(A continuación, se presenta la segunda parte de este artículo. Aquí puedes leer la primera entrega.)
En Tacubaya y Santo Niño siempre ha habido quienes han batallado con el agua, particularmente los que viven en las zonas altas. En el mes de septiembre me enteré por Azucena que los vecinos estaban organizando reuniones y un levantamiento de firmas para hacer frente de una vez por todas a esta problemática. “Ya llevamos un chorro batallando con el agua y no se me hace justo”, dijo la señora Martina en una de las reuniones a las que asistí. Sergio también compartió su experiencia: él no sabe lo que es bañarse en regadera; siempre se ha bañado con botes debido a la falta de agua en su casa.
Los vecinos conocen su territorio: por generaciones lo han habitado, lo han caminado, y saben que hay agua subterránea disponible, pero han carecido de la infraestructura para abastecerse. La red de tubería de agua potable de Parras —administrada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS)— no satisface la demanda: puesto que no hay suficiente presión, el agua no llega hasta las casas ubicadas en lo alto de la loma. Cada administración gubernamental les ha prometido llevar el agua a sus barrios mientras están en campaña electoral, pero en 2023 seguía siendo sólo una promesa. ¿Cómo puede explicarse que ninguna administración haya dedicado los recursos económicos para conectar eficazmente a este barrio, a un par de kilómetros del centro de Parras, con el sistema de agua potable?
La antropología de las infraestructuras puede darnos algunas pistas al respecto. Anand, Gupta y Appel (2018) usan las infraestructuras como una herramienta para analizar cómo, a través de la manera en que se construyen y distribuyen los servicios públicos, se reproducen también diferentes formas de opresiones y de desigualdades basadas en la clase social, la raza, la etnia o el género. La infraestructura —plantean los autores— es un terreno sociomaterial que encarna procesos de clasificación y diferenciación entre los distintos actores. ¿En qué barrios se garantiza la construcción de obras públicas y en cuáles no? ¿Qué actores se benefician de los servicios públicos y quiénes quedan excluidos? ¿Por qué a algunos sí y a otros no se les garantizan las infraestructuras básicas para sostener la vida y satisfacer sus necesidades humanas? Azucena se pregunta “¿por qué yo tengo montañas de ropa amontonada sin lavar y enfrente de mi casa hay tres albercas llenas?, ¿por qué en donde no hay agua un desarrollo inmobiliario construye un ‘arroyo inducido’ y una ‘alberca natural’?”
Javier, vecino de Tacubaya y Santo Niño, donó a la presidencia municipal una parte de su terreno para perforar un pozo de agua, en el que se instalaría una bomba y una red de tubería para subsanar el desabasto a los habitantes de los barrios. El proyecto comenzó a materializarse cuando el gobierno municipal movilizó los recursos para hacer el pozo y para marcar la trayectoria de la tubería que distribuiría el agua. Sin embargo, el proceso para lograrlo no ha sido sencillo, pues ha habido varias disputas con el gobierno municipal en las que los vecinos han puesto el cuerpo, su tiempo, sus emociones y su organización. El primer conflicto comenzó cuando el presidente municipal informó a los vecinos que la trayectoria del agua pasaría por las propiedades privadas, distribuiría a los desarrollos inmobiliarios de Santo Niño, como Cantaua, y finalmente llegaría a sus hogares.
Para los vecinos, ese trayecto carecía de lógica: era más largo y el terreno era más accidentado. Por el contrario, si dirigían la tubería primero a sus barrios, el agua bajaría por gravedad y el trayecto sería mucho más corto. Al paso de los días, los vecinos se enteraron de lo que ocurría: comentan que la pronta e inusual respuesta del gobierno para poner en marcha la construcción del pozo de agua se debía a que los inversionistas de los fraccionamientos en construcción requerían agua y habían puesto recursos económicos a cambio de asegurarla.
Las infraestructuras, además de ser un proyecto de estado, son un proyecto de clase, afirma la antropóloga Paola Velasco. En este caso, la acción gubernamental se inclinó en beneficio del empresariado para asegurar la producción de valores mercantiles, ¿pues cuánto vale un pedazo de tierra sin agua? La distribución del agua está articulada con relaciones económicas, a partir de las cuales se decide “direccionar los flujos de agua hacia determinados grupos sociales y no a otros (…). [en función de] qué destino es más rentable”.[1] En este primer desencuentro, los vecinos compartían el sentimiento de haber sido engañados y despojados de algo que aún no tenían, pero que les pertenecía.
La organización vecinal dio un giro: realizaron denuncias públicas y demandaron la presencia de Conagua, buscaron asesoría con especialistas, difundieron su situación por medio de las redes sociales, tuvieron múltiples encuentros con el presidente municipal y realizaron recorridos por la zona para explicarnos lo que estaba sucediendo. A finales de 2023, lograron que tanto la donación del terreno como la obra se concretaran priorizando sus barrios, para después continuar a los desarrollos inmobiliarios. El 29 de febrero de 2024, el presidente municipal inauguró la obra con bombo y platillo: una promesa más cumplida durante su gestión, promesa que posteriormente utilizaría como capital político para su campaña de reelección.
La infraestructura no es únicamente materialidad, sino que guarda una dimensión simbólica y subjetiva en la medida que genera expectativas a futuro.[2] En este caso, la inauguración del pozo de agua se tradujo entre los habitantes en alegría y en la concreción de una mejor vida; su lucha había dado frutos y por fin gozarían del acceso al agua.
El segundo desencuentro tuvo lugar apenas unos días después de la inauguración, cuando los vecinos notaron que el agua salía de color marrón y con un olor desagradable. No era apta para el consumo humano. Cerraron el pozo y nuevamente no había agua. Después de meses de presión por parte de los vecinos, el municipio instaló unos tanques de filtración cuya finalidad era limpiar el agua. A pesar de que las autoridades han afirmado que el agua es potable y reanudaron el servicio el pasado 29 de mayo de 2024, los vecinos han confirmado lo contrario.
Azucena nota que cuando abre la llave del fregadero hay un tufo; “el agua sabe a puro drenaje”, dice. Y, cuando la hierve para intentar potabilizarla, ve que se asienta una sustancia amarilla en el fondo de la olla. Al bañarse, le arde la piel y, cuando la lava, su ropa queda oliendo mal. En la casa de Dalia —vecina y también trabajadora de una bodega vitivinícola—, a diferencia de las casas de más arriba, nunca habían batallado con el agua: era suficiente y limpia. Pero desde que echaron a andar el pozo, además de que bajó la cantidad de agua que recibía, comenzó a salir “rancia”. Cuando lava los platos o se baña, el mal olor se impregna en la piel. Violeta, se dio cuenta de que, al bañar a su nieta, los ojos le lagrimeaban y le producía irritaciones cutáneas. Además, varias vecinas han denunciado que sus niños se han enfermado de diarrea.
Dalia y su familia se bañan y lavan los trastes con el agua contaminada, aunque para tomar y para cocinar se surten de un garrafón diario, que cuesta $40 pesos. Para ella significa un gasto extra y le molesta que el recibo de agua le siga llegando a su casa. En la casa de Azucena, durante el día sale un “hilito de agua y está mala”. Llega de su trabajo a las cuatro de la tarde y hasta las 11 de la noche recibe agua limpia, la cual —supone— proviene de otro pozo. Es cuando empieza las tareas de su casa: lavar trastes, trapear, limpiar el baño, lavar su ropa, regar sus plantas, juntar agua y hervirla para el consumo. Reutiliza el agua: cuando se baña, la almacena y la usa para el baño, para limpiar su banqueta y para regar sus plantas. “Me afecta en la limpieza: no puedo tener limpia la casa. También me pasa que a veces no puedo cocinar porque no agarré agua, y no puedo ir por un garrafón porque es muy pesado para mí”. Termina sus quehaceres y se va a dormir a las 12:30 am, para levantarse a las 5:20 am e irse al trabajo.
Los vecinos buscan cómo explicarse a sí mismos lo que están experimentando: Javier concluye que la prioridad del gobierno municipal es entregar el agua a los hoteles —hoteles que, según él, son propiedad de políticos de Parras—. Azucena observa que la falta de agua no sucede sólo en sus barrios, sino “también en otras colonias de Parras, y tiene que ver con que están construyendo muchos hoteles, palapas y fraccionamientos”. Las autoridades no les han informado qué sucede, pero ella ha escuchado que desviaron el agua limpia y a sus barrios les dan el agua del pozo contaminada “¿Por qué los propietarios de los nuevos fraccionamientos no se han visto afectados por el agua contaminada, si se supone que ese pozo también les iba a abastecer?”
Quizá peor que no tener agua es la fugaz esperanza de tenerla y obtener a cambio agua dañada. Los vecinos de Tacubaya y Santo Niño se sienten ofendidos y con mucho coraje. A principios del mes de junio, después de que Fernando Orozco volvió a quedar electo para la presidencia municipal de Parras, los vecinos lo confrontaron. “Él está acostumbrado a que, a donde llegue, le aplaudan, pero nadie le aplaudió. Llegó queriendo saludar de mano y le dijimos que no queríamos que llegara a saludar sino a resolver”. Le reclamaron “¿por qué no nos dijeron que el agua estaba contaminada?”, “¡esa mugre agua que nos dieron!”, “le tenemos una botella [de agua] a Orozco para que se la tome delante de nosotros”. Javier sintetiza el sentimiento de los vecinos: “yo me siento ofendido porque les han dado de beber agua contaminada a nuestros hijos”. Hasta el momento las autoridades no les han mostrado ningún estudio sobre la calidad del agua ni documento alguno que muestre las sustancias que están bebiendo.[3]
La noción de slow violence, violencia lenta,[4] se refiere a un tipo de violencia que afecta de manera gradual a las poblaciones. Es un tipo de “violencia de destrucción retardada que está dispersa en el tiempo (…); una violencia de desgaste” que contrasta con las expresiones de violencia dominantes más visibles, explosivas, espectaculares y con efectos inmediatos (Nixon 2011, 2). Los vecinos de Tacubaya y Santo Niño experimentan esta forma de violencia por medio de la privación y el despojo del agua, y quienes la ejercen son las autoridades municipales y los empresarios de la nueva vitivinicultura. Esta violencia acumulativa interfiere en la manera en que se despliega y organiza la vida de las personas. Tiene efectos sobre su salud, sobre sus cuerpos, sobre la reproducción familiar y el sostenimiento de sus vidas. Pero, además, como analiza Mendoza (2022) afecta la subjetividad de las personas y produce dolores: “cuando escuchamos a quienes encarnan los procesos de desastre y despojo, podemos sostener que la experiencia de ser despojados tiene que ver también con la pérdida de la capacidad organizativa, los sentidos de vida comunitaria y, parafraseando a Butler y Athanasiou (2017 Desposesión. Lo performativo en lo político), de la capacidad de darse un lugar” (Mendoza 2022, 54).
Aunque los vecinos de Tacubaya y Santo Niño han lidiado con la privación del agua durante décadas, no terminan por aceptarla como algo natural y habitual. En cambio, han resistido y luchado —y continúan haciéndolo— por revertir esta forma de violencia que les ha sido impuesta. Se trata, en última instancia, de ejercer y sostener su capacidad de decidir sobre sus vidas, y de recuperar lo que les ha sido negado, pero al mismo tiempo les es propio.
[1] Larismont y Grosso 2014, “Aproximación a los nuevos conceptos híbridos para abordar las problemáticas hídricas” en Revista del Departamento de Geografía FFYH-UNC, 41
[2] Anand, Gupta y Appel 2018 The promise of infrastructure
[3] Para este artículo, contacté al secretario personal del presidente municipal con el fin de entrevistarlo, pero no obtuve ninguna respuesta.
[4] Rob Nixon 2011 Slow Violence and the Environmentalism of the Poor; Mendoza 2022 “La huida de la Sirena. Una narrativa del desastre de la desecación y el despojo en los pueblos ribereños al noreste de la Ciudad de México” en Revista de Antropología y Sociología: Virajes, 23
