La fuga en un oleoducto de PEMEX el pasado febrero ha reavivado las discusiones sobre la responsabilidad ambiental de la empresa y sus estrategias en el manejo de la crisis. Tras haber negado durante dos meses que el derrame proviniera de sus instalaciones, la empresa no tuvo más remedio que reconocer su culpa. En el ínter, las autoridades habían descalificado a los organismos ambientales que lo denunciaron y minimizado el accidente. Basta como ejemplo la célebre declaración de la gobernadora de Veracruz, quien afirmó que el derrame no era más que “gotas”, o “trazas” de petróleo que ya estaban siendo removidas para recibir a los turistas en vacaciones de Semana Santa.
El eco de esta declaración resuena casi medio siglo atrás, hasta 1979, y nos recuerda desafortunados episodios similares. En ese entonces, tras el derrame de Ixtoc, el gobernador de Tamaulipas aseguró que el petróleo era bueno para los peces, pues estos se pondrían más “gordos y cachetones”. De igual forma, el entonces director de PEMEX insinuó que las chapopoteras naturales —que ahora también se señalaron como responsables del derrame— emitían petróleo en el mar de manera esporádica, por lo que los ecosistemas marinos ya estaban adaptados a ello.
Los desastres ambientales en la historia de la industria petrolera son abundantes, pero el de Ixtoc destaca por sus peligrosos paralelos con el presente. Este episodio marcó un hito en la historia de PEMEX, ya que utilizó por primera vez el argumento de la soberanía para evadir las responsabilidades ambientales en el contexto internacional. Iniciado el 3 de junio de 1979, se convirtió en el mayor derrame accidental de todo el siglo XX, provocado por la pérdida de control de un pozo exploratorio en el Golfo de México. Del pozo se vertieron más de tres millones de barriles de petróleo, de los cuales se estima que quedaron a la deriva poco más de un millón, descontando volúmenes quemados, evaporados y recolectados.
El petróleo fluyó durante nueve meses y alcanzó las costas de Campeche, Veracruz, Tamaulipas y —crucialmente— Texas, provocando un conflicto internacional que llevó a PEMEX ante la justicia estadounidense. Las autoridades de la empresa no sólo minimizaron el evento, sino que quisieron invertir su lógica. El entonces director de la compañía, Jorge Díaz Serrano, señaló que el accidente revelaba las grandes reservas petroleras de México, y que, más que un desastre, era una bendición que envidiarían otros países.
Del otro lado de la frontera no existía el mismo entusiasmo. Para los pescadores y comerciantes texanos, el derrame no era un simple accidente, sino una catástrofe provocada por una empresa extranjera que debía responder por sus daños. No era la primera vez que PEMEX enfrentaba una acusación en tribunales estadounidenses. Ya unos años antes había recibido demandas por una pequeña empresa que buscaba compensaciones por la expropiación petrolera de 1938. Sin embargo, logró evadir la disputa señalando que la expropiación constituía “acto de Estado”, y que, en tanto decisión soberana, escapaba a la jurisdicción de otros países. Con Ixtoc, en cambio, la acusación era más compleja, pues se trataba de un desastre ambiental transfronterizo.
La estrategia de PEMEX consistió en mostrar que, a efectos jurídicos, hablar de la empresa era hablar del Estado mexicano, y entonces apelar a la ley de inmunidad soberana. Esa ley, no obstante, contemplaba una excepción cuando el daño proviniera de una actividad comercial. Aquí la defensa mexicana se mostró hábil: sostuvo que la extracción de petróleo no era una actividad comercial, sino el ejercicio soberano de sus derechos. El argumento se inscribía en las reivindicaciones en materia de control de recursos naturales hechas por los países del llamado Tercer Mundo. Esto limitó el margen de acción de Estados Unidos en el litigio, y dio un velo de legitimidad a la posición mexicana, que salió bien librada.
La crítica dentro del país también fue intensa, especialmente la encabezada por Heberto Castillo y el Partido Mexicano de los Trabajadores. Sin embargo, fue descalificada por el gobierno y tachada de antipatriota. En uno de sus discursos, José López Portillo se refirió al Ixtoc y dijo que los estragos no eran ni el petróleo derramado ni los posibles efectos en la ecología, sino la idiosincrasia mexicana y su fatalismo autodestructivo, así como “nuestra ingenuidad ante la opinión e información extranjeras”. Muy a su estilo, el entonces presidente reclamó que La Malinche “salió a aullar” y que los incautos la escucharon.
Casi medio siglo después, el negacionismo y el uso de la soberanía como escudo que ampara la opacidad continúan siendo un rasgo distintivo de la empresa pública. Como respuesta a las primeras denuncias sobre el derrame de febrero de 2026, el gobierno de México, antes que admitir cualquier grado de responsabilidad por parte de PEMEX, descalificó a organizaciones como Greenpeace argumentando que sus afirmaciones carecían de sustento científico.
La confrontación con estos actores es de larga data, pero se refuerza dentro de una narrativa que ha reavivado el nacionalismo petrolero y el discurso del “rescate de la soberanía” promovido por PEMEX desde 2018. De ese modo, cualquier cuestionamiento puede interpretarse como una intromisión inadmisible: la Malinche aullando. Esto, sin embargo, en nada contribuye a fortalecer la transparencia o a mejorar la capacidad de respuesta ante derrames. Por el contrario, tiende a obstaculizar la rendición de cuentas y a limitar la adopción de mecanismos independientes de supervisión ambiental.
Si con el derrame de Ixtoc se asumió que PEMEX y el Estado mexicano eran una misma entidad, el actual derrame del Golfo evidencia una relación más fragmentada. El hecho de que el director de la empresa no fuera informado oportunamente por sus subordinados sobre la fuga en el oleoducto de Abkatún-Pol Chuc es prueba de ello. No fue sino hasta mediados de abril cuando la dirección reconoció que el accidente tuvo origen dentro de la infraestructura de la empresa pública, y entonces señaló graves irregularidades atribuibles a tres funcionarios. Greenpeace insistió en que la responsabilidad debía entenderse en términos institucionales y no individuales.
Estas tensiones ponen de manifiesto que, en ocasiones, la idea de soberanía opera más como mecanismo de protección que como principio político. Por un lado, diluye la responsabilidad y la desplaza hacia individuos o incluso hacia la naturaleza, evitando cuestionamientos de fondo sobre la gestión ambiental y el modelo extractivo. Por otro lado, desacredita las críticas al asociarlas con agendas externas. No obstante, quizá el problema no esté fuera, sino dentro. Si es así, esta coyuntura podría ofrecer al gobierno mexicano la oportunidad de recuperar el terreno perdido dentro de la propia empresa, hoy ocupado por los peces gordos que se alimentan del petróleo que se fuga de ella.
