1. El pasado 6 de enero Jack Dorsey, el CEO de Twitter, y Mark Zuckerberg, de Facebook, clausuraron las cuentas de @realDonaldTrump. Dorsey, desde su bunker en la Guyana Francesa, y Zuckerberg, desde el propio en Hawái, terminaron de facto la presidencia de Trump. Después de su bloqueo no quedó nada del líder. La Guardia Nacional fue desplegada a instrucciones de Pence, y el resto de los días los Trump sólo tuvieron tiempo de saquear algunas pertenencias de la Casa Blanca. Mientras tanto, Twitter cancelaba, también, las cuentas de sus colaboradores cercanos y de al menos 70 mil de sus seguidores, entre ellos nuestra propia Paty Navidad.
“Si alguien no está de acuerdo con nuestras reglas, simplemente pueden acudir a otro servicio de internet”, sostenía Dorsey al final de su hilo. Para entonces, el principal competidor de Twitter, Parler, ya llevaba varios días caído. Si Parler no quería moderar su contenido, las empresas que le dotaban de infraestructura lo harían. La red no se encontraba en un lugar abstracto, sino en equipos concretos conectados a un servicio de hosting. Apple y Google habían decidido retirar la aplicación de sus sistemas operativos, y Amazon, el proveedor de hosting para la compañía, la había desconectado por completo.
Este columnista no derrama ni una sola lágrima por Trump, pero sería un error ignorar el significado del hecho. Pocas veces la soberanía corporativa había chocado de manera tan frontal con la soberanía estatal y ganado tan claramente. Y, sin embargo, el fenómeno no es completamente nuevo en el mundo occidental. La soberanía corporativa, sostengo, es al menos tan vieja como la soberanía del Estado Moderno. Ese es el tema de esta columna.
2. En 1667 la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (VOC), fundada en 1602, entregó el control de la isla de Manhattan a Gran Bretaña. Se trataba de una negociación de paz después de varios años de guerra contra la East India Company, fundada en 1600, por el control de las rutas del Atlántico e índicas. A cambio de Nueva Amsterdam, VOC obtenía la soberanía sobre la isla de Run en Indonesia, lo que le permitía mantener su monopolio de la nuez moscada.
No se trataba de un fenómeno extraordinario, pues lo que hoy se considera rivalidad interimperial era, sobre todo, una competencia entre grandes firmas por controlar soberanías coloniales. En 1757, la East India Company aseguró el dominio de Bengal, hoy parte de la India, al derrotar al último Nawab y a sus aliados la Compagnie française des Indes Orientales. Desde Bengal, y pasando por sus dominios en Malaca (hoy Indonesia), la East India Company controlaba el tráfico de opio hacia China. Después de décadas de tensiones entre el imperio chino y la compañía británica, se desencadenó la guerra del Opio que otorgó a Gran Bretaña el control de Hong Kong en 1841. Para entonces, la compañía tenía gobernantes directos en distintos territorios de África, el subcontinente indio y el sureste asiático, imponiendo impuestos, capturando y traficando esclavos, designando gobernadores y, por supuesto, haceciendo la guerra. En conjunto, la corporación controlaba a más población, tenía un ingreso más estable y contaba con un ejército más grande que el gobierno central de Reino Unido.
El poder de estas compañías impactaba no sólo a los sorprendidos súbditos de un poder corporativo, sino a los propios pensadores liberales ingleses. Adam Smith consideraba que la East India Company era un “absurdo extraño”, en tanto que la corporación consideraba sus poderes soberanos como un apéndice de su negocio mercantil. Edmund Burke, por su parte, consideraba que el cuerpo exterior de la compañía era mercantil, pero su real orden interior era político. Se trataba, pues, de “un Estado disfrazado de comerciante.”
El modelo de expansión estadounidense en el mundo siguió los pasos de su predecesor inglés, y para mediados del siglo XX, sus multinacionales tenían no poca experiencia en dominio soberano. Las multinacionales mineras, agrícolas y de comunicaciones en las primeras décadas del siglo habían determinado un modelo de desarrollo basado en la exportación de materias primas latinoamericanas hacia los centros industriales estadounidenses. El poder monopólico de las firmas había generado la dominación, por ejemplo, del United Fruit Company en América Central y el surgimiento del concepto “Banana Republic”, como un estado completamente capturado por una corporación externa.
Su capacidad de acción implicaba no sólo imponer gobernantes en pequeñas naciones, sino aplastar a los rebeldes cuando fuera necesario. En 1972, Jack Anderson, un periodista acreedor del Pulitzer, reveló una serie de documentos que implicaban a la International Telephone & Telegraph (ITT) en un plan para evitar la elección de Salvador Allende. En 1970, la ITT poseía el 70% de las acciones de la Compañía Telefónica de Chile, y había fundado el diario El Mercurio, de tendencia derechista. El director de la firma, John McCone, había sido director de la CIA y, después de la elección del socialista chileno, había organizado distintos boicots al nuevo chileno con la cooperación del gobierno estadounidense y otras multinacionales afectadas por Allende.
La capacidad técnica de generar caos económico se complementaba con el acceso político de las multinacionales de comunicaciones y mineras. “Las Compañías deben de retrasar sus envíos de divisas, sus entregas de mercancías y la reposición de refacciones” decía uno de los memos recuperados por el periodista Anderson, una lista de instrucciones negociadas entre el vicepresidente de la ITT y el representante de la CIA. Por su parte, la Anaconda Copper, ITT y Kennecott organizaron un Ad Hoc Committee, con el fin de “mantener la presión sobre Kissinger y la Casa Blanca, y dar testimonios a menudo en el congreso para que se ponga atención en la seriedad de los problemas de Chile y América Latina en general.”
“La ITT es una verdadera nación, una gigante conglomeración de intereses alrededor del mundo. La ITT es como el imperio británico llegó a ser: el Sol nunca se pone en sus dominios”, aseguraba Jack Anderson en 1972 en una entrevista en la televisión chilena. Poco después de un año más tarde, Allende fue asesinado durante el golpe de Augusto Pinochet.
3. “En muchos sentidos, Facebook es más un gobierno que una compañía tradicional” —declaró Mark Zuckerberg al periodista David Kirkpatrick en 2011—. Si el resto de los ejemplos citados en esta columna se basaba únicamente en el control material de las comunicaciones, las nuevas firmas de Silicon Valley ejercen su poder soberano al engullir la mayor parte de la polis virtual. “Tenemos esta gran comunidad de personas”—continuó Zuckerberg— “y más que cualquier otra firma de tecnología, fijamos políticas.” En los siguientes años, los técnicos de la empresa desarrollaron algoritmos para generar alta adicción a la plataforma, además de vender inteligencia política a sus clientes.
La expansión de estas compañías inició en el norte global, pero pronto, como en otras ediciones de Leviatanes corporativos, sus experimentos de poder se revelaban más abiertamente en el sur. El proyecto Free Basics de Facebook otorga servicios gratuitos de internet limitado a comunidades de 42 países, la mitad en África. El proyecto, promocionado a partir de 2016, implica sólo dar una muestra de aplicaciones de baja banda ancha a usuarios sin acceso a datos, con el único precio de vender mercancías occidentales, ignorar las necesidades lingüísticas locales y, por último, recabar una gran cantidad de metadatos de sus usuarios. Después de algunas protestas de organizaciones locales, la compañía decidió incrementar sus alianzas con la élite liberal, e incluyó en su plataforma a cien organizaciones opositoras. El año pasado, la empresa inició la construcción de un cable que comunica a las costas con capitales europeas, siguiendo la misma ruta que seguían los barcos de la East India Company hace un par de siglos.
Todo déspota ilustrado necesita consejeros, y Facebook siguió la estrategia de Twitter para conseguirlos. En 2016 la plataforma de 140 caracteres anunció la creación de su Consejo de Seguridad y Confianza, 40 organizaciones que brindan asesoría en la creación de los productos y programas de la compañía. En 2019 se integraron 44 organizaciones más al equipo de consejeros, entre ellas Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (@r3dmx). En 2018 Facebook anunció lo propio, organizando la creación de su Junta de Supervisión y dotándola este año de mayores facultades del equivalente de Twitter. La junta, compuesta por 20 miembros en su mayoría de Estados Unidos, debe de dirimir todas las controversias de la compañía a nivel global que, en unos pocos meses, alcanzaron los 150 mil.
Son básicamente lo que Voltaire a Catalina II. Zuckerberg describió las funciones de la Junta como una “Corte Suprema” de la compañía (o del Leviatán). La descripción de los miembros en la página oficial es un oxímoron meritocrático delicioso: “La independencia del juicio de la Junta es fundamental para su función. Los miembros han sido cuidadosamente escogidos por la diversidad y calidad de su juicio.” Coincidentemente, “Independientes escogidos cuidadosamente” junto con “Los juniors también se lo merecen” son los títulos de las próximas películas de Michel Franco.
4. Los habitantes de Twitter han normalizado totalmente la existencia del soberano y, en muchos sentidos, la red es la única polis que conocen. Por diseño, Twitter es una soberanía que mira su poder en sí misma, como un agente colectivo compuesto de TL. Influencers orgánicos, con uno que otro conecte, han emergido en la esfera pública; miles recibieron grados de todo tipo en la red; y políticos y científicos sociales por igual hacen encuestas a sus seguidores, y presumen sus resultados como muestra representativa. Muchos de los súbditos están conscientes que “el mundo no está en Twitter”, pero pocos saben cómo se ve ni, mucho menos, quien vive en él.
La división mexicana de Twitter vivió su propio drama hace como un año, o así se siente. El debate se centró en el intercambio entre el Director de Políticas Públicas de Twitter, @HugoRodriguezN, y @lopezobrador_ respecto a la moderación de contenidos y el pasado panista. De pronto, diversos miembros prominentes de la comunidad apoyaron las nuevas políticas de deplataformización (no sé si así se traduzca). @CarlosPaezAgraz, el especialista en redes de Aristegui Noticias, le pidió que incrementara las sanciones y eliminara entre el 30 y el 50% de las cuentas en el país. Por su parte, @vladyruzo, oficial del programa de Derechos Digitales de Artículo 19, reforzó la política de la compañía y aseguró que las reglas de censura no podían caer en manos de ninguna soberanía nacional. “Los oficiales en el gobierno están pensando que una persona toma estas decisiones”, criticó. Mientras que @tumbolian, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (@r3dmx), defendió la integridad de Rodriguez Nicolat (“Solidaridad con Hugo del que no tengo duda de su integridad.”) y, en general, la libertad empresarial de Twitter para definir sus políticas: “Los intermediarios deben tener la libertad para definir qué contenidos quieren en sus plataformas y cuáles no. (En lo que) debemos enfocarnos en que las empresas sean transparentes.”
Evidentemente el “agarren sus tiliches si no les gusta” no funciona en temas de soberanía. El problema no es uno de elección individual de plataforma, y mucho menos de la libertad de empresa de las firmas tecnológicas. Estos soberanos vestidos de mercaderes toman decisiones de exclusión de discurso y de jugadores en la escena pública, y los excluidos (por acceso o restricción) son cada vez más invisibles en el juego político virtual. Como Amazon con Parler, estos nuevos soberanos deciden unilateralmente quiénes y qué información merece el exilio. En el verano pasado, Reddit suspendió el sub r-Chapotraphouse, que discutía noticias del afamado podcast socialista; en octubre Twitter bloqueó todas las acusaciones de corrupción al hijo de Joe Biden; y el mismo mes bloqueó miles de cuentas de palestinos ante presión de un ministro de Israel. En las últimas semanas se han sumado al exilio una cuenta antifa con más de 70 mil seguidores, además de la cuenta de oficial de sci_hub, un sitio que otorga libre acceso a artículos científicos producidos con dinero público, y WallStreetBets, el grupo que organizó la subida de precio de GameStop contra los shorters financieros.
En otras palabras. La exclusión consciente de la aldea virtual es posible, pero eso no destruye al soberano y su capacidad para definir el estado de excepción. La solución, por otra parte, tampoco es soñar con redes alternativas, o regulaciones únicamente en el espacio nacional. En otras palabras, el internet no es sino un espacio producido por nosotros pero en los medios de producción de contenido de Silicon Valley. Esa propiedad, no su libertad de empresa ni innovación, le permite al Leviatán tecnológico mantenerse en la lógica de la ganancia, vendiéndonos como productos, obligando lealtad y seleccionando a sus consejeros. Pues a expropiarlo.
Referencias
Burke, Edmund. The works of the right honourable Edmund Burke. Vol. 5. Wells and Lilly, 1826.
CIA Archives, CIA-RDP74B00415R000300020013-9.
Kirkpatrick, David. The Facebook effect: The inside story of the company that is connecting the world. Simon and Schuster, 2011, p.254.
Multinational corporations and United States foreign policy. Hearings, Ninety-third Congress [Ninety-fourth Congress, second session], Volumen 4, Parts 1-2.
Smith, Adam. «The wealth of nations [1776].» (1937).