La nueva administración presidencial de los EE.UU. ha anunciado la implementación de una serie de políticas para facilitar la expulsión de migrantes. Debido a la severidad de estas medidas y la velocidad de su introducción, nos parece sumamente urgente aclarar tanto su andamiaje legal como sus repercusiones. Estas acciones ejecutivas responden a un sentimiento anti-inmigrante, cultivado en los últimos años por medio de un discurso político sensacionalista en torno a la cada vez más compleja movilidad migrante.
La negativa de reformar la ley migratoria estadounidense en prácticamente 40 años ha permitido a los presidentes hacer interpretaciones creativas —a veces equivocadas— de su poder, así como justificar intervenciones ejecutivas unilaterales, sin intervención del Congreso, para manejar los asuntos migratorios. Ese es, por ejemplo, el origen de la así llamada Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), implementada en 2012 con el propósito de proteger a migrantes llegados al país en su infancia, y desde la cual se han interpuesto un sinfín de demandas judiciales.
Como investigadores de Humanizando la Deportación —un proyecto que, desde 2017, brinda a migrantes vulnerables una plataforma para compartir sus historias y visibilizar el impacto de las leyes y políticas de control migratorio en sus vidas—, expresamos nuestra preocupación por las graves implicaciones que las recientes políticas adoptadas en la administración Trump podrían tener para diversas poblaciones de migrantes. Y, para ello, recurrimos, como se verá, al archivo digital de Humanizando la Deportación. Buscamos, así, poner sobre la mesa, en un momento crucial, los testimonios en primera persona de quienes han vivido migraciones o deportaciones.
Ciudadanxs culturales de EEUU
Humanizando la Deportación, un proyecto de colaboración entre la Universidad de California, Davis y el Colegio de la Frontera Norte, nació para documentar los efectos de las deportaciones masivas realizadas durante la primera década del nuevo milenio. Los casos que más nos alarmaron en el primer momento eran los de las personas que habían migrado a EE.UU. hacía una década o más y por tanto tenían vidas profundamente arraigadas en ese país cuando fueron deportadas a México. Estos desplazamientos forzados de personas que muchas veces no tenían enlaces activos con redes sociales o familiares en México provocaron efectos devastadores.
Grabamos entonces historias de migrantes que luchaban para responder al golpe psicológico del retorno forzado y las complicaciones logísticas, burocráticas y culturales que les impedían acomodarse en México, y por las cuales en algunos casos acabaron acampando en la canalización del Río Tijuana en la frontera con EE.UU. En ese lugar, según cuenta el migrante deportado Ignacio Davis, se asentaban a principio del 2010 cientos de migrantes deportadxs en cobertizos informales que llamaban “ñongos”, algunxs de ellos adictos a drogas o alcohol, y otrxs meramente desorientadxs por el desplazamiento.
Las personas deportadas y desubicadas eran fáciles de identificar, y por tanto se exponían a acosos constantes por parte de la policía municipal. Por ejemplo, Christian Guzmán cuenta haber sido perseguido sin justificación en Puebla y luego en la Ciudad de México. Otro migrante deportado, Alberto Espinosa, explica que los que se quedaban en albergues en Tijuana tenían que salir cada mañana con sus pertenencias en una mochila, como parte de los reglamentos de estos lugares. Por tanto “hombre con mochila” se volvió emblema de la deportación. Los policías al verlos en las calles del centro de la ciudad, los solían detener sin causa y les robaban lo poco que traían. Alberto cuenta que se encontraba caminando al trabajo cuando fue detenido por la policía: “les digo que voy a trabajar y no te creen ellos, nomás te dicen ‘súbete a la patrulla’”; al no llegar al trabajo, se perdía el empleo.
Otras historias tratan el trauma de la separación familiar. Tal es el caso de Emma Sánchez, migrante casada con un ciudadano estadounidense, veterano de la infantería de marina. Con él tuvo tres hijos, todos nacidos en EE.UU. Al intentar resolver su estatus inmigratorio, Emma acabó con una expulsión del país que duró doce años. Debido a ello, sus hijos crecieron con su padre en San Diego, cerca de la frontera, lo cual les permitía realizar visitas semanales a la casa de Emma en Tijuana. La familia se mantuvo unida, pero la larga separación les causó complicaciones y carencias de las que cada miembro de la familia habla en sus dos videos.
Otros casos resultan más complicados. Por ejemplo, la migrante mexicana Monserrat Galván huyó a México con sus hijas (ambas nacidas en EE.UU.) debido a la violencia de su marido. Sin embargo, sus hijas experimentaron mucho bullying en la escuela pública mexicana por no hablar español; sufrieron tanto que ella optó por enviarlas de regreso a EE.UU. con su padre. Cuando Monserrat intentó volver con su familia, fue convicta a causa del ingreso y después reingreso ilegal. Mientras tanto, el padre le negó cualquier contacto con sus hijas. Finalmente después de diez años sin verlas, una de las hijas, ya crecida, la localizó y fue a Tijuana para visitarla.
La injusticia resulta más palpable en el caso de lxs migrantes que fueron traídos a EE.UU. en la niñez. La DACA aún sigue en marcha y actualmente protege a unas 500.000 personas. Pero se trata de un amparo temporal que no ofrece camino legal a la residencia permanente ni a la nacionalización. Además, no protege a todos quienes llegaron siendo niños. Hay gente como Isaac Rivera que llegó a EE.UU. a los seis años de edad y creció sin darse cuenta de su falta de documentación migratoria hasta que quiso obtener una licencia para conducir, documento negado a migrantes indocumentadxs en esa época en California. No obstante, empezó a conducir y acabó siendo detenido en un retén migratorio a unos 120 kilómetros de la frontera mexicana, y deportado a Tijuana donde no conocía nada, ni a nadie. Vivió una depresión pronunciada de la que tardó más de un año y medio en empezar a recuperarse.
Estxs migrantes que crecieron en EE.UU. suelen hablar inglés como primer idioma y sentirse totalmente “americanxs”; algunos hasta se enlistan en el ejército. Como Alex Murillo, que llegó como bebé a EE.UU. y se sentía “patriota” al enlistarse en las fuerzas navales. Más tarde, sin embargo, fue convicto por posesión de droga y, al cumplir su sentencia, fue canalizado al Inmigrations and Customs Enforcement (ICE, por sus siglas en inglés) para ser deportado. Resulta que su delito, por categorizarse como “mayor agravado” desencadenó automáticamente el proceso de su deportación. Murillo fue uno de miles de veteranxs militares deportadxs, fenómeno que generó acciones de activismo para permitir su regreso a EE.UU. Por suerte, en 2021, durante la administración de Joseph Biden , se emitió una orden ejecutiva que dio lugar al lanzamiento de un programa llamado Immigrant Military Members and Veterans Initiative, el cual consistía en la revisión de casos migratorios de veteranxs deportadxs. Bajo este programa, a Murillo le fue otorgada inicialmente una visa humanitaria para que cuidara a su madre enferma. Más tarde, al reconsiderar su caso criminal, anularon su convicción y así restauraron su residencia permanente.
Murillo, junto con todxs estxs migrantes, fue deportado bajo leyes estadounidenses, como la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRAIRA) de 1996 (la que más ha impulsado los cientos de miles de deportaciones realizadas en las primeras décadas de este siglo). Su readmisión al país y la recuperación de su residencia fueron, en cambio, consecuencia de una orden ejecutiva, es decir, de una política presidencial. Afortunadamente para Murillo y muchxs de sus colegas, esta política no fue bloqueada en las cortes y permitió el regreso de docenas de veteranxs a los EE.UU. en estos últimos años.
Migrantes admitidxs entre 2021 y 2024
Tanto lxs veteranoxs deportadxs como muchxs solicitantes de asilo (incluyendo aquellxs que cruzaron la frontera entre enero de 2023 y enero de 2025 mediante la solicitud CBP One) ingresaron a EE.UU. con el estatus migratorio de “parole humanitario”, el cual les otorgaba una estancia (renovable) de hasta dos años con permiso para trabajar. En 2023, se implementó también otro programa de parole humanitario dirigido a ciertos nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que contaban con unx patrocinadorx para recibirlxs en Estados Unidos. Antes de este período, el parole humanitario se otorgaba con poca frecuencia, pero en los últimos dos años su emisión se volvió una norma. Sin embargo, la administración de Trump ha anunciado la finalización de estos programas, en los cuales se habían registrado unos 1.4 millones de migrantes.
Se espera que muchos de estxs migrantes ya estén presentando peticiones para el asilo, lo cual les permitiría el derecho a un proceso formal de evaluación de su caso. Por otro lado, quienes no han presentado su documentación perderán su estatus migratorio y se volverán deportables. De igual manera, la solicitud de asilo no es una garantía de obtención de refugio, tal como se evidencia en las tasas bajas de reconocimiento para lxs migrantes de países como México, Honduras y Haití. En muchos casos la consecuencia de una petición de asilo rechazada por una corte de inmigración suele ser una orden de deportación y por lo tanto muchxs migrantes eligen abandonar sus casos antes de que se tome una decisión final. Por ejemplo, según datos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU., en 2024, sólo 77 de 1.303 casos de migrantes haitianxs (el 5.9%), acabaron con un resultado favorable. Por otro lado, el 13.1% fueron negados, mientras el 81.0% de estxs migrantes retiraron o abandonaron sus casos antes de su resolución.
El futuro de la familia Sotelo, originarixs del estado de Colima, México, es incierto. José Humberto, el padre, relata: “Nos desaparecieron un hijo, amenazaron a otro hijo, al más grande, y también se quisieron llevar al tercero. Pero gracias a Dios que sacamos fuerzas, no sé cómo, impedimos que se lo llevaran, y salieron los vecinos, y nos ayudaron.” A pesar de sus múltiples denuncias ante las autoridades —incluyendo la que entregaron cuando desapareció su hijo cinco años antes de su desplazamiento— no obtuvieron ninguna respuesta. Se reubicaron inicialmente en otro pueblo de Colima, pero, al no sentirse seguros allí, acudieron a la frontera norte con el fin de cruzar a EE.UU.
En Tijuana, al principio la familia tuvo que dormir en la calle, pero posteriormente fueron admitidxs en un albergue. María, esposa de José Humberto, relata que esperaron allí tres meses hasta que, con la intervención de una asociación civil que ayudaba a migrantes a obtener admisión a EE. UU., lograron ingresar a dicho país en noviembre de 2022. En aquel momento, unos meses antes del lanzamiento de la aplicación CBP One, la cual permitía a lxs migrantes en tránsito obtener citas a fin de cruzar legalmente a EE.UU. para solicitar asilo, ciertas organizaciones humanitarias administraban la admisión de lxs migrantes en colaboración con lxs agentes de EE.UU., quienes admitían cantidades fijas de migrantes cada día.
Ahora, con las nuevas órdenes ejecutivas de Trump, se espera que la familia solicite asilo. De no hacerlo, quedarán en una situación migratoria irregular, ya que la administración actual no extenderá su parole humanitario. Determinar la probabilidad de un fallo favorable en su solicitud de asilo es complicado. Sin embargo, mientras su caso esté en proceso, será difícil que sean deportadxs. No obstante, si el gobierno re implementa el programa Migrant Protection Protocols (MPP), conocido popularmente como Quédate en México, podrían ser devueltxs a territorio mexicano, donde tendrían que esperar sus audiencias en la corte de inmigración.
Durante el periodo principal de su vigencia (de enero 2019 a febrero 2021), el MPP fue criticado por defensorxs de derechos humanos de migrantes debido a la falta de seguridad en las ciudades fronterizas mexicanas, por la cual las personas inscritas en este programa se exponían a graves peligros, como se documentó en la historia de una migrante hondureña, quien publicó su narrativa digital de forma anónima.
Esta migrante llegó a la frontera de Reynosa, Tamaulipas, donde se entregó a las autoridades estadounidenses, con la esperanza de solicitar asilo. Sin embargo, la registraron para el programa MPP. Pero en vez de mandarla de vuelta a México por Reynosa, la llevaron a Laredo, Texas, para retornarla a México por Nuevo Laredo. Según su esposo, estos dos puertos fronterizos eran controlados por dos cárteles distintos. Se supone que ella tenía que proporcionarles una clave a las personas que la esperaban al volver a México, pero la clave que tenía era para Reynosa. Al no contar con la clave correcta para Nuevo Laredo fue secuestrada con su hijo por el cártel que operaba en la zona. Su esposo, quien no la había acompañado, y otrxs familiares tuvieron que juntar el dinero para pagar el rescate; su madre, en un acto desesperado, hasta vendió su casa en Honduras para cubrir parte de la cuota.
Los riesgos de permanecer en México pueden ser especialmente elevados para migrantes de ciertos perfiles demográficos. Por ejemplo, lxs migrantes LGBTQ+ son particularmente vulnerables a actos de violencia, incluso de parte de autoridades estatales. José Manuel, un migrante gay de Honduras, relata haber sido secuestrado, asaltado, violado y dejado por muerto por unos policías mexicanos camino a Estados Unidos. Asimismo, una migrante transgénero, también hondureña, quien se identifica sólo por el símbolo de la mariposa, relata haber sufrido asaltos en México durante su trayecto migratorio, el primero de parte de policías federales mexicanos, otro a manos de agentes de la guardia nacional, y dos más por civiles. Sus varias denuncias en agencias mexicanas nunca recibieron respuesta.
Lo anterior evidencia una doble vulnerabilidad: por un lado, la condición de migrante expone a estas personas a riesgos significativos, y por otro, pertenecer a un grupo históricamente discriminado agrava aún más su situación. Esta intersección de factores aumenta su vulnerabilidad ante la violencia, la explotación y la impunidad.
Migración y poder ejecutivo en EE.UU.
La última vez que el Congreso de los Estados Unidos logró implementar una legislación significativa sobre asuntos migratorios fue en 1996. Desde entonces, a pesar de los debates recurrentes sobre propuestas —muchas veces de elaboración bipartidista—, no se ha llegado a ningún acuerdo sobre cómo reformar la ley nacional para reflejar las condiciones actuales, incluyendo la presencia de millones de migrantes indocumentadxs (muchos de lxs cuales han vivido más de una década en el país) y la llegada de cientos de miles de solicitantes de asilo a la frontera sur. Hasta el momento, no ha sido posible encontrar una solución que, por un lado, brinde protección adecuada a las personas más vulnerables y a la vez controle el número de migrantes que entran al país, para no abrumar los recursos —económicos, logísticos, humanos— dedicados a su recepción.
Por lo tanto, las diferentes acciones que se han tomado en los últimos años para responder a estas condiciones han sido políticas implementadas directamente por el presidente del país y su gabinete. Dado que estas acciones no han involucrado de ninguna forma al congreso, no se han registrado como leyes, y en muchos casos han sido impugnadas en las cortes o anuladas con el cambio de administración presidencial. Uno de los principales desafíos legales asevera que el presidente por sí solo no tiene la autoridad de tomar estas decisiones de tal magnitud, y, por lo tanto, varias de las políticas implementadas por presidentes de ambos partidos han sido desautorizadas por las cortes, mientras otras siguen en disputa en foros judiciales.
El programa de DACA fue implementado por una orden ejecutiva del presidente Barack Obama en 2012; más de doce años después de su puesta en marcha, los desafíos sobre su legalidad siguen sin resolverse, aunque hasta ahora el programa no se ha desmantelado. Otro ejemplo, es el programa de MPP, que fue lanzado en 2019 directamente por el presidente actual (en su primer término); éste también fue impugnado por vías judiciales —y su cancelación por el presidente Joe Biden en 2021 también fue sujeta a demanda.
Durante su administración, Biden emitió varias órdenes ejecutivas, como ya se ha mencionado, para pedir la reevaluación de las deportaciones de veteranxs militares, y sus diferentes programas de parole humanitario. Al ser rescindidas las órdenes ejecutivas de Biden por el nuevo presidente —a través de sus propias órdenes ejecutivas—, todxs lxs migrantes registradxs en estos programas se vuelven efectivamente indocumentados, a menos que hayan cambiado su estatus inmigratorio, por ejemplo, al presentar una solicitud de asilo. Como vemos, la frontera se ha vuelto un campo de batalla entre presidentes cuyas políticas duran sólo el tiempo de su mandato , o menos, si las cortes determinan que excedían la autoridad de su oficina. La inacción del congreso ante estas movidas presidenciales e incesantes batallas judiciales han perpetuado la inestabilidad de las vidas de los migrantes y la falta ya crónica de resolución de los asuntos migratorios del país.
Una de las pocas medidas, a las que los presidentes pueden recurrir para proteger a migrantes indocumentadxs, con la autorización del Congreso —es decir, una autoridad otorgada explícitamente por la legislación— es la del Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS, por sus siglas en inglés). Desde 1990, los presidentes han tenido la autoridad de ofrecer protección de hasta un año y medio a migrantes que se encuentran en el país en el momento de la declaración de un programa de protección. El TPS se justifica cuando la repatriación de un grupo de extranjeros les pondría en riesgo significativo por cuestiones de conflicto armado, desastre climático u otras condiciones extraordinarias. Dicha protección es renovable para estos países (por acción presidencial), y las personas inscritas reciben un permiso para trabajar, pero no un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía, ya que se supone que volverán a su país en cuanto mejoren las condiciones allá. Es importante señalar que sólo las personas que se encuentran ya en EE.UU. en el momento de la declaración inicial de un programa pueden inscribirse; las que llegan más tarde no tienen elegibilidad.
Por ejemplo, en 1992 el presidente George H.W. Bush estableció un programa de TPS para personas de Bosnia y Herzegovina que se encontraban en EE.UU. durante la guerra en su país. Las que habían llegado antes de la declaración emitida por el presidente Bush, padre, pudieron quedarse en el país hasta que el presidente George W. Bush, hijo, concluyó el programa en 2001.
Ya durante su primer mandato, Trump intentó poner fin a programas existentes para Honduras y Nicaragua (por un huracán de 1998), El Salvador (por un terremoto de 2001) y Haití (por un terremoto en 2010). Sin embargo, su decisión fue impugnada en las cortes y todavía no se había resuelto cuando comenzó la presidencia de Biden, quien extendió la protección para todos estos programas. Adicionalmente, Biden abrió nuevos programas para migrantes de Haití (debido la inseguridad e inestabilidad política) y Venezuela (por la crisis económica y política), los que vieron niveles inauditos de participación (según el Congressional Research Service, cientos de miles de personas) debido a los números elevados de migrantes de estos dos países que se hallaban en Estados Unidos en el momento de estas designaciones. Pero el presidente actual ha comenzado a cancelar estos programas. De nuevo, todos lxs migrantes que no han obtenido otro estatus, por ejemplo, por iniciar una petición para el asilo, quedarían en una situación irregular y podrán ser deportados.
Pierre Louis Joseph, un migrante haitiano, relata una historia de su complicado trayecto para cruzar a Estados Unidos con su esposa e hijo en 2016, tras lo cual fue separado de ellos y deportado a Haití. Con su esposa e hijo aguardándolo en EE.UU., Joseph tuvo que enfrentar las dificultades económicas de emprender nuevamente el viaje migratorio. Apenas en 2021, logró llegar a la frontera de Tijuana. Sin embargo, estuvo meses allí, sin poder ingresar a EE.UU., debido al Título 42, programa que cerró la frontera para solicitantes de asilo, excepto para lxs que obtuvieron la entrada autorizada en ese entonces, por ciertas organizaciones civiles. En 2022, cuando Joseph grabó su historia, a pesar del grave estado de salud de su esposa, su caso no fue priorizado por las organizaciones que hubieran podido ayudarlo a cruzar la frontera. Suponiendo que lo hubieran hecho en 2023 o 2024, se habrá beneficiado de la designación de TPS para haitianxs por el presidente Biden, pero su estatus estará en vilo si el nuevo presidente cancela el programa.
Precariedad en la corte de asilo
La ley de asilo en EE.UU. es limitada. El asilo se puede otorgar a personas que exhiben un “miedo creíble” y bien fundamentado de persecución por razones de nacionalidad, raza, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social. También pueden calificar quienes enfrentan una alta probabilidad de ser sometidos a tortura si regresan a su país de origen. La ley estadounidense no articula ninguna justificación más que éstas. En muy pocos casos el asilo se otorga en su primera evaluación: la mayoría se deciden en la corte en un contexto “defensivo”, cuando los migrantes se defienden ante una orden de deportación, y un abogado estatal presenta un caso para justificar su repatriación. Por ello, en la práctica, los casos de asilo suelen ser sumamente complicados.
Muchos migrantes, de hecho, no obtienen el resultado que esperan, debido a la dificultad de asegurar la credibilidad y precisión de sus historias, y también por la posibilidad de que sus experiencias no se traduzcan fácilmente a las nociones de persecución o tortura más relevantes para el código legal estadounidense. Por ejemplo, según datos del Departamento de Justicia de EEUU, en 2024, sólo 751 de los 8.672 casos de solicitantes de asilo mexicanos (8.7%) fueron aprobados. Además, el 46.2% de los casos fueron retirados o abandonados antes de llegar a una resolución final, posiblemente por gente que se haya dado cuenta del peligro de llevar su caso a la conclusión.
Aunque las narrativas digitales del archivo Humanizando la Deportación no representan declaraciones oficiales para casos de asilo (pueden omitir detalles esenciales para la corte y enfocar su atención en otros temas), muchas de las experiencias no presagian un final feliz. Por ejemplo, Pierre Louis Joseph habla principalmente de razones económicas para su migración, las cuales no se vinculan fácilmente con la legislación estadounidense sobre el asilo.
Asimismo, no obstante la aparente persecución a lo largo de cinco años de la familia Sotelo de Colima, casos como el suyo no tienen un vínculo claro con alguna de las categorías protegidas por la ley de asilo, como nacionalidad, raza, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social. El caso de la mariposa hondureña, en cambio, podría ser más claro ya que se podría argumentar que fue perseguida en su tierra natal por pertenecer a un grupo determinado (mujeres transgénero). De hecho, la hija menor de la familia Sotelo, también una mujer transgénero, podría argumentar que tuvo que abandonar su identidad y vestirse de hombre debido a la persecución. Pero en general, la probabilidad de éxito en las cortes de asilo suele ser baja para migrantes latinoamericanxs; y aunque hay algo de variabilidad en los resultados en diferentes periodos presidenciales, ésta no ha sido muy pronunciada en las últimas dos décadas.
Es importante considerar que, si bien el presidente puede influir en ciertos aspectos —por ejemplo, al nominar jueces con determinados perfiles—, se supone que los casos se evalúan bajo las estipulaciones de la ley. El problema parece ser que las esperanzas de lxs migrantes que solicitan asilo no suelen alinearse con la realidad de la ley estadounidense. Por lo tanto, no sólo lxs migrantes que pierden su estatus de protección temporal o cuyas visas humanitarias son canceladas, sino también muchxs solicitantes de asilo, pueden volverse deportables en el futuro cercano.
Pensamientos finales
La crisis humanitaria que implica la nueva ola de deportaciones plantea dos problemáticas distintas. Por un lado, están lxs migrantes cuyas vidas están profundamente establecidas en EE.UU. y para quienes un desplazamiento forzado implica una pérdida profunda, quizás absoluta, como varios de los casos antes analizados, además de que las repercusiones de su expulsión se extienden a sus familiares, sus vecinos, sus comunidades. En cambio, lxs recientemente llegadxs difícilmente tendrán conexiones tan profundamente desarrolladas en ese país. Sin embargo, muchxs de ellxs habrán experimentado distintos traumas, ya sea en sus países de origen o en tránsito migratorio, donde suelen ser expuestxs a múltiples violencias (criminales, estatales, climáticas, para nombrar algunas). Su expulsión de EE.UU. será un golpe a sus aspiraciones y esperanzas, pero quizá lo peor será su retorno a su país de origen, pues ello puede exponerlxs de nuevo a la misma inseguridad (amenazas, violencias, persecuciones, etc.) de la que huyeron.
En el contexto actual de miedo e ira que han producido las nuevas políticas, hemos sentido la urgencia para aclarar las circunstancias que han llevado a las condiciones actuales de lxs migrantes que no cuentan con la seguridad de la residencia permanente o ciudadanía en los EE.UU., y los efectos de las diferentes acciones presidenciales en las vidas de los migrantes vulnerables. Esperamos que el sentimiento nativista y xenófobo en el país disminuya pronto y que se logre construir un espacio para discusiones racionales que conduzcan a una reforma migratoria integral, capaz de responder a las realidades actuales de la movilidad humana.
* Robert McKee Irwin es profesor de la Universidad de California, Davis.
Ernesto Zarco Ortiz es investigador posdoctoral en El Colegio de la Frontera Norte.
