En las últimas dos semanas se han organizado diversas movilizaciones en distintas dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México con el fin de reclamar medidas institucionales efectivas para combatir la violencia de género. Ésta se entiende como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.” (Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, ONU) (Habría que matizar esta definición señalando que la violencia de género también puede ser ejercida contra hombres y niños, pero el término se utiliza sobre todo como una forma de hacer visible la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas como personas susceptibles, por el simple hecho de ser mujeres, de sufrir distintas formas de violencia).
Las actuales movilizaciones en la UNAM iniciaron el 24 de octubre, cuando estudiantes del campo 1 de la FES Cuautitlán Izcalli tomaron la resolución de irse a un paro indefinido para exigir que las autoridades de la Facultad tomaran medidas efectivas y justas contra la violencia de género que sufren las estudiantes, profesoras y trabajadoras del plantel. Unos días más tarde se unieron al paro estudiantes del campo 4 de la misma Facultad. A estas movilizaciones le siguieron, el 28 de octubre, la toma de la Facultad de Filosofía y Letras, el paro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (5-7 de noviembre) así como en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria 1, 3, 5, 6 y 9.
La violencia de género en la UNAM ha sido exhibida en los últimos años en múltiples foros, manifestaciones, paros, a través de denuncias hechas por colectivas feministas, estudiantes organizadas y académicas. Lo que todas estas movilizaciones han puesto de manifiesto es que la Universidad no está libre de la violencia contra las mujeres que azota al país entero; y no solo eso sino que, en muchas ocasiones reproduce esta violencia, tanto en las prácticas cotidianas como en las formas en las que se atienden las demandas cuando éstas son presentadas por la vía formal. No debemos olvidar que, según la ONU “En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día”.
En este contexto, el combate contra la violencia de género dentro de la institución universitaria se ha planteado desde tres frentes: la atención a las víctimas, la prevención y su erradicación de los recintos y de la convivencia entre universitari@s y bachilleres. Han sido muchas las propuestas que las integrantes de la comunidad han volcado al respecto (seguimiento y diagnóstico de las instancias encargadas de la atención de las denuncias, modificación al estatuto general de la Universidad, creación de materias obligatorias sobre equidad de género en todas las carreras para el estudiantado, así como cursos obligatorios para profesores, ayudantes de profesor, administrativos y trabajadores; atención y acompañamiento psicológico efectivo a las víctimas, por mencionar sólo las más recurrentes). Todas estas demandas son urgentes y totalmente necesarias para poder transformar las prácticas de violencia contra las mujeres dentro de la universidad y no han sido debidamente escuchadas e implementadas. Dentro de éstas, ocupa un lugar central la exigencia de modificar las formas de impartición de justicia, dirigida específicamente a los procedimientos que deben seguirse en los casos en los que se ha presentado una denuncia de violencia de género en la universidad.
A este respecto y en respuesta a las múltiples voces al interior de la comunidad que exigían una ruta clara para las denuncias, la UNAM implementó, en 2016, un Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género y creó la Unidad de Atención a Denuncias (UNAD). Sin duda se trató, en su momento, de una iniciativa importante, pero a tres años de su funcionamiento no ha respondido de manera adecuada a la atención de las víctimas y la eliminación de la violencia de género tanto en los espacios universitarios como en los bachilleratos.
Esta insuficiencia ha sido expuesta en diversas ocasiones. Una de las principales críticas a la primera versión del protocolo era al plazo (de un año) para poder interponer una queja, así como la desprotección de la víctima con respecto a la confidencialidad de su información personal, que en diversos casos no fue respetada, lo cual se tradujo en represalias y amenazas a quienes habían interpuesto las quejas.
A raíz de estas críticas, el protocolo fue modificado en febrero de este año. En esta segunda versión se eliminó el plazo para la interposición de las quejas y se hicieron puntualizaciones sobre la confidencialidad de la información personal, donde se señala que las autoridades en conocimiento de los casos de violencia de género están obligadas a proteger los datos de las víctimas. (Arturo Sánchez, “Actualiza la UNAM su protocolo de atención a la violencia de género”)
Aunque la modificación del protocolo es un avance, la violencia de género en la universidad no podrá ser estructuralmente combatida si el Consejo Universitario no modifica los artículos del Estatuto General de la UNAM, referidos específicamente a la definición de las faltas (artículo 95) y las sanciones para quienes las cometen (artículo 98). Así, por ejemplo, en el artículo 95 la violencia de género no es considerada una falta grave y por lo tanto no puede ser sancionada como tal. Esto hace que, la mayoría de las veces, las resoluciones tomadas por las instancias que deben dar solución a las quejas sean inadecuadas y no respondan a la gravedad de las denuncias.
El otro gran problema institucional tiene que ver con los mecanismos prácticos y cotidianos de la atención a las víctimas. Los abogados que conforman las unidades jurídicas de las dependencias no tienen perspectiva de género y esto hace que, muchas veces, las denunciantes no sean debidamente atendidas, las denuncias no prosperen o terminen perdiéndose en un laberinto burocrático inoperante. Es indispensable una modificación profunda de la estructura jurídica de la Universidad para que todas las dependencias cuenten con una abogada, formada en derechos humanos y con perspectiva de género, que atienda y lleve los casos de denuncias específicas en este tema.
Han pasado ya varios años de protestas y demandas por un cambio estructural tanto en la legislatura como en la atención a las víctimas al interior de la UNAM. Lo que la institución ha hecho hasta ahora ha sido, a todas luces, insuficiente. Mientras la UNAM no provea mecanismos realmente efectivos para poder atender los casos de denuncias de violencia de género no podemos hablar de una verdadera justicia. Tampoco podemos trabajar para reparar los daños en una comunidad escindida y golpeada por la violencia. Para que la comunidad pueda proveer los mecanismos más adecuados para prevenir y erradicar la violencia de género de los espacios universitarios (y de los bachilleratos), necesita tener la garantía institucional de que las denuncias realizadas tendrán seguimiento y, en caso de proceder, que haya justicia. Un sistema efectivo de impartición de justicia sentará las bases para que, como comunidad, podamos construir espacios libres de violencia. Se trata, por supuesto, de un punto de partida y de una base común que permita garantizar la justicia dentro de la comunidad, porque la eliminación de la violencia de los lugares donde estudiamos y trabajamos no puede tener solo una solución punitiva, también necesita incorporar un trabajo integral, que tome en cuenta la prevención, sensibilización y construcción de lazos afectivos e intelectuales de respeto y equidad entre todos sus miembros. Estamos a punto de cerrar una década. Urge que esta transición simbólica se convierta en la ocasión de realizar una transformación efectiva que nos permita expulsar la violencia de nuestros espacios de convivencia.