
Dossier Democracia, Ciudadanía y Propiedad
Nuria Valverde
El director general de Anthropic, se ha dado cuenta, creo, de que, si partes de su marco filosófico —es decir, de que “nos merecemos toda la propiedad intelectual del mundo, nosotros, las mil personas que pensamos como pensamos”—, eh, entonces no puedes trabajar con el ejército… Y por eso mismo puedes tomar la propiedad intelectual de las empresas e incorporarla a tu modelo. Ese modelo requeriría una protección legal muy sólida frente a la responsabilidad civil, y sólo hay una institución que puede ofrecerla: el Gobierno de EE. UU…
Alexander Karp, cofundador y director general de Palantir Tech
Palantir y la transformación de la doctrina de seguridad
En los últimos años se ha incrementado el número de conflictos bélicos a nivel global en los que están implicados un estado o gobierno. El número de muertos ha escalado en la década de 2020 y menos áreas acogen más conflictos bélicos. Todo ello en el contexto de una reacción ante la multilateralidad que abandera la imposición de una pax Americana forjada en torno a las posibilidades de las nuevas tecnologías.
En el año 2000 la Unión Europea (UE) descubría que en su territorio estaba operando Echelon, la primera herramienta de espionaje masivo aplicada por los Five Eyes (US, UK, Nueva Zelanda, Australia y Canadá) y orientada, sobre todo, al espionaje político e industrial. Siete años después, Peter Thiel afirmaba que éste era el instrumento ideal para la pax Americana. Afirmaba también que Estados Unidos todavía no estaba preparado para afrontar el nuevo tipo de enemigo que había surgido (encarnado en los atentados de 2001) y que estaba presente hasta en los confines más remotos de la Tierra. Las dos afirmaciones conjuntas eran un anuncio publicitario de su empresa Palantir Technologies, recientemente fundada en ese entonces. Eran, también, una invitación para expandir la doctrina Monroe hasta donde fuese posible y el resultado de cómo se imaginó la defensa del Continental United States (CONUS) en el año 2000, antes de los atentados y a la luz de los nuevos armamentos y las teorías de la asimetría positiva. Lloviendo sobre mojado, la estrategia de renovatio mundi que Thiel esbozaba y desarrollaría en los años siguientes estaba anticipada en las limitaciones identificadas en ciertos documentos estratégicos de la defensa americana, tales como el Joint Vision 2020.
Entre el año 2000, cuando la UE ordena una comisión para investigar la penetración de Echelon y descubre su negligente política en relación a la privacidad en la esfera digital, y 2007, que es cuando Thiel publica “The Straussian moment”, la falta de reacción respecto a los problemas abiertos por el espionaje digital indiscriminado y sistemático va a permitir dos cosas: por un lado, que se consolide una noción de “seguridad nacional” en la que —reduciéndola al combate contra el terrorismo— se solapan las competencias militares y policiales; y, por otro, que la violación de la privacidad se juzgue exclusivamente desde la violación de la propiedad, y específicamente desde la propiedad intelectual. El objeto de preocupación primordial era, pues, el espionaje industrial (dentro del cual caía el potencial uso bélico de las nuevas invenciones).
En este periodo gran parte de las herramientas de inteligencia, control y agresión o intervención radical eran producidas por empresas privadas. Su uso estaba al alcance de individuos y organizaciones no estatales que, de forma inesperada, las utilizaron como alternativas a la precariedad en la defensa convencional. Y lo hicieron, según Melissa Applegate, analista y asesora de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA por sus siglas en inglés), de una forma “tan antinatural, tan ‘descortés’, tan injusta”. Anticiparse al enemigo exigía trabajar en la identificación de vulnerabilidades no detectadas, derivadas precisamente de las ventajas imprevistas producidas por las asimetrías económicas, geopolíticas y organizacionales. Esto es lo que hacía central el espionaje, y a la vez no tan relevante ya la carrera armamentística.
El cambio cultural que está teniendo lugar en las fuerzas armadas se va a proyectar sobre las visiones del capitalismo iliberal libertario amparado por el consorcio de Peter Thiel. Un capitalismo opuesto a la competición y sujeto a una filosofía adversativa —o contrariadora—. Este texto esboza algunos de los puntos de retroalimentación entre los modelos estratégicos militares y las iniciativas y expectativas de esos grupos, que culminan con la última invitación de Alexander Karp a que los macro AI-labs de Silicon Valley se acojan a la protección del Estado para evitar los litigios que su política de depredación de la propiedad intelectual podría generar. Esta estrategia no sólo indica cuáles son los mecanismos de penetración del iliberalismo libertario, sino que invita a considerar el lugar de la posesión en los diferentes procesos de control de población y territorio.
Territorios de excepción y utopías libertarias
La tierra ha sido prometida a los pacificadores. La idea de un nuevo nomos de la Tierra les pertenece únicamente a ellos.
Carl Schmitt, El nomos de la Tierra (1950)
En julio de 2001, el jefe científico del Centro de Investigación de Langley de la NASA, Dennis Meyer Bushnell, realizó una presentación sobre los desafíos estratégicos del futuro y sobre cómo afectarían a la guerra en torno a 2025. No dejaba ninguna duda de que las políticas futuras se orientarían a la transformación de la naturaleza y de la población por medio de procesos de bioingeniería, terraformación, nanointervención o intervención robótica y automatización de las decisiones. Tampoco de la importancia de la comercialización de estas tecnologías, ni de las amenazas que tal comercialización implicaría. Terminaba con un diagnóstico y una recomendación. El diagnóstico era que hacia 2025 se llegaría al fin de las guerras defensivas. La recomendación era elaborar y publicitar, como técnica disuasoria, una medida de represalia que fuera realmente eficaz, en la dirección de que implicaría una “destrucción mutua asegurada”.
El documento contenía en su imaginario una intensificación de la presión sobre el territorio —terrestre o extraterrestre— para garantizar todos los recursos. En primer lugar, contemplaba el uso de espacios deshabitados o escasamente poblados en los que se pudiera desarrollar una ingeniería agroalimentaria que permitiera garantizar la autonomía frente al enemigo. En segundo lugar, daba cuenta de que la movilidad que se gana con las nuevas armas amenazaría todo el sistema de almacenaje de material distribuido por Europa y Asia; y esto es importante porque el almacenaje permite una intervención rápida, ya que sólo hay que movilizar a la tropa. Por último, al reconocer las ventajas estratégicas del enemigo que desplazaba el centro de operaciones a las grandes ciudades y que utilizaba las estructuras comerciales globales para gestionar sus redes de suministro, identifican un modelo de infraestructura: las Zonas Económicas Especiales (SEZ, por sus siglas en inglés). En torno a éstas se va a gestar la concepción de vía política representada por el libertarianismo capitalista.
Las SEZ, al operar como burbujas normativas, permitían controlar la intervención (o, en términos más unilaterales, la interferencia) de las potencias extranjeras. En principio estas burbujas eran económicas, pero en el año 2000 las zonas francas industriales empiezan a dejar de ser zonas puramente productivas para abarcar la oferta de servicios: zonas de salud, complejos deportivos, instituciones educativas, urbanizaciones. En muchos casos, la inversión inmobiliaria se convirtió en el negocio central de estas zonas. En el caso de la India, por ejemplo, a mediados de los 1990s se habían producido los movimientos de resistencia contra las zonas de procesado de la exportación (EPZ, por sus siglas en inglés: los antecedentes de las SEZ). Tales movimientos protestaban contra la idea de que las EPZ trajeran crecimiento económico y felicidad social, y, como señala Michael Levien, estuvieron acompañados de demandas de infraestructura social a las que las SEZ intentaron dar respuesta, consolidando dinámicas de desposesión y privatización. Por otro lado, las zonas económicas especiales habían formado parte de la estrategia de reconversión de la industria militar china desde, al menos, los años 90. En ese caso, se buscó una forma dual de producción civil y militar que permitiera distribuir el gasto militar, garantizar el mercado y mantener el ritmo de la innovación. Lejos de ser un gesto de desmilitarización, el modelo dual integraba en el modelo productivo la “amenaza existencial” y fortalecía la disuasión.
Este modelo dual resultaría atractivo para el proyecto de libertarianismo capitalista y religioso, o apocalíptico. No sólo porque la incorporación de la violencia es constitutiva del proyecto libertario ultraconservador, dentro del cual la existencia de “islas de excelencia” neutrales constituye una aberración moral y existencial, sino porque sólo en este tipo de espacio emerge el tecnomesías que Thiel se muere por ser: “El destino de nuestro mundo podría depender del esfuerzo de una sola persona que construya o difunda el mecanismo de la libertad que hace que el mundo sea un lugar seguro para el capitalismo”. A fuerza de pensar en la realización física de estos mundos experimentales, y en su conexión con los proyectos empresariales que abandera, va a aflorar lo que podemos llamar “el problema del punto cero de intervención”.
En 2008, Thiel se embarca en la financiación del Instituto de Colonización Marina (The Seasteading Institute). Lo hace tras haber definido filosóficamente su panorama utópico, que implicaba abandonar la política como conciliación de consensos multilaterales, para reintegrarla como gestión de la rivalidad y la violencia capitalista (momento, según él, inherente a la naturaleza humana y constructivo de la sociedad), en comunidades pastoreadas por “hombres y mujeres de Estado cristianos”. En abril de 2009, el Cato Unbound publica el monográfico From Scratch: Libertarian Institutions and Communities, cuya contribución principal es de Patri Friedman. En ella, Friedman defiende la necesidad de construir la utopía libertaria en espacios no intervenidos anteriormente. “Sólo partiendo de cero —dirá— se puede crear una estructura mejor sin tener que hacer frente a intereses arraigados, que suelen oponerse a la innovación porque esta reduce su poder. Históricamente, la frontera ha servido como ese lienzo para la experimentación.”
El argumento es simple: los gobiernos son monopolios geográficamente segmentados y, dado que la tierra es escasa y limitada, para producir un nuevo gobierno es necesario encontrar espacios “vírgenes”; de lo contrario, se requeriría derrotar al gobierno anterior, lo que significaría ganar una guerra, una elección o una revolución. Esta lógica del “lienzo en blanco” o del “nuevo espacio de juego” ya había penetrado en la ordenación de las zonas económicas especiales. Entre otras cosas porque muchas se ubican en áreas de conflicto o de tensión social. Un caso paradigmático, analizado por Kevin Wood, es el de los territorios fronterizos entre China y Birmania a mediados de los 90, el cual daría lugar a lo que el autor llama “capitalismo de alto al fuego”. En este tipo de procesos de territorialización militar-estatal en áreas en las que se consigue paralizar el conflicto (en lugar de resolverlo), las SEZ son utilizadas para canalizar flujos de capital a tierras no estatales y ricas en recursos (como las tierras comunales), absorbiendo y controlando así los recursos locales que permitían la resistencia o autonomía de un área conflictiva. Las concesiones se convierten en estrategias específicas de seguridad militar de posguerra. Se trata de un proceso afín a las propuestas actuales de reconstrucción de áreas arrasadas por el conflicto bélico, como Gaza.
El correlato de Birmania son las zonas especiales de desarrollo y empleo en Honduras, propuestas en 2011 y popularizadas por Paul Romer y Brandon Fuller, como el experimento ideal para la creación de “ciudades modelo” o charter cities. Estas ciudades operarían como áreas depuradas de las exigencias culturales y constitucionales del Estado en cuyo territorio se encuentran. Enarbolando el mismo discurso de pacificación y seguridad —dejando de lado que el gobierno que aprobó la norma era el resultado de un golpe de estado—, el esfuerzo de Romer y Fuller era el de presentar este tipo de ciudades como “opciones” libertarias para los ciudadanos.
Dejando al margen las causas económicas, geopolíticas y culturales de las tensiones sociales, así como las relaciones de posesión material e inmaterial de los habitantes con su entorno, los autores de “Success and the City” justifican la legitimidad de las normas impuestas ex novo, equiparándolas con el reconocimiento tácito de las normas que se le atribuye al migrante que atraviesa una frontera. La desposesión política es instantánea. El migrante está y no está en su propio territorio; es decir, en el espacio de la legibilidad de los futuros colectivos a los que se incorpora como nativo. La mejora normativa que ofrecen estas ciudades no se hace en consideración a las ideas de felicidad de los habitantes, sino que la discrepancia de valores y expectativas se resuelve con la (auto)expulsión del “migrante”. Por eso Romer y Fuller tienen en mente una red de ciudades de este tipo que, en principio, ofrecerán marcos regulativos diferentes y prediseñados sobre los que se realiza la “elección”. La imposición de la norma no se puede contestar.
Cuando Thiel se retira de The Seasteading Institute, después del fracaso del proyecto en Malasia en 2017, echa a andar el Friedman Pronomos Capital, orientado a la generación de charter cities. La isla de Roatán (Honduras) acogerá Próspera; en la zona franca de Lekki, Lagos (Nigeria) se construye Itara; y en Uruguay se proyecta la integración de la comunidad Praxis en Colonia. En este momento, Palantir está en condiciones de ofrecer el software más completo para garantizar a las zonas económicas especiales la soberanía de la cadena de suministro. Con la integración de la inteligencia artificial y los gemelos digitales (que Palantir había comenzado a desarrollar en 2014), la toma de decisiones se desvincula totalmente de los procesos de discusión política. La velocidad en la toma de decisiones es lo que permite a las charter cities y las SEZ presentarse como islas de historia: es decir, al margen de la historia. Pero tanto el fracaso de Malasia como la revocación de las ZEDE en Honduras le dan contexto a las tensiones que están emergiendo en relación a la posesión.
La posesión a distancia: tecnología, control y desposesión
…las infraestructuras privadas construyen el campo de la realidad (el régimen de acceso, el orden de los datos, el entorno de consumo y biológico, las condiciones laborales), mientras que el Estado legaliza, adquiere, protege y hace valer sus efectos coercitivos.
Hakki Tan, The Onopticon (2026)
Como señaló en su día Bertrand de Jouvenel, las guerras contemporáneas se producen porque entrenan la disponibilidad. Es decir, son guerras que absorben la mayor parte de las fuerzas sociales porque sostienen ejércitos permanentes, con financiación continuada y el despliegue de potentes tecnologías de coerción. Cada guerra intensifica la demanda de los recursos humanos, tecnológicos y financieros, crea un hábito al satisfacer estas demandas, y así consolida la obediencia y fortalece al poder. Este efecto recursivo ha alimentado unos ensamblajes socio-técnicos que influyen, a su vez, en la dirección de estos conflictos y en la elaboración de los escenarios de posguerra.
Sin embargo, el desarrollo de armamento autónomo, no tripulado, gestionado a distancia y capaz de decisión en tiempo real modificó la noción de ocupación territorial, como Bushnell preveía. Y con ella la de posesión. Ya no se envían soldados a tomar o invadir un territorio —eso se reserva a la pobreza, a la migración desesperada—; en cambio, se toma control del territorio mediante un proceso de “sanitización” —el término es de Bushnell— llevado a cabo con drones, robots y submarinos no tripulados, así como con cadenas de información y operaciones psicológicas. Y ese término, sanitización, invoca un trabajo de “ordenación y orientación”, una intervención y una preparación que no requieren presencia.
En los años 2000 la proliferación de los bienes intangibles del mundo digital provocó una convulsión en el campo legal. Para muchos juristas, “propiedad intangible” era un oxímoron, porque la posesión y la propiedad parecían ir ligadas, y la posesión lo era de un objeto. A resultas de las discusiones terminaría por consolidarse una nueva definición de posesión que permitiera incorporar los bienes intangibles del mundo digital.
La posesión es un concepto complejo que puede servir para indicar el control sobre un bien; el hecho de disponer de él; o la evidencia de la intención de reclamar derechos de propiedad. Porque puede hacerse valer contra un propietario (por ejemplo, en la posesión adversa o usucapión), es contestado por todos aquellos que defienden regímenes de propiedad rígidos. Pero también por las personas que desconfían de las vinculaciones de la posesión con la propiedad —como Patrick Nevelin—, dado que pueden actuar como un caballo de Troya que bloquee el acceso a un bien común. En todo caso, la discusión sobre la posesión articula la relación entre presencia, intervención (o control) y acceso a los derechos de propiedad.
Una de las interpretaciones que se impuso en la última década en la teoría del derecho anglosajona es la de la “obviedad como posesión”. Esta doctrina desvincula la presencia del poseedor de la posesión, en el sentido de que una cosa podría manifestar “estar siendo poseída” sin necesidad de que esté presente el poseedor. ¿Cómo lo hace? Manifestando una intervención, una transformación, sin que ésta haya de manifestar, necesariamente, una ventaja económica. Las marcas culturales en el paisaje, como la arquitectura, los campos de trigo, o los yacimientos arqueológicos —por poner unos pocos ejemplos— son señales de posesión. También lo son los ríos limpios, los caminos cuidados. En tanto que esta manifestación sea constante, el bien comunica que tiene un poseedor y que, por lo tanto, no está disponible para el uso o apropiación de otros. ¿Qué pasa cuando los bienes manifiestan abandono? Se vuelven disponibles para la intervención de terceros, con independencia del “control o intención del inicial poseedor”.
Definir el abandono es muy difícil. Arrasados por una catástrofe natural, industrial o una debacle económica, los poseedores pueden volverse incapaces de invertir en el cuidado del bien de tal modo que este siga comunicando “ser poseído”. El coche viejo, sin lavar, con las ventanas estropeadas es un ejemplo típico de las señales de abandono. Eso no significa que no siga siendo de utilidad, de forma simbólica y psicológicamente relevante para su dueño, o que deje de formar parte de un futuro proyecto. Aun así, nada de eso es motivo para que el abandono deje de leerse como señal de que el objeto está disponible para otro potencial poseedor. En muchos casos esto representa una redistribución equitativa de recursos. Pero, ¿qué pasa si el nuevo poseedor posee la capacidad de cuidar sin estar presente? ¿Si el cuidado se disocia de las condiciones del entorno que afectan al poseedor original? La asimetría estratégica adopta una nueva forma: los espacios de futuros lentos se transforman en áreas disponibles para apropiaciones inmediatas.
Después de unos 17 años teniendo como principal —si no único— cliente del complejo institucional de la inteligencia estadounidense, Palantir se ha convertido en una empresa destinada a la identificación de los flujos, comportamientos, contactos, aspiraciones tanto de los bienes de sus clientes como de los potenciales elementos o personas que pueden interferir en su posesión. Su software da forma y límites a los espacios de intervención de sus clientes, a la vez que posibilita el control remoto. El ámbito de identificación del espacio de intervención y control se ha expandido. Contempla el campo de batalla, los circuitos de la inmigración, la agricultura, la sanidad… Se ha convertido —desde su propia percepción— en un “garante” de la gestión territorial en varias dimensiones. El exhaustivo control que se ejerce con herramientas como ImmigrationOS o ELITE permite no sólo cruzar datos sobre el estado de la visa, la dirección, el teléfono, las redes familiares o los beneficios sociales de las personas, sino concentrar esta información para identificar áreas geográficas sobre las que intervenir para realizar deportaciones masivas. Toda esta presión genera áreas en las que los inmigrantes se ven recluidos y excluidos de los servicios públicos, de acceso a los bancos, o a recursos de otro tipo por miedo a ser automáticamente identificados. Se trata de áreas candidatas a ser señaladas como zonas en abandono.
Gran parte del trabajo que Palantir realiza se centra en la producción de un gemelo digital. Este trabajo intermediario fosiliza tanto aspectos específicos de la posesión como mecanismos de desposesión. Aunque históricamente se ha considerado que los sistemas de control remoto del uso de una propiedad —como el copyright— dañan la libertad de los no poseedores, estos nuevos sistemas de control remoto del acceso a recursos son considerados generalmente como herramientas neutrales desde la perspectiva de la apropiación. Sin embargo, ejercen control e implican conocimiento sobre el objeto que controlan, dos elementos básicos de la posesión. El control no implica la propiedad; las plataformas no poseen los bienes virtuales (o tokens), pero sí controlan el acceso de los usuarios a los mismos. Las sinergias entre el intermediario y el cliente a la hora de defender ese control —que implica también control sobre el entorno de servicios y accesos a los recursos físicos por parte del sistema digital— tienen efectos más allá de éste.
El pasado abril la Asociación Nacional para la Promoción de los Derechos de la Población Negra (NAACP por sus siglas en inglés) interpuso una demanda contra xAI por instalar 27 turbinas temporales para alimentar el centro de datos Colossus 2, en Southaven, Memphis, sin los permisos exigidos por el Clean Air Act, con los consiguientes efectos contaminantes y contra la salud pública para la población local. En julio, el número de estas turbinas ascendía a 69. La escalada se explica porque el Departamento de Justicia del gobierno de los EE. UU. solicitó el 15 de junio la desestimación de la demanda, alegando que “La NAACP pone en peligro la seguridad nacional, económica y energética de Estados Unidos al intentar cortar el suministro de energía necesario para la innovación en inteligencia artificial que respalda las operaciones militares del Departamento de Guerra”.
Si las denuncias ciudadanas son el mecanismo mediante el cual los habitantes y las comunidades dejan testimonio de un uso y comunican su relación de posesión y disfrute (o la reclaman, de acuerdo con los mecanismos de control del uso), su veto por parte del gobierno implica que se desplaza el control a otra parte. Al privilegiar la cadena de suministros para empresas privadas frente a las garantías de habitabilidad de los votantes, quedan de manifiesto dos cosas: 1) el habitante expulsado del control no puede aspirar ya a expectativas de vida comunitarias legibles en el legado histórico y genealógico; 2) las demandas de control sobre espacios vacíos o en abandono contemplan ya la soberanía como una propiedad sin contenido. La revolución libertaria y de la soberanía de Karp y Thiel viene a cubrir, aparentemente, estos huecos siguiendo la estela de proyectos colonizadores previos y la acción de un estado que se concibe como facilitador de estas políticas de la fragmentación posesiva.