Justicia por Evans: dos años de lucha contra la criminalización de la migración en Brasil

(In)movilidades en las Américas

Fórum Fronteiras Cruzadas (Programa de Posgrado en Sociología de la Universidade de São Paulo)*

Necesito urgentemente su ayuda. Estoy sufriendo un dolor insoportable en la columna, razón por la cual viajé de Ghana a México para someterme a una cirugía, pero lamentablemente no fui admitido por motivos que desconozco.

Solicito humildemente una cirugía urgente de columna aquí en Brasil, la cual puedo pagar. No puedo viajar de manera segura a Ghana debido a mi condición.

Pagué un pasaje en clase ejecutiva de Ghana a México porque la clase económica no era segura para mí. Mi regreso sería en clase económica porque sé que estaré más fuerte y saludable después de la cirugía. Mi situación actual no me permitiría viajar de manera segura a Ghana en clase económica, y mi dolor se está volviendo insoportable.

Mensaje de Whatsapp que Evans Osei Wusu pretendía dirigir a las autoridades migratorias brasileñas.

Han pasado dos años desde la muerte de Evans Osei Wusu, ciudadano ghanés negro de 39 años, que se encontraba retenido arbitrariamente en el Aeropuerto Internacional de São Paulo, ubicado en la ciudad de Guarulhos. Wusu había viajado desde Ghana, pasando por Doha (Qatar) y São Paulo, con destino a México, donde tenía programada una cirugía urgente de columna. Sin embargo, a pesar de contar con la visa correspondiente y con comprobantes médicos y financieros, las autoridades mexicanas rechazaron su ingreso y lo deportaron a Brasil en un vuelo operado por LATAM Airlines. El 13 de agosto de 2024, Evans murió por falta de atención médica, después de permanecer detenido en condiciones degradantes en la así llamada “zona de inadmitidos”, un espacio improvisado dentro del aeropuerto de São Paulo —una de las principales puertas de entrada para migrantes transcontinentales en América Latina— donde se concentran personas de distintas partes del mundo a quienes, por los motivos que sean, se les ha negado la entrada al país sudamericano.

Si las violaciones de derechos contra Evans resultan perturbadoras en el plano individual, en el plano político el gobierno brasileño sostuvo, a pesar de la tragedia anunciada, la agenda de criminalización contra la migración y de retrocesos en la política migratoria. Apenas dos semanas después de la muerte de Wusu, incluso en medio de una amplia movilización social, entró en vigor una nueva directriz del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) de Brasil, que impide a las personas en tránsito solicitar refugio en el país.

A partir de la emblemática campaña Justicia para Evans (#JustiçaPorEvans), buscamos reconstruir los hilos de la memoria y de la lucha que tejen un archivo vivo de las movilizaciones contra la criminalización de la migración y los retrocesos en la política migratoria en Brasil, directamente influida por las políticas de externalización de fronteras de Estados Unidos y de la Unión Europea.

La intervención de la Defensoría Pública de la Unión y la interlocución con la familia de Evans

Las retenciones arbitrarias y las violaciones de derechos en el Aeropuerto de Guarulhos no comenzaron en 2024. Casi una década antes, en 2015, tras reiteradas denuncias ante organismos de la ONU, diversas instituciones públicas y organismos internacionales firmaron un acuerdo de cooperación para la protección y promoción de soluciones humanitarias para migrantes inadmitidos en el aeropuerto. En 2017, el mismo año en que las luchas migrantes lograron que se aprobara la Ley de Migración en Brasil, se firmó un nuevo término de cooperación para colaborar en diversos frentes relacionados con las entrevistas, la recepción, la derivación y el seguimiento de los casos, principalmente junto a la Defensoría Pública de la Unión (DPU), que documentó de manera reiterada, a lo largo de años, las condiciones degradantes impuestas a cientos de personas en situación de refugio retenidas en este aeropuerto.

En junio de 2022, el aumento de la llegada de afganos marcó un punto de inflexión en la atención aeroportuaria, al revelar la insuficiencia de la estructura del Puesto Humanizado y de la Policía Federal para responder de manera adecuada al flujo y a las demandas de protección.

En diciembre de 2023, apenas ocho meses antes de la muerte de Evans, la retención en la zona de inadmitidos de cientos de migrantes, principalmente de los continentes africano y asiático, ya comenzaba a aparecer en los medios como un espectáculo fronterizo. Este escenario crítico alcanzó su punto más álgido en agosto de 2024, con más de 550 migrantes inadmitidos y mantenidos en los espacios precarizados de la zona de inadmitidos. La DPU elaboró informes y recomendaciones que acreditaban que el tiempo de espera y las condiciones materiales a las que estas personas eran sometidas escapaban a cualquier estándar de razonabilidad, con falta de alimentación adecuada, higiene precaria y riesgos concretos para la vida y la salud, especialmente de niñas, niños y mujeres embarazadas.

En esos documentos consta que la Policía Federal venía adoptando un procedimiento excesivamente burocrático y complejo al vincular la admisión excepcional de potenciales solicitantes de refugio a la propia regularización migratoria, mediante la exigencia previa de formularios de identificación biométrica completa y la emisión de un protocolo, lo que contribuía a prolongar la permanencia de estas personas, muchas en situación de vulnerabilidad extrema. A ello se sumaban las frecuentes inestabilidades del Sistema de Control del Comité Nacional para los Refugiados (SISCONARE).

Además de servir como documentación y prueba de las violaciones de derechos humanos, los informes de la DPU buscaban fundamentar acciones judiciales individuales y colectivas en un intento de garantizar los derechos previstos en el Estatuto de los Refugiados (1951) y en la Ley de Migración (2017), que establecen la no criminalización, el debido proceso legal y el derecho a solicitar refugio. En el transcurso de las crisis, la DPU llegó a solicitar al Poder Judicial la admisión excepcional inmediata por parte del Estado brasileño, junto con la propuesta de una fuerza de tarea en el SISCONARE para el procesamiento de las solicitudes de refugio, así como el establecimiento de un plazo máximo de 24 horas de permanencia en ese espacio, además de medidas relativas a alimentación, higiene, alojamiento y priorización de personas vulnerables, con respeto al principio de no devolución. Aun así, existía una orientación explícita de LATAM de “no llevar a los inadmitidos a ningún lugar, no llevarlos a comprar agua, café, no llevarlos a la farmacia, no dejarlos salir de ninguna manera”.

Así fue precisamente el trato discriminatorio que recibió Evans, quien había relatado a sus familiares la fiebre y el deterioro de su salud mientras permanecía retenido. Hay relatos de que, a pesar de las múltiples solicitudes de asistencia médica, incluidas las tentativas de alertar a las autoridades sobre su estado de salud, Evans solo fue trasladado al Hospital de Guarulhos el 11 de agosto, después de una protesta de migrantes africanos que también se encontraban retenidos en el Conector y que exigían atención de emergencia para Evans. Wusu murió dos días después como consecuencia de una infección generalizada originada por una infección urinaria. Todo indica que la falta de alojamiento adecuado, los varios días de retención en condiciones precarias y de largos vuelos consecutivos, y sobre todo la negativa de atención básica de salud mientras estaba bajo la responsabilidad de las autoridades aeroportuarias y de la aerolínea contribuyeron a este desenlace trágico.

Sin embargo, el martirio y las violaciones de derechos no terminaron con su muerte. Según los testimonios que constan en la investigación policial, aun teniendo en su poder el pasaporte y los datos de registro, la aerolínea habría informado erróneamente al hospital que Evans era ciudadano de Sudáfrica. Sus pertenencias habrían sido entregadas a la sección de objetos perdidos del aeropuerto y, hasta la fecha, no han sido enviadas a sus familiares. Dos semanas después, su cuerpo fue enterrado sin que la familia fuera contactada, un ejemplo más de la desidia frente a los cuerpos negros africanos, si no una estrategia deliberada de borramiento de su historia en el país del mito de la democracia racial y la acogida para migrantes. El Ministerio de Justicia sigue afirmando que “no correspondía a la Senajus (Secretaría Nacional de Justicia) la atención o el acompañamiento de la asistencia al migrante de Ghana” y que “la Senajus no fue informada sobre la situación del viajero”, en una lógica de evasión de responsabilidades que continúa hasta la fecha.

Sólo gracias a la movilización de movimientos sociales y de compatriotas, la familia fue informada de la muerte de Evans por medio de Facebook. A partir de esa red inicial de apoyo, se realizó, de forma remota, la interlocución de la DPU con la familia, que relató que Evans era el principal responsable del cuidado y sustento de tres sobrinos que eran como sus hijos y vivían con él en la ciudad de Acra, capital de Ghana. Tras superar las dificultades para representar a la familia de Wusu ante la justicia brasileña, la DPU interpuso una acción judicial para solicitar una indemnización por daños morales individuales y colectivos, además de daños materiales, por un valor de 10 millones de reales (aproximadamente 1,8 millones de dólares). En esta emblemática acción judicial por justicia y reparación, la DPU sostiene que el Estado brasileño es responsable de la muerte de Evans tanto por la ausencia de asistencia a los migrantes retenidos como por la demora en el procesamiento de la solicitud de refugio, que hizo que permaneciera mucho tiempo en la zona de inadmitidos. Por su parte, la aerolínea fue denunciada por la falta de asistencia, tanto en el momento en que Evans se encontraba en la zona restringida como después de su fallecimiento. Además, la Defensoría señala que LATAM proporcionó información incorrecta al hospital, lo que contribuyó a las fallas de comunicación que culminaron en el entierro de Evans sin que su familia fuera debidamente informada.

La campaña #JusticiaPorEvans: memoria, justicia y reparación

Paralelamente a la red de apoyo a la familia en el ámbito jurídico, la conmoción provocada por la noticia de la muerte de Evans movilizó a distintas organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, asociaciones de migrantes y activistas en São Paulo.

En el caso de Evans, algo que impulsó la campaña por justicia fueron los mensajes de WhatsApp que había enviado a su familia y un video grabado por otras personas retenidas en la zona restringida del Aeropuerto de Guarulhos, en el que se documentaban sus condiciones de salud. El 25 de agosto de 2024, decenas de personas participaron en la manifestación “#JusticiaPorEvans: Por el Derecho a Migrar y Solicitar Refugio” frente al Museo de Arte de São Paulo (MASP), principal símbolo de la ciudad y escenario de históricos movimientos políticos.

Durante la manifestación, que también alcanzó repercusión internacional por iniciativa de colectivos de migrantes, diversas intervenciones enfatizaron que los cambios restrictivos en las políticas migratorias en Brasil amenazan derechos ya conquistados en la Ley de Migración, en el Estatuto de los Refugiados y en los tratados internacionales de derechos humanos. La externalización de fronteras de Estados Unidos fue denunciada como parte de una nueva geopolítica que presiona a los países periféricos del capitalismo, produciendo y agravando la criminalización, la violencia y las violaciones de derechos.

Algunos días después de la protesta, la Red Sin Fronteras convocó una reunión en la Central Única de los Trabajadores (CUT), con la participación de más de 30 representantes de organizaciones y movimientos sociales, así como de delegados elegidos por la Segunda Conferencia Nacional de Migraciones, Refugio y Apatridia (COMIGRAR), para discutir posibles respuestas articuladas con el fin de exigir al Estado brasileño una respuesta frente a la situación en el aeropuerto.

En ese momento existía un esfuerzo por constituir el Grupo de Trabajo Intersectorial sobre Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas en la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo (GTI-Migrantes/ALESP), con el apoyo de parlamentarios. La conformación del GTI contribuyó a organizar reuniones con el objetivo de elaborar estrategias institucionales para obtener información sobre la situación de las personas retenidas en el aeropuerto. Las respuestas que llegaron, sin embargo, muestran que ni siquiera existe preocupación por la recopilación y sistematización de esos datos por parte de las autoridades estatales y no estatales del aeropuerto.

En septiembre de 2024, la campaña alcanzó repercusión nacional mediante un reportaje emitido en el programa periodístico de mayor audiencia de Brasil: Fantástico, de Rede Globo, con la conducción de Maju Coutinho.

El giro punitivista en la política migratoria brasileña

A pesar de la repercusión del caso de Evans Osei Wusu, pocas semanas después de su trágica muerte, entró en vigor en Brasil la Nota Técnica n.º 18/2024 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que instituyó nuevas exigencias de visado de tránsito y procedimientos que restringieron significativamente el acceso al refugio en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, estableciendo una asociación indebida entre el control migratorio de admisión o inadmisión y la regularización migratoria.

Durante muchos años, personas en situación de refugio utilizaron escalas en aeropuertos de Brasil para presentar solicitudes de protección con base en los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado brasileño. Sin embargo, bajo las nuevas reglas, la mayoría de los viajeros no pueden acceder al procedimiento de solicitud de refugio, y se les niega la entrada, son retenidos y/o deportados o repatriados antes incluso de poder formalizar la petición de reconocimiento de la condición de refugiado. En la práctica, al condicionar el derecho de solicitar refugio al cumplimiento de nuevas exigencias de tránsito y a evaluaciones preliminares de admisibilidad, se está vulnerando el principio de que toda persona tiene derecho a buscar refugio, independientemente de la forma de su ingreso, tal como lo reconoce el derecho internacional de los refugiados.

Estas medidas no surgieron de manera aislada, sino que se inscriben en una trayectoria más amplia de permanencia y fortalecimiento de dispositivos autoritarios en la política migratoria brasileña. Entre los más significativos se encuentra la Portaria 770/2019, dictada durante el gobierno de Jair Bolsonaro por el entonces ministro de Justicia, Sérgio Moro, que prevé la deportación sumaria. Lejos de haber sido superada, esta norma marcó un profundo retroceso y sigue funcionando como una pieza central del engranaje institucional que posibilita, hasta hoy, violaciones de derechos contra personas migrantes y solicitantes de refugio.

Pero estos cambios no ocurrieron sin resistencias por parte de la sociedad. Tras la publicación de la nota técnica del Ministerio de Justicia, más de 60 entidades firmaron un manifiesto contra los retrocesos en los derechos de las personas migrantes. El Comité de Migraciones y Desplazamientos de la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) también elaboró una nota técnica “sobre la restricción de viajeros sin documentación adecuada por parte del Ministerio de Justicia”, dirigida al Secretario de Justicia y al ministro Ricardo Lewandowski.

Organizaciones con una larga trayectoria en la política migratoria brasileña – Missão Paz, Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, Cáritas Arquidiocesana de Río de Janeiro y la Asociación Brasileña de Defensa de la Mujer, la Infancia y la Juventud (Asbrad) – produjeron un extenso documento titulado “Refugio en Brasil: ¿qué está en juego con la nueva decisión del gobierno para la situación de los migrantes inadmitidos en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos?”, argumentando que: “Aunque la Nota Técnica enfatiza el aumento del flujo de nacionales originarios del Sudeste Asiático, en particular nepaleses, vietnamitas, pakistaníes e indios, el grupo que se encuentra en el aeropuerto de Guarulhos tiene una composición heterogénea y plurinacional. Se identifican, por tanto, nacionales de países respecto de los cuales el Comité Nacional para los Refugiados ya ha declarado una Grave y Generalizada Violación de Derechos Humanos, así como casos de reconocimiento del refugio por pertenencia a grupo social, como riesgo de mutilación genital femenina y persecución a la comunidad LGBTQIA+”.

Estas cuestiones demuestran que, más que un retroceso, la suspensión del derecho al refugio significa un giro punitivista en la política migratoria brasileña en un contexto más amplio de externalización de fronteras de Estados Unidos en distintos países de América Latina, impulsando el recrudecimiento de la militarización bajo la justificación de combatir “amenazas globales” – cárteles de la droga, contrabandistas, traficantes, grupos criminales e incluso “terroristas”.

Estos retrocesos también se han reflejado en el ámbito del Poder Judicial. En el punto más álgido de la criminalización de la migración en el Aeropuerto de Guarulhos, una decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil suspendió una medida cautelar que prohibía, de forma colectiva, la deportación de migrantes retenidos en el Conector, acogiendo argumentos presentados por el Estado brasileño sobre la necesidad de desarrollar estándares de prevención, represión y castigo del tráfico de personas, a pesar de haber sido exhaustivamente refutados por basarse en especulaciones, metodologías frágiles y cifras infladas y mal interpretadas. La decisión abrió un peligroso precedente que permite deportaciones arbitrarias en una de las fronteras más importantes de América del Sur.

Como efecto de este giro punitivista, los casos de violaciones de derechos en la zona de inadmitidos del Aeropuerto de Guarulhos continúan ocurriendo cotidianamente. Esta realidad quedó evidenciada en un reciente informe, presentado al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Gehad Madi, durante una reunión en la Asamblea Legislativa de São Paulo. El informe destacó los impactos de la externalización de las fronteras de Estados Unidos y el carácter necropolítico de esta forma de gobernanza migratoria, y exigió una mayor atención internacional a las violaciones de los derechos de las personas migrantes en Brasil.

En vísperas de las elecciones generales, que se celebrarán en octubre de este año en el país, y ante la fuerte amenaza de expansión de grupos políticos de extrema derecha, la defensa urgente de una perspectiva basada en los derechos humanos, antirracista, antimachista y emancipadora en la formulación de políticas migratorias y de refugio – que también considere a la creciente población de brasileños emigrados y retornados forzados – dependerá, principalmente, de la articulación entre las luchas migrantes y el conjunto de las luchas sociales para hacer frente a los retrocesos.

#JustiçaPorEvans

* Texto escrito por Karina Quintanilha y Daniel Perseguim, investigadores vinculados al Fórum Fronteiras Cruzadas. Actualmente, este proyecto de investigación y extensión universitaria está conformado por Daniel Perseguim, Fedo Bacourt, Igor Miranda, Juan Cusicanqui, Yumna Abdulghani, Patrícia Rocha, bajo coordinación de Bianca Freire-Medeiros, Vera da Silva Telles y Karina Quintanilha. El proyecto fue creado en 2017 y desde 2023 se encuentra radicado en el Programa de PosGrado en Sociología de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo (FFLCH-USP).