El reciente secuestro y asesinato de la niña de ocho años, Camila Gómez Ortega, seguido del linchamiento de tres personas identificadas como presuntas culpables de estos delitos en Taxco, Guerrero, ha vuelto a poner en el radar un fenómeno que, a pesar de causar conmoción, indignación e incluso sorpresa, tiene una historia larga y profunda en México.
El linchamiento no es un fenómeno aislado o reciente en nuestro país. Al contrario, el linchamiento —una forma de violencia colectiva, pública y extralegal cuyo objetivo es castigar un supuesto delito— ha estado presente en México por lo menos desde finales del siglo XIX. La palabra “linchamiento” o “lynchamiento” (como aparecía en la prensa de la época) hace referencia directa a la expresión “lynching” y a la trayectoria de este fenómeno en Estados Unidos, país en el que se origina el término.
A lo largo del siglo XX, los linchamientos estuvieron presentes en México de manera constante. Aunque con mayor o menor frecuencia, el linchamiento siempre ha estado motivado por el afán de vecinos y comunidades de castigar crímenes o transgresiones sociales consideradas ofensivas e inaceptables, en un contexto en el que se percibe a las autoridades como corruptas, abusivas e incapaces de proveer justicia. Como da cuenta mi trabajo, el linchamiento no es una expresión de la ausencia del Estado, sino de la profunda desconfianza frente a las autoridades, así como de la manera en la que la violencia se ha constituido como mecanismo de control social y político en México. Hacia la primera mitad del siglo XX, los linchamientos perpetrados en contra de personas acusadas de ser brujas, protestantes o socialistas eran más comunes, pero en las últimas cuatro décadas y hasta el día de hoy, los más recurrentes son aquéllos en contra de supuestos criminales, ya sean secuestradores, robachicos u homicidas. En muchos casos, las víctimas de linchamiento son inocentes y la única evidencia que existe en su contra es el testimonio de la persona agraviada o de un grupo de vecinos, el cual circula como rumor de boca en boca o a través de redes sociales, provocando sentimientos de indignación, enojo y rabia.
Pese a su larga y persistente presencia en la historia del país, los linchamientos continúan sacudiendo la opinión pública, la cual suele presentarlos como actos reprobables y “salvajes”, o justificables ante la existencia de autoridades indolentes, corruptas e ineficientes. No obstante, no todos los linchamientos alcanzan el mismo nivel de visibilidad. De acuerdo con la base de datos de linchamientos en América Latina (LYLA, por su acrónimo en inglés), en México se registraron 1134 casos entre el 2010 y el 2019; esto lo coloca como el país con mayor número de casos en toda América Latina. Otro estudio, publicado por investigadores de la UAM, documentó más de 1600 linchamientos entre 2016 y 2022. Sin embargo, son sólo un puñado los que forman parte de la memoria colectiva del fenómeno en México. Éstos suelen atraer mayor atención pública, ya sea por el perfil de la víctima del linchamiento (una persona que se piensa era inocente) o, por el contrario, por la víctima del delito que dio lugar al linchamiento (generalmente, una niña o un niño considerada inocente e indefensa).
Entre los casos más conocidos en México destaca el linchamiento del 14 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa, Puebla, en el que cinco trabajadores de la universidad fueron acusados erróneamente de ser estudiantes comunistas. Destacan también los casos de los agentes de la Policía Federal Preventiva linchados en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, en noviembre de 2004, así como el de los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina linchados en Ajalpan, Puebla en octubre de 2015; y el más reciente del abogado Daniel Picazo, linchado en junio de 2022 en Papatlazolco, Puebla. En estos tres últimos sucesos, las víctimas de linchamiento fueron acusadas de haber querido secuestrar a niños, lo cual da cuenta del peso y la centralidad de los miedos en torno al secuestro de niños en México, un fenómeno que ha sido estudiado ampliamente por la historiadora Susana Sosenski. Un caso que también apunta a la importancia de los delitos en contra de niños en la historia de los linchamientos en México es el de Juan Castillo Morales, mejor conocido como “Juan Soldado.” Castillo Morales se salvó de ser linchado por un grupo de vecinos que lo acusaba de haber violado y asesinado brutalmente a la niña Olga Camacho, de ocho años, en febrero de 1938. Como lo analiza Paul J. Vanderwood, aunque sobrevivió al intento de linchamiento, Castillo Morales fue asesinado por las autoridades mediante la llamada “ley fuga,” y se convirtió después en un mártir y un santo popular de los tijuanenses.
En el linchamiento en Taxco, Guerrero, confluyen varios elementos de la historia pasada y presente de este fenómeno en México. Primero, las autoridades no están ausentes, pero su presencia es insuficiente para prevenir estos actos, pues son percibidas como corruptas, débiles o incapaces de proveer justicia. En este acontecimiento, estuvo presente la policía municipal y eventualmente la policía del estado y la Guardia Nacional. Es innegable que los vecinos indignados superaban por mucho el número de elementos de la policía municipal —una nota habla de sólo seis policías frente a 300 personas—, pero los números no son suficientes para explicar la visión compartida por los vecinos de que más valía asesinar a los supuestos culpables y arrebatarlos de manos de la policía, que esperar su orden de aprehensión o la investigación judicial correspondiente. Esto conecta con el segundo elemento: la sensación de hartazgo e indefensión que generan en México las altas tasas de impunidad que, como ha analizado Pablo Piccato, hacen de la historia del país una historia nacional de la infamia. Esta sensación se ve aún más agudizada en casos que, como éste, involucran a un menor de edad y conectan con la crisis de desapariciones y feminicidios de niñas y mujeres que vive el país. Finalmente, destaca el apoyo popular a formas de castigo expedito, corporal y letal. Tanto en el caso de Taxco como en cientos más que he estudiado, es claro que los perpetradores no buscan meramente castigar al supuesto delincuente, sino torturarlo, vejarlo y, si es posible, matarlo y sobrematarlo.
En el asesinato de la niña Camila Gómez Ortega y en el linchamiento de las tres personas señaladas como presuntas culpables (incluida, Ana Rosa Díaz Aguilar, quien murió a raíz de los golpes), lo que prevalece es la historia de un país que clama justicia y que, trágicamente, continúa como hace más de un siglo, hundido en ciclos de impunidad, desasosiego y venganza.
