Segunda parte de dos


En la entrega anterior, argumentamos que la economía criminal tiene intereses claros al despojar a las comunidades de sus territorios y provocar el desplazamiento forzado interno: obtener mayores ganancias, ampliar su poder y consolidar el control territorial. En este escenario, resulta imprescindible no sólo reconocer las diversas estrategias que emplean los grupos criminales para alcanzar estos objetivos, sino también reflexionar sobre las múltiples afectaciones que enfrentan las poblaciones víctimas de estas violencias. Reducir el desplazamiento forzado a cifras o estadísticas invisibiliza la profundidad de los daños que provoca en la vida cotidiana, en las relaciones comunitarias y en los proyectos de vida de quienes lo padecen.

Compartimos aquí algunas claves de análisis desde el enfoque psicosocial para dimensionar esta problemática. En primer lugar, es necesario no perder de vista que detrás de cada comunidad desplazada hay personas, familias y colectivos que enfrentan afectaciones profundas en distintos ámbitos de su existencia. El desplazamiento forzado conlleva un trauma psicosocial que, en palabras de Ignacio Martín-Baró, implica comprender que la herida que afecta a las personas ha sido producida socialmente; es decir, que sus raíces no se encuentran únicamente en el individuo, sino también en las condiciones históricas y estructurales de la sociedad. Las afectaciones derivadas de la violencia sociopolítica no constituyen, por lo tanto, problemáticas individuales o aisladas, sino que son la consecuencia de contextos de violencia, dominación e impunidad.

Por otro lado, es importante recordar que los victimarios actúan con la intención de causar daño, el cual se manifiesta en múltiples impactos psicosociales que atraviesan distintas esferas de la vida de las personas afectadas. En relación con los proyectos de vida, el despojo territorial provoca desarraigo, ruptura de vínculos comunitarios, pérdida de referentes culturales, transformación de las prácticas sociales y alteración de las formas de habitar el espacio. En otras palabras, fractura historias, memorias y formas de existencia construidas históricamente por las comunidades. Los planes a futuro se truncan, las dinámicas cotidianas cambian drásticamente y tanto los proyectos como los tejidos colectivos quedan fragmentados.

Muchas familias se ven obligadas a abandonar actividades productivas vinculadas a la tierra, al cultivo y a formas comunitarias de subsistencia para incorporarse a economías urbanas e informales caracterizadas por la precariedad. Así, aquello que antes formaba parte de una lógica comunitaria y de autosustento se convierte en mercancía y en una necesidad de mercado. El desplazamiento no sólo modifica el lugar donde se vive, sino también las formas de relacionarse, producir, alimentarse y proyectar el futuro. Existe una afectación profunda de las economías locales y de las condiciones materiales de vida. Testimonios como “Antes comía lo que sembraba; ahora sobrevivo con comida chatarra” o “Antes trabajaba la tierra y vendíamos nuestros productos; ahora no tengo trabajo porque en la ciudad no me contratan” reflejan con claridad estas transformaciones. El desplazamiento puede durar desde algunas semanas hasta años enteros, lo que, en la mayoría de los casos, genera condiciones inhumanas de supervivencia.

El desplazamiento forzado conlleva múltiples pérdidas: desde el asesinato de familiares o de integrantes de la comunidad hasta la pérdida del territorio, de la vivienda, de los animales y de las fuentes de sustento económico. Muchas personas jamás pueden regresar a sus hogares. La confusión y la incertidumbre atraviesan la vida cotidiana: preguntas como “¿qué pasó?”, “¿por qué a nosotros?” o “¿podremos regresar?” acompañan permanentemente a las víctimas. Si antes las familias habitaban un mismo territorio y compartían redes de apoyo, ahora la dispersión dificulta la reconstrucción de vínculos comunitarios y debilita las capacidades colectivas para afrontar los daños sufridos. Las personas se ven obligadas a sobrevivir de manera individual, buscando techo, alimentación y acceso a los derechos sociales en condiciones de aislamiento y vulnerabilidad. Además, el carácter prolongado del desplazamiento genera desgaste físico, emocional y político, lo que dificulta la reconstrucción del sentido de la vida y de los proyectos personales y colectivos.

También resulta fundamental reconocer que las amenazas y las intimidaciones persisten aun cuando las personas ya no se encuentran en sus territorios de origen. La violencia no termina con el desplazamiento. Por el contrario, muchas víctimas continúan siendo amenazadas y viven en condiciones permanentes de inseguridad y vulnerabilidad. En la mayoría de los casos, el Estado no garantiza las condiciones necesarias para un retorno seguro ni las condiciones básicas para una vida digna. La ausencia de protección dentro y fuera de los territorios, sumada a la persistente impunidad, profundiza los procesos de deshumanización y deja huellas profundas en los cuerpos y en las vidas de miles —hoy ya millones— de personas que continúan buscando formas de resistencia.

En esta lógica, conviene recuperar una reflexión de una de las autoras de este documento: “si se perpetúa la impunidad y no existe la reparación social, ni moral ni jurídica, la tragedia de las víctimas se convierte en mentira”. Si no hay nada que reparar, aquellos que mataron o desaparecieron a sus seres queridos no existen en el imaginario social como tales; parecería que los crímenes de lesa humanidad fueran una invención de las víctimas. Simultáneamente, al ser desdibujados por la justicia, los victimarios se desdibujan en la realidad social. No hay responsables, no hay victimarios, no hay víctimas.

Sin embargo, tampoco podemos cerrar estas reflexiones sin reconocer las múltiples formas en que las personas y las comunidades crean y recrean estrategias para subsistir y resistir, tanto dentro como fuera de sus territorios. Frente al despojo, recurren a la memoria colectiva, a las redes de solidaridad, a la organización comunitaria y a la espiritualidad como formas de sostener la vida. Porque si algo tienen claro es que sus territorios se defienden y que la resistencia también es una manera de preservar la dignidad y la existencia colectiva.

Comprender estas afectaciones resulta fundamental para analizar y atender el desplazamiento forzado interno más allá de una visión limitada a la seguridad pública o a la emergencia humanitaria. Se trata de una problemática profundamente vinculada a procesos de despojo, de control territorial y de violencia sociopolítica que transforman radicalmente la vida de las comunidades. En este contexto, atender el desplazamiento forzado implica no sólo garantizar condiciones materiales para la supervivencia, sino también reconstruir tejidos comunitarios, reconocer los daños psicosociales producidos y generar condiciones reales para que las poblaciones recuperen sus proyectos de vida y sus territorios.

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