En los últimos meses, Venezuela ha sido motivo de críticas y ataques por los resultados de sus elecciones presidenciales. Los cuestionamientos hacia el proceso bolivariano no sólo han venido por parte de grupos de derecha, sino también de algunos sectores de la izquierda que terminan por hacer afirmaciones que, en el fondo, son muy similares a las de los grupos más conservadores del continente.
Esta situación, especialmente en las izquierdas, puede ser resultado de un bloqueo ideológico que es producto de las campañas de desprestigio que promueven los medios hegemónicos del continente, cuya intención final es que las clases dominantes, tal y como lo menciona Martha Harnecker, impongan su ideología defensora del régimen de explotación existente, antisocialista y anticomunista. En el caso que nos ocupa, han conseguido engañar a amplios sectores de las poblaciones respecto a lo que pasa en el proceso venezolano, lo cual, a su vez, expresa una falta de rigurosidad para analizar lo que representa para las y los venezolanos, así como para el continente entero, la revolución bolivariana.
Bajo este escenario, me propongo compartir algunas claves que tienen la intención de aportar al debate más allá de ciertas mentiras recurrentes, como lo ha documentado Arantxa Tirado en múltiples publicaciones. Para esto, me centraré en tres grandes engaños que se dicen sobre Venezuela. El primero recae en la afirmación de que todas las crisis económicas y políticas son resultado de la supuesta “dictadura” de Chávez y, ahora, de Maduro. La segunda mentira es que todo lo que acontece a lo interno del país es producto del gobierno y no de la organización popular. La tercera, y última, refiere a que el pueblo venezolano está sometido y sin margen de maniobra para transformar el país.
La “dictadura” y la participación opositora y popular
Una de las grandes mentiras que se reproduce en los medios de comunicación internacionales, así como en boca de políticos de derecha y ultra derecha de la región, es que en Venezuela existe una dictadura que no permite el mejoramiento en la vida de las personas. Estas afirmaciones, además de estar infundadas, han servido de pretexto para promover golpes de Estado, para excusar el intervencionismo y, por si fuera poco, para justificar las más de 930 sanciones que se reflejan, principalmente, en un bloqueo económico de múltiples consecuencias.
El argumento sobre la “dictadura” se desmorona al reconocer que en Venezuela se convoca, constantemente, a elecciones y consultas. La participación ciudadana en estos espacios es continua y no sólo cada que existen elecciones presidenciales, ya que se realizan referéndums revocatorios, consultas sobre cómo ejercer el presupuesto y qué proyectos llevar a cabo en las localidades y, también, sobre situaciones relacionadas con la política internacional del país. En este sentido, las y los venezolanos son llamados a las urnas constantemente para decidir y asumir las decisiones políticas del país, y de hecho, más allá de las que promueve el gobierno, más de una vez las comunidades o la población en general han propuesto consultas democráticas. Lo anterior toma diferentes dimensiones. Por ejemplo, puede ser muy claro que la participación en las consultas o referéndums revocatorios, promovidas por el propio gobierno, las respuestas se delimiten al sí o al no. Pero, en el caso de otras iniciativas en donde se deciden sobre temas que involucran a las comunidades, la población toma un papel protagónico en la promoción, el ejercicio y la ejecución de las consultas.
Todo lo anterior está relacionado con la llamada Consulta Popular Nacional y la permanente demanda de proyectos que hacen las comunidades. Al respecto, hay que aclarar que, aunque se trata de un órgano estatal, son las comunidades las que, primero y en un proceso asambleario (en donde incluso participan sectores de la oposición al chavismo), discuten y reflexionan sobre las necesidades de cada localidad, para que, en un segundo momento, logren delimitar a siete las propuestas que serán votadas en las urnas de la misma demarcación. Esto genera que cada comuna tenga su propia lista de prioridades y que sea la misma población, a partir de la reflexión colectiva y la reafirmación de la discusión en las urnas, quien decide en qué se gastará el presupuesto de gobierno que llega a su localidad. Las prioridades votadas varían en cada comunidad y tienen que ver con cosas como al drenaje, la impermeabilización de los hogares, el fortalecimiento de la economía y producción locales, la “cría de pollos de engorde”, la construcción de invernaderos o el fortalecimiento de granjas urbanas para fortalecer la economía popular.
También vale la pena describir cómo se gestionan las permanentes demandas hacia el gobierno, a partir de la discusión y reflexión de los consejos comunales de cada localidad, los cuales buscan resolver diferentes necesidades que se presentan cotidianamente en los territorios. Son las propias comunidades las que deciden si es necesario que se instale una misión educativa o una misión de salud, por ejemplo. Esta exigencia, desde las comunidades, no buscan la intervención diagnóstica del gobierno hacia los territorios, sino que son las personas las que deciden qué necesita cada espacio, lo cual, incluso, ha generado muchas veces tensiones con el gobierno.
En pocas palabras, los procesos consultivos y electorales no se delimitan a lo que se promueve desde las autoridades estatales, sino que, tal y como me lo mencionó en su momento Petra Suárez, de la comuna Forjando los Sueños de Ezequiel Zamora, y Rome Arrieche, de la comuna Miraflores, el avance del poder popular se realiza día a día desde la propia población y las consultas son sólo una herramienta más para la profundización de la organización comunal.
Regresando a la mentira sobre una supuesta dictadura en Venezuela, es necesario mencionar que ésta tampoco tiene fundamento cuando advertimos que la oposición del país tiene derecho a participar en las consultas y en las elecciones. Para muestra de esto mencionaré dos situaciones. El primer ejemplo, y tal vez el más emblemático, es la llegada de Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela en 2019. Este espacio legislativo tiene poder de decisión sobre múltiples cosas, como la de realizar enmiendas o reformas a la constitución. Un segundo ejemplo sobre esta situación, es la reciente elección de 2024, en donde participaron más de 10 candidatos a la presidencia, por lo que habrá que preguntarse si en una dictadura es posible el registro de 9 sectores opositores al gobierno.
La crisis económica en Venezuela es aguda, pero muchas de sus razones habría que buscarlas en otro lado, y no en ese retrato demonizante de su gobierno. Buscarlas, por ejemplo, en el interés del “hiperimperialismo” que promueve que Venezuela no pueda comerciar libremente con otros países y que causa una asfixia a la economía nacional y un impacto significativo en la vida de las y los venezolanos.
A pesar de lo anterior, y al igual que cualquier proceso social, el caso venezolano no es perfecto. Por ejemplo, incluso durante esta crisis económica profunda que afecta a miles de personas, se ha reconocido que existieron actos de corrupción, por parte de funcionarios de gobierno, en la estatal petrolera PDVSA. Se podría criticar, a su vez, la falta en los relevos de cuadros políticos que remplacen, desde el chavismo, a Nicolás Maduro y a sus allegados. Asimismo, es innegable que los millones de venezolanos que han migrado hacia otros países en busca de mayores estabilidades en su vida son síntoma de los problemas que aquejan a ese país. Sin duda, el proceso puede tener sus contradicciones y errores que pueden impactar en la vida de las personas. Pero atribuirle, como lo mencioné líneas atrás, todo el peso de la responsabilidad al gobierno por las crisis económicas es un sinsentido.
Es por todo lo anterior que urge analizar, a fondo, todo lo que implica el bloqueo económico hacia Venezuela. Tendríamos que fijar algunos puntos de partida: por ejemplo, un análisis sobre de la situación de cualquier país latinoamericano que no mencione al gobierno de Estados Unidos y al imperialismo, por sus implicaciones geopolíticas, sería inexacto, por decir lo menos, tal y como lo menciona Atilio Borón. Lo anterior implica la posibilidad de reconocer contradicciones y errores en el propio proceso, pero también mirar, como una clave fundamental, las acciones e intereses de Estados Unidos que, en este caso, han tenido como consecuencia una guerra económica contra Venezuela, cuyas sanciones tienen la clara intención de limitar las posibilidades para que cualquier venezolano o venezolana pueda adquirir, dentro de su territorio, cosas esenciales para su vida cotidiana. Así, las sanciones se convierten en un castigo colectivo con la intención de presionar a la población para que exista un cambio de gobierno.
¿Y cómo se materializan estas sanciones? Para responder esta interrogante hay que mencionar que el bloqueo tiene múltiples dimensiones, que incluyen la prohibición de donaciones extranjeras, la prohibición hacia la compra de bonos de la petrolera PDVSA, el congelamiento de cuentas bancarias de gobierno (lo que impide, entre otras cosas, la compra de medicamentos a otros países), sanciones a empresas venezolanas (lo que les impide comerciar con capital extranjero), la prohibición en la compra de oro y petróleo venezolano, el despojo de bienes en otros países (empresas, inmuebles y dinero), etc.
Es mediante todos esos y otros mecanismos que la guerra económica, promovida por Estados Unidos y a la cual se ha sumado la Unión Europea, sofoca a la economía venezolana. Solo por poner un ejemplo, consideremos que la dependencia de este país hacia la producción de petróleo (que después de las sanciones tuvo una baja del casi 90% en su exportación) representa un impacto del casi 37% del Producto Interno Bruto. Ante esta situación, preguntémonos: ¿qué pasaría, por ejemplo, si en México, dada la dependencia estructural que aún impera en nuestra nación, no pudiéramos comerciar nuestro petróleo, o no pudiéramos comprar medicamento o tecnología a otros países? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, las cuentas bancarias en México fueran robadas y no se pudiera solventar la compra de necesidades básicas, tal y como pasó cuando Estados Unidos le regaló el control de las cuentas venezolanas (el dinero de todo un pueblo) a Juan Guaidó? ¿Tendría México la capacidad y la autogestión para resolver la ausencia de importaciones y exportaciones? Esta guerra económica, que no es más que un castigo colectivo a la población, ha impactado significativamente en la vida de las personas y también es en parte causante del número elevado de la migración que vive el país.
“Dictadura” no, organización popular sí.
Una segunda mentira recae en la afirmación de que todo lo que acontece dentro del país es orquestado por el gobierno, lo cual niega la existencia de la organización popular.
En Venezuela existen múltiples expresiones de organización popular, pero tal vez las más relevantes son las llamadas comunas que, al día de hoy, casi alcanzan las cuatro mil a nivel nacional. Estos espacios, que se dividen en comunas urbanas, rurales, indígenas y mixtas, tienen la intención, entre otras cosas, de fortalecer el poder popular desde la ciudadanía, de transformar los territorios de manera colectiva y de organizarse para la autodeterminación de los pueblos a partir de la formación política, la construcción de una economía comunal y por medio de algunos procesos educativos como la llamada Universidad Bolivariana de las Comunas.
Cada comuna avanza a un ritmo propio según las condiciones en las que se encuentra, por lo que la capacidad de formación política y de organización no necesariamente es la misma en todo el territorio. Pero la simple existencia de estos espacios representa un avance en el poder popular, más allá de quién ocupe el gobierno en turno. Además, como resultado de esta organización popular, ha surgido la Unión Comunera, que tiene como propósito abanderar el socialismo, la lucha antiimperialista, el feminismo comunal, el ambientalismo y el proyecto Bolivariano y Chavista del Estado comunal desde los territorios de la población.
Si uno conversa con casi cualquiera de los integrantes de este espacio organizativo, podrá escuchar que su lucha va más allá de las elecciones, porque, ante los intentos de desestabilización de las derechas, lo que está en riesgo “es la revolución, que es la gente y no solo el gobierno”, como me lo mencionaron hace un año algunas compañeras y compañeros de la Comuna de Miraflores. Esto no quiere decir que no exista un respaldo hacia el gobierno o que no participen de las elecciones. Lo que significa es que su lucha tiene como principio la profundización del poder popular.
La organización popular de las y los venezolanos demuestra que todas las decisiones sobre lo que acontece en el país no recaen necesariamente en el gobierno en turno, ya que muchas veces son las propias comunas las que deciden el futuro de sus territorios en función de sus propias necesidades. Tenemos, por ejemplo, a la comuna El Maizal que desarrolla, entre otras cosas, procesos de producción y reproducción agroalimentarios o, por otro lado, la comuna de Miraflores en donde los habitantes decidieron expropiar una panadería privada francesa (que participó en la desestabilización social y económica en 2019) para producir alimentos a bajo costo y para que las ganancias fuesen inveridas en el mejoramiento de la comunidad. La organización popular es la base de la revolución bolivariana y muchas veces no depende del gobierno, sino del proyecto político. No es el gobierno quien decide en dónde habrá una comuna, sino la organización de las y los habitantes de cada localidad lo que hace posible su existencia. Si existiera una dictadura, una organización popular de estas características, que incluso también ha tenido tensiones con el gobierno por lo que representa el poder político en una institución y la construcción de un Estado Comunal, no sería posible.
Las comunas son un proyecto de relevancia histórica y política, aunque sus procesos organizativos sean heterogéneos. Esta afirmación, sumada al avance en la producción y comercialización que se realiza entre distintas comunas (es decir, una economía comunal que no depende del Estado) y a las tensiones que existen con el gobierno, va a contrapelo de lo que algunos teóricos, como Raúl Zibechi y Decio Maldonado, afirman cuando comentan que, “a diferencia de los soviets en Rusia, las comunas están sometidas a ese arriba que las creó”.
Una comuna es un proceso que, si bien esta legislado por las leyes de gobierno, su concreción y operación depende de la población de cada localidad. Es insensato pensar que, de las más de 3,641 comunas registradas en 2023, éstas se encuentren subordinas a la lógica del gobierno. Asimismo, no hay que confundir el respaldo al gobierno con subordinación, tal y como lo afirma la comuna El Maizal cuando dice: “el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para mantener el poder político, pero si el pueblo no está organizado, sino luchamos, el gobierno puede acabar cediendo al enemigo”. La comuna, en este sentido, tiene autonomía para decidir sobre lo que acontece en su comunidad, y tal es el caso de la comuna del barrio de San Agustín, ubicado al sur de Caracas, en donde, entre otras cosas, han fortalecido su tejido comunitario a partir del trabajo artístico y cultural con la intención de construir nuevas formas de ser y hacer ciudad desde los valores del barrio.
Por otro lado, tal vez uno de las cosas más relevantes y potentes que se han construido, es la llamada economía comunal que se basa, entre otras cosas, en la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de bienes básicos entre las propias comunas, sin una intermediación por parte del gobierno. Si una comuna produce alimentos porcinos, puede distribuirlos con otras comunas. Si otra produce café, puede distribuirlo y comerciarlo con las demás. Esta distribución puede hacerse mediante la compra a precios justos o mediante el trueque. Asimismo, la economía comunal incorpora el intercambio de saberes, a partir de procesos pedagógicos, teóricos y prácticos, desde el conocimiento de cada comuna, para que no sólo se distribuyan los bienes de consumo, sino también las capacidades de cada localidad.
Esto puede presentar límites en su construcción, ya que las comunas no se encuentran ajenas a lo que acontece más allá de ellas. Pero su organización demuestra, como me lo mencionaron las y los mismos comuneros de distintas localidades, que “se encuentran preparados para los retos que se presenten, incluso el bloqueo económico”.
“Sometimiento” del pueblo venezolano
La tercera y última mentira que abordaré en este texto se nutre de las dos anteriores y se refiere a la afirmación de que el pueblo venezolano está “sometido” y no tiene margen de maniobra para transformar el país. Esta mentira, resultado de las campañas mediáticas de desprestigio y desinformación, ha resultado en la creencia de que las y los venezolanos viven en un supuesto régimen de excepción en donde no hay ni siquiera el derecho a protestar.
Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, la oposición venezolana puede movilizarse libremente o disputar en las elecciones sin necesidad de solicitar algún tipo de permiso especial hacia las autoridades nacionales. El supuesto sometimiento del pueblo, anunciado principalmente por personas opositoras al gobierno dentro y fuera del país, no es más que una disputa en la correlación de fuerzas en, cuyo proceso las derechas han perdido en muchas dimensiones.
El problema, de nueva cuenta es más complejo, pues no podemos perder de vista que en Venezuela la oposición ha llamado a las fuerzas armadas a sublevarse contra el gobierno, ha usurpado funciones de las instituciones y hasta ha promovido la vandalización de hospitales públicos. Sus protestas no han sido siempre pacíficas, y han llegado incluso a quemar a personas vivas. Sus figuras, como Juan Guaidó, han llamado a la desestabilización social, a tomar las armas, a usurpar funciones presidenciales y a promover el intervencionismo militar de países extranjeros.
El pueblo venezolano, que profundiza su organización popular cada día, tiene la capacidad para enfrentar al imperialismo y el intervencionismo extranjero. Son miles las personas las que, de manera simultánea, respaldan al gobierno y profundizan transformaciones en su territorio. Las elecciones pasadas, como lo afirma Atilio Borón, fueron cruciales no sólo para Venezuela, sino para la región. Sostener la narrativa de que en Venezuela existió un fraude, sin pruebas fidedignas de por medio, o de que la revolución bolivariana ha llegado a su fin es no entender la complejidad de un proceso de décadas, que, a pesar de las dificultades, los errores y el intervencionismo imperialista, continúa vigente y representa otro horizonte organizativo posible.
