionar cómo se distribuye el reconocimiento y si existe un sesgo en la valoración de las personas. La sociedad está repleta de jerarquías inconscientes, enraizadas en la conducta cotidiana, que llevan a valorar más ciertas aportaciones culturales que otras, favoreciendo un manejo específico de símbolos y una gestión particular de las tareas asignadas.
Por lo tanto, el razonamiento contrafáctico comprende cuatro niveles:
- Qué aportaciones se visibilizan y cuáles se consideran un regalo.
- Qué comunidades contribuyen a la construcción de esas actividades.
- Qué modalidad de ejercicio de la actividad se asume.
- Cómo se reparte el reconocimiento.
