Primera parte de tres
La presente serie de tres artículos busca exponer tres tendencias que he analizado, desde la perspectiva de la economía política de la violencia, en torno a las acciones empleadas por los grupos del crimen organizado que se agrupan en la llamada economía criminal. Este análisis se nutre de mi experiencia de trabajo como integrante de Aluna Acompañamiento Psicosocial en las problemáticas de desplazamiento forzado interno, migración forzada, exilio y destierro, aunque se enmarca en un corpus analítico distinto al de dicha organización. En este sentido, en algunos momentos se hará referencia a Aluna; sin embargo, dado que el análisis se desarrolla desde una mirada particular, la responsabilidad última de lo escrito recae únicamente en quien suscribe estos documentos.
A lo largo de varios años, me he enfocado en reflexionar sobre la sucesión recurrente de elementos que, al articularse en una estructura lógica, no sólo se manifiestan como patrones de la violencia, sino también como tendencias persistentes que revelan ciertas dinámicas que vale la pena analizar. En este sentido, en el primer artículo me centraré en delinear una tendencia que he denominado de sofisticación tecnológica, concepto que remite a una “guerra tecnológica” entre distintos grupos del crimen organizado. El segundo artículo abordará la tendencia de la diversificación de mercancías y se enfocará en analizar cómo, a partir del ejercicio de la violencia, dichos grupos han ampliado sus fuentes de ingreso. Finalmente, el tercer artículo se dedicará a la tendencia de las estrategias de terror, utilizadas para alcanzar sus intereses.
Pero antes de iniciar el análisis de la primera tendencia, es necesario explicar brevemente por qué hablo de economía criminal y no de narcotráfico. Este último término suele usarse para referirse a la producción y circulación de drogas por parte de grupos delincuenciales organizados. Sin embargo, desde Aluna Acompañamiento Psicosocial preferimos emplear el concepto de economía criminal, pues permite un análisis más amplio en al menos dos niveles. En primer lugar, como la alianza articulada entre distintos sectores y actores —funcionarios públicos, empresas, fuerzas armadas, cárteles del crimen, entre otros—. En segundo lugar (que es desde donde se inscriben estos artículos), porque estos actores han diversificado sus fuentes de ingreso más allá de la producción y circulación de drogas, de modo que el problema trasciende lo sanitario y se configura como algo estructural de mayor envergadura.
Cabe señalar que la economía criminal no es homogénea ni está exenta de disputas o tensiones internas. Al igual que los distintos sectores y fracciones de la burguesía en su afán de obtener mayores ganancias, también aquí se desarrollan métodos y estrategias particulares para imponerse frente a grupos rivales. En tal marco podemos identificar la primera tendencia ya mencionada: la sofisticación tecnológica, la cual se hace evidente cuando, en la guerra entre los diferentes grupos, surge la necesidad de hacer un uso cada vez más “eficiente” de la violencia para alcanzar dos objetivos centrales: consolidar poder y aumentar los ingresos con el menor “riesgo” y esfuerzo posibles.
Si bien cada grupo de la delincuencia organizada que forma parte de la economía criminal recurre a distintos recursos tecnológicos según sus capacidades, regiones y territorios, hoy en día debemos tener claras dos cuestiones. La primera es que no existe ningún grupo que prescinda de la tecnología para alcanzar sus objetivos; y la segunda, que las estrategias de violencia del crimen organizado han superado la lógica tradicional de la ocupación territorial mediante convoyes de hombres armados. Dicho esto, es necesario entender que el uso de la tecnología opera en, al menos, tres niveles: como recurso para prevenir situaciones que puedan afectar sus intereses y para controlar la comunicación; para generar miedo y ejercer control mediante diversos dispositivos; y para la distribución de sus mercancías.
En el primer nivel, la tecnología funciona como herramienta para prevenir riesgos y controlar la comunicación. Esto incluye desde sistemas sofisticados para transmitir información encriptada, rastrear mediante geolocalización, realizar espionaje mediante softwares especializados y comunicarse de forma encriptada mediante aplicaciones como Telegram. Estos recursos permiten a los grupos monitorear a rivales y comunidades, garantizar la seguridad de sus operaciones y consolidar un control que trasciende el enfrentamiento directo con otros actores. Pero, lejos de que su utilización se limite a grupos rivales o con las fuerzas armadas del Estado, estas tecnologías también se convierten en dispositivos de sometimiento que disciplinan y doblegan a las poblaciones que controlan dichos actores criminales.
El segundo nivel se refiere al uso de la tecnología para ejercer violencia, generar miedo y controlar. Ejemplos de esto son los drones explosivos y las minas antipersonas. Los drones, que inicialmente servían para vigilar el territorio y transportar drogas, ahora se emplean para lanzar bombas, dispersar sustancias químicas o detonar directamente a objetivos preestablecidos. Sus características varían según el cártel que los opere: existen drones caseros con alcance limitado y drones agrícolas equipados con cámaras térmicas, zoom, capacidad para cambiar de objetivo y conectividad a distancia, lo que les permite transportar y dejar caer objetos de manera controlada. Por su parte, las minas antipersonas son utilizadas para evitar el ingreso de grupos rivales o de las fuerzas armadas a los territorios, pero también para sitiar a diversas comunidades a fin de que ni sus habitantes puedan salir ni nadie pueda ingresar a ellas.
Por último, el tercer nivel involucra el uso de la tecnología para distribuir mercancías. Aquí destacan la utilización de submarinos, la creación de pistas aéreas clandestinas cada vez más sofisticadas y el empleo de drones. Aunque la economía criminal no ha abandonado los medios de transporte terrestre, se observa una notable sofisticación en la distribución de mercancías que, combinada con los dos niveles anteriores —el uso de la tecnología para vigilar y controlar comunicaciones, así como su uso como arma—, permite a los grupos delincuenciales construir rutas de distribución más seguras y eficientes, consolidando su poder y su capacidad de generar ingresos.
En conjunto, estos tres niveles de sofisticación tecnológica muestran cómo la economía criminal ha logrado transformar la violencia y el control territorial en un sistema más eficiente y letal, con el objetivo de conseguir mayores ganancias y poder. La tecnología no sólo amplifica su capacidad de operar frente a rivales y autoridades, sino que también extiende su dominio sobre las comunidades, redefiniendo la relación entre violencia, control y organización desde la economía criminal actual. Todo esto se entrelaza con la forma en que han diversificado sus mercancías y, aunque esto será motivo de la siguiente entrega, es necesario comprender que el fin último de la economía criminal no se encuentra sólo en el control territorial, sino en la obtención de ganancias y poder.
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