Perspectivas
Nitzan Shoshan
A pesar del torbellino de elecciones decisivas en Brasil, Serbia y Estados Unidos, las recientes elecciones en Israel despertaron una atención internacional sin precedentes. Lo que estaba en juego era el futuro de la coalición gobernante responsable del genocidio en Gaza, la guerra contra Irán, la devastación del sur del Líbano, la complicidad activa con los linchamientos y pogromos cotidianos contra la población palestina en Cisjordania, así como una brutalidad estatal y una discriminación sin precedentes contra los palestinos con ciudadanía israelí (también conocidos como palestinos del 48, y quienes representan el 20 % de la población del país).
El recuento definitivo de los votos dejó un panorama de claroscuros. La coalición de extrema derecha de Netanyahu sufrió una derrota contundente: pasó de 68 a 53 de los 120 escaños del parlamento, con lo cual perdió su mayoría. Para el grueso de los judíos israelíes, el motivo de este rechazo no fue el genocidio en Gaza como tal, elemento prácticamente ausente de las campañas electorales, sino la prolongación de las guerras en múltiples frentes y el aislamiento internacional, de los que responsabilizaban a Netanyahu. A ello se sumaban los escandalosos niveles de corrupción de la coalición, su control autoritario del sistema judicial, de los medios de comunicación y de los aparatos militares y de seguridad, la incompetencia gubernamental y el deterioro de los servicios e instituciones públicas, entre ellos la educación, la salud y el transporte. Al mismo tiempo, el Likud, el partido de Netanyahu, obtuvo resultados muy superiores a los previstos por las encuestas, al captar votos de sus aliados de la coalición —principalmente del partido ultraortodoxo mizrají Shas y de Poder Judío, la formación de extrema derecha de Ben Gvir—. Así, se mantuvo como la principal fuerza parlamentaria, aun cuando sus posibilidades de formar gobierno prácticamente se esfumaron. Esto le permitió a Netanyahu proclamar una victoria a todas luces ficticia en los días posteriores a las elecciones.
Los resultados de los partidos de oposición fueron igualmente ambiguos. Con un total de 48 escaños, el bloque sionista contrario a Netanyahu obtuvo resultados muy inferiores a los esperados. Las encuestas situaban a Yashar, el principal partido opositor de centroderecha, encabezado por Eisenkot —exjefe del Estado Mayor del ejército israelí y brevemente ministro del gobierno de unidad formado después del 7 de octubre de 2023—, prácticamente empatado con el Likud. Sin embargo, quedó muy por debajo de su rival, con un decepcionante resultado de 21 escaños. Por su parte, los Demócratas, una nueva formación de centroizquierda integrada por partidos de la izquierda sionista que alguna vez fueron poderosos, pero que desde hace tiempo habían perdido relevancia, como el Partido Laborista y Meretz, tampoco alcanzaron las expectativas. El resultado asestó un golpe a sus aspiraciones de ejercer una influencia significativa en una posible coalición con partidos de centroderecha y derecha. Así, ninguno de los dos bloques alcanzó los 61 escaños necesarios para obtener la mayoría, ni quedó lo suficientemente cerca como para conseguirla mediante maniobras políticas o la incorporación de legisladores dispuestos a cambiar de bando.
En marcado contraste con estos resultados ambivalentes, y con las amargas disputas y acusaciones mutuas que desencadenaron, los vencedores indiscutibles de estas elecciones fueron los partidos palestinos. La Lista Conjunta, una alianza de izquierda integrada por tres partidos pequeños —entre ellos el Partido Comunista, oficialmente binacional, aunque en la práctica mayoritariamente palestino—, junto con el partido un tanto más conservador Raam, alcanzó un éxito extraordinario y sin precedentes al obtener 19 escaños. El éxito radica en que, aun siendo una fuerza minoritaria en comparación con las demás, parece prácticamente imposible formar un gobierno que no cuente, de una u otra manera, con su participación. La ciudadanía palestina acudió a las urnas en cifras nunca antes vistas, con una participación cercana al 80 %, incluso en zonas donde tradicionalmente amplios sectores habían boicoteado las elecciones. Las políticas sádicas del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, contra los palestinos con ciudadanía israelí —incluidas las demoliciones masivas de viviendas, el recrudecimiento de la represión policial y el abandono deliberado frente a la ola de violencia criminal letal que ha azotado sus localidades en los últimos años— no le permitieron, como esperaba, atraer nuevos votantes de la extrema derecha judía. Por el contrario, contribuyeron claramente a movilizar a multitudes de palestinos que acudieron a las urnas para votar en su contra. La ironía no pasó inadvertida para los dirigentes políticos palestinos, quienes, tras las elecciones, se burlaron de Ben Gvir por haber contribuido de manera tan decisiva al éxito de su campaña electoral.
En contra de la percepción extendida entre activistas internacionales propalestinos de que todos los partidos sionistas son, en esencia, iguales, la participación electoral de la ciudadanía palestina, así como la atención mediática sin precedentes que despertaron las elecciones entre los palestinos sin ciudadanía israelí y entre las sociedades árabes en general, sugieren que un espectro amplio de estos sectores no comparten esa visión. Los dirigentes de los partidos palestinos han señalado reiteradamente que su máxima prioridad es sacar a Netanyahu del poder y han ofrecido su apoyo a cualquier coalición capaz de poner fin a su gobierno, prácticamente sin importar qué variante del sionismo represente. No necesitan que nadie les recuerde que la abrumadora mayoría de los judíos israelíes apoya la guerra contra Gaza y que, aun cuando algunos han condenado sus atrocidades más extremas o reconocido la comisión de crímenes de guerra, niegan la dimensión genocida de los horrores que Israel ha infligido a su población.
Sin embargo, es evidente que los ciudadanos palestinos reconocen una diferencia fundamental entre, por un lado, Ben Gvir o el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quienes fantasean con colonizar el sur del Líbano, expandirse territorialmente hacia Siria, volver a establecer asentamientos en Gaza y ampliar aún más los de Cisjordania, con el objetivo último de llevar a cabo una limpieza étnica que expulse a millones de palestinos de ambos territorios, además de intensificar la violencia contra los palestinos con ciudadanía israelí; y, por otro lado, el dirigente de los Demócratas, Yair Golan. Este último, exgeneral del ejército israelí y antiguo integrante del partido de izquierda Meretz, provocó un escándalo cuando, todavía en uniforme, advirtió sobre la deriva fascista de Israel, y se convirtió en una figura de reconocimiento nacional tras arriesgar su vida para evacuar a numerosas personas bajo fuego enemigo el 7 de octubre. Golan defiende un proceso diplomático de largo plazo basado en una solución de dos Estados, negociaciones de paz con Siria y el Líbano y una igualdad sustantiva para la ciudadanía palestina. Desplazar a los primeros del poder y sustituirlos por los segundos promete, por tanto, un alivio urgente.
No obstante, incorporar a los partidos palestinos a una coalición de gobierno integrada por fuerzas sionistas, o incluso depender de su apoyo parlamentario externo, constituiría un hecho histórico sin precedentes. Se trata de una posibilidad difícil de aceptar incluso para algunos sectores del bloque contrario a Netanyahu, que han prometido no depender jamás de los votos palestinos para alcanzar una mayoría. No se trata únicamente de que el racismo arraigado e institucionalizado en el corazón del Estado sionista, incluso en sus expresiones más moderadas, haya relegado a los ciudadanos palestinos a una condición de segunda clase. La propia adhesión a una concepción etnonacionalista del Estado como Estado judío entraña una profunda desconfianza hacia quienes la cuestionan —algo que, cabe señalar, no hacen todas las minorías no judías y ni siquiera todos los ciudadanos palestinos de Israel—, así como dudas sobre su lealtad y una resistencia a involucrarlos en las decisiones gubernamentales, especialmente en materia de seguridad nacional.
La oposición, sin embargo, está dividida. Desde las elecciones, los Demócratas han intensificado sus llamados a la cooperación parlamentaria entre judíos y palestinos. Los dirigentes de los partidos opositores de derecha, en cambio, han redoblado su rechazo a esa posibilidad, al tiempo que insisten, de manera contradictoria, en su promesa de sacar a Netanyahu del poder. Eisenkot, principal dirigente de la oposición, no ha descartado una alianza con los palestinos, pero ha establecido una serie de condiciones para incorporar partidos a su coalición que dificultarían esta colaboración, aunque aparentemente no la harían imposible. Desde la perspectiva palestina, la condición más controvertida no es el reconocimiento de Israel como Estado judío, sino la exigencia de definir a Hamás como organización terrorista y comprometerse con su exterminio. En contraste con estas vacilaciones y resistencias de los dirigentes opositores, las encuestas muestran que una amplia mayoría de sus votantes judíos estaría a favor de una alianza entre judíos y palestinos. Mientras tanto, Netanyahu y otros integrantes de su coalición ya han comenzado a acusar preventivamente de traición a la oposición por su presunta disposición a permitir la entrada de los palestinos al gobierno. Paralelamente, luego de las elecciones han desplegado una campaña coordinada, con el apoyo de funcionarios títeres nombrados por ellos en el sistema judicial y los aparatos de seguridad, para deslegitimar los resultados electorales y presentar la participación palestina sin precedentes como producto del fraude y la injerencia extranjera.
¿A dónde nos conduce, entonces, este rompecabezas aparentemente irresoluble? En el sistema político israelí, corresponde al presidente, una figura cuyas funciones son por lo demás mayormente ceremoniales, decidir a quién encomendar la formación de una coalición de gobierno con mayoría parlamentaria. Una vez publicados los resultados oficiales, el presidente se reúne con los dirigentes de todos los partidos y, a partir de sus recomendaciones, designa al candidato con mayores posibilidades de éxito, que no necesariamente es el líder del partido más votado. En esta ocasión, el presidente eligió a Eisenkot, quien recibió 67 recomendaciones, 21 más que las 46 recomendaciones que obtuvo Netanyahu. Conviene anotar, por cierto, que el partido ultraortodoxo asquenazi, Yahadut Hatorah Hameuḥedet, se abstuvo.
Así las cosas, se abren tres escenarios posibles, aunque no todos igualmente probables. El primero es la celebración de nuevas elecciones si las negociaciones fracasan y Eisenkot no consigue reunir la mayoría necesaria para formar su gobierno, como ocurrió, por ejemplo, en 2019. Este escenario parece poco probable porque los partidos de oposición, que ahora cuentan con la mayoría, tienen fuertes incentivos para evitarlo: no pueden dar por hecho que se repetirá una participación electoral semejante y probablemente perderían votos en una nueva contienda. Sin embargo, las contradicciones que atraviesan el escenario político hacen que esta posibilidad esté lejos de poder descartarse.
El segundo escenario sería la formación de un amplio gobierno de unidad entre Netanyahu y los partidos opositores de centroderecha, una alternativa planteada reiteradamente por comentaristas políticos y rechazada por la oposición. A la luz de los resultados, parece todavía menos probable, pues la superioridad del Likud implicaría gobernar no junto a Netanyahu, sino bajo su mando. A futuro, para el bloque contrario a Netanyahu, esto equivaldría a un suicidio electoral.
La tercera posibilidad, finalmente, es la formación de un gobierno que dependa de los partidos palestinos para alcanzar una mayoría parlamentaria, ya sea incorporándolos plenamente a la coalición o mediante su apoyo externo. Los obstáculos que habrían de ser superados para hacer realidad este escenario son numerosos. Sin embargo, considerando el triunfo de los partidos palestinos, los decepcionantes resultados de la oposición sionista y la evidente pérdida de poder de la coalición de Netanyahu, ésta podría resultar la única salida viable del actual estancamiento. De concretarse, marcaría un vuelco profundo en la política israelí; quizá, incluso, el único desenlace capaz de abrir un horizonte de transformación política sustantiva. Para la izquierda israelí, que cuenta con muy pocas opciones, que arrastra un largo periodo de desesperanza e impotencia y que desde hace tiempo no vislumbra más que un futuro sombrío, esta perspectiva ofrece un nuevo destello de esperanza. En las circunstancias actuales, resulta difícil imaginar un mejor resultado electoral.
