Primera de dos partes
El desplazamiento forzado interno en México es una problemática que afecta a miles de personas en todo el país, en particular a comunidades indígenas y rurales que habitan territorios estratégicos para la disputa criminal. Dos acontecimientos recientes permiten dimensionar la gravedad de esta situación. En Chihuahua, de acuerdo con el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno y Organizaciones Acompañantes, alrededor de doscientas familias fueron obligadas a abandonar sus hogares en marzo. Apenas unas semanas después, en Guerrero, organizaciones de la sociedad civil reportaron el desplazamiento de cerca de dos mil personas. Aunque ambos casos poseen particularidades, comparten un elemento central: la presencia y la expansión de la economía criminal como fuerza articuladora de la violencia y el despojo.
Pero ¿qué busca realmente la economía criminal? Antes de responder a esta interrogante, conviene dimensionar el alcance territorial y operativo de estos grupos. Según datos del Programa de Política de Drogas del CIDE, en México operan alrededor de 150 grupos delictivos. De ellos, tres concentran una presencia significativa en distintas regiones del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación, en veintitrés estados; el Cártel de Sinaloa, en catorce; y la Nueva Familia Michoacana, en ocho entidades. Estas cifras muestran que no se trata de problemáticas locales o aisladas, sino de estructuras con intervención regional y nacional, capaces de disputar territorios, reorganizar economías locales y ejercer mecanismos de control político y social.
A pesar de la diversidad de los grupos criminales, así como de las disputas, alianzas y conflictos que mantienen entre sí, existe un elemento común en los procesos de desplazamiento forzado: la búsqueda de ganancia y poder. La violencia ejercida contra comunidades enteras no responde únicamente a enfrentamientos coyunturales entre grupos rivales, sino también a una lógica de acumulación de capital y de control territorial. En este sentido, el desplazamiento se convierte en una estrategia funcional para vaciar territorios, debilitar los tejidos comunitarios y garantizar condiciones favorables para diversas actividades económicas ilícitas.
Desde la perspectiva de la economía política de la violencia, el desplazamiento forzado interno puede entenderse como parte de un proceso de reorganización territorial ligado a dinámicas de acumulación económica y a disputas por el control de mercados, rutas y recursos estratégicos. La violencia sociopolítica, en este sentido, no constituye una anomalía ni un efecto secundario de la economía criminal, sino una herramienta central para generar nuevas condiciones de dominación y de rentabilidad.
La imposición de este tipo de orden territorial no sería posible sin recurrir sistemáticamente al terror. Aquí resulta importante diferenciarlo del miedo. Mientras el miedo constituye una emoción primaria asociada a la prevención y a la alerta ante el peligro, el terror implica el uso deliberado de la violencia como mecanismo de control social. Se trata de un dispositivo político y militar, intencionalmente orientado a producir efectos psicológicos y sociales en las poblaciones. El objetivo no es únicamente causar daño inmediato, sino instaurar condiciones de sometimiento mediante la incertidumbre permanente, la vulnerabilidad y la amenaza constante.
En este sentido, la violencia desplegada en estos procesos tampoco es arbitraria. Su objetivo no sólo consiste en expulsar físicamente a las poblaciones de determinados territorios, sino también en destruir las capacidades comunitarias de organización, resistencia y defensa colectiva. Amenazas, asesinatos, desapariciones, quema de viviendas, ataques armados y el uso estratégico de tecnologías buscan consolidar mecanismos de dominación territorial y de control poblacional.
Además, al obligar al abandono forzado de comunidades enteras, se envía un mensaje disciplinador a las poblaciones vecinas sobre las consecuencias de resistir o disputar el control del territorio. De esta manera, la economía criminal no sólo ocupa espacios geográficos, sino que también produce subjetividades atravesadas por el temor, la incertidumbre y la fragmentación de los tejidos sociales, con el objetivo de fortalecer sus intereses económicos y ampliar sus márgenes de poder.
Mediante el terror, los grupos criminales generan territorios funcionales a sus intereses económicos y políticos, al tiempo que destruyen formas colectivas de organización que podrían limitar su expansión. Así, la violencia sociopolítica adquiere un carácter productivo: no sólo elimina resistencias, sino que también reconfigura relaciones sociales, controla poblaciones y facilita la apropiación de territorios y recursos. Como señala Ignacio Martín-Baró, bajo la sombra de la impunidad, el Estado (en complicidad con grupos criminales) desarrolla una estrategia, tanto militar como psicológica, para dominar a la población mediante una represión aterrorizante. La visibilidad de la crueldad cumple entonces una función política: inhibir la capacidad de organización colectiva y desarticular cualquier posibilidad de resistencia comunitaria.
Dicha situación se materializa mediante múltiples mecanismos de despojo. En muchos casos, las comunidades son expulsadas para que sus territorios sean utilizados en la producción y el trasiego de drogas; en otros, para facilitar la extracción y explotación de recursos naturales, controlar rutas comerciales o asegurar corredores estratégicos para el movimiento de mercancías, armas y personas. El territorio, entonces, deja de ser únicamente un espacio geográfico y se convierte en un recurso económico y político en disputa. Bajo esta lógica, las comunidades no sólo son víctimas de la violencia, sino también obstáculos para proyectos de control territorial impulsados por la economía criminal.
Lo anterior permite comprender que el desplazamiento forzado interno no puede analizarse únicamente como una crisis humanitaria o de seguridad pública. También constituye una expresión de las transformaciones contemporáneas de la economía criminal y de su capacidad para reorganizar territorios, poblaciones y formas de vida mediante la violencia. En este escenario, aunque se analizará con mayor profundidad en una segunda entrega, el despojo no sólo implica la pérdida material de viviendas o tierras, sino también la ruptura de vínculos comunitarios, prácticas culturales y formas colectivas de habitar el territorio.
