En mayo de este año el periódico Excélsior inició una serie de entrevistas con siete aspirantes a la rectoría de la UNAM. En ellas cada candidate tuvo oportunidad de definir un perfil a modo, y aprovecharon para decir las frases más o menos vacías que marcarán un proceso en el que la opinión pública no tiene ningún peso. Hubo quienes intentaron diferenciarse de las autoridades actuales, sin importar si tienen una cercanía con ellas: Imanol Ordorika destacó que el rector debía de “apostar al cambio”; Patricia Dávila Aranda sostuvo que veía “a un rector/rectora de a pie”; y Guadalupe Valencia sostuvo que la UNAM se debía “a las humanidades”. Otros mantuvieron la continuidad como el eje de su discurso: William Lee defendió que en la pandemia la UNAM había estado “a la altura del reto”; Leonardo Lomelí sostuvo que “siempre hay que defender la autonomía”; y Raúl Contreras Bustamante de plano espetó que “no hay que tocar la ley orgánica”.

Ningune de les candidates derrochó carisma, pero a ninguno le tiene tan sin cuidado la opinión pública como a Luis Agustín Álvarez Icaza, secretario administrativo de la UNAM. Durante todo el diálogo que mantuvo con la reportera Laura Toribio, Álvarez Icaza se dedicó a defender los altos ingresos de la élite universitaria, y desestimar las demandas de los profesores de asignatura de la UNAM (entre el 70 % y el 80 % del personal académico). La frase que marcó su entrevista fue: “Sí, nos pueden llamar casta dorada, ni modo”.

¿Por qué hacer de la defensa de la élite el eje de su programa? En los siguientes apartados usaremos algunas citas de su entrevista para explicar fenómenos generales sobre la defensa de la “casta dorada” entre las autoridades universitarias.[1]

 “Estamos haciendo pellizquitos del presupuesto”

Todo para Álvarez Icaza es tan poco que se escabulle entre los dedos, a pesar de que la UNAM tiene regularmente un presupuesto superior al de más de la mitad de los estados del país (con todo y sus universidades estatales). ¿Cómo se distribuye ese gasto? Más de la mitad se ejerce en salarios y estímulos: el rubro del presupuesto 100, Remuneraciones personales, se ha mantenido ocupando desde 2015 alrededor del 40 % del presupuesto total; mientras que el rubro 300, Prestaciones y estímulos, ha crecido del 35 % hasta casi el 38 % del presupuesto total. Cualquiera de esos rubros por sí solo supera al presupuesto total del IPN, y juntos ocupan, para 2023, cerca del 80 % del presupuesto total de la casa de estudios.

El gráfico 1 muestra el comportamiento del presupuesto, pero también la capacidad de administración desde las autoridades universitarias. En 2021, por ejemplo, el presupuesto otorgado por el gobierno federal se incrementó en términos reales, pero la oficina de Álvarez Icaza operó un subejercicio masivo. No es coincidencia que ese año también estallara un movimiento de profesores a los que se les dejó de pagar por casi un año y que perdieron gran parte de sus estímulos de antigüedad: el movimiento #UNAMNOPAGA.

Tanto el peso de los salarios en el presupuesto, como la capacidad de administrarlos desde rectoría son las razones por las cuales las negociaciones de contrato colectivo con las dos organizaciones gremiales, STUNAM y AAPAUNAM, son la principal tarea del secretario administrativo. Normalmente las negociaciones con el STUNAM, que controla el contrato colectivo de trabajadores y administrativos, son algo ríspidas, aunque crecientemente la dirigencia ha tomado un camino de alianza con el grupo en rectoría. Sin embargo, las negociaciones con AAPAUNAM, dirigida desde hace muchos años por la química Bertha Rodríguez Sámano, no alcanzan ni siquiera lo performativo.

En otra columna hemos revisado la historia de esta asociación patronal, pero parte de la defensa que hace Álvarez Icaza de su grupo y de la administración de la Universidad tiene que ver con la creciente oposición al control de los profesores a través de la AAPAUNAM. Este año la asociación llegó al límite para legitimar su contrato colectivo de trabajo (CCT), por lo cual la asociación debía de obtener un voto mayoritario de todos los académicos de la UNAM (más de 40 mil). Para las votaciones en marzo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) le había otorgado todas las facilidades para ganar, como permitir que el conteo de los votos se realizara en la sede sindical y no casilla por casilla, pero la AAPAUNAM no alcanzó ni el 20 % de los votos por la legitimación.

Ante el estrepitoso fracaso, la autoridad federal decidió ponérselas aún más fácil. El CFCRL le permitió a AAPAUNAM reponer el proceso a finales de mayo, extendió las votaciones a una semana, rechazó las solicitudes de observadores en las casillas, permitió la reducción del padrón de trabajadores en más de dos mil trabajadores, es decir, a 38 mil. A pesar de eso y de un gasto significativo en publicidad, AAPAUNAM no volvió a alcanzar la mayoría de votos aun con el padrón rasurado, además de incumplir la entrega del CCT a los trabajadores, como marca la ley. Con todo, Alfredo Domínguez, titular del CFCRL, decidió evitar conflicto con la estructura de la UNAM; dio un par de entrevistas asegurando que se había votado el CCT por mayoría, y entregó la constancia por debajo de la mesa casi un mes después.

“Un trabajo claramente de tiempo parcial”

¿Qué implicó la legitimación del CCT para la AAPAUNAM este año? Es obvio que la legitimación por parte de Alfredo Domínguez fue una decisión política, por fuera de la ley, para evitar un conflicto con una asociación poderosa no por sus trabajadores representados, sino por sus relaciones con rectoría. La AAPAUNAM se ha desempeñado los últimos 40 años como órgano de control, y ha permitido una depresión constante de las condiciones de trabajo de un sector específico del profesorado: los profesores de asignatura que ocupan más del 70 % de todo el personal de la UNAM.

A pesar de reconocer que son “la columna vertebral” de la docencia en la universidad, Álvarez Icaza no puede ocultar el profundo desprecio que tiene a los profesores de asignatura. En la entrevista con Excélsior, el secretario administrativo ofreció una estimación de lo que ganaba “un profesor de asignatura por hora que tuviera 5 años de antigüedad y que impartiera ocho horas a la semana en la Universidad, un trabajo claramente de tiempo parcial”, contra un profesor asociado C “con los mismos 5 años de antigüedad y, suponiendo que este profesor de tiempo completo tenía acceso a las prestaciones que tiene derecho a tener”. Encargado del presupuesto, y con doctorado en ingeniería, Álvarez Icaza encontró “que el salario por hora del profesor de asignatura era mayor que el salario por hora del investigador o del profesor de tiempo completo”. Aquí la estimación del autor de este artículo, con base en el tabulador de 2023, del ejemplo propuesto por el secretario administrativo y suponiendo calificaciones y antigüedad iguales (doctorado con 5 y 6 años en la UNAM):

Tabla 1. Ingresos de la profesora hipotética de Álvarez Icaza
(Suponiendo calificaciones, antigüedad y horas frente a grupos iguales)

 5 años6 años
 Asignatura ATitular Asociado CAsignatura ATitular Asociado C
Sueldo base3763.825254.43763.825254.4
Compensación por antigüedad376.42525.4451.73030.5
Vale de despensa1255.01255.01255.01255.0
Material didáctico116.8887.0116.8887.0
PEPASIG/PRIDE2461.0 2461.011364.5
Reconocimiento al personal académico de asignatura515.1 515.1 
Total8488.129921.88563.441791.4
“Por hora”1061.0748.01070.41044.8
Con base en el Tabulador del Personal Académico, febrero de 2023.

Como puede verse, la maña del ejemplo de Álvarez Icaza consiste en considerar que un trabajo de 8 horas frente a grupo es “claramente de tiempo parcial”, mientras que a un profesor de tiempo completo se le imputan 40 horas. Incrementar el denominador, un truco superbásico, le permite al secretario administrativo justificar un salario apenas superior al mínimo. No obstante, el salario total del profesor de tiempo completo es más de tres veces mayor al de asignatura y, al año 6, cuatro veces mayor.

¿Se trata, sin embargo, de tiempos de trabajo diferentes? Habrá que adivinar cuándo fue la última vez que Álvarez Icaza impartió 8 horas frente a grupo, pero cualquier profesor universitario sabe que es altamente demandante (entre cinco y seis sesiones a la semana). De hecho, es tan demandante que el Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM define como obligación de horas frente a grupo para los profesores de tiempo completo sólo 6 horas por semana. Más aún, de acuerdo con una base de datos de más de 20 mil profesores de asignatura en 2020, el promedio de horas trabajadas por los profesores de tiempo parcial asciende a más de 12 a la semana: el doble de las exigidas a los profesores de tiempo completo.

Si no son la cantidad de horas frente a grupo, ¿qué deberes diferencian a los profesores de tiempo completo y a los de asignatura? En realidad, ninguno. De acuerdo al EPA (artículos 56 y 61) ambas figuras académicas tienen las mismas obligaciones, trece, que incluyen cumplir comisiones académicas, presentar informes de actividades, ser jurado en exámenes profesionales y hasta “defender la autonomía de la universidad”.

“Si ganamos un poco más, francamente lo considero justo”

El profesor C ganando cuatro veces más que el mismo profesor contratado por asignatura no es nada impresionante en el marco general de la desigualdad de la UNAM. Incluso dentro de los profesores de carrera, alrededor de 12 mil, los salarios difieren más de diez veces entre ambos lados de la distribución del ingreso (ver gráfico 2). Para Álvarez Icaza, esa diferencia salarial tiene que ver con la competencia y la justicia. “No es fácil mantener el trabajo de atención a un cargo de responsabilidad y la carrera académica. Entonces, si ganamos un poco más por eso, francamente lo considero justo”, sostuvo. Para él, su salario como secretario administrativo es prácticamente simbólico, “lo que a mí me dan por ser funcionario es una fracción bastante menor de mi sueldo total”. El pequeño extra al que se refiere fue en 2022 un sueldito mensual de más de 51 mil pesos, que representa poco menos de un cuarto de sus ingresos mensuales derivados de la UNAM.

¿Qué tanto es un poco?, o, ¿cuánto suman los suelditos a la Álvarez Icaza? Como se puede apreciar en los gráficos 2 y 3, existe una porción muy minoritaria, pero nada despreciable, de los profesores de la UNAM que ganan por encima del límite salarial a nivel federal. Más aún, en los últimos años esta proporción ha crecido hasta alcanzar el 2 % de los profesores totales de la UNAM (gráfico 3). El gráfico 4 muestra los ingresos promedios, y sus orígenes, de los 400 profesores mejor pagados de la UNAM (alrededor del 1 % de todos los académicos). Como puede observarse, el salario mensual promedio de esos 400 profesores es casi 40 % superior al salario máximo del gobierno federal.

El fenómeno de altísimos salarios de la casta dorada forma parte del mismo sistema que reproduce la precariedad de los profesores de asignatura. En el año 2020, los ingresos de los 400 profesores mejores pagados de la UNAM superaron a los ingresos de los 11492 profesores peor pagados en la misma institución. La situación no ha mejorado desde entonces. Este pequeño grupo, podemos llamarle casta dorada, incrementó sus ingresos medios entre 2021 y 2022 en un 42 %, mientras que la AAPAUNAM negoció con Álvarez Icaza un incremento salarial del 4 % para los profesores de asignatura.


Tanto podemos aprender de lo dicho por Luis Álvarez Icaza en su perfil en Excélsior como del silencio del resto de les candidates. Imanol Ordorika, del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, lo mencionó brevemente, pero nadie más toco el tema de los salarios. Dentro de la casta dorada de la UNAM es sentido común que esa desigualdad sea legítima: en palabras del secretario administrativo “obedece a una lógica de mayor competencia, mayor salario”. En estas matemáticas icazianas, para risa de muchos, la persona más competente de toda la UNAM los últimos años ha sido Rolando Cordera Campos (con un salario casi del doble del máximo federal). Sin embargo, para los no creyentes de la religión castadoradista, la ecuación tiene variables distintas: “mayor poder, mayor ingreso, mayor poder”.

Estas correspondencias se ven con claridad, también, en la presente carrera por la rectoría. El acceso a las posiciones de poder permite a los grupos políticos de la UNAM obtener recursos, grupales e individuales, y esos recursos a su vez permiten acceder a un mayor poder. En dicha carrera, el cuestionamiento a la desigualdad de ingresos no pasa, pues, por el aspecto meramente económico, sino también político y simbólico: el ingreso es símbolo del estatus que han adquirido en la universidad. Para les académiques inconformes de asignatura, no obstante, es una realidad material que les ha impedido tener un nivel de vida digno.

La casta dorada está decidida a no conceder nada a la mayoría de académicos de la universidad, y ha reforzado los mecanismos que reproducen dicha desigualdad en los últimos años. Para Álvarez Icaza, la casta dorada no tiene ninguna culpa y, en cambio, la responsabilidad es de los profesores “que han pretendido hacer de las clases de asignatura su labor de tiempo completo” o, en otras palabras, quienes han intentado vivir del fruto de su trabajo:

¡¿Cómo se atreven?!


Notas

[1] Consultar los archivos de origen para la elaboración de este artículo en github.com/solaresig/castadorada