Segunda de dos partes: lee aquí la primera
La 4T como tentativo populista de solución de la crisis de la vía neoliberal en México
Intento de revolución pasiva y transformaciones del Estado
El aspecto más visible de la crisis de la vía neoliberal en México ha sido la desigualdad y exclusión sociales, las cuales provocaron un proceso continuo y creciente de disociación de la sociedad política respecto de la sociedad civil. Ello precipitó el tsunami electoral de 2018, caracterizado por la debacle de representatividad de los partidos tradicionales (PRI, PAN y PRD), y la irrupción de Morena como partido mayoritario. Tal irrupción rompería con la relación de fuerzas entre aquellos partidos que había sustentado el régimen político parlamentario —régimen que, a su vez, había sucedido al de partido de Estado a partir del 2000.
Con ello se encumbraba en el poder el gobierno de la 4T, llevando a cabo un proceso de revolución pasiva (Márquez Covarrubias, 2020) para resolver la crisis de la vía neoliberal sin su superación. Se trataba de configurar una hegemonía hacia las clases y grupos subalternos a partir de la creación de una nueva identidad popular como reacción a la propia desigualdad y exclusión sociales, bajo el principio ideológico de “primero los pobres” (“… por el bien de todos”), el cual se volvería parte medular de un contra discurso antineoliberal.
La revolución pasiva de la 4T implica de modo contradictorio la transformación del Estado en sentido restringido (como sociedad política, considerando el militarismo), que ratifica el reagrupamiento político de fuerzas sociales que llevó a Morena al poder, sin transformación productiva-social (de la sociedad civil). Con lo anterior, se estaría resolviendo la disociación sociedad política/sociedad civil a partir de la primera transformación, a la vez que se evita la segunda transformación (Márquez Covarrubias, 2020).
Este proceso de revolución pasiva ha sido impulsado por una nueva intelectualidad política populista, representante de clases y grupos subalternos, que han desplazado a la tecnoburocracia neoliberal y reconfigurado al grupo hegemónico en su parte “ilustrada”. En ese sentido, la nueva intelectualidad de la 4T busca el establecimiento de nuevos acuerdos con grupos de la facción de la burguesía agro minero-exportadora y su extensión industrial de carácter oligopólico-rentista en torno a los proyectos infraestructurales —como el Tren Maya, la refinería Olmeca de Dos Bocas o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo— y de refinación de petróleo —con constante participación de ICA—, impulsados por el Estado. También se buscan alianzas con medios de comunicación afines (Márquez Covarrubias, 2020). Lo que se persigue es una completa reconfiguración del grupo hegemónico, el cual, al tiempo que ahora incorpora demandas de clases y grupos subalternos, deja intacta la alianza internacional con el capital industrial y financiero de origen externo transnacionalizado y promotor del neoliberalismo (Ordóñez, 2017).
El nuevo grupo hegemónico se encuentra apoyado por un bloque social emergente que incluye a un amplio grupo social multiclasista aglutinado en torno a la nueva identidad popular y favorecido por el asistencialismo estatal de los programas sociales, a los estamentos militares del ejército y la marina, a la iglesia evangélica, a grupos de las clases medias baja y media, y a diversos sectores intelectuales (Márquez Covarrubias, 2020).
La revolución pasiva se completa, así, con un proceso de asimilación “molecular” o transformismo de grupos del empresariado en torno a los proyectos estatales y de aquellos medios de comunicación recién aludidos, pero también de la intelectualidad política de la antigua tecnoburocracia neoliberal y de dirigencias partidistas que han resultado en alianzas partidistas totales,[1] así como de personajes políticos individuales que se han integrado al proyecto de Morena en momentos políticos claves.[2] Además, el transformismo se extiende a grupos de la intelectualidad científica y humanística que habían sido marginados anteriormente, integrándose por medio de la reforma en Ciencia, Tecnología e Innovación y de los nuevos Programas Nacionales Estratégicos orientados a la extensión de los programas sociales a los intelectuales más que al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación[3].
Por su parte, la transformación del Estado en sentido restringido va acompañada de una racionalización y redistribución del gasto estatal bajo el principio ideológico de la “austeridad republicana”. Entre los rubros más favorecidos en el periodo 2019-2023 destacan el energético (PEMEX-CFE), el turismo (Tren Maya[4] y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec[5]), el desarrollo social-bienestar, y las secretarías de Marina y Defensa Nacional. En cambio, entre los más desfavorecidos están la ciencia y la tecnología, y la salud.
En ese marco, la transformación del Estado va en tres direcciones interrelacionadas:
1) La concentración del poder en el ejecutivo federal y el proceso de militarización en detrimento de otras instancias del poder político-civil estatal, así como de la sociedad civil.
Se ha verificado una centralización de la comunicación y discursiva estatal en la presidencia, por medio del desmantelamiento de las oficinas de comunicación ministeriales, lo cual le posibilita dirigir y controlar la agenda política nacional al inicio del día mediante las “mañaneras”. En el mismo sentido opera la creación de la Coordinación General de Delegados, cuya estructura burocrática rinde cuentas directamente a la presidencia y la coordina con los gobiernos estatales, concentrando los recursos de las antiguas delegaciones ministeriales federales (Dussauge-Laguna, 2021)[6].
Además, la crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales, y el papel de Morena como correa de transmisión del ejecutivo en el legislativo, repercuten en la pérdida de poder del segundo respecto al primero, sumado a la supresión de los centros de investigación legislativos que concentran el poder de decisión en los jefes de bancada y en las comisiones legislativas claves (Márquez Covarrubias, 2020).
Ante ello, el Poder Judicial fue el único que se erigió como freno del ejecutivo, emitiendo suspensiones judiciales contra proyectos icónicos como el Tren Maya, la Reforma Eléctrica, la de hidrocarburos e incluso la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos (Arcos Robledo, 2023). Esto desató una ofensiva contra el Poder Judicial que incluyó la campaña de desprestigio en la opinión pública desde la presidencia, el logro de una mayoría favorable de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las reformas a las Leyes de Amparo y de Amnistía, la reducción de las prestaciones de la alta burocracia judicial, la reciente supresión de sus fideicomisos, y que ha culminado recientemente con la actual reforma del Poder Judicial que lo desmantela en su forma precedente y posibilita la promoción de la elección de ministros, magistrados y jueces afines al Poder Ejecutivo y a la mayoría del Poder Legislativo.
El proceso de concentración del poder en el Poder Ejecutivo también se observa en la militarización que va en detrimento del poder político-civil estatal y de la sociedad civil, al involucrar a las fuerzas armadas en actividades civiles de reproducción social, como el resguardo de vacunas, la gestión de aduanas y aeropuertos, las comunicaciones marítimas, la operación de bachilleratos militarizados, etc. Asimismo, han ido desplazando a la policía, lo que culminó con la creación de la Guardia Nacional y su incorporación operativa a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Además, las fuerzas armadas han desarrollado una extensión productiva-empresarial que las involucra en los servicios productivos, aspecto en el que destaca la creación de las empresas paraestatales con participación militar mayoritaria del Grupo Olmeca-Maya-Mexica, el Tren Maya, la Aerolínea del Estado Mexicano y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (Ravelo, et al., 2024).
2) La eliminación de instituciones de mediación entre el Estado y la sociedad civil materializada en el desmantelamiento de los organismos autónomos y la expropiación de fideicomisos.
Los organismos autónomos constituyen instancias de gobierno con participación de la sociedad civil que llevan a cabo funciones regulatorias. Por ello, su eliminación debilita a la sociedad civil frente al Estado, al tiempo que vulnera las capacidades intelectuales e institucionales del Estado para la gestión del desarrollo. Ello se traduce en una disminución del gasto promedio anual 2019-2023 a organismos regulatorios, como la Comisión de Energías y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Por su parte, la expropiación de fideicomisos posiciona al ejecutivo en la interlocución directa con los beneficiarios de los programas gubernamentales (Márquez Covarrubias, 2020).
3) La perspectiva del regreso al régimen político de partido de Estado, en lugar del régimen parlamentario surgido en el 2000.
Esa perspectiva es alentada por la irrupción de Morena, la debacle de los partidos tradicionales, la pérdida de poder del legislativo frente al ejecutivo, además de las acciones de debilitamiento presupuestario e institucional del INE, como parte del desmantelamiento de los organismos autónomos. La gran limitante, sin embargo, radica en la falta de consolidación de Morena como partido y en su carácter de instrumento electoral-clientelar de los programas sociales y de colocación de cuadros en funciones gubernamentales, cuya verdadera estructura de operación política es la Coordinación General de Delegados —y que, por lo tanto, se encuentra en manos del Poder Ejecutivo (Márquez Covarrubias, 2020).
Continuidad en la liberalización de las fuerzas del capital en la economía
En el gobierno de la 4T, la continuidad en la liberalización de las fuerzas del capital en la economía se evidencia en tres aspectos: 1) la persistencia de la trayectoria de crecimiento de las principales actividades económicas asociadas a la facción hegemónica de la burguesía agro-minero exportadora y su extensión industrial; 2) la falta de dinamismo en el sector estratégico de la fase actual del capitalismo —el sector electrónico-informático y de las telecomunicaciones (SE-IT)—; y, 3) la disminución del crecimiento de las actividades relacionadas con la generación de conocimiento.
Algunas actividades relacionadas directamente con la facción de la burguesía agro minero-exportadora y su extensión industrial —como la producción de alimentos, bebidas y tabaco— han seguido una tendencia de mayor crecimiento, mientras que las industrias de “petroquímica y plásticos”, y de “metálicas básicas y productos” muestran una cierta recuperación con posterioridad a la pandemia de Covid-19, después de unas disminución de la producción y tendencia al estancamiento, respectivamente, iniciadas en el periodo previo a 2018. En esas actividades se asientan algunas de las transnacionales mexicanas importantes que han tenido condiciones favorables para su internacionalización. Sucede lo mismo entre “medios masivos”, en los cuales, a pesar de ser parte del núcleo dinámico del SE-IT, sigue predominando, en nuestro país, la centralización del capital y la gestión rentista de las redes en los servicios de telecomunicaciones.[7] Lo anterior continúa limitando la capacidad articuladora y dinamizadora del sector sobre el resto de la economía (Ordóñez, 2020). Por su parte, las industrias nacionales desmanteladas con los procesos de apertura comercial —como la industria textil, la de cuero y piel, y la de madera, papel e impresión— han tendido aún más a la baja en el periodo de la 4T.
Ahora bien, si las actividades económicas relacionadas con el núcleo dinámico del SE-IT han mantenido un bajo crecimiento, aun cuando el conjunto del sector y la industria electrónica en particular muestran una cierta recuperación posterior a la crisis sanitaria —algo más notorio aún en el equipo de transporte (automotriz) perteneciente al núcleo dinámico precedente—, ello está relacionado con los procesos globales de relocalización mundial en las cercanías (nearshoring) y no a acciones del gobierno de la 4T.
Estos procesos de relocalización se pueden observar en el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED): durante el gobierno de la 4T se verifica una reconcentración espacial en la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California y Jalisco, en detrimento de otras entidades tradicionalmente favorecidas por la IED como el Estado de México, Coahuila, Guanajuato y Chihuahua, y aún más de las entidades tradicionalmente desfavorecidas del Sur y Sureste como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. agudizando con ello el desarrollo regional desigual.
Adicionalmente, se mantiene una racionalidad que favorece al capital financiero y los servicios de reproducción social, en detrimento de los servicios productivos y las actividades de generación de conocimiento: aun cuando los servicios financieros y de seguros han desacelerado su crecimiento, su ritmo de crecimiento se mantiene por arriba de los servicios profesionales, científicos y técnicos, y aún más sobre los servicios educativos —cuyo comportamiento ha tendido al estancamiento—, así como respecto de los servicios de salud y asistencia social.
Por consiguiente, la persistencia en la liberalización de las fuerzas del capital se traduce en un modo de acumulación que favorece las actividades de asentamiento de la facción hegemónica agro-minero exportadora y su extensión industrial, a la vez que prioriza el crecimiento del capital financiero y los servicios de reproducción social, por sobre los productivos y los asociados a la generación de conocimiento, y profundiza el desarrollo regional desigual.
Luego del recorrido aquí propuesto, es posible afirmar que la 4T no supera la vía neoliberal, ya que la transformación del Estado en sentido restringido —sin cambio productivo-social— como eje de la revolución pasiva populista posibilita la continuidad de la liberalización de las fuerzas del capital con una inclusión social asistencialista-consumista, que va en detrimento de la generación de capacidades tecnológico-productivas y de una mejora sostenida del nivel de vida y cultural de la sociedad. Además, la pérdida de capacidades intelectuales, institucionales y financieras del Estado le impiden generar las condiciones generales de una acumulación basada en los procesos de conocimiento y el aprovechamiento de las especificidades del atraso para promover el desarrollo económico-social y espacial en las actuales condiciones históricas.
Referencias
Arcos Robledo, Héctor Sebastián. (2023). “El proyecto iliberal de la 4T contra el poder judicial”, Nexos, consultado el 02 de septiembre de 2024.
Basave, Jorge. (2016). Multinacionales mexicanas: surgimiento y evolución. Siglo XXI Editores, UNAM-IIEc.
BBC News Mundo. (2024). “Yunes, traidor”: quién es el polémico senador opositor que le dio a AMLO el voto clave para la aprobación de la reforma judicial en México, consultado el 27 de octubre de 2024.
Castillo Jiménez, Elia. (2024). “La entrega de 21 diputados del Verde y el PT le da a Morena un control casi total del Congreso”. El País, consultado el 27 de octubre de 2024.
Conacyt. (2021). Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Dussauge Laguna, Mauricio I. (2021). “‘Doublespeak Populism’ and Public Administration: The Case of Mexico”. Michael Bauer et al. (coords.), Democratic Backsliding and Public Administration How Populists in Government Transform State Bureaucracies, Cambridge University Press, pp. 178-199.
Gómez Salgado, Arturo. (2023). “El corredor transístmico atraerá 2 mil mdd en 2024”. Milenio, consultado el 30 de septiembre de 2024.
Hernandez, Edgar. (2019).“¡La danza de los 223 millones de pesos!”. Municipio Sur, consultado el 8 de agosto de 2024.
Lopez, Italia. (2023). “Mota-Engil se lleva tres polos de desarrollo en la licitación del Corredor de Istmo de Tehuantepec”. CMIC, consultado el 2 de octubre de 2024.
Mares, A. Mario. (2023). “Corredor Interoceánico, ¡arranca!”. El Economista, consultado el 30 de septiembre de 2024.
Márquez Covarrubias, Humberto. (2020). “Manual de operación de la república 4T: presidencialismo, militarización, neoliberalismo y populismo”. Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis, 9 (27), pp. 23-43.
Monroy, Jorge. (2022). “SCJN declara constitucional la figura de ‘superdelegados’ creada por AMLO”. El Economista, consultado el 29 de julio de 2024.
Ordóñez, Sergio (2017). “Ciclo Industrial, Bloque Histórico y Facciones de Capital en México”. Ensambles, en sociedad, política y cultura, 3 (6), pp. 31-52.
______ (2020). El sector electrónico-informático y de las telecomunicaciones y el desarrollo en México. UNAM-IIEc.
Ravelo, Alejandro, et al. (2024). El negocio de la militarización: Opacidad, poder y dinero. México unido contra la delincuencia.
Notas
[1] Los grupos dirigidos por personajes como Olga Sánchez Cordero y Esteban Moctezuma, por Marcelo Ebrad y Manuel Barlett, además de otros grupos de políticos priistas y panistas (Márquez Covarrubias, 2020). Las dirigencias del PT y el PVEM, partidos satélites del PRD y PRI respectivamente, se suman a la coalición “Sigamos haciendo historia” de Morena en las elecciones del 2 de junio de 2024, y, posteriormente, para mantener la mayoría calificada en el Congreso, realizaron traspasos de curules (Castillo Jiménez, 2024).
[2] Como el voto del senador del PAN Miguel Ángel Yunes Márquez a favor de la Reforma Judicial impulsada por Morena, el cual permitió que obtuviera la mayoría calificada en el Senado con 86 votos (BBC News Mundo, 2024).
[3] El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024 enfocó esfuerzos en los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) y amplió las becas para estancias posdoctorales, para madres mexicanas jefas de familia y para indígenas (Conacyt, 2021). Asimismo, la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada en mayo de 2023, centralizó la organización y decisiones en este ámbito.
[4] Las licitaciones favorecieron a empresas mexicanas como Eyasa, vinculada a Julio Enrique García Martínez, quien está a su vez relacionado con la familia Yunes en Veracruz (Hernandez, 2019).
[5] En este corredor intervinieron las empresas de capital portugués-chino Mota Engil México S. A. P. I. de C.V., de capital español COMSA Corporación y Grupo Azvi, y varias de capital mexicano, como Grupo Constructor Urcedic, Profharmax y Transportador a COMEXSA, Consorcio Ferromaz, Comsa Infraestructuras y Grupo Constructor Diamante, y el Grupo Industrial Hermes de la familia Hank Rhon (Mares, 2023; Gómez Salgado, 2023; y Lopez, 2023).
[6] En mayo de 2022, tras una controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la figura de “superdelegados”. De esta manera, el Poder Ejecutivo Federal cuenta en los 32 estados con Delegaciones de Programas para el Desarrollo (Monroy, 2022), los cuales dependen de la Secretaría del Bienestar.
[7] En alimentos y bebidas: Grupo FEMSA (Cervecería Cuauhtémoc), Cervecería modelo, Bimbo, Herdez, Gamesa, GRUMA (Maseca), Lala, Bachoco, Axa (Kir alimentos), ALSEA (franquicia Dominos Pizza), Pulsar (La Moderna). En construcción: CEMEX, Grupo VITRO, Cementos Chihuahua, ICA. En metalmecánica: San Luis Corp. (Rassini), Industrias CH (Herramientas S.A.), AHMSA (Altos Hornos de México), PROEZA (Manufacturas metálicas Monterrey), INTERCERAMIC (Internacional de Cerámica). En petroquímica: MEXICHEM (Cables mexicanos). En minería: Grupo México (ASARCO Mexicana). Peñoles. En comercio: Grupo Carso (Sanborns), Grupo Elektra (Salinas y Rocha), Organización Soriana, La Comer, El puerto de Liverpool. En medios masivos: Telmex, Televisa, Televisión Azteca. (Con datos de Basave, 2016).
