Bolivia atraviesa uno de los conflictos sociales más prolongados de su historia reciente. Apenas seis meses después de su investidura, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta un asedio en las calles que parece irreversible: un clamor popular que exige su renuncia. La demanda de renuncia es el resultado de un divorcio profundo entre gobierno y el movimiento indígena y campesino que ha provocado una erosión acelerada de su legitimidad. Se trata de un conflicto cuyo sentido radica en la defensa del pacto plurinacional.
“La traición”
Rodrigo Paz llegó al poder en diciembre de 2025 tras ganar el balotaje con el 54%. Su victoria fue posible gracias a un importante respaldo de los sectores campesinos e indígenas del Altiplano y los valles, los cuales, ante el descalabro del Movimiento al Socialismo (MAS), decidieron pragmáticamente depositar su confianza en él. Este apoyo se cimentó en dos pilares: primero, en un discurso de campaña que posicionó a Paz como un candidato de centro —prometiendo “capitalismo para todos”, no privatizar empresas estatales, rechazar al FMI y respetar el pacto plurinacional—; y segundo, en el hecho de que muchos votaron por su acompañante de binomio, el capitán Lara, un exoficial de origen popular que saltó a la fama por sus videos en TikTok y sus denuncias de corrupción en la policía, que aparecía como garantía de la representatividad popular en el gobierno.
Sin embargo, durante el acto de investidura, una serie de actos simbólicos ubicaron al gobierno entrante en el campo políticamente opuesto. La golpista Jeanine Áñez fue invitada de honor, se ordenó el retiro de la wiphala (bandera indígena) de la banda presidencial y Paz juró sobre la Biblia y el crucifijo —ignorando el carácter laico del Estado, consagrado en la Constitución del 2009—. Durante el saludo protocolar, los símbolos plurinacionales fueron reemplazados por un guion mestizo donde lo indígena quedó reducido a una cruz andina bordada en el vestido de la primera dama. La Plaza principal, otrora escenario del protagonismo indígena en los actos de investidura, se mantuvo cerrada para los pueblos indígenas, señalando el retorno de lo señorial al poder.
Contrariamente a lo que sus votantes esperaban, apenas asumió el poder, el nuevo gobierno cambió radicalmente sus aliados políticos, estableciendo una alianza con su oponente de campaña, que ocupó los ministerios de Economía y de Gobierno. Otra parte de su gabinete fue ocupada por ministros provenientes del poder corporativo empresarial cruceño como Fernando Romero, ministro de Planificación del Desarrollo, proveniente de la presidencia de ANAPO (Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo); o como Óscar Mario Justiniano, ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, que venía de la FEPSC (Federación de Empresarios de Santa Cruz). Tales nombramientos pusieron en evidencia la alianza del nuevo gobierno con los sectores productivos del oriente, con quienes deseaba gobernar. A su vez, durante este proceso, apartó del gobierno al capitán Lara, que era su único vínculo con el mundo popular.
Durante los primeros días de gestión, el flamante mandatario restableció relaciones con Israel y suspendió el impuesto a las grandes fortunas, al tiempo que emitía el Decreto Supremo 5503. Esta norma eliminó los subsidios a la gasolina, provocando un incremento del 86% que golpeó de inmediato a la economía popular. Paralelamente, y mediante este mismo decreto, Paz intentó imponer una reforma económica estructural de carácter inconsulto que, entre otros puntos, mermaba la capacidad de control de los órganos del Estado y permitía otorgar concesiones eludiendo la fiscalización del Parlamento.
La reacción social no se hizo esperar. Liderada por su fracción minera, la Central Obrera Boliviana (COB) sostuvo con estoicismo la movilización en las calles durante las festividades de fin de año, sumando paulatinamente a diversos sectores populares, hasta convertirse, hacia enero, en un movimiento masivo. Esta presión obligó al gobierno a retirar las reformas estructurales del decreto, aunque mantuvo la eliminación de los subsidios. El conflicto marcó el primer punto de quiebre del Ejecutivo con las organizaciones que hicieron posible su victoria, sembrando entre ellas la semilla de la desconfianza y una profunda sensación de traición al mandato depositado en las urnas.
Agravios y despojo: de la “gasolina basura” a la ofensiva contra la tierra
En busca de ganar legitimidad, Paz organizó su narrativa en torno a la crisis de los carburantes, heredada del anterior gobierno. Prometió garantizar el suministro, y lo hizo, pero introduciendo combustible adulterado —la “gasolina basura”— que dañó cientos de vehículos en un país donde los carros no son lujo sino instrumentos de trabajo. Sin haber solucionado el problema de la gasolina ni de las indemnizaciones a los motores dañados, el gobierno abrió un nuevo frente de conflicto al promulgar en Santa Cruz la Ley 1720 de Conversión voluntaria de la clasificación de pequeña propiedad agraria a mediana o empresarialimpulsada por el empresario agroindustrial, Branko Marinković, una vez más sin consulta a las comunidades campesinas afectadas.
Esta ley amenazaba la pequeña propiedad comunal permitiendo que las tierras comunales reclasificadas funcionaran como activos para préstamos bancarios, con lo cual se vulneraba la inembargabilidad constitucional que protege a la pequeña propiedad comunal de hipotecas y despojos. Asimismo, creaba las condiciones para un proceso de separación de los campesinos de la tierra que favorecería su acumulación en manos del capital financiero y agroindustrial. Esta amenaza alertó a las organizaciones indígenas y campesinas, que protagonizaron una nueva movilización masiva donde se confrontaron dos concepciones antagónicas sobre el territorio, una como activo financiero y otra como “la sede, la base de la entidad comunitaria” (Marx, 1978: 69).
Desde el oriente, las Federaciones de Trabajadores Indígenas y Campesinos emprendieron la Marcha por el Territorio y la Dignidad hacia La Paz, una columna a la que pronto se sumaron las organizaciones de todo el país. Su llegada a la sede de gobierno coincidió con el primero de mayo, fecha de profunda carga simbólica en Bolivia. Aquel día, todos los sectores movilizados —campesinos, obreros, maestros y transportistas— convergieron en un multitudinario cabildo en la ciudad de El Alto, donde articularon sus demandas en torno a una sola consigna: la derogación de la Ley 1720 y la convocatoria al bloqueo nacional de caminos.
Como advirtiera Zavaleta (2013), la ocupación campesina del territorio ha vuelto a revelar quiénes son sus amos reales: es la actualización de Katari cercando a La Paz. En la geografía política boliviana, el poder real no se agota en las instituciones ni en la legalidad formal del Palacio; por el contrario, este se verifica, en última instancia, en la “capacidad efectiva de controlar, habitar y organizar el territorio”, como sostiene Fernando García Yapur en su página de Facebook.
Ante esta demostración de poder real, el gobierno reaccionó inicialmente con el menosprecio, descalificando a los movilizados bajo los epítetos de “terroristas”, “delincuentes” o “narcotraficantes”. Esta retórica, que evidenciaba una incapacidad absoluta para comprender la profundidad del descontento, se tradujo en una respuesta política errática: cuando finalmente el Ejecutivo derogó la cuestionada ley, lo hizo mediante una maniobra dilatoria que establecía un plazo de seis meses para redactar una nueva norma. Con este gesto, Paz apostó a la desmovilización, pero el cálculo le falló. La confianza se había quebrado de forma definitiva; las organizaciones permanecieron en La Paz, elevando su demanda hacia la exigencia de renuncia. Al violentar el pacto inicial que sostuvo su ascenso, el presidente terminó por hundir su gestión en una crisis irreversible de legitimidad.
“Nosotros te hemos puesto, nosotros te vamos a sacar”. La defensa del pacto plurinacional.
Tanto los actos simbólicos como las medidas políticas y económicas asumidas por el presidente Paz fueron interpretados por los sectores populares como un acto de traición, sentimiento que en Bolivia tiene una profundidad histórica. Remite a la Guerra Federal de 1898 cuando el presidente Pando convocó a los indígenas a luchar por su bando bajo la promesa de restitución de tierras, para luego, una vez consolidado su triunfo sobre los conservadores, traicionar a los indígenas ejecutando a sus dirigentes, entre ellos al legendario Zárate Willca. Esta movilización activa entonces la memoria larga de aquella traición, una herida histórica que nunca cicatrizó y que reactiva la desconfianza del mundo indígena contra los mestizos.
Pero más allá de la traición, el sentido más fuerte de la movilización radica en la defensa del pacto establecido entre Estado y comunidades indígenas, acuerdo fundacional sobre el cual se organizó el Estado Plurinacional que ensanchó los límites del Estado para incluir a los que no tenían parte. Con esta defensa, los indígenas quieren decir: “nunca más sin nosotros”. Esta es, por tanto, como dice Luciana Jauregui, una disputa por el Estado y su contenido. Frente a las lecturas de ciertos analistas que tildan al movimiento de racista por sus consignas anti qaras —forma despectiva de llamar al blanco en Bolivia—, este es un movimiento en esencia antiracista. Es la reivindicación del lugar legítimo de la sociedad indígena en la estructura del poder estatal.
Paz no percibió que el sujeto indígena de hoy no es el mismo de ayer. El mandatario fue incapaz de descifrar el proceso de acumulación histórica en el seno del movimiento, así como las conquistas políticas de indígenas y campesinos —fundamentalmente la de una ciudadanía activa con la cual han consolidado su derecho a intervenir en las decisiones estatales—. Esta lucha, en términos de Zavaleta (2013), no es otra cosa que la disputa por la democracia como autodeterminación.
“El pollo español se va se va” cantan en las calles. “El pollo” es el propio Paz, que recibió ese apodo por ser hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, quien usó el gallo como símbolo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) con el que llegó al gobierno en 1989. “El pollo español se va se va”, insisten los movilizados. Ellos lo perciben como extranjero, tanto por su disposición a enajenar los bienes y empresas estatales —acto que interpretan como antinacional—, como por su absoluta incomprensión del país. Zavaleta sostenía que las élites bolivianas, al ignorar la profundidad de la realidad abigarrada, padecen de una “ceguera” (2013: 525), la cual deriva en una hybris o arrogancia extrema. En su afán por imponer una visión de mundo única, homogénea y supuestamente “civilizada” sobre una realidad diversa, incurren en actos de desmesura que, históricamente, precipitan el colapso de sus propios proyectos de poder. Esta crisis es, en el fondo, epistemológica, pues incapacita al gobierno para leer el mundo popular y, por lo tanto, carece también de las mediaciones y el lenguaje necesarios para interpelarlo. Es un poder ajeno, imposibilitado para tender puentes con el mundo popular, confinado como está en su propio entorno señorial.
La contundencia del conflicto ha desmantelado una narrativa recurrente: la creencia de que el declive del MAS como estructura partidaria suponía, necesariamente, la derrota del movimiento popular. Esta movilización ha dejado en claro la capacidad de los sectores sociales para reorganizarse en la defensa autónoma de sus conquistas, evidenciando que la memoria de lucha y la acumulación política en el seno de las clases populares poseen una vida propia que trasciende las siglas y a ciertos liderazgos. Sin embargo, si esa autonomía es su mayor virtud, su dispersión es su principal límite; se trata de un movimiento fragmentado, carente de liderazgos claros y de un mando político unificado.
Al cierre de este artículo, la movilización alcanza ya los 36 días sin que ninguno de los bandos cuente con la fuerza suficiente para dirimir la disputa; estamos, pues, ante un empate catastrófico, como diría Gramsci. Mientras los sectores populares no logran atraer a las clases medias a su causa, el gobierno se encuentra atrapado, incapaz de trascender su estrecho entorno oligárquico señorial. En este escenario, la amenaza de un estado de excepción se vuelve una posibilidad real. Sin embargo, aunque el Ejecutivo lograra resolver el conflicto por la vía de la fuerza, la legitimidad de Rodrigo Paz está herida de muerte.
Referencias
Marx, K. (1978). Formaciones económicas pre capitalistas. Cuadernos del pasado y presente No 20. PyP.
Zavaleta Mercado, R. (2013). “Cuatro conceptos de Democracia”, en R. Zavaleta Mercado, Obra completa. Tomo II: Ensayos 1975-1984. Plural, pp. 513-530.
