I
“¡Paren esta masacre! ¡Guerrero está bañado en sangre!”, exclamó María Guadalupe Rodríguez el pasado 9 de agosto en el foro “Palabras de vida, caminos de esperanza”, organizado por el 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. María Guadalupe tiene un hijo desaparecido desde junio de 2014. Se trata de Josué Molina Rodríguez, originario del municipio de Chilapa, en Guerrero. Cuando lo desaparecieron, Josué tenía 30 años y estaba por titularse como abogado.
Guerrero es quizá el estado donde la violencia estatal y criminal más ha golpeado a la sociedad. Desde mediados del siglo XX, se desarrolló ahí una brutal guerra para eliminar a las resistencias. Entre especialistas todavía se debate cuál es el término más preciso para denominar aquel suceso: “Terrorismo de Estado” o “Guerra sucia”. Sin embargo, hay un consenso en que lo acontecido se trató de una guerra de contrainsurgencia de la que el Estado mexicano, y en particular al Ejército, son los responsables materiales e intelectuales.
Un largo repertorio de atrocidades quedó registrado de aquella época: ejecuciones extrajudiciales individuales o sumarias, desapariciones forzadas, fosas clandestinas, vuelos de la muerte, violaciones, campos de concentración, torturas, prisión política, desplazamientos forzados…
En la década de 1970, más de 24 mil efectivos del Ejército mexicano estuvieron concentrados en Guerrero para combatir a las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Aliados con caciques locales -entre los que destaca Rubén Figueroa-, y con la venia de distintos presidentes, el Ejército mantuvo presencia en la zona aterrorizando a la sociedad y eliminando todo intento de resistencia. Afortunadamente, no lo lograron.
En paralelo, y muy probablemente en contubernio, los negocios del crimen organizado crecieron en la zona. Los empresarios criminales de la región supieron adaptarse al mercado: mantuvieron al estado entre los principales productores de marihuana y lograron concentrar la producción de amapola. Hoy, México ocupa el tercer lugar en el mundo como productor de esta planta, y el 60% de ella proviene de Guerrero.
En la década de 1990, cansados de las violencias cotidianas, pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que habitan una parte del estado, intentaron una coordinación de autoridades comunitarias con sistemas propios de seguridad y justicia. La experiencia fue muy exitosa y durante más de una década, lograron reducir un 90% los índices delictivos en la zona donde operaron. Pero, con dinero, puestos en el gobierno o programas sociales, o abiertamente con cárcel y represión, los poderes reales y formales, locales o nacionales, desarticularon esa resistencia.
Hoy, algunos sobrevivientes de esa experiencia que todavía defienden sus territorios viven nuevamente la represión. Tal es el caso del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, quienes entre mayo y julio de 2019 sufrieron el asesinato de ocho de sus integrantes, dos de ellos desmembrados para generar terror. Ahora, no es directamente el ejército el que les asesina, son grupos criminales que “disputan la plaza”. Sin embargo, estos grupos operaron y operan en completa impunidad, sin que el gobierno local o federal hagan algo. Por acción u omisión, el Estado mexicano sigue siendo responsable.
En Guerrero se pueden constatar las infamias cometidas por el ejército contra los pueblos y sus organizaciones, y también ahí se puede observar cómo el tráfico de drogas, la venta de armas, la extorsión y otros negocios del crimen organizado no sufren afectaciones aun cuando el ejército este a cargo de la “seguridad”.
II.
Con el pretexto de combatir al narcotráfico, en diciembre de 2006 Felipe Calderón inició una guerra que sumergió a todo México en una de las peores crisis de su historia. Con el nombre de “operativos conjuntos” y argumentando que las policías locales estaban coludidas con el crimen organizado; ejército, marina y cuerpos policiacos federales fueron desplegados en todo el territorio nacional.
Para acompañar esta estrategia, un sector de la academia y de la prensa oficial difundieron ampliamente el discurso de la seguridad nacional y la estabilidad regional. Los “carteles de la droga” fueron presentados como peligrosos enemigos de la nación a los que había que combatir con toda la fuerza del estado.
En la prensa no oficial y en la academia crítica surgieron advertencias sobre otros fines de la estrategia adoptada. Se habló de disciplinamiento social y de eliminación de las resistencias. También se argumentó que Calderón buscaba en las armas y en el ejército, la legitimidad no ganada en las urnas. Se pusieron al descubierto las implicaciones geopolíticas de la adopción de la guerra y los intereses que EUA tiene al imponer su “seguridad hemisférica”.
Una vertiente diferente tuvo poco eco, aquella que apunta a mirar el carácter estructural del crimen organizado. El narcotráfico es una de las actividades económicas del crimen organizado. Junto a ella están al menos otras 22 actividades como la trata de personas, la extorsión, la venta ilegal de armas y la pieza clave de todo este negocio: el lavado de dinero.
Las economías del crimen organizado, junto a las extractivas, han ganado importante terreno en la economía nacional y en el capitalismo de nuestros días. Según un estudio del Congreso Mexicano citado por Luis Hernández Navarro, la economía criminal representa el 10 por ciento del PIB de México, del cual “40 o 45 por ciento proviene del tráfico de drogas; entre 30 y 32 por ciento se obtiene del tráfico de personas; casi 20 por ciento de la piratería, y otra parte de secuestros, extorsiones, etcétera. Esto significa que el negocio de los estupefacientes mueve entre 60 mil y 70 mil millones de dólares. Se emplean en esta actividad entre 450 mil y 500 mil personas. Esto es más de tres veces el personal contratado por Petróleos Mexicanos, y casi dos veces y media de los que trabajan en Walmart”.
De acuerdo con datos del actual gobierno de México, en poco más de una década, las corporaciones criminales mexicanas compraron a EUA 2.5 millones de armas, entre ellas armas largas, granadas, lanzacohetes, cohetes, lanzagranadas y ametralladoras.
En 2009, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reportó que los negocios del crimen organizado generaron ganancias equivalentes al 1.5% del PIB mundial de ese año. Entre los negocios más redituables estuvieron la venta de cocaína y heroína, la trata de personas y el tráfico ilegal de armas y de recursos naturales. Pero, para el mismo año y de acuerdo con la misma fuente, se estima que el crimen organizado lavó una cantidad de dinero equivalente al 2.7% del PIB. Vale destacar que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en el lavado de dinero.
El problema de las economías criminales no puede verse sólo como un tema de seguridad o corrupción. Entender que se trata de uno de los engranajes del capitalismo actual nos ayudará a dimensionar el tamaño del problema, y sobre todo, a imaginar salidas.
III.
En octubre del 2016, el Congreso Nacional Indígena (CNI) celebró su 5to. congreso y sus 20 años de existencia. Reunidos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, los y las delegadas al Congreso se reunieron para analizar la situación de sus pueblos, de sus organizaciones y del propio CNI. En ese contexto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) compartió su diagnóstico. La guerra contra los pueblos originarios se había extendido a otros sectores sociales: “la guerra que padecemos desde hace tiempo como pueblos originarios, ya les llegó, ya está en sus calles, en sus casas, en sus escuelas, en sus lugares de trabajo (…) Nuestros dolores son ya uno más entre muchos otros. Y, aunque el dolor se extiende y se hace más hondo, estamos más solos que nunca antes. Cada vez vamos a ser menos”.
La descripción no era exagerada: el CNI, que nació en 1996 y que en determinado momento llegó a articular a casi todos los pueblos indígenas del país, estaba fuertemente disminuido. De acuerdo con el periodista Zósimo Camacho, desde su fundación y hasta el primer semestre de 2019, se pueden contabilizar 117 asesinatos y 11 desapariciones contra integrantes de las organizaciones pertenecientes al CNI. Pero aclara: “La cifra real es mayor, porque en esta lista tentativa generalmente sólo aparecen aquellos que tenían responsabilidades políticas y/o operativas. Faltan los nombres de quienes resultaron muertos y resistían desde sus milpas, sus ceremonias, sus labores cotidianas”.
En 1999 el Subcomandante Marcos apuntó que se desarrollaba una “Cuarta Guerra Mundial”, una guerra de destrucción/despoblamiento para luego reconstruir y reordenar, una guerra en la que se aplica más “el concepto de «guerra total»: no es sólo una guerra en todos los frentes, es una guerra que puede estar en cualquier lado, una guerra totalizadora en donde el mundo entero está en juego. «Guerra total» quiere decir ahora: en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia”. En esta nueva doctrina militar, señalo Marcos, los ejércitos nacionales se convierten en una especie de policías nacionales que al enfrentar enemigos que amenazan la “estabilidad de la región”, aceptan la ayuda internacional.
Por su parte, Jorge Beinstein apunta que la nueva doctrina militar, también conocida como Guerra de Cuarta Generación, tiene como objetivo “al conjunto de la sociedad”, crear “sociedades-en-disolución” convirtiéndolas en “no-sociedades” o “poblaciones en una suerte de indefensión absoluta”, para luego saquear sus recursos naturales: “La desintegración social (económica, moral, cultural, institucional) pasa a ser el objetivo buscado y ese proceso puede darse o no con intervenciones directas; sino más bien con combinaciones variables de intervenciones externas (militares, mediáticas, económicas, etc.), y acciones de desestabilización interna”.
Para Ana Esther Ceceña el elemento más relevante de la guerra hoy es el cambio en la propia idea de la guerra y en la de sus propósitos, pues ahora se trata de guerras infinitas: “guerras indefinidas que buscan mantener los territorios en situación de guerra porque ya no son el medio sino el fin. Es la situación de guerra la que proporciona los beneficios: da paso al saqueo, estimula una variedad de negocios (armas, drogas, alimentos, trata de personas, mercenarismo y muchos otros), y permite un control sobre las poblaciones no legitimado porque se ejerce en condiciones de excepción”.
“Guerra total”, “guerra de cuarta generación”, “situación de guerra”, “guerra de espectro completo” o como quiera llamársele, lo cierto es que en México la guerra que disminuyó al CNI se extendió a toda la sociedad, los dolores se multiplicaron y como siempre, los dolores de algunos, de algunas, son invisibilizados, pues la muerte y la tragedia también tienen clase, género, raza, oficio. Migrantes, indígenas, periodistas, mujeres, líderes comunitarios y defensores del territorio son las víctimas favoritas de esta guerra.
IV.
El “tsunami electoral” que sacudió a este país en julio de 2018 comenzó a bajar, y con ello vuelve a quedar a la vista el desastre del pasado que se acentúa en el presente. De a poco, las organizaciones sociales colocan en la agenda política nacional los problemas urgentes. Mientras arriba la nueva administración dice que “todo va bien”, los múltiples abajos dicen que la muerte, las desapariciones, los feminicidios y otros horrores que vienen o se potencian con la guerra, siguen. Ahí están los movimientos de mujeres, de los pueblos indígenas y los movimientos de víctimas denunciando, resistiendo, abriendo camino, aferrándose a vivir y a mantenerse como organizaciones independientes.
Entender las nuevas formas y objetivos de la guerra, así como el lugar que ocupan las economías criminales en México y el mundo, nos puede ayudar a imaginar salidas.
Por ahora bien podrían comenzar por investigar y procesar a funcionarios públicos, empresarios y banqueros vinculados al lavado de dinero y al tráfico de armas. Implementar estrategias de seguridad que no se dicten desde EUA y que garanticen la protección de los derechos humanos. También es indispensable romper pactos de impunidad y procesar a los responsables civiles y militares de crímenes del pasado, así como garantizar, siempre respetando su autonomía, que las organizaciones y pueblos que defienden el territorio lo hagan en las mejores condiciones posibles.
Otras medidas a tomar serían: acelerar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de cuerpos, implementar protocolos preventivos y de atención ante las denuncias de violencia de género en todas las instancias de gobierno e instituciones públicas.
Estas medidas son urgentes y en cierto modo significarían un avance, pero no hay que perder de vista que salir de la guerra y construir un mundo con justicia, libertad, democracia y dignidad, sólo es posible fuera del capitalismo. Ahí nuestro horizonte.