Violento espacio de atrapamiento de migrantes en la frontera Chile-Perú

El 14 de abril del 2023, la frontera de Chacalluta-Santa Rosa se vio tensionada por un grupo de alrededor de 200 personas migrantes que salieron caminando desde Chile con la intención de ingresar a Perú, con una mochila al hombro y las wawas en brazos. Días antes, otrxs 300 migrantes, queriendo salir de Chile hacia Bolivia, habían quedado varadxs en la frontera de Colchane, ante lo cual el gobierno chileno anunció que se resolvería caso a caso, demostrando su interés por el control de esta población.

Desde entonces, en Chacalluta-Santa Rosa (frontera Chile-Perú), se han sumado más personas de diversos orígenes, mayoritariamente de Venezuela, pero también de nacionalidad haitiana y, en menor medida, colombiana, que intentan desesperadamente salir de Chile, después de haber tratado, sin éxito, de radicar en diferentes localidades de este país. Señalan no haber encontrado más alternativa que huir de la precarización, la racialización, la criminalización y la irregularización migratoria.

La situación es alarmante, principalmente por las condiciones de insalubridad, inseguridad, desabastecimiento y violencia en las que se encuentran familias enteras que llevan acampando en el desierto más de dos semanas. El debate mediático se sitúa entre el gobierno de “izquierda” chileno y el gobierno central y local peruano, que no quieren hacerse cargo del problema y se culpan mutuamente de la situación. Pero olvidamos que el proceso de irregularización es provocado, en la mayoría de los casos, por el cierre y la militarización de la frontera al ingreso a Chile. Asimismo, en gran medida esta situación responde al no reconocimiento de la condición de la población refugiada, a pesar de que las violencias que atraviesan desde el origen de sus éxodos justifican la necesidad de protección internacional.

No obstante, Chile ha optado por consolidarse como un “buen alumno” del régimen global de control de la movilidad, adoptando todas las recomendaciones que las agencias internacionales —como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)— han “sugerido” y financiando infraestructuras “humanitarias” para retener y controlar la movilidad desordenada. Nos referimos a dos dispositivos transitorios ubicados en la región de Tarapacá, en la frontera norte de Chile, durante la pandemia, que funcionan como albergues temporales por los que circulan migrantes en tránsito irregularizado para recibir asistencia humanitaria y que han servido para controlar esta población y desligar de su responsabilidad al Estado chileno.

Desde la pandemia, el clima político se fue haciendo cada vez más hostil hacia la población migrante irregularizada, asociada permanentemente a la delincuencia y al aumento de la violencia criminal. Los discursos de autoridades, opinólogxs o candidatxs se traspasaron a la población en general, provocando una repulsión hacia migrantes caminantes, mochilerxs y venezolanxs, en gran medida, que los coloca como culpables de todos los males.

Además de los discursos, se han levantado una serie de iniciativas legales que vienen a reforzar esa tendencia, como los proyectos que modifican la Ley 21.325 de Migración y Extranjería de 2021, primero, para facilitar las expulsiones haciendo más expedita su notificación y, segundo, para tipificar el ingreso irregular como un delito. El primero es una medida administrativa populista que costará millones de pesos al Estado (por cada persona expulsada se gastarán cinco mil USD aproximadamente). Es una iniciativa del presidente Gabriel Boric, que presentó al Senado a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y que ha sido aprobada el 24 de abril de 2023 por la Cámara de diputados y diputadas, pasando a tercer trámite constitucional ante el Senado. El segundo proyecto se encuentra en su primer trámite, habiendo sido aprobada la modificación de la misma ley que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, el 17 de abril de 2023, por la Cámara de diputados y diputadas.

A esto se suman las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia del 6 de abril de 2023, en las que señala que se someterá a prisión preventiva a imputados extranjeros cuya identidad no haya podido ser establecida por medios nacionales. El oficio de la Fiscalía Nacional N° 298/2023 fue el principal insumo para un proyecto de ley que busca incorporar esta medida en el Código Procesal Penal. Se plantea agregar la ampliación del plazo de detención cuando el juez lo estime necesario o para establecer la identidad o situación migratoria del imputado. Asimismo, se presumirá que es un peligro para la seguridad de la sociedad y, por último, que esta misma presunción se aplicará a quienes hayan ingresado clandestinamente al territorio nacional o mantengan una situación migratoria ilegal.

Podemos constatar que todas son iniciativas que apuntan a criminalizar la migración irregularizada. Todo esto sin considerar que el principal agente irregularizador es el Estado, pues el servicio a cargo de la entrega de visas tiene un retraso de entre dos y hasta cinco o más años en la evaluación de los documentos de solicitud de distintos tipos de visas y de la condición de refugio. Al mismo tiempo, el aumento del costo de la vida, con una inflación descontrolada por la primacía de la economía neoliberal, hizo que el proyecto migratorio en Chile se volviera insostenible. La población haitiana que migró a Chile en los últimos diez años ha sido víctima, además, de un racismo descomunal: ha experimentado, por un lado, un hostigamiento permanente y, por otro, la imposibilidad de insertarse en los diferentes ámbitos de la sociedad, por no lograr regularizar su situación migratoria. Chile se volvió invivible.

La única opción fue huir del país, pero ¿cómo salir sin pagar la multa que cobra Chile por permanecer irregularmente en su territorio?, ¿cómo salir sin presentar la autodenuncia por ingreso por paso no habilitado, cuando hacerla implicaba exponerse a una deportación?, ¿cómo salir sin la autorización del padre de un hijx no reconocido por él? La mejor opción ha sido agruparse e imponerse en la ruta hacia el norte del continente.

La reacción del Perú no ha sido distinta a la de Chile. Inmediatamente, el 15 de abril de 2023, la policía peruana armó un muro de contención ante este flujo descontrolado y decretó Estado de emergencia. Y el 27 de abril, el gobierno peruano informó el envío de 200 militares para reforzar la frontera sur del país y cubrir los pasos no habilitados. El argumento es que no pueden dejar ingresar al Perú a las personas que no hayan tramitado la salida de Chile en el paso fronterizo. Pero la realidad es que no se les ha permitido realizar el trámite de salida. En algunos casos, las personas ni siquiera se pueden acercar a la ventanilla del control migratorio, y, en otros, teniendo toda la documentación para salir y entrar al país vecino, igualmente se les ha negado el paso.

Las imágenes de madres con niñxs pequeñxs han sido las más angustiantes en los medios, las imágenes de las familias que intentan cruzar la frontera corriendo sólo transmiten un acto irracional. Sin embargo, no se ha mostrado la represión. Policías de Chile y de Perú han reprimido a golpes y palos en reiteradas ocasiones a quienes intentan avanzar o retroceder hacia uno de los dos territorios en disputa. De la misma manera en que han reaccionado cuando estxs mismxs migrantes organizadxs han hecho cortes de ruta, a modo de protesta, para exigir la libertad de movimiento.

Nos encontramos ante la indolencia de los Estados, que han permitido esta escalada criminalizante. De hecho, la ONU pidió a Perú y Chile solucionar su conflicto migratorio, que sólo ha resuelto con más agentes armados. Estamos ante la desidia de los gobiernos que producen esta huida desesperada a partir de la política de la espera. Nos vemos ante una clase política dispuesta a hacer de la migración forzada un negocio, con la privatización de lo que hoy están llamando el “corredor humanitario”, que construyen llegando a acuerdos con aerolíneas privadas. Somos testigxs de que la represión ha sido la forma inmediata y naturalizada de contener a esta población, castigada por buscar salir del túnel de Sábato o del Castillo de Kafka.

Esta situación nos lleva a reflexionar en la paradoja de Chile que, con un gobierno de “izquierda”, está desplegando este nivel de violencia sobre la población migrante. Sabemos que las consecuencias son a largo plazo y permean hacia la población migrante residente, sus familias, sus hijxs, que muchas veces han nacido en Chile, pero que ya están marcadxs con el estigma de ser migrante. Resulta igualmente paradójico que funcionarixs del actual gobierno chileno borren con el codo lo que escribieron o enunciaron anteriormente, cuando no estaban en el poder, respecto a la migración y sus derechos, respecto a la dignidad humana y a la impunidad. Hoy parece más importante conservar los cargos y el margen de maniobra que permite la derecha que defender los derechos de las personas. 

Este violento espacio de atrapamiento que ha devenido la llamada Línea de la Concordia entre Chile y Perú nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida. Vale más el control de la soberanía del territorio nacional que la vida de migrantes empobrecidxs y criminalizadxs, a quienes simplemente podríamos dejar morir en el desierto o golpear impunemente, como se está haciendo, con el fin de señalar autoritariamente que no se puede salir o entrar por la ventana, cuando la puerta siempre se les ha cerrado de golpe en la cara.