(Primera de dos partes)
El pasado 30 de agosto marcó un momento decisivo en la relación entre los Estados nación y las corporaciones tecnológicas globales. El enfrentamiento entre Elon Musk, dueño de X (anteriormente Twitter), y el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, encabezado por el juez Alexandre de Moraes, alcanzó su clímax con el bloqueo de la red social en ese país. Este conflicto revela cómo las plataformas digitales no se limitan a operar como empresas: han consolidado un poder paralelo al de los Estados, un poder que despliega en el ámbito corporativo una soberanía difusa, difícil de regular y contener. Bajo esta tensión, el 8 de octubre, tras más de un mes de bloqueo, intensos debates internacionales y miles de usuarios afectados en su derecho de acceso, X finalmente cumplió con las medidas judiciales impuestas, tras lo cual fue permitido su retorno inmediato al país. Sin embargo, lejos de resolver la tensión subyacente, este cumplimiento reaviva la disputa entre los Estados nación y las grandes corporaciones tecnológicas, y evidencia cómo esa tensa relación afecta la soberanía estatal y la eficacia horizontal de los derechos.
La capacidad de plataformas como X para operar con un grado de autonomía plantea interrogantes sobre la naturaleza del poder en la era globalizada. Las críticas de Musk al sistema judicial brasileño y su resistencia a las sanciones impuestas no deben interpretarse como meras expresiones personales de descontento: representan, en cambio, una postura ideológica que desafía la lógica de la autoridad estatal tradicional y aboga por un paradigma en el que las corporaciones tecnológicas actúan en una suerte de Estado Paralelo. Elon Musk es seguramente uno de los empresarios y actores políticos más relevantes de los últimos años, siendo la cabeza de grandes proyectos con un impacto global. Su gestión de la plataforma X ha puesto en entredicho el cumplimiento de normativas internacionales y el consenso de buenas prácticas, especialmente en cuanto a los derechos digitales, la moderación de contenidos y la propagación de desinformación. La reinstauración de cuentas suspendidas por incitación al odio o desinformación suscita cuestionamientos sobre la responsabilidad de las plataformas en línea en la prevención de contenidos ilícitos.
Más allá de sus intereses empresariales y tecnológicos, Elon Musk ha buscado intervenir en asuntos políticos sensibles, siempre en sintonía con su ideología de derecha liberal. Un ejemplo de esto es lo sucedido en el contexto de las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019 en Bolivia. En medio de la polarización y la presión militar, se suscitaron debates sobre la posible injerencia extranjera debido a los vastos depósitos de litio boliviano, un recurso esencial para la industria de baterías eléctricas y para empresas como Tesla. Las polémicas declaraciones de Musk en redes sociales intensificaron la controversia. En respuesta a un usuario que insinuó que Musk promovería un golpe en Bolivia para asegurar el litio, él afirmó: “Daremos golpe a quien queramos”, sosteniendo una postura de intervención abierta cuando se trata de defender intereses estratégicos empresariales.
Esta declaración reforzó la percepción de que el capital transnacional puede llegar a socavar directamente la soberanía de los Estados y sus recursos estratégicos, y expuso los límites de la autodeterminación en países con reservas de materias primas valiosas. Adicionalmente, la relación de Musk con figuras políticas de alto perfil, publicitada por su participación en consejos asesores y campañas mediáticas, vuelve necesarias ciertas consideraciones sobre responsabilidad social corporativa y ética empresarial.
Conociendo los antecedentes autoritarios e intervencionistas del dueño de X, la Suprema Corte de Justicia de Brasil actuó de manera coordinada y contundente, movilizando toda la estructura estatal para imponer severas sanciones, establecer restricciones y exigir el cumplimiento de las leyes nacionales, incluyendo la obligación de X de designar un representante legal en Brasil. Este ajuste forzado entre las demandas estatales y las estructuras corporativas de plataformas globales refleja un esfuerzo por restablecer la soberanía dentro de los límites nacionales frente a un sistema económico digital que opera en un espacio sin fronteras. En este contexto, las grandes plataformas han adoptado una postura que roza la presunción de ser “Estados” propios, como se evidencia en el caso de Meta, que incluso cuenta con su propia “corte suprema,” el Oversight Board. A pesar de la resistencia inicial de Musk, las acciones decisivas del STF obligaron a X a acatar las resoluciones judiciales, incluidos el pago de multas acumuladas y la designación de un representante en territorio brasileño.
El conflicto entre X y la STF de Brasil representa uno de los mayores desafíos a la soberanía nacional y evoca dilemas de escala comparable a aquellos que, tras la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU en 1945, definieron nuevos límites a las soberanías en el marco de la gobernanza multilateral. La soberanía estatal, concebida como la capacidad exclusiva de los Estados para legislar y gobernar dentro de sus fronteras, enfrenta hoy un reto decisivo con la expansión de las plataformas digitales. Estas empresas transnacionales, al controlar redes de información y comunicación, no sólo influyen en la opinión pública, también imponen sus propias reglas que operan al margen de las leyes nacionales. De tal suerte, este conflicto expone, como veremos, una fisura en la estructura del poder estatal y en la legislación vigente, dejando en claro que las plataformas digitales no son meros intermediarios, sino estructuras de poder autónomo que desafían las normativas locales desde una lógica de mercado global.
Hechos
En julio de 2024, el STF de Brasil, bajo la dirección del ministro Alexandre de Moraes, emitió una orden judicial contra la plataforma X, exigiendo la eliminación de cuentas identificadas como difusoras de desinformación sobre las elecciones de 2022 en Brasil, en el contexto del “Inquérito das Fake News”. Esta medida se fundamentó en la protección de la integridad democrática ante actos de manipulación informativa, los cuales, según el STF, constituyen una violación directa a los principios de transparencia y confiabilidad electoral. La resistencia de X a cumplir esta orden llevó al STF a intensificar las sanciones, aplicando multas y ordenando el congelamiento de activos de X Brasil Internet Ltda. y Starlink Brazil Holding Ltda., bajo el complicadísimo argumento de que operan como un “grupo económico de hecho”. Esta decisión se sustenta en el derecho brasileño, el cual permite sancionar a corporaciones que, aunque formalmente independientes, comparten un control común y objetivos económicos alineados.
La inclusión de Starlink en las sanciones, a pesar de ser una empresa que brinda servicios de internet en áreas remotas, ha generado inquietudes jurídicas debido a su impacto potencial en usuarios ajenos al conflicto. La falta de una conexión directa entre las actividades de Starlink y los presuntos delitos de X plantea serias dudas sobre la proporcionalidad de las sanciones y sus repercusiones económicas sobre terceros. Sin embargo, la intervención de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) fue crucial en este caso, al bloquear el acceso a redes y servicios, lo que limitó la operatividad de X en Brasil. Este acto resalta el derecho y la capacidad de un Estado para intervenir en lo que se considera infraestructura crítica —incluido el acceso a internet y las plataformas de comunicación—, como medida para proteger su soberanía y asegurar el respeto a sus leyes.
Es importante resaltar que el STF había recurrido previamente a medidas de bloqueo a plataformas digitales que habían incumplido decisiones judiciales. Ejemplos anteriores, como la suspensión de YouTube en 2007 y el bloqueo de WhatsApp en 2015, reflejan el dilema entre garantizar el cumplimiento de la ley y el impacto en la libertad de comunicación, así como en la economía digital. En este sentido, el proceso PET 12.404, iniciado en 2019, cobra especial relevancia, pues investiga el uso de plataformas digitales para la difusión de contenido falso y la promoción de actividades antidemocráticas.
Tras las elecciones de 2022, la desinformación y los discursos de odio alcanzaron nuevas dimensiones, lo que llevó al STF a ampliar esta investigación en 2024, lo cual le permitió identificar nuevos actores y mecanismos tecnológicos diseñados para evadir la regulación estatal. Entre los investigados destacan figuras como Allan Lopes dos Santos y Oswaldo Eustáquio Filho, considerados por el tribunal como actores clave en la diseminación de mensajes que amenazan la estabilidad democrática, luego de que utilizaran plataformas digitales para subvertir el orden constitucional. Frente a estos antecedentes, el STF emitió una orden obligando a X a reasignar un representante legal en Brasil, reforzando así su jurisdicción y asegurando que la empresa se someta al marco normativo local.
Sin embargo, bajo la dirección de Elon Musk, la plataforma rechazó la orden y recurrió a servidores proxy y servicios de alojamiento como Cloudflare para mantener su operatividad en el país, evadiendo las restricciones impuestas. Ante este desafío, fue nuevamente la Anatel quien intervino, a mando de la suprema corte, bloqueando el acceso a dichos servicios, lo que demuestra cómo una estructura de gobernanza nacional, coordinada e integrada, puede actuar de manera decisiva para proteger la soberanía. La acción de la Anatel en este contexto enfatiza la relevancia de que el Estado conserve control sobre las infraestructuras críticas de comunicación y muestra la capacidad estatal para defender sus leyes frente a plataformas que actúan como “Estados paralelos” y buscan eludir las regulaciones nacionales.
La negativa de X a acatar las órdenes del STF adquiere aún más relevancia cuando se la compara con su conducta en otras jurisdicciones. En India, tras una resistencia inicial a las órdenes del gobierno de Narendra Modi en 2021 para bloquear cuentas relacionadas con protestas agrarias, X finalmente cumplió con las instrucciones gubernamentales, mostrando una adaptación pragmática al entorno normativo local. De manera similar, en Turquía, en mayo de 2023, X eliminó contenido crítico de la oposición por órdenes del gobierno de Recep Tayyip Erdoğan, asegurando así su continuidad en dicho mercado. La postura de X en Brasil, sin embargo, refleja una estrategia distinta. La negativa a obedecer la orden judicial parece indicar una decisión calculada de Musk para explotar el clima de polarización política en el país, a fin de obtener apoyo entre sectores críticos de la intervención estatal en el ámbito digital y, en última instancia, fortalecer su posición empresarial.
Musk ha buscado así plantarse como defensor de una visión absolutista de la libertad de expresión, alineándose tácitamente con sectores de la derecha brasileña —entre ellos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro— que se oponen a la intervención estatal en las plataformas digitales. Al desafiar abiertamente al STF, Musk no sólo incumple un mandato judicial, sino que también actúa bajo una lógica de “jurisdicción privada”, pues pretende ubicar a X por encima del marco regulatorio nacional y proyectarse como un actor autónomo que desafía la autoridad normativa local. El respaldo de ciertos sectores de la derecha brasileña parece incentivar su confrontación con el STF y otras instituciones democráticas del país.
La conducta de Musk pone de manifiesto una aplicación selectiva de principios como la libertad de expresión, más bien subordinados a intereses económicos y políticos específicos, lo que plantea serias dudas sobre el compromiso de X y su líder con la ética corporativa y el respeto al estado de derecho en diferentes jurisdicciones. Este conflicto revela una cuestión central para el derecho contemporáneo: ¿cómo pueden los Estados ejercer su soberanía cuando las plataformas tecnológicas operan en un limbo jurisdiccional, protegidas por sus propias normativas y casi fuera del alcance de la legislación nacional? A pesar de los esfuerzos del Estado brasileño para regular las actividades de X, el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales sólo fue posible tras una compleja movilización de recursos jurídicos y políticos, exponiendo así las tensiones entre el creciente poder de las plataformas digitales y la defensa de la capacidad regulatoria del Estado.
La segunda entrega de este artículo aborda ese debate fundamental en torno a la soberanía de los Estados frente al poder tecnológico global.
*Rodrigo Ardissom de Souza es profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Agradezco a mi tutor, al Programa de Becas Posdoctorales y a la Coordinación de Humanidades de la UNAM el apoyo brindado durante mi estancia posdoctoral en el PUEDJS.
