¿Qué es lo que une a México con los demás países latinoamericanos cuando se trata de la “crisis migratoria”? Podríamos trazar muchas líneas comparativas entre las leyes y las prácticas de gestión de fronteras y de las migraciones internacionales entre México y Brasil, por ejemplo. Para muchas personas en situación de movilidad, estos dos países representan el inicio y el fin de los corredores migratorios en la región. La más reciente línea, sin embargo, es la compleja y retumbante deshumanización de personas migrantes racializadas por medio de diferentes trabas para acceder al derecho de asilo. Las formas de control compartidas se materializaron el pasado 13 de agosto de forma triste e indignante.
Ese día, una parte significativa de los noticieros brasileños cubrió la muerte de Evans Osei Wusu, un hombre ghanés de 39 años que estaba retenido en el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos (AISP). Evans falleció mientras esperaba la posibilidad de solicitar refugio en Brasil, tras haber sido deportado del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), en la Ciudad de México. Él contaba con una visa para ingresar a ese país, donde iniciaría un tratamiento de salud para el cual ya tenía una cita médica y una cantidad superior a los 20 mil dólares ahorrados, cumpliendo así con todos los requisitos burocráticos. Sin embargo, como en otros casos de deportación registrados en ese mismo aeropuerto mexicano, la marca de origen y la marca racial tuvieron más peso que su condición migratoria regularizada y sus recursos económicos.
El AISP en Brasil es el mayor complejo aeroportuario de Sudamérica, según la descripción proporcionada por su propia administración. Es uno de los principales puntos de aterrizaje de migrantes transcontinentales en América Latina, debido a las conexiones aéreas con Johannesburgo, Dubái, Doha, Estambul, Luanda y Adís Abeba. Es notable la gran circulación de personas en diversas condiciones de desplazamiento: turistas, migrantes, personas solicitantes de refugio y en tránsito.
Evans, al igual que otras personas migrantes provenientes de distintas partes de África y Asia, se encontraba en una zona del aeropuerto conocida como la “sala de inadmitidos”. En esa ocasión, Evans compartía el lugar con cerca de 480 personas. La atención sobre la situación de este espacio del aeropuerto ya había captado previamente parte de los noticieros brasileños. Durante algunas semanas de diciembre de 2023, personas, en su mayoría vietnamitas, ingresaron al país y quedaron retenidas en este mismo lugar, esperando “retornar a su país de origen, dirigirse a un tercer país que las aceptara o ingresar a Brasil en calidad de solicitantes de refugio”, según una declaración de la Policía Federal. En junio de 2024, aproximadamente 380 personas provenientes de países del sur de Asia, especialmente de India, se encontraban en la misma situación.
La “sala de inadmitidos” es un espacio del aeropuerto donde se concentran personas de países como India, China, Nigeria, Ghana, Pakistán, entre otros, a quienes, por algún motivo, se les ha negado la entrada a Brasil, especialmente por la falta de visa o mientras son procesadas por el Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). Ante el elevado número de personas, esta área fue ampliada provisionalmente a otras puertas del terminal de embarque del AISP. Desde 2007, se han registrado casos de personas que terminaban “retenidas”,[1] obligadas a permanecer por días, semanas o meses en este espacio, el cual no cuenta, cabe destacar, con una infraestructura adecuada para estancias prolongadas.
Antes del inicio de las operaciones de la Terminal 3, inaugurada en 2014 para el Mundial de futbol, la “zona de inadmitidos” se ubicaba entre las antiguas Terminales 1 y 2 del aeropuerto, por lo que era conocida como el “Conector”. En su trabajo titulado Crimigracão como prática securitária no Aeroporto Internacional de Guarulhos (2010-2017), Laís Azevedo Alves (2019) revela que ésta solía ser una zona de responsabilidad compartida entre la administración aeroportuaria y las aerolíneas, que debían “garantizar la alimentación durante la estancia y, si era necesario, promover el retorno de los inadmitidos”.
Con la recurrencia de los casos, entre julio de 2012 y marzo de 2013, cerca de 42 personas retenidas en el Conector lograron contactar con entidades de la sociedad civil en la ciudad de São Paulo, lo que activó una alerta sobre la situación de las personas migrantes y solicitantes de refugio en esa sección del aeropuerto.
El caso más emblemático, hasta ese entonces, había ocurrido en 2013, cuando un hombre cubano vivió durante cinco meses en el AISP bajo la condición de apátrida. Tras un impasse sobre la posibilidad de su retorno a Cuba, defensores públicos y abogados lograron acceder al Conector y constataron la suspensión de derechos a la que él y otras personas estaban sometidas. A partir de este caso, se exigió una regulación para el uso de ese espacio.
La solución encontrada fue la creación del Término de Cooperación Técnica Institucional para la Protección y Promoción de Soluciones Humanitarias y Solidarias en Situaciones de Migrantes Inadmitidos. La cooperación se estableció entre el Ministerio Público Federal, la alcaldía de Guarulhos, la Defensoría Pública de la Unión (DPU), el Ministerio de Justicia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), además de dos entidades de la sociedad civil: Cáritas y Missão Paz. Entre todos los actores presentes en ese espacio del aeropuerto y actuantes en los casos de inadmisión, la Policía Federal, órgano responsable por la gestión de los ingresos a Brasil, fue la única institución que no firmó el acuerdo. Dicho trabajo conjunto sigue vigente hasta la actualidad.
El epicentro del debate sobre las inadmisiones está en el aumento de solicitudes de refugio en el aeropuerto por parte de personas provenientes del sudeste asiático y de diversas regiones de África, quienes utilizan Brasil como puerta de entrada a las Américas. Desde Brasil, estas personas supuestamente se dirigen hacia Estados Unidos y Canadá, a través de diversas rutas migratorias, que cruzan los Andes, la selva del Darién y México. Para respaldar esta hipótesis, la Policía Federal se basa en datos registrados en una nota técnica: en 2023, se registraron 4.239 solicitudes de refugio en el AISP; hasta julio de 2024, este número había aumentado un 114%, alcanzando las 9.082 solicitudes. Asimismo, según el organismo, de un total de 8.212 procesos que están “en espera de cita”, aproximadamente el 70% corresponde a personas provenientes de India, Nepal y Vietnam.
La constatación por parte de la Policía Federal de que migrantes usan Brasil como una ruta migratoria se deriva del cruce de datos entre la cantidad de personas que solicitan refugio para ingresar al país y aquellas que no completan el trámite. De 8.327 procesos registrados en el Sistema do Comitê Nacional para os Refugiados (SISCONARE), sólo 117 manifestaron interés en obtener el Documento Provisional de Registro Nacional Migratorio, trámite que indicaría el deseo de permanecer en Brasil mientras se analiza la solicitud. Esta dinámica ha sido clasificada, en la misma nota técnica elaborada por la Policía Federal, como un “uso abusivo del instituto del refugio con el único propósito de seguir rutas migratorias irregulares”, lo que, según el organismo, fortalecería redes de tráfico y trata de personas migrantes.
La grave situación en el aeropuerto ha amplificado los debates sobre el derecho a la movilidad migratoria y al asilo en Brasil. Por un lado, observamos a colectivos de la sociedad civil, a universidades y a la DPU argumentando que la raíz del problema es la poca velocidad para iniciar el proceso de las solicitudes de refugio en el aeropuerto y la inadecuada estructura de atención de la “sala de inadmitidos”. Por otro lado, el Ministerio de Justicia y la Policía Federal sostienen que la causa del problema es el creciente “uso indebido del refugio”, facilitado, en particular, por personas vinculadas a redes criminales internacionales de coyotes, tráfico y trata de personas.
Según la Policía Federal, muchos de estos migrantes tienen como destino final países de Sudamérica, como Chile, Bolivia y Paraguay, los dos últimos vecinos de Brasil, donde no se exigen visas para determinadas nacionalidades africanas y asiáticas. Sin embargo, al llegar a Brasil, desisten de continuar hacia su destino y optan por solicitar refugio en el país de escala. Es importante destacar que, desde la creación de la Ley de Migración de 2017, Brasil exime la exigencia de la visa de tránsito, siempre y cuando los pasajeros no abandonen el área de tránsito internacional.
Desde el 26 de agosto de 2024, los pasajeros cuyo destino final sea otro país sudamericano y que tengan a Brasil como conexión estarán obligados a continuar hasta el final de sus itinerarios, sin permiso para solicitar refugio durante el tránsito. Pareciera contradictorio, pero bajo la defensa de la migración “justa, ordenada y segura”, como consta en el comunicado del Ministerio de Justicia de Brasil,[2] se cercena el derecho de asilo.
En México también opera el discurso de aparente protección a migrantes de tránsito, apoyado en la consigna del Pacto Mundial de las Migraciones. Desde el palacio presidencial, se alerta contra los peligros representados por la acción de coyotes supeditados a los carteles del narcotráfico. Parece decirse que sería mejor que los migrantes no utilizaran México como territorio de paso. El Pacto es lo que legitima tales políticas de hostilidad construidas bajo la forma de una suerte de protección excluyente. Por otro lado, se echa mano de la misma idea vinculada con el “uso indebido del sistema de refugio” contra personas que deciden solicitarlo en México. Desde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), se afirma que son personas que utilizan los documentos de refugio solo para seguir el viaje hacia Estados Unidos.
Nos queda claro que el imaginario en torno a las personas migrantes en tránsito y solicitantes de protección internacional oscurece las diferentes prácticas que resultan en una multiplicidad de trayectorias, motivos, orígenes sociales, redes, actores y usos de los territorios involucrados en este tipo de movilidad transcontinental. Al intentar captar las sutilezas de estas movilidades frente a la receta global de gestión en clave de gobernanza migratoria, podemos constatar que los propios endurecimientos migratorios y fronterizos son los causantes de la prolongación y la fragmentación de las jornadas, y por ende de la precarización del tránsito. Vale recordar que migrantes de países del Sur global cruzan el Darién precisamente por no tener una visa para México o Estados Unidos.
En otras palabras, los modos de control de la movilidad en la región producen más vulnerabilidad, incertidumbre y múltiples instalaciones temporales, fomentando la proliferación de territorios de tránsito y espera. En el caso de Evans, impedido de entrar en México incluso habiendo cumplido todos los requisitos, se observa toda la secuencia de tristes eventos que culminan en su muerte, marcada por esa forma de racismo institucional que trasciende fronteras y se manifiesta en la selección, por parte de las autoridades estatales, de personas deseadas o no.
La coexistencia entre restricciones a la movilidad migratoria y la necesidad de construir proyectos migratorios arriesgados para sortear las formas de control producen paisajes fronterizos con ciertos elementos en común. El aeropuerto de Guarulhos es la primera frontera a la que se enfrentan muchos migrantes en el continente americano. Junto con otros espacios de espera, el aeropuerto refleja técnicas compartidas entre Brasil, México y otros países de la región, las cuales son parte de una tendencia global de ralentización de las movilidades transfronterizas y de la imposición de obstáculos en el acceso al derecho de asilo.
No es sorprendente que las imágenes proyectadas en la sala de espera para admisión en Brasil se asemejen a otros territorios de contención en México, como Tapachula, o la misma Ciudad de México en muchos sentidos y dimensiones, entre ellas la reproducción espacial de lugares públicos convertidos en campamentos improvisados, donde se observan personas sentadas junto a sus mochilas y sus pocas pertenencias, con sus celulares buscando señal o enchufes. La geografía dispersa de la espera en las Américas responde, también, a la multiplicación de fronteras en las que se restringe y disuade a las personas solicitantes de asilo mediante el control del tiempo. Es una geografía habitada por sujetos racializados que, al formar parte y actuar en la configuración de estos paisajes, enfrentan esperas forzadas que cuestan planes, proyectos y vidas.
#justiçaparaEvans
Notas
[1] “Retención” es parte del lenguaje oficial de la Policía Federal brasileña para hacer diferencia a la palabra detención, una vez que muchas organizaciones denuncian la práctica como una manera de detener personas, algo que la misma policía niega.
[2] Comunicado da Secretaria Nacional de Justiça, 26 de agosto de 2024.
