El 3 de noviembre de 2026, millones de estadounidenses acudieron a las urnas, sumándose a los millones que ya habían votado de manera anticipada —por correo o en persona— en los cincuenta estados de la Unión. Tal vez hayan sido las elecciones intermedias más esperadas en tiempos recientes; los demócratas y toda la izquierda estadounidense albergaban la esperanza de que una “ola azul” —el color del Partido Demócrata— arrasara el país. Trump y su coalición política fascista de etnonacionalistas, conservadores religiosos y tecnooligarcas habían llegado al poder dos años antes y controlaban las tres ramas de gobierno: la presidencia, ambas cámaras del Congreso y la Corte Suprema. Su victoria sobre los demócratas y su candidata de último momento, Kamala Harris, se debió a una campaña que prometió atender las presiones inflacionarias postpandemia —muy perjudiciales para la clase trabajadora—, evitar guerras interminables, ejercer mano dura contra los inmigrantes —vistos como amenaza al orden interno—, apoyar políticas de seguridad de corte “la ley y el orden” en ciudades supuestamente plagadas de crimen, y reforzar las identidades de género tradicionales.
La cantidad de actos, leyes y resoluciones ilegales, autoritarios, fascistas, militaristas y proempresariales que el gobierno de Trump ha aprobado y llevado a cabo es verdaderamente desgarradora. Refiero algunos de los que más han calado en la opinión pública. La creación del nebuloso Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), a cuyo cargo Trump puso a su tecnoaliado preferido, Elon Musk, para recortar el “gasto superfluo” de agencias y programas federales. Además, Trump continuó el embate contra los programas de asistencia social —Medicaid incluido—, elevó los precios de los medicamentos bajo receta y siguió desmantelando el Obamacare. Asimismo, Trump envió agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que le asignó más presupuesto, y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a grandes ciudades como Chicago, Los Ángeles y Minneapolis para detener a inmigrantes indocumentados —y de paso, a ciudadanos y residentes legales—. Suelen llegar en vehículos sin placas y armados hasta los dientes en lo que constituye un reinado de ocupación terrorista reminiscente de las SS o la Gestapo de la Alemania nazi. El resultado ha sido la mayor campaña de detención y deportación de inmigrantes en la historia de Estados Unidos. Al menos sesenta personas han muerto bajo custodia de ICE o de la CBP en estos dos años, y más de una docena han sido asesinadas en operativos en las calles. Por otra parte, Trump impuso una serie de aranceles generalizados e inconstitucionales a todos los países del mundo (¡incluyendo islas remotas y deshabitadas!) bajo argumentos poco creíbles, como proteger la industria estadounidense, recaudar ingresos para el gobierno, salvaguardar la seguridad nacional y reducir los déficits comerciales. Desde entonces ha quedado claro que el propósito principal era acrecentar la influencia política y económica sobre otras naciones y obtener una mejor posición estratégica en negociaciones internacionales. En febrero de 2026, como parte de un viraje imperialista más amplio que se aleja del aislacionismo de su primer mandato, aunque aún dentro del paradigma etnonacionalista, Trump lanzó, en alianza con Israel, una guerra contra Irán que ha devastado al país asiático, desestabilizado la región y disparado los precios del petróleo. Así, Estados Unidos llegó al 3 de noviembre con comunidades aterrorizadas por ICE y CBP, precarizadas económicamente por el alto costo de vida —insidioso y cada vez peor—, con un gobierno autoritario atrapado en otra guerra más en Oriente Medio y acostumbrado a amenazar a cuanto país se cruce en su camino, de México a Dinamarca (por la disputa por Groenlandia). Había muchísimo en juego en la elección.
El resultado fue un repudio contundente al trumpismo, en lo que muchos han llamado no una ola, sino un tsunami azul. Los demócratas se llevaron ambas cámaras del Congreso, y por márgenes mucho más amplios de lo que casi nadie se había atrevido a soñar. Ganaron elecciones al Senado no sólo en “estados bisagra” (swing states), como Maine, Michigan, Carolina del Norte y Georgia, sino también en bastiones republicanos como Kansas, Texas, Iowa, Carolina del Sur y Ohio. Al momento de redactar este texto, incluso las contiendas de Alaska y Misisipi (“Mississippi Goddam”, como escribiera Nina Simone en 1964) están demasiado apretadas para declarar un ganador, pero los indicios apuntan a que los demócratas ganarán en esos estados ultraconservadores (y, en Misisipi, encima, con un candidato negro). Además, por primera vez desde 2010, se hicieron con la mayoría de las gubernaturas estatales y arrebataron muchos congresos estatales que llevaban años bajo control republicano. Y lograron todo esto a pesar de que, en los últimos años, los republicanos han conseguido más poder gracias a la manipulación de los distritos electorales (gerrymandering), a la aprobación en treinta y seis estados de leyes que exigen documentación más estricta para registrar a los nuevos votantes (destinadas en realidad a privar del voto a las minorías raciales) y a los cientos de millones de dólares provenientes de oligarcas para respaldar a candidatos republicanos en todo tipo de elecciones.
Es cierto que las elecciones intermedias casi siempre castigan al partido en el poder, pero los resultados de esta vez rivalizan con los mayores vuelcos de la historia electoral estadounidense. El giro del voto a favor de los demócratas fue superior al 15%, cifra que casi iguala el gran vuelco de 2010, cuando el movimiento del “Tea Party” impulsó el arrollador triunfo republicano frente a los demócratas de Obama. Algunos estados y distritos oscilaron más de 20% hacia los demócratas. Queda mucho por analizar, pero una hipótesis preliminar apunta a la revuelta de los movimientos de base contra los gigantescos centros de datos, devoradores de recursos, y que los republicanos apoyaron casi unánimemente; a una sólida resistencia a la presencia de ICE en las calles, y al aumento del precio del diésel en zonas muy agrícolas como factores que alimentaron los vuelcos descritos. De todos los grupos de electores, los latinos, los votantes de clase trabajadora sin estudios universitarios y los jóvenes fueron quienes viraron de manera más dramática hacia los demócratas, haciendo añicos la coalición electoral que llevó a Trump a la victoria en 2024.
Aun si quienes estamos en la izquierda quisiéramos evitar centrar el debate en los rasgos identitarios de los candidatos, la cantidad de triunfos inéditos de esta elección es simplemente asombrosa. Los estadounidenses eligieron al primer senador musulmán, el carismático Abdul El-Sayed en Michigan, a pesar de los millones gastados en anuncios islamófobos; al primer senador abiertamente gay (Chris Pappas en New Hampshire) y a la primera senadora nativa estadounidense (Peggy Flanagan en Minnesota; Mary Peltola podría ser la segunda si los demócratas ganan Alaska). Además, Georgia eligió a la primera gobernadora negra y Nuevo México a la primera gobernadora nativa estadounidense. Otros estados eligieron a su primera gobernadora mujer (Minnesota), su primer gobernador latino (California) y su primer gobernador negro (Florida).
La izquierda, representada por los Socialistas Demócratas de América (DSA, por sus siglas en inglés) —orillados a sumarse al Partido Demócrata por culpa del sistema bipartidista y de mayoría relativa imperante—, también registró avances notables: ganaron al menos 105 cargos en todo el país, incluidos seis nuevos integrantes de la Cámara de Representantes por Nueva York, Pensilvania, Colorado, Míchigan y California, quienes se suman a correligionarias más experimentadas como Rashida Tlaib, de Michigan, y Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York. Candidatos respaldados por los DSA también ganaron en congresos estatales, cabildos municipales y juntas locales y de condado en todo el país, así como las alcaldías de Providence (Rhode Island), Washington D.C. y Los Ángeles (California); ello significa que, además de la capital federal, las dos urbes más grandes del país (Nueva York, cuyo alcalde es Zohran Mamdani, y Los Ángeles) serán gobernadas por la izquierda socialista. Prueba sorprendente del nuevo poder y de la competitividad electoral de los candidatos respaldados por los DSA es que la socialista negra Angie Nixon estuvo a punto de ganar el escaño abierto al Senado en Florida, un estado controlado por los republicanos, a pesar de haber sido ignorada por completo por la dirección nacional del partido y de haber hecho campaña con muy pocos recursos. Y aunque Abdul El-Sayed, el recién electo senador por Michigan, dijera en la campaña “creo en el capitalismo”, lo cierto es que contendió con una plataforma bastante socialista en términos generales, denunciando el financiamiento estadounidense al genocidio de Israel en Gaza y repitiendo una y otra vez el pegajoso lema “el dinero fuera de la política, el dinero dentro de tu cartera y Medicare para todos” (esto último, en referencia al ahora popular plan de cobertura universal de salud).
¿Qué explica el ascenso de los DSA y de los candidatos que respaldaron? ¿Qué hizo que políticos del Estados Unidos hipercapitalista, cuyas élites fueron pioneras en la propaganda anticomunista y en sembrar el “miedo a los rojos”, ahora debatan abiertamente sobre el capitalismo y se posicionen a favor o en contra del socialismo en foros públicos? Menos de dos décadas después de que los zapatistas denunciaran desde la selva chiapaneca los estragos del capitalismo neoliberal, Estados Unidos vivió el primer movimiento que desafiaba el statu quo neoliberal y bipartidista: en plena Gran Recesión —que infligió un daño económico aplastante y produjo millones de ejecuciones hipotecarias al tiempo que se rescataba a los grandes bancos—, el Occupy Wall Street captó la atención popular y difundió la idea del “1% contra el 99%”. En 2016 y 2020, las campañas fallidas pero estimulantes de Bernie Sanders por la nominación presidencial demócrata impulsaron propuestas como la cobertura universal de salud, los Nuevos Pactos Verdes (Green New Deals), el derecho de los trabajadores a sindicalizarse, salarios dignos, el fin de los subsidios a empresarios y del complejo militar-industrial, e impuestos a los más ricos. El cierre por la pandemia de 2020-2021, que obligó al gobierno a repartir cheques para mantener los medios de subsistencia; las protestas por George Floyd, en las que proliferaron los llamados a dejar sin presupuesto a la policía o incluso abolirla; y los más recientes campamentos por la liberación de Palestina, que denunciaban la ocupación israelí y el genocidio en Gaza, impulsaron aún más la política socialista al fomentar la acción colectiva, evidenciar las conexiones entre imperio, raza y capitalismo, y ampliar el terreno de lo políticamente posible e imaginable. La membresía y el reconocimiento de los DSA alcanzaron nuevos máximos, primero con la elección de Ocasio-Cortez al Congreso en 2018, y de nuevo el año pasado, cuando Mamdani ganó la alcaldía de Nueva York con una agenda de accesibilidad económica y de bienes y servicios públicos baratos o gratuitos, como vivienda, alimentos y transporte. La plataforma de los DSA, aprobada en asamblea democrática de sus miembros, se asemeja más a una socialdemocracia sólida, antirracista, feminista, antijerárquica y antiimperialista que a un llamado a la abolición total del capitalismo y a que los trabajadores se apropien de los medios de producción. El programa incluye el control público de industrias clave como los servicios públicos y la salud, un sindicalismo democrático fuerte para promover los derechos de los trabajadores, un Nuevo Pacto Verde encabezado por los trabajadores para poner fin al uso de combustibles fósiles, el financiamiento público de las elecciones dentro de una democracia multipartidista, la reducción del presupuesto del Departamento de Guerra, terminar la guerra económica contra otras naciones, indemnizar a los afrodescendientes por la esclavitud, abolir ICE y contribuir a liberar Palestina. Los candidatos de los DSA, en general, no han defendido todos los puntos de la plataforma; más bien, se han comprometido con lo que podría llamarse la proliferación de los bienes comunes y la desmercantilización de la vida cotidiana: la promesa de proveer bienes y servicios públicos como salud, vivienda, electricidad y transporte.
Ése es precisamente el núcleo del programa de Mamdani en Nueva York, organizado discursivamente en torno a la idea de “accesibilidad económica” (affordability). Una vez que el político captó la atención del país, la dirección nacional demócrata tomó nota: en lo que algunos llaman el “efecto Mamdani”, demócratas de todas las tendencias adoptaron el lenguaje típico de la izquierda socialista, usando términos como “accesibilidad económica”, “los multimillonarios” y “los oligarcas”. La elección de noviembre reveló el fracaso total del trumpismo por su brutalidad, su crueldad, su corrupción y su absoluto desprecio por el sufrimiento económico de la gente, pero también fue una elección que los demócratas, adoptando el lenguaje de los socialistas, ganaron al conectar con las frustraciones de la gente y ofrecer al gobierno como solución a sus necesidades. Un partido que había abandonado hacía años la “estrategia de los cincuenta estados”, vio que una clase trabajadora multirracial, más unida que nunca contra el trumpismo y a favor de una política de accesibilidad económica, podía ganar en cualquier estado, desde Texas e Iowa hasta Ohio, Carolina del Sur y Misisipi. Sin embargo, no debemos sobredimensionar el “efecto Mamdani”, como ya lo han hecho algunos en la izquierda: si bien el énfasis de los demócratas en el lenguaje populista fue distinto en estas elecciones que en 2022 y 2024, las plataformas económicas de muchos ganadores en estados bisagra y en bastiones conservadores fueron de hecho más bien moderadas, reminiscentes de la “economía de oportunidades” —basada en medidas favorables al mercado y de regulación laxa— de Kamala Harris en su fallida campaña presidencial de 2024.
No obstante, gracias a los DSA y a años de organización que se remontan al Occupy Wall Street, el socialismo ya no es esa fea palabra que solía ser en Estados Unidos. El tiempo no ha pasado en balde. La Unión Soviética, con todo y sus horrores autoritarios, había ofrecido una alternativa real al capitalismo y había servido como una especie de freno a su expansión incontrolada; su colapso, por lo tanto, justificó la propaganda estadounidense de la Guerra Fría y facilitó el ascenso del capitalismo neoliberal salvaje. Desde la década de 1990 hasta la primera década del nuevo siglo —mientras aumentaban la desigualdad económica, la concentración de la riqueza, los daños sociales del libre comercio, la mercantilización de la vida cotidiana y las amenazas climáticas a toda forma de vida en el planeta—, Estados Unidos siguió viviendo en buena medida en un mundo político marcado por la Guerra Fría en el que, en palabras de Margaret Thatcher, “no hay alternativa”. Sin embargo, las generaciones más jóvenes, liberadas de décadas de propaganda de la Guerra Fría contra las políticas socialistas, han renovado hoy el pensamiento y la práctica anticapitalistas. Los cambios son notables: una encuesta de salida del pasado 3 de noviembre reveló que más de un tercio de los votantes de entre 18 y 29 años se identificó como socialista demócrata; otra encuesta, previa a la elección, mostró que más de un tercio de todos los demócratas y votantes afines al Partido Demócrata se colgaban esa etiqueta. Para muchos estadounidenses, apoyar políticas socialistas y progresistas no es cuestión de izquierda contra derecha ni de extremistas contra moderados, sino de justicia contra injusticia o, como dijo el senador electo de Texas, James Talarico, de “los de arriba contra los de abajo”. Despojada del lastre ideológico de la Guerra Fría y de la guerra fascista de Trump contra sus opositores, este nuevo frente parece ocupar la zona de “Ricitos de Oro” de la política socialista en Estados Unidos: no demasiado de izquierda o radical, sino justo en su punto. Aun así, no debemos exagerar el poder de los DSA: sigue siendo una organización más bien pequeña, cuya membresía per cápita todavía palidece comparada con la del Partido Socialista encabezado por Eugene Debs en la década de 1910, el último gran periodo de presencia electoral socialista en Estados Unidos. Su poder político real en las ciudades, los estados y Washington sigue siendo bastante limitado, con todo y los avances recientes.
A pesar de todos estos logros de los demócratas y de los candidatos con el sello DSA, no todo en las elecciones intermedias fue motivo de celebración. La victoria habría sido mucho mayor en la Cámara de Representantes y en los congresos estatales si los republicanos no hubieran manipulado los distritos en estados como Virginia Occidental, Florida, Texas, Misuri, Carolina del Norte y otros. O si el poder monetario de los capitalistas no hubiera derrotado con contundencia en California a la Propuesta 40—un “impuesto a los multimillonarios”, idea de un líder sindical estatal—, potenciado por la oposición de la dirigencia demócrata y de los propios multimillonarios, que inyectaron cientos de millones de dólares para pagar campañas negativas que inundaron todos los medios. Eso sin olvidar que, al amanecer del 4 de noviembre, Donald Trump seguía en la Casa Blanca.
Esto plantea la pregunta de qué harán los demócratas con su nuevo poder y con un mandato popular claro para desafiar al presidente. Si la historia sirve de indicio, volverán a la moderación centrista del establishment del partido, encabezado por Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, quienes, respaldados por sus donantes corporativos, seguirán aspirando al Estado regulador de la era Clinton-Obama, que incentiva al mercado, fomenta la acumulación de capital por encima de las necesidades humanas y rehúye la propiedad pública de bienes y servicios. Esos giros que se alejan del mensaje económico populista son habituales y serían cómicos de no ser tan trágicos. Por ejemplo, en 2008, los candidatos demócratas, incluido Obama, atrajeron a los votantes de los estados del Cinturón del Óxido (Rust Belt), como Ohio, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, arremetiendo contra el TLCAN por haber debilitado al sindicalismo organizado; sin embargo, una vez en el poder, actuaron de otra manera y, en el caso de Obama, viró ciento ochenta grados e impulsó con entusiasmo nuevos tratados comerciales, como el Acuerdo Transpacífico, que diezmaron aún más empleos que alguna vez fueron estables y bien remunerados en el corazón industrial del país. Este tipo de traiciones contribuyeron, sin lugar a dudas, a que Trump ganara esos mismos estados en 2016 y 2024, con el consecuente derrumbe de lo que alguna vez se llamó el “muro azul” de los demócratas.
El pasado puede ser prólogo, pero no es destino, como nos advierte una lectura moderna de Shakespeare; los próximos dos años no están escritos de antemano. La izquierda socialista y progresista, hoy más fuerte que en cualquier otro momento desde, al menos, principios de la década de 1970, presionará a los demócratas del establishment para que aprovechen lo que ven como la última oportunidad no sólo de mejorar el nivel de vida de la gente, sino también, en consecuencia, de fortalecer la democracia y derrotar de una vez por todas la amenaza existencial del fascismo. Ya se multiplican los llamados desde la izquierda para que el nuevo Congreso apruebe una serie de medidas económicas que atienda la crisis de accesibilidad económica, extienda Medicare para todos, acelere la transición a las energías renovables en abierto desafío a la industria de los combustibles fósiles, corte el financiamiento militar a Israel y fortalezca el erosionado derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Se apremia a poner a Trump en la difícil posición de vetar leyes populares que desenmascararían aún más los sórdidos intereses oligárquicos que representa. Los moderados, sin duda, replicarán que Medicare para todos y otros bienes públicos es ir demasiado lejos, que el financiamiento militar a Israel debe continuar y que, para atraer a los volubles votantes “independientes”, el partido no debe agitar mucho las aguas. Aunque el temor a perder al votante independiente parezca una preocupación legítima, el supuesto de fondo es que ese perfil se ubique predominantemente en el centro del espectro político. Así, el vagamente definido votante independiente se convierte en una excusa para justificar el realismo político y en un pretexto para que el partido haga la voluntad de los donantes, en lugar de seguir un programa político que, por gravar a los ricos y redistribuir la riqueza, podría tal vez seguir arrebatándole a Trump votantes de clase trabajadora y movilizar a una parte de ese 40% de los ciudadanos con derecho a voto que rara vez, o nunca, acuden a las urnas.
En definitiva, estos debates coparán las primarias presidenciales demócratas de 2028. Figuras tan dispares como el gobernador saliente de California y opositor al impuesto a los multimillonarios, Gavin Newsom, y la socialista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ya han dado varias señales de que buscarán la nominación. No obstante, hay tendencias que ya parecen definitivas: los demócratas del Congreso coinciden cada vez más en dejar de financiar la guerra contra Irán, aunque no tengan el poder de terminarla, y en encargar a los comités de vigilancia de la Cámara que investiguen los numerosos actos de corrupción de Trump y su familia en los últimos dos años. Trump, por su parte, ya redobla la apuesta por el nacionalismo blanco, pues acaba de nombrar como nuevo jefe de gabinete a Stephen Miller, el arquitecto de su draconiano régimen de deportaciones y defensor de la racista teoría del reemplazo.
Los resultados de las elecciones intermedias significan una reivindicación política de la izquierda y un repudio total a la agenda de Trump. Además, suceden menos de dos semanas después de que Brasil derrotara su propia versión del fascismo: el presidente Lula da Silva, respaldado por una popular reforma constitucional que redujo la jornada laboral y por los millones de brasileños que integraron el “ejército de Lula” de activistas en redes sociales, remontó en la segunda vuelta para vencer al hijo del expresidente encarcelado Jair Bolsonaro. Tras el reciente y dramático viraje hacia una derecha autoritaria cada vez más fascista en todo el hemisferio —con México como una de las pocas excepciones—, quizá estemos ante un incipiente repudio popular y progresista al autoritarismo de derecha y al fundamentalismo neoliberal. La disyuntiva que Rosa Luxemburgo observara en 1915, cuando Europa se sumía en la guerra, mantiene su actualidad más de cien años después en toda América: socialismo o barbarie.
