Para el Dr. Manuel González, ¡fuerza!
La humanidad entró en shock tras el avance del COVID-19. Los días recientes serán recordados como fecha de inflexión en la historia del siglo XXI, compás exacto entre emergencia sanitaria, crisis económica y transformación de la vida en sociedad. Este momento excepcional traerá consigo bifurcaciones en el capitalismo que, para bien o para mal, no implican un retorno al statu quo previo. En México, la declaración de emergencia precipitó la conversación sobre las condiciones en las cuales enfrentamos la pandemia: “privilegios” —así, con comillas— y privilegios según quien los detente. A continuación reparo en algunas de las reacciones inmediatas a la emergencia sanitaria bajo esta óptica, que prefiguran lógicas contrapuestas para reorganizar la vida post-Coronavirus.
“Poder quedarse en casa también es un privilegio de clase” fue la proposición, hecha meme, que circuló en redes sociales cuando el aislamiento tomaba forma como el principal mecanismo de contención ante la pandemia. La frase —formulada por y para los sectores medios y urbanos que tenemos condiciones mínimas para realizarlo— suscitó reacciones contrapuestas. Por un lado, dio pie a iniciativas de apoyo a empacadores de la tercera edad, empleadas remuneradas del hogar y trabajadoras sexuales, espacios de denuncia contra patrones omisos a la emergencia, cooperativas o redes de vecinos y amigos para el suministro de alimentos y cuidados; por el otro, más esparcido por su simplicidad y anonimato, se formuló como una suerte de señalamiento moral y proposición de culpa hacia aquellos que sí pueden quedarse en casa.
La acusación fácil contiene una lógica peligrosa para tiempos convulsos como los actuales. El uso incriminador de la frase no sólo simplifica hasta desfigurar la teoría de las clases sociales, sino que olvida a los sujetos marginados al concentrarse en quién tiene. Si ataco a aquel con una casa más o menos en condiciones para resguardarse en el mismo movimiento estoy invisibilizando a una quinta parte de los mexicanos sin acceso al agua corriente, al 52% que vive al día y con un trabajo en el mercado informal o al 45% de la población que no cuenta con acceso a internet. Además, se da por sentado que estos sectores no harán cuarentena y mucho menos se contempla cuáles son las condiciones y dificultades por las que atraviesan sus hogares en esta situación. Según Julio Boltvinik: “De los 35 millones de hogares, 72 por ciento cuenta con uno o dos dormitorios (espacios que se usan para dormir), y 29 por ciento (10 millones) con un único dormitorio. En los 4.8 millones de viviendas que cuentan con un único dormitorio, habitan 19.4 millones de personas hacinadas (tres o más personas en cada dormitorio). En total, en el país viven hacinadas 51.3 millones de personas, 41 por ciento de la población nacional”. La desigualdad también es una comorbilidad.
El meme me recordó la campaña contra los trabajadores del SME en 2010, “privilegiados” por tener un contrato colectivo con ciertos derechos por encima de la media nacional; ahora buena parte de los 16, 000 electricistas liquidados por el gobierno de Calderón seguramente se encuentran en la amplia franja del trabajo informal para la cual es imposible quedarse en casa. Una igualación hacia abajo en última instancia.
Otros privilegios emergieron durante los primeros días de esta pandemia. El 25 de marzo, Ricardo Salinas Pliego —como Trump y Bolsonaro, en su momento— llamó a retomar labores ya que “como van las cosas parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre”. El propietario de grupo Salinas, destacado por sus negocios de usura contra la población marginada a través de altas comisiones en el envío de remesas y la venta de electrodomésticos a plazos, le da la opción a “sus” trabajadores de morir por enfermedad o de hambre. Es dudoso que él se vea en la misma situación. Cinco días después, la empresa de su propiedad, Seguro Azteca Daños, firmó un contrato por 969 millones para asegurar los bienes de la SEP vía su titular Esteban Moctezuma Barragán (exfuncionario de Grupo Salinas). Para terminar de blindar las cuentas del empresario, el 3 de abril, ya en pleno aumento de casos de COVID, el presidente firmó un decreto presidencial para reducir los tiempos oficiales del Estado mexicano en radio y televisión para que las compañías lo comercialicen como publicidad y así salden pérdidas. Este sí es un privilegio para una industria que no es estratégica para la economía nacional pero sí para los intereses partidarios.
Ganar dinero en el país para llevárselo en tiempos de crisis es otro privilegio socorrido en estos días. México ocupa el primer puesto en fuga de capitales en toda América Latina hacia Estados Unidos en lo que va del año: 76 mil 166 millones de dólares. De cada tres dólares que salen de Latinoamérica hacia los bancos estadounidenses, uno se originó en México. Esta práctica de una reducida minoría profundiza la crisis de la economía nacional y condiciona los posibles planes para contener los estragos contra los más pobres de este país.
El contraste entre “privilegios” y privilegios es un ejercicio para discernir el tipo de lógicas que sobrevinieron con la pandemia. Necesitamos afinar la mirada para ver qué dinámicas promueven formas colectivas para enfrentar la crisis y cuáles ahondan en la disputa del último contra el penúltimo. Ante la disyuntiva inducida entre salud o economía (puesta al servicio de las ganancias de un puñado), sería bueno avizorar una economía que cuide de nuestra salud individual y colectiva. Para ello, hay que oponer a la ganancia la solidaridad y el apoyo mutuo. Como afirmó Carlos Ricardo Pérez Díaz, jefe de la brigada médica cubana al llegar a Italia, y que ya opera en nuestro país: “no podemos dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos”.