En los últimos tres años, Ecuador ha atraído la atención mundial por el preocupante incremento de la violencia y el crimen organizado en su territorio, fenómeno ampliamente documentado en los medios de varios países. Al mismo tiempo, durante este período, que tuvo como punto de inflexión la pandemia de la COVID-19, miles de ecuatorianos y ecuatorianas han protagonizado una nueva ola migratoria, reminiscente de la experimentada a principios de siglo como resultado de una de las crisis económicas más significativas en la historia del país, desencadenada por la dolarización de la economía en 1999.
Sin embargo, la historia de Ecuador como país de emigrantes se remonta al menos seis décadas atrás: desde entonces las migraciones han sido una estrategia para hacer frente a las crisis, principalmente económicas, pues en los momentos de mayor apremio las remesas han sido el sostén de la economía nacional. Además, en los últimos 20 años el país ha recibido migrantes procedentes de Venezuela, Colombia, y en su momento, Cuba y Haití, entre otras naciones. Ese flujo inmigratorio ha llegado al país debido a su apertura, al menos parcial, que lo posicionaba como una nación con una “ciudadanía universal” declarada. Así, además de ser un país de tránsito, es el que tiene un mayor número de refugiados en toda la región, especialmente colombianos.
Más recientemente, y en relación con la crisis de seguridad, se observa otra forma de movilidad: los desplazamientos forzados internos,[1] los cuales podrían tener una relación, aún por estudiar y dimensionar, con la migración internacional que, si bien es difícil de cuantificar, ha llevado a la salida de al menos unos 300 mil ecuatorianos desde el año 2021, fundamentalmente hacia Estados Unidos.[2] Es importante señalar que esta ola migratoria no se debe exclusivamente —o al menos no de manera directa— a la inseguridad y la violencia, ya que gran parte de quienes se desplazan provienen de localidades que no están siendo especialmente afectadas por estos fenómenos, como las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, ubicadas en la Sierra Centro del país. Algunos de estos lugares tienen mayor tradición migratoria y en otros se han activado intensivamente redes migratorias más recientes.
Por el contrario, las provincias de la Costa, como Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Los Ríos, son las más impactadas. Es así que, según fuentes oficiales, Ecuador cerró el año 2023 con una tasa de más de 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Por ejemplo, en Nueva Prosperina, un sector ubicado al norte de Guayaquil, la tasa alcanza los 114 asesinatos, lo que representa uno de los índices más altos del planeta según el medio Primicias (2024). A ello se suma el narcotráfico que, junto con la violencia letal, se ha convertido en la forma más común de financiar la economía y gestionar las interacciones sociales en estas geografías, tal como describe Sayak (2010) mediante el concepto de capitalismo gore, que no es otra cosa que la versión más descarnada del capitalismo, en la cual la vida misma aparece como mercancía.
En la ciudad de Guayaquil, que es la más grande de Ecuador y dispone del puerto principal —lo cual la convierte en un lugar estratégico para economías lícitas e ilícitas— es común escuchar cómo los residentes de los barrios más afectados por el crimen organizado deciden mudarse junto a sus familias para huir, especialmente de las extorsiones que conllevan amenazas de muerte. En muchas ocasiones, optan en primera instancia por cambiar de residencia dentro de la misma ciudad, para luego trasladarse a zonas rurales o a ciudades más pequeñas de donde provienen sus familias, pues muchas de estas personas son migrantes internos de segundas y terceras generaciones. Posteriormente, varios de estos grupos familiares emprenden también migraciones internacionales. Una psicóloga de una escuela pública de Bastión Popular, al noroeste de la ciudad, a quien pude entrevistar en el marco de una investigación sobre exclusión educativa, indicaba hace unos meses:
Hubo un robo a mano armada en un lugar público de la ciudad. El guardia de aquel lugar iba a disparar, pero alguien se bajó del carro, le disparó y lo mató. Ese señor que mataron es el papá de dos estudiantes nuestras. Entonces, tuvimos que poner en protección a las niñas, porque cuando se pone la denuncia por este robo, esta gente amenaza a todas estas personas […]Entonces, le dicen a la esposa, a la mamá de las niñas, que tengan cuidado porque: “parece ser que es una banda. Parece que conocían al señor. Cuidado, porque lanzaron una amenaza hacia ustedes”. Entonces la señora también tuvo que poner una denuncia y, así mismo, se fueron a educación asistida las niñas.[3] O sea, encima que tenían que sobrellevar la muerte del papá y de la entrada económica de esa familia, tuvieron también que emigrar. Se fueron ellos a la Sierra…
En esta misma zona de la ciudad, un representante de una organización enfocada en el cuidado de la niñez y adolescencia en situaciones de vulnerabilidad y abandono —se trata del grupo poblacional más afectado por el sicariato y el rampante punitivismo estatal—, relataba en enero de este año cómo “hemos observado casos en los que los jóvenes desaparecen y sus familias optan por marcharse. No se quedan a esperar una respuesta”. En ocasiones, las y los cuidadores envían a sus hijos, especialmente a los varones, a otras localidades del país para proteger su integridad, y en otros casos se marchan en familia.
La situación de violencia en esta zona se ve agravada por una constante precarización de la vida. Tanto los datos oficiales como los testimonios muestran que el desempleo es una realidad persistente, al mismo tiempo que las fuentes de ingreso se ven reducidas debido a las extorsiones y al consecuente cierre de negocios. Además, no se está realizando una inversión social en educación, salud, transporte ni cultura, y la presencia del Estado se siente únicamente por medio del aparato represivo. A esto se suma ahora la retirada de la ayuda por parte de muchas instituciones no gubernamentales y organizaciones sociales, las cuales están marchándose sistemáticamente debido a la violencia imperante.
En ese sentido, en muchos de estos sectores queda un tejido social que resiste y que tramita las cuestiones más elementales de la vida comunitaria: la seguridad y gestión de la convivencia social, los servicios básicos, y las actividades de ocio, entre otras. Sin embargo, y quizá por la naturaleza misma de su actividad, estos líderes y lideresas, son vistos como una amenaza y en ocasiones también deben emprender procesos migratorios forzados, tal y como señaló uno de ellos, de Monte Sinaí en febrero de este año: “Entonces hay compañeros que han tenido que, para precautelar su integridad, de su familia, han tenido que irse a otras ciudades. Dejar sus hogares, sus casas, por precautelar por su vida.”
No obstante, la violencia de la que buscan huir estos nuevos migrantes, estos jóvenes, familias y líderes sociales cuyas vidas se ven amenazadas, se extiende más allá de las fronteras nacionales. Así, la violencia perpetrada por el crimen organizado parece ser un problema que no se limita exclusivamente a algunos estados nacionales, sino más bien una experiencia casi inevitable para ciertos sectores de la sociedad, en particular aquellos cuyas vidas y movilidad son precarias; es decir, los pobres, los marginados y aquellos migrantes irregulares en todo el mundo.
Recientemente, un reportaje de El País narró la historia de una familia del sur de Guayaquil que decidió emigrar hacia Estados Unidos debido a amenazas relacionadas con la posible denuncia del asesinato de uno de sus miembros. Este grupo familiar, compuesto por seis mujeres (abuela, hijas y nietas), fue jalado por otra familiar que había emigrado anteriormente. Ante la falta de opciones, y por su propia cuenta, decidieron viajar en avión a El Salvador (donde no se requiere visa) y luego ir por tierra hacia Estados Unidos. Sin embargo, durante el trayecto por México, una parte de la familia fue secuestrada por un grupo criminal que se dedica la extorsión de migrantes.
Esta tragedia se ve agravada por el hecho de que el gobierno actual del Ecuador ha provocado, de manera muy irresponsable, la ruptura de las relaciones diplomáticas con México, lo que impide que exista una instancia oficial que pueda colaborar en el rescate de estas mujeres y niñas. Como resultado, la responsabilidad estatal se externaliza —una vez más— a las propias familias, dejándolas en una situación de desamparo y vulnerabilidad extremos.
Resulta impactante observar cómo los migrantes, que son los pilares en medio de la crisis actual, en la medida en que mediante la movilidad buscan alternativas de vida frente a la necropolítica, son a su vez quienes experimentan las peores consecuencias tanto a nivel nacional como internacional. Las personas ecuatorianas que actualmente emigran se enfrentan a la militarización como única solución frente a la inseguridad dentro de sus fronteras, y al completo abandono fuera de ellas, mientras son estigmatizadas y victimizadas en cada etapa de su trayecto, desde su lugar de origen hasta su destino final. Esta realidad pone en evidencia la urgente necesidad de investigar más profundamente estas dinámicas migratorias y de seguir luchando por una justicia social que haga la vida posible en todos los lugares del planeta.
Referencias
Diario El Comercio (2024). Miles de ecuatorianos deportados en abril de 2024
Diario El País (2024). Una familia ecuatoriana secuestrada en México queda en medio del conflicto entre Noboa y López Obrador.
Sayak Valencia (2010). Capitalismo Gore. Barcelona: Melusina
Portal Primicias (2024). Ecuador toca fondo en 2023 y termina como el país más violento de América Latina.
Notas
[1] Según el ACNUR, el desplazamiento forzado interno o internacional se refiere a personas que se ven obligadas a huir de su lugar de residencia habitual para evitar cuatro tipos de situaciones que ponen en riesgo sus vidas: conflicto armado, violencia generalizada, violación de los derechos humanos o catástrofes, ya naturales, ya causadas por los seres humanos.
[2] De acuerdo con fuentes periodísticas, entre enero y agosto del 2021, 69.081 ecuatorianos salieron vía aérea a México (antes de la imposición de visa) y no regresaron; durante el mes de septiembre del mismo año un número importante saldría vía Guatemala, que impuso visa a los ecuatorianos de forma inmediata; entre octubre del 2021 y agosto del 2023, otros 59.405 viajaron también vía aérea a Nicaragua sin que se registre su retorno; y en ese mismo periodo unos 14.383 volaron a El Salvador. Entre octubre de 2021 y agosto de 2023, 64 mil ecuatorianos salieron por fronteras terrestres hacia Colombia y no regresaron. En tanto que, entre enero y julio de 2024, 94 871 ecuatorianos fueron registrados en los Estados Unidos.
[3] Educación asistida es una suerte de modalidad de educación a distancia que el Ministerio de Educación del Ecuador ha implementado para evitar que niñxs y adolescentes dejen el sistema educativo cuando, por razones de seguridad, deben dejar de asistir a las aulas.
