Lady Junek Vargas León
Maestra en Estudios Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
El 5 de octubre pasado las cancillerías de Venezuela y Estados Unidos anunciaron un acuerdo entre sus gobiernos para reactivar, de manera “ordenada, segura y legal”, vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos, muchos de ellos y ellas, sobrevivientes al Tapón del Darién, que han conseguido llegar con vida a Estados Unidos. Este acuerdo demuestra que la vida de los migrantes sigue siendo una moneda de cambio entre ambos países.
Esta acción diplomática, que entraña el cruel propósito de desalentar la migración a los Estados Unidos de cientos de miles de venezolanos, contrasta con el número cada vez mayor de personas que se encuentran en ruta o están varadas a lo largo del territorio mexicano en busca del sueño americano. El acuerdo se enmarca en un discurso de gobernanza mortífera alrededor de una migración que no se atiende desde sus causas.
Lo convenido entre ambos gobiernos violenta el principio jurídico internacional de no devolución, toda vez que propone, con el eufemismo de “retorno voluntario”, la deportación de personas que caminaron un continente para alcanzar una vida que se pueda vivir. El acuerdo conviene deportaciones gestionadas y pagadas por el gobierno bolivariano, basadas en la corresponsabilidad de los Estados de origen, tránsito y destino de los migrantes como parte de los objetivos del Pacto Mundial para la Migración. Resulta obvio que los venezolanos no desean regresar a sobrevivir bajo el gobierno que los expulsó de manera forzada, después de que atravesaron la selva del Darién, el peligroso territorio mexicano, que cruzaron los alambres de púas y se entregaron a agentes de migración frente al muro de contención que divide la frontera sur de Estados Unidos.
A Estados Unidos, este anuncio lo exhibe como un gobierno que vulnera los tratados internacionales más elementales de derechos humanos, y además contradice la reciente resolución doméstica de extensión del Estatuto de Protección Temporal (TPS), fundado en el reconocimiento de la administración norteamericana de los peligros que representa el regreso a ese país para los ciudadanos venezolanos que hayan entrado a los Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023, quienes podrán optar por esta protección.
El anuncio de este convenio de deportación masiva, en caliente y contra la voluntad de quienes migraron de Venezuela, se difundió, además, en el marco del diálogo de alto nivel en seguridad y migración México-Estados Unidos que estos días sucede en México. Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), declaró: “Hemos tomado la decisión de que es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que llegaron a los EE. UU. después del 31 de julio y no tienen una base legal para permanecer aquí”.
Ignorar la realidad política y social de Venezuela con la idea de que es más seguro para las personas migrantes “regresar” es olvidar que existen 7.5 millones de migrantes y refugiados alrededor del mundo de origen venezolano y que éstos se fueron porque en su país escasean los alimentos, las medicinas, la luz, la atención médica, etc. Por eso, esta decisión de deportar a venezolanos es violatoria del derecho internacional considerando la situación económica del país, la continua inflación, la dolarización y la inestable economía, la precariedad del sistema de salud, la inseguridad alimentaria y desnutrición, más los riesgos y violación de derechos humanos que enfrentan los venezolanos en su propio lugar de procedencia.
Que no quepa duda, a diferencia del discurso que hace cinco años promulgó Nicolás Maduro en la Asamblea General de la ONU, donde el mandatario venezolano declaró que la crisis migratoria era fabricada, hoy él se propone intercambiar la vida y dignidad de las personas migrantes para debilitar el bloqueo económico que desde hace años aplican los norteamericanos al pueblo de Venezuela en general.
Y es que en la suscripción de la fantasía necropolítica del discurso de migración segura, ordenada y regular, el gobierno bolivariano niega de facto la realidad sobre que los tiempos de espera y los costos de viajar con pasaporte son incosteables para quien se fuga de la carencia; por eso los migrantes suben caminando por el Darién hacia el norte de América.
Incluso con pasaporte, cada vez más países del continente americano impusieron la necesidad de visado a los ciudadanos venezolanos, lo que provocó que éstos comenzarán a usar las rutas de las migraciones que desafían las fronteras, previamente trazadas sobre todo por ciudadanos centroamericanos hacia los Estados Unidos. Por eso, en el 2022 los migrantes venezolanos eran los organizadores y el contingente mayoritario en las reiteradas caravanas migrantes al sur de México.
En suma, lo que presenta el comunicado de ambos países no es más que el último eslabón de la cadena de políticas de contención que se han aplicado recientemente frente a la migración masiva de venezolanos, quienes en otros momentos ya han sido asistidos con este tipo de programas de “retornos asistidos”. Por ejemplo, cuando en noviembre de 2022 cientos de “retornados voluntarios”, con el llamado Plan Vuelta a la Patria, desde México, fueron obligados a completar con 200 dólares cada uno para costear los vuelos de deportación que aceptó financiar el gobierno bolivariano de Venezuela, aun cuando en los hospitales de todo su país no había medicamentos elementales o comida en las mesas de sus ciudadanos.