El ensayo pasado dejó abierta la pregunta sobre lo público y lo privado, cuestión que discutiremos en esta ocasión, con el apoyo de tres ejemplos que, a primera vista, parecen ajenos entre sí, pero están relacionados íntimamente. El primer ejemplo es la polémica del pasado mes de abril, cuando se dio a conocer que el hijo de Marcelo Ebrard, ahora secretario de Economía y entonces secretario de Relaciones Exteriores, usó instalaciones de la embajada mexicana en el Reino Unido para hospedarse mientras hacía estudios de posgrado, con el apoyo de la embajadora de entonces, Josefina González Blanco. Ebrard defendió este acto al declararse un padre preocupado por su hijo en medio de la pandemia, y que no hubo uso indebido de los recursos públicos.
El segundo ejemplo entra en el mundo del arte y se refiere a la polémica sobre la colección Gelman, un acervo de pinturas de arte moderno mexicano que fue adquirida por el matrimonio de Natasha y Jacques Gelman durante la segunda mitad del siglo XX. En la colección se encuentran pinturas de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, María Izquierdo, Lola y Manuel Álvarez Bravo, entre otros. Su importancia como parte de la cultura nacional no es menor, por lo que la noticia de que su gestión pasaría a manos del Banco Santander en España causó revuelo entre la comunidad artística mexicana, que pidió al gobierno federal comprar la colección para impedir su salida del país y volverla, en cambio, patrimonio cultural de la nación.
El último ejemplo tiene que ver con el ámbito de los derechos sociales, y se refiere a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Este apoyo se entrega desde 2019, y este año el monto es de 3,300 pesos bimestrales; sin embargo, a pesar de ser un programa nacional, sus requisitos no son universales: en 24 entidades sí aplica y se entrega a personas entre 0 y 64 años con discapacidad permanente, mientras que en las 8 entidades restantes el apoyo se entrega entre los 0 y 29 años. El registro para obtener el certificado de discapacidad estuvo abierto entre el 23 y 29 de marzo, pero el proceso enfrentó denuncias por personas afectadas y por la asociación civil Tribu TEA, enfocados en la accesibilidad de los documentos o el requisito de visitas para verificar la discapacidad.
Cada uno de estos ejemplos tiene en común dos cosas: el papel del Estado mexicano y el uso de los recursos públicos que administra. La estancia del hijo de Marcelo Ebrard en la residencia de la embajada fue el uso de un bien financiado con dinero público en un país extranjero, cosa que no puede hacer cualquier ciudadana o ciudadano mexicano que se encuentre en el Reino Unido. La propuesta de adquirir la colección Gelman con recursos del Estado mexicano para convertirla en patrimonio nacional significa hacer pública una propiedad privada, pues se considera de interés nacional por su valor cultural y artístico. Por último, el censo de personas con discapacidad para acceder a la pensión del bienestar, a la que tienen derecho y que se financia con recursos públicos, establece requisitos en sus reglas de operación que garanticen que el dinero no termine en las personas que no cumplan con ellos.
El problema del Estado será objeto del siguiente ensayo, pero no podemos obviar su mención, pues la discusión sobre lo público y lo privado desemboca en él. Cabe hacer una breve anotación antes de entrar de lleno sobre la relación del Estado con la dicotomía público-privado a propósito del llamado hecho por Pedro Sánchez a defender lo público, lo cual quiere decir defender los servicios públicos contra su privatización. No sólo se trata de que el Estado encuentre en lo público su ámbito de competencia, sino de que gran parte de su autoridad deriva precisamente de esto: de encontrar un espacio donde su función sea central. Esto no significa que lo público y lo privado no se encuentren en otros espacios sociales, como la familia, sino que se manifiesta de formas distintas.
La primera pregunta que debemos hacernos entonces es qué son lo público y lo privado. Son espacios y ámbitos de competencia que forman parte de nuestra vida cotidiana, distinguibles, pero no por ello excluyentes entre sí: hay cuestiones privadas que entran en lo público y viceversa. Lo público se refiere, en general, a las cuestiones y los asuntos de la comunidad, competencia de todos sin importar cómo pueden afectarnos. Lo privado, por su parte, se refiere a todo aquello que es sólo del interés de una persona o un grupo de personas y que no requiere de la intervención de la comunidad. En cada espacio se establecen normas y recursos que definen qué puede hacerse y cómo, así como las formas de relacionarse en su seno; sin embargo, en lo público esto se define en comunidad, mientras que en lo privado es sólo por esa hipotética persona o grupo de personas.
De vuelta a los ejemplos: que un padre busque alojamiento para su hijo en otro país o, incluso, en otro espacio que no sea su hogar es esencialmente un asunto privado, pero se convierte en público cuando se utiliza una posición de poder dentro del Estado para disponer de un espacio que, en su condición de persona privada, no podría. La colección Gelman es una propiedad privada que se convierte en interés público por su valor artístico y cultural para la nación: las obras que la conforman representan un periodo y una corriente artística que define nuestra historia. Las discapacidades que vive una persona son un asunto inicialmente privado, pero las limitaciones y exclusiones que enfrenta en comunidad obligan al Estado a intervenir para reducir su afectación en la vida privada de las personas; sin embargo, para hacerlo debe establecer un criterio de reconocimiento que, en ocasiones, refuerza ciertas exclusiones.
La distinción entre lo público y lo privado no ha sido la única en la historia de la política. En la Grecia helénica existía la distinción entre polis y oikos: entre la comunidad política y el hogar. Contra lo que Hannah Arendt entendió en La condición humana como dos espacios ajenos entre sí, Mika Ojakangas plantea en “Polis and Oikos: the Art of Politics in the Greek City-State” (2020) que la distinción no era tan clara como ella planteaba. Con base en distintas investigaciones antropológicas e históricas sobre ese periodo, Ojakangas argumenta que había un interés por regular ambos espacios de la vida en las viejas ciudades-estado, incluso interviniendo en el espacio del oikos. Así, la distinción era, más bien, entre el idios y el koinos: lo propio y lo común.
Nuestra idea de lo público y lo privado entró en nuestro lenguaje político con los romanos, como explicó Norberto Bobbio en Estado, gobierno y sociedad (1984), para distinguir dos campos del derecho. El cambio lingüístico también fue un cambio de sentido: si en la Grecia helénica la distinción reconocía un criterio espacial —la comunidad y el hogar—, Bobbio expuso que el derecho romano definió lo público y lo privado de la siguiente manera: el derecho público refería a los asuntos del Estado romano y el derecho privado a los asuntos de utilidad para el individuo. La diferencia clave es la aparición del individuo, pues refleja que la diferencia entre público y privado romana, que rige hasta nuestros días, derivaba más de la diferencia entre idios y koinos, y encontraba en una persona concreta su expresión, en alguien que podía asociarse o relacionarse con otros individuos.
La segunda pregunta es cómo podemos distinguir lo público de lo privado, cosa que ya adelantaron los párrafos anteriores. En primer lugar, está quién puede decidir sobre los asuntos y los recursos en cada espacio: la comunidad en el caso de lo público, el individuo o los grupos particulares en el caso del segundo. Uno de los principales problemas políticos que enfrentamos hoy es precisamente cuando esto se transgrede, ya sea desde lo público hacia lo privado, cuando el Estado interviene en asuntos privados que no lo requieren, o cuando grupos particulares quieren tomar decisiones o influir en las decisiones públicas para hacer valer su interés. Para entender mejor los problemas que genera distinguir entre lo público y lo privado es necesario entender también cómo dibujar la frontera entre uno y otro, y eso significa enfocarnos en las personas.
Una frase que puede apoyar la discusión es “lo personal es político”, que entró en nuestro lenguaje en 1969 con el ensayo “The personal is political” de Carol Hanisch, y la cual se ha convertido en uno de los lemas más distintivos de la segunda ola de los feminismos de occidente. Entre sus principales aportaciones, permite entender que el límite entre lo público y lo privado no está dado, sino que se dibuja constantemente: “Una de las primeras cosas que descubrimos en estos grupos es que los problemas personales son problemas políticos. No hay soluciones personales en este momento. Sólo hay acción colectiva para una solución colectiva.” Con esta contundente frase, Hanisch explicaba cómo se pasa de un ámbito a otro: hay asuntos de la vida personal cuya solución no reside en ese espacio, sino que requieren dar el paso a lo público.
La activista y escritora también explica cómo, al reunirse con otras mujeres para compartir sus experiencias, lograron cosas importantes como romper con la idea de culpa individual sobre los problemas privados que vivían por ser mujeres. El segundo logro fue construir saberes colectivos que parten de la experiencia privada para ofrecer herramientas de acción pública y política que permiten entender el lazo entre ambas esferas, que antes se presentaban disociadas. Vale la pena repetirlo: los problemas que parecen individuales en realidad pueden resolverse colectivamente, en lo público. Esta lección desde los feminismos puede ayudarnos a entender el último ejemplo: la lucha de las personas con discapacidad contra el capacitismo de nuestras comunidades.
Aunque las discapacidades pueden parecer un asunto personal, sin duda son un asunto público. Recordemos el argumento del ensayo pasado: la política y lo político son formas de construir comunidad y de relacionarnos para resolver los problemas que surgen de la vida en comunidad. La política y lo político se vinculan con el conflicto sobre los medios que usamos para alcanzar los fines que perseguimos como comunidad. En lo público actúa la política y la comunidad se congrega. Lo privado es el espacio donde nos construimos como personas en nuestra vida cotidiana, pero es susceptible a lo que pasa en la esfera pública, así como nuestra experiencia privada también interviene en lo público cuando nos incorporamos a una comunidad. No obstante, no todas o todos accedemos en las mismas condiciones: las personas con discapacidad enfrentan retos y exclusiones por su condición que limitan o impiden su participación pública por una condición privada.
Cuando el Estado decide intervenir ante las exclusiones que enfrentan las personas con discapacidad —en el caso de la Pensión del Bienestar, se trata de una exclusión económica—, no lo hace sólo por su buena voluntad. Ello es producto de la lucha y organización de las personas, que reconocen cómo los problemas en apariencia propios, en realidad son comunes, y cómo no pueden ser resueltos individualmente, sino sólo como colectividad. Nuestra idea de comunidad parte de un supuesto: el de que todas las personas contamos con plenitud de capacidades para actuar, movernos y disponer de nuestro cuerpo sin restricciones, que la autonomía corporal pasa por el uso libre y pleno de nuestras capacidades. El capacitismo excluye a quienes no cumplen o se apegan a este supuesto, y aunque una pensión económica no resuelva por su cuenta este problema, es un reconocimiento público de que una condición privada es castigada en comunidad.
Bajo esta nueva perspectiva, podemos comprender mejor cómo se relacionan los ejemplos discutidos en este ensayo. En primer lugar, nos permite entender mejor a qué nos referimos con recursos públicos, el común denominador: son los recursos que aportamos para poder vivir en comunidad y que son administrados por el Estado. El Estado, como autoridad y representación pública de la voluntad comunitaria, dispone de los recursos para alcanzar los fines que, en comunidad, reconocemos como propios. Por eso es un conflicto que un funcionario público disponga de nuestros recursos para satisfacer un interés privado, mientras que solicitar que el Estado se apropie con nuestros recursos de una colección privada para preservar un acervo de interés nacional conlleva redefinir los límites entre público y privado.
Finalmente, que el Estado, en tanto autoridad pública, otorgue un apoyo económico a las personas con discapacidad, como un ejercicio de justicia redistributiva mediante los recursos públicos, pasa también por una decisión comunitaria. Es un reconocimiento de una lucha colectiva que, desde la esfera privada, nos hizo saber que un sector de la población enfrentaba barreras y exclusiones para ser reconocidos como una parte constituyente de nuestra comunidad. Parte de la resolución de este conflicto pasa por la Pensión del Bienestar, pero también está en la siguiente etapa del conflicto: que el acceso a este derecho no conlleve situaciones que vulneren o victimicen a las personas con discapacidad. Para comprender mejor cómo es que este conflicto público es reconocido y atendido en esta esfera, el siguiente ensayo entrará en ese ente peculiar que tanto he mencionado, pero aún requiere definición: el Estado, esa figura que se encuentra entre lo público y lo privado.
