(Segunda de dos partes. Lee aquí la primera)
El conflicto entre el Estado brasileño y Elon Musk no se reduce al cumplimiento de decisiones judiciales; en el fondo, se trata del control sobre el espacio digital, así como de la protección de derechos y libertades en un mundo crecientemente interconectado y dominado por plataformas globales. El Estado brasileño enfrenta el reto de reafirmar su autoridad en un entorno donde estas corporaciones intentan establecer sus propias reglas, poniendo en riesgo los cimientos del estado de derecho y la cohesión social. La respuesta de Brasil a este desafío podría establecer un precedente global: si los Estados no logran imponer sus marcos legales sobre las plataformas digitales, corren el riesgo de perder terreno en la protección de derechos fundamentales y en el mantenimiento de la estructura democrática ante intereses privados. Así, este conflicto se sitúa en el contexto más amplio de la regulación de plataformas transnacionales, donde conceptos clásicos de soberanía y autoridad estatal se ven desafiados.
La postura del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil respecto a la libertad de expresión se ha consolidado por medio de decisiones emblemáticas que abordan los desafíos contemporáneos en el ámbito digital. Un caso significativo es el «Inquérito das Fake News» iniciado en 2019, donde el STF investigó la difusión coordinada de desinformación y amenazas contra sus ministros por medio de redes sociales, reafirmando que la libertad de expresión no protege manifestaciones que atentan contra las instituciones democráticas y el Estado de derecho. Durante las elecciones de 2022, el STF ordenó el bloqueo temporal de Telegram debido a su falta de cooperación en combatir la propagación de desinformación y contenido antidemocrático, subrayando la responsabilidad de las plataformas digitales en la prevención de delitos y la protección del proceso electoral. Asimismo, en el «Caso Ellwanger» (2003), el tribunal confirmó la condena del escritor Siegfried Ellwanger por incitación al odio y el antisemitismo, estableciendo que el derecho a la libre expresión no ampara discursos que promuevan la discriminación racial o étnica. Asimismo, en 2020, el STF respaldó decisiones que ordenaron la eliminación de publicaciones en redes sociales del entonces presidente Jair Bolsonaro que difundían información falsa sobre la pandemia de COVID-19, enfatizando la importancia de proteger la salud pública y los derechos fundamentales frente a la desinformación.
Este enfoque establece que las plataformas tienen la obligación de acatar decisiones judiciales cuando se trata de la desinformación y amenazas a la democracia. El Marco Civil de Internet, particularmente en su artículo 19, establece una exención de responsabilidad para las plataformas en cuanto al contenido generado por terceros, salvo en caso de incumplimiento de órdenes judiciales. Este precepto apunta a un equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas y refuerza la premisa del STF de que las Big Tech no están exentas de la regulación estatal.
La resistencia de Musk plantea un conflicto directo entre la jurisdicción nacional y la influencia expansiva de las plataformas globales, especialmente en contextos donde su poder rebasa los límites normativos locales. La reciente intervención del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en defensa de la soberanía estatal evidencia la gravedad del conflicto y subraya la intención de Brasil de posicionarse como líder de una gobernanza digital en la cual figuras como Musk estén sujetas a las legislaciones nacionales. La presidencia de Brasil en el G20 en 2024 refuerza esta postura, pues ha promovido una agenda digital que problematiza la relación de los Estados con las empresas privadas, tratando de proponer una relación normativa más objetiva. La disputa entre Musk y el STF subraya la urgencia de adaptar los marcos jurídicos nacionales, así como de robustecer la cooperación internacional en el ámbito digital. Las plataformas digitales desafían los límites de la soberanía estatal y, al hacerlo, operan como “Estados paralelos”, lo cual revela la necesidad de acuerdos normativos transnacionales que fortalezcan la capacidad de los Estados para proteger tanto su autoridad como los derechos de sus ciudadanos en el entorno digital.
Todo lo anterior se enmarca en un proceso más amplio de transformación de la soberanía estatal, que Saskia Sassen (2007) denomina “desnacionalización.” Según la autora, la globalización ha hecho permeable al Estado, cruzado constantemente por flujos transnacionales de capital, tecnología y personas que desestabilizan su control soberano exclusivo y lo obligan a reformular su papel en un entramado global de ensamblajes y normas que exceden los límites de su jurisdicción. En lugar de ser un poder centralizado y autónomo dentro de sus fronteras, el Estado deviene en un nodo dentro de una red transnacional; es decir que interactúa en un espacio donde su autoridad se diluye y debe negociar con actores que operan en el marco de sus propias normativas y territorios. Esta reconfiguración fragmenta el poder estatal y desplaza la autoridad hacia un sistema multinivel de ensamblajes, el cual reúne tanto entidades estatales como privadas en una dinámica transnacional que redistribuye las fuentes de legitimidad. La noción de “ensamblajes” en Sassen es otra que redefine la soberanía como un espacio compartido, donde los actores privados, emergen como micro-estructuras soberanas que dictan sus propias reglas, funcionando en paralelo —y, en ocasiones, en confrontación— con las leyes nacionales. Estas plataformas no se limitan a actuar en el mercado, sino que crean un “territorio digital” propio al configurar zonas de excepción normativa que desafían la regulación estatal y construyen una autoridad autónoma.
La negativa de Musk a acatar las leyes del Estado brasileño no es un simple acto de resistencia corporativa, sino la manifestación de un intento de crear un poder paralelo que fragmenta la jurisdicción estatal. Este proceso representa un desplazamiento de la soberanía, donde la autoridad estatal, en vez de actuar como un poder absoluto, debe adaptarse y someterse a la influencia de estos ensamblajes transnacionales. Este nuevo diluí el ordenamiento jurídico, redefine el territorio y sitúa al Estado como un agente subordinado en una arquitectura de poder difusa, donde el control ya no depende únicamente de sus fronteras físicas, sino de un sistema transnacional que rearticula la legitimidad y expande la soberanía en una red compleja y fragmentada de fuerzas globales.
Jean L. Cohen (2013), por su parte, observa que, en el contexto de globalización y digitalización, el Estado ya no es el único actor capaz de crear normas, una vez que las corporaciones multinacionales, organizaciones internacionales e incluso comunidades virtuales participan activamente en la producción normativa, lo que da lugar a una soberanía que actúa de manera fragmentada. En ese contexto, la autoridad estatal se encuentra difuminada y limitada, forzada a coexistir y, en muchos casos, competir con un poder normativo alternativo que las plataformas digitales ejercen como sistemas autónomos en el espacio virtual. La resistencia de X a cumplir con las decisiones del STF representa este tipo de fragmentación que ha creado zonas de excepción normativa donde las plataformas operan bajo lógicas propias. Así, su capacidad de decisión en el ámbito digital es tal que desafía los límites del poder estatal.
En un entorno donde las plataformas tecnológicas actúan como entes normativos, prácticamente inmunes a las fronteras legales, es necesaria una respuesta por parte de los Estados para intentar recuperar su autoridad. La postura de Musk frente al STF refleja esta competencia, en la cual las plataformas transnacionales no sólo cuestionan la autoridad estatal, sino que también ejercen un poder normativo que se presenta como legítimo para sus usuarios. Este tipo de poder redefine el equilibrio entre la libertad de operación de las plataformas y la regulación estatal. En ese sentido, obliga al Estado a buscar soluciones jurídicas innovadoras y a adoptar posturas cada vez más negociadoras frente a estas entidades. La soberanía requiere, así, una adaptación de los mecanismos jurídicos que incluya una mayor capacidad de intervención estatal en el espacio digital sin limitar de manera arbitraria la innovación tecnológica.
Para Sassen, la desnacionalización de la soberanía convierte al Estado en un “Estado negociador”, que debe integrar sus funciones regulatorias con las lógicas de actores transnacionales. Esta transformación implica una paradoja para el Estado: mantener su autoridad para regular mientras enfrenta el avance de entidades con lógicas normativas autónomas. La respuesta de Brasil, que involucra tanto al Poder Judicial como al Ejecutivo, refleja un esfuerzo por contener y responder a la expansión corporativa de las Big Tech, que se proyectan no sólo como participantes económicos, sino también como actores con una influencia normativa real sobre los derechos y la vida pública. En este contexto, se observa cómo los Estados ya no se enfrentan simplemente a otras naciones o poderes externos de manera tradicional; ahora, el desafío es frente a las grandes corporaciones digitales que actúan como poderes paralelos, un modelo de poder global que ya no depende de un centro único ni de fronteras definidas. En este esquema, la autoridad no se ejerce desde un Estado o territorio concreto; en su lugar, el poder se despliega mediante una red de nodos autónomos, como las grandes plataformas tecnológicas, que actúan como “micro-soberanías” sin responder a las limitaciones de una sola jurisdicción.
En este sentido, las plataformas digitales no sólo participan en el mercado, sino que construyen su propio espacio regulativo, autorregulativo. En lugar de seguir los principios normativos de los Estados nacionales, operan en una esfera de control propia, donde imponen sus políticas y términos de uso de manera independiente. Esto configura un “territorio digital”, de impacto materializado en el cual las reglas no son el resultado de una estructura política legítima, sino de decisiones privadas que las plataformas toman para satisfacer sus intereses y su modelo de negocio. La propuesta de Negri y Hardt (2000) sitúa a estos actores privados dentro de una estructura de poder más vasta y descentralizada que ellos denominan Imperio.
Para Brasil y otros Estados, el problema no es sólo que estas plataformas actúen bajo reglas propias; el reto fundamental es que su poder no responde a ninguna estructura de responsabilidad pública. La teoría del “Imperio” de Negri y Hardt ilumina esta paradoja: en esta red global, las corporaciones tecnológicas no dependen de la legitimación estatal para regular, y, al actuar en un espacio digital transnacional, instauran un orden normativo independiente. Pero este esfuerzo pone de relieve un dilema: ¿cómo adaptarse a un entorno donde el poder ya no es exclusivo del Estado?
El «Imperio», según Antonio Negri y Michael Hardt, es una forma emergente de soberanía global que se caracteriza por su naturaleza descentralizada y difusa. A diferencia de los imperios tradicionales basados en la dominación territorial de un Estado sobre otros, este «Imperio» moderno es una red compuesta por múltiples actores—Estados, corporaciones transnacionales, instituciones supranacionales y entidades no gubernamentales—que operan bajo una lógica común de control y orden global. En este marco, las corporaciones tecnológicas y las plataformas digitales son componentes fundamentales del «Imperio». Al actuar en un espacio digital transnacional, estas entidades establecen sus propias reglas y normas, creando un orden normativo independiente que no depende de la legitimación estatal. Esto les permite influir y, en algunos casos, determinar aspectos críticos de la vida social, como la libertad de expresión, la privacidad y la organización comunitaria. Este fenómeno redefine la soberanía del Estado, ya que el poder estatal ya no es el único ni el último en la jerarquía de autoridad. Los Estados se ven obligados a adaptarse y coexistir con estos nuevos centros de poder, reconociendo que su capacidad de regulación y control está compartida o incluso subordinada en ciertos ámbitos. Así, el concepto de «Imperio» de Negri y Hardt ilumina cómo el poder se ha redistribuido en la era global y digital, planteando desafíos significativos para la gobernanza y la responsabilidad pública tradicionales.
Para Negri y Hardt, el “Imperio” no elimina al Estado, pero sí lo redefine; lo somete a una red de poderes compartidos y lo empuja a coexistir con estos actores digitales que, en la práctica, imponen sus propias reglas. En este sentido, la figura del “Imperio” refleja una realidad donde el Estado debe lidiar con estos poderes emergentes y aceptar que su soberanía no es más el poder último e incuestionable. Este conflicto también obliga a repensar la gobernanza digital. Las plataformas no son simplemente negocios; actúan como estructuras de poder que pueden condicionar derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la privacidad, e incluso la manera en que se organiza la sociedad.
Esta configuración paradójica pone de relieve la contradicción entre el deber de los Estados de garantizar tanto la democracia como los derechos y el poder que las Big Tech ejercen en el espacio digital sin esas mismas obligaciones. En este escenario, la soberanía estatal se reconfigura frente a nuevas arquitecturas de control en las que el poder de decisión se desplaza hacia actores privados, cuya lógica de funcionamiento responde a intereses comerciales, con una visión que, en ocasiones, toma como referencia la reconocida “ideología californiana.”, que promueve un espacio digital regido por la innovación y la autonomía privada, minimizando la intervención estatal. Ya para el Estado brasileño, el desafío es doble: defender sus marcos regulatorios y avanzar hacia una gobernanza digital que preserve los principios democráticos y proteja los derechos de sus ciudadanos en un espacio donde la autoridad pueda existir de manera abierta, soberana e internacionalizada.
En los últimos momentos de la escritura de este trabajo, el contexto político adquirió una nueva dimensión: Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 y Elon Musk fue oficialmente designado como líder del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Este giro no sólo confirma la centralidad de los actores privados en la configuración de las políticas públicas, sino que inaugura una nueva camada de complejidad en el debate sobre la desregulación, la gobernanza digital y la soberanía estatal en la era de las plataformas. La llegada de Musk al DOGE cristaliza un modelo en el que la eficiencia, entendida como la menor participación del Estado, opera como una narrativa legitimadora para desmantelar estructuras de control estatal en beneficio de intereses corporativos y, claro, apoyar la autonomía de las plataformas bajo argumentos genéricos como el derecho a la innovación y la libertad de expresión a todo coste.
La consolidación de este modelo en Estados Unidos tiene inmensas implicaciones mundiales, toda vez que reconfiguran el paisaje geopolítico y digital, dado que muchos de los organismos reguladores de la red operan bajo estructuras norteamericanas. Esta ruta indica una capacidad sin precedentes para instrumentalizar el aparato estatal en la fortificación de estos “estados paralelos” en donde los intereses corporativos no sólo convergen con las políticas estatales, sino que las eclipsan en su capacidad de influencia y en la definición de agendas globales. Este escenario genera una incertidumbre significativa a nivel internacional, especialmente en un momento en que organizaciones como la UNESCO, la OCDE y el G20 están trabajando en propuestas paralelas y pensando en acuerdos mundiales.
En última instancia, esta dinámica consolida un sistema regulatorio diseñado para institucionalizar la transferencia de poder hacia estos “Estados paralelos”, en los cuales las corporaciones no sólo capturan las normas, sino que las moldean para garantizar su hegemonía. El Estado, lejos de actuar como garante del bien común, se reduce a un mediador que facilita la integración de lógicas mercantiles en la esfera pública, erosionando su capacidad de intervención autónoma y debilitando las estructuras democráticas. Este sistema regula para desregular, legitima una gobernanza digital marcada por la supremacía corporativa y desplaza al Estado de su rol central en la protección de derechos fundamentales y la gestión soberana del espacio digital.
Referencias
Cohen, J. L. (2013). Globalization and sovereignty: Rethinking legality, legitimacy, and constitutionalism. Cambridge University Press.
Hardt, M., & Negri, A. (2000). Empire. Harvard University Press.
Sassen, S. (2007). Una sociología de la globalización: Ciudad global (J. Gil, Trad.). Katz Editores.
*Rodrigo Ardissom de Souza es profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Agradezco a mi tutor, al Programa de Becas Posdoctorales y a la Coordinación de Humanidades de la UNAM el apoyo brindado durante mi estancia posdoctoral en el PUEDJS.
