Las familias e infancias migrantes han adquirido recientemente un lugar central en el contexto chileno, especialmente tras las declaraciones y las medidas impulsadas por el gobierno de derecha de José Antonio Kast. En esta columna analizaré el ejercicio de la violencia sobre las familias migrantes. Retomo el análisis de Valentina Glockner, quien propone que la política de separación de familias constituye una práctica de fronterización crucial de ciertos regímenes de migración y fronteras, en el que la gestión de niñxs y adolescentes funciona como una tecnología de desincentivación, control y castigo a las poblaciones migrantes. Esta reflexión resulta significativa en un contexto regional donde el ascenso de la extrema derecha ha expandido y profundizado los discursos y prácticas orientadas a perseguir y castigar a las poblaciones migrantes, a la vez que ha revitalizado narrativas conservadoras en torno al parentesco, el género y la sexualidad.
En la primera parte, reconstruiré los sucesos recientes en materia de migración, infancias y familias migrantes en Chile, tras la victoria de Kast. Posteriormente, retomaré mi experiencia de investigación en el norte chileno, entre 2021 y 2023, para mostrar la persistencia de la separación familiar como un mecanismo de sujeción presente en espacios humanitarios en el contexto de postpandemia. A través de estos sucesos mostraré la operación del ideal regulatorio construido en torno a la familia “blanca nacional heterosexual” en la reproducción del orden nacional, mediante la vigilancia y el castigo del cuidado y el parentesco migrante en el contexto chileno. Con estos elementos, esta columna pretende mostrar las formas en que el Estado-nación en Chile, mediante la ilegalización de las poblaciones migrantes, produce e induce las condiciones sociales del cuidado de las infancias que después pretende punir mediante la separación familiar.
Expulsiones, familias e infancias en el Chile de Kast
La proliferación de narrativas xenófobas y racistas en un contexto de intensificación de la movilidad hacia el país hizo de la migración, especialmente la ilegalizada, un exitoso bastión de la campaña de Kast. El populismo punitivo desplegado en la contienda electoral tuvo como estandarte la propuesta de enviar al Congreso una serie de modificaciones a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería aprobada en 2021 bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Las propuestas de modificaciones han sido enviadas ya y fueron aprobadas en general por el Senado de Chile en enero de 2025. Una de las principales reformas impulsadas por el oficialismo pretende reintroducir la tipificación de los llamados “ingresos clandestinos” como delito penal —y ya no como falta administrativa—, tal como lo hacía la legislación migratoria de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Al pavonearse en medios de comunicación con sus nefastas propuestas de campaña, Kast fue interrogado sobre el destino de lxs niñxs chilenxs, hijxs de madres y padres migrantes ilegalizadxs, que fuesen sometidos a procesos de expulsión. Con liviandad, el actual mandatario sostuvo: “El padre tendría que optar si va a jugarse por su hijo, o le va a entregar el cuidado de su hijo al Estado (…). Seremos capaces de hacernos cargo de niños de padres extranjeros que, al ser expulsados de Chile, no quisieron llevarse a su hijo”.
En sus declaraciones, Kast catalogó como “abandono” la hipotética decisión de lxs cuidadorxs que no llevasen consigo a sus hijxs, reduciendo el ejercicio de la violencia estatal contra las familias migrantes a una decisión moral individual. Más aún, el ejercicio de la violencia fue reinterpretado como un acto de generosidad estatal de proveer cuidado a aquellas infancias con padres y madres representadxs como negligentes. Las niñeces chilenas, hijas de migrantes, constituyen una población construida como problemática para el proyecto de nación xenófobo y racista del gobierno de Kast. Durante aquella entrevista, el entonces candidato tuvo un traspié al diferenciar a las niñeces chilenas entre aquellas hijas de padres y madres chilenos y aquellas hijas de padres y madres migrantes. Aquella distinción, rápidamente advertida por lxs periodistas, cristaliza lo que Abdelmalek Sayad nos advertía hace más de cuatro décadas: la migración, más que condición jurídica, es una condición social que, asentada en una distinción racial, produce un orden nacional que se basa en la violencia contra aquellxs producidxs socialmente como extranjeros, incluso cuando son jurídicamente nacionales.
Recientemente, ha tenido lugar el cénit de la producción social del orden nacional a partir de la extranjerización de lxs hijxs nacionales de migrantes ilegalizadxs: el pasado 13 de abril, el Servicio de Registro Civil e Identificación chileno implementó una medida administrativa que atentaba directamente contra el principio de ius solis como derecho constitucional a la nacionalidad. Específicamente, se puso en marcha una disposición administrativa que —valiéndose de la figura de “extranjero transeúnte”, tipificada en la actual ley de migraciones como aquella persona extranjera sin intenciones de establecerse en Chile— instruía a lxs trabajadorxs del registro civil a inscribir como “hijo de extranjero transeúnte” a las personas nacidas de padres y madres que tengan visa de turista o que no posean permiso migratorio vigente. En otras palabras, el derecho a la nacionalidad era negado a lxs hijxs nacidxs de migrantxs ilegalizadxs. Como efecto de la —histórica— lucha de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile contra la inscripción de lxs hijxs de personas ilegalizadas como extranjeros transeúntes, a comienzos de mayo, el Servicio de Registro Civil rectificó la decisión. Una nueva circular indicaba que lxs recién nacidxs de padres y madres en situación irregularizada debían ser inscriptxs como chilenxs.
La propuesta de intensificación de la violencia estatal contra las personas migrantes en Chile se vale del parentesco como objeto de vigilancia, persecución y punición. Recientemente ha trascendido que, dentro de las modificaciones propuestas a la actual Ley de Migración y Extranjería, se encuentra que todo organismo de salud y educación, público o privado, tiene la obligación de entregar información personal y antecedentes a las autoridades migratorias con el fin de asegurar la trazabilidad de migrantes con órdenes de expulsión. El proyecto nacionalista de Kast constituye una de las máximas expresiones de la instrumentalización del cuidado de las infancias en el control migratorio y fronterizo. Como mostraré en la siguiente sección, a través de esta medida —y de la producción de la ilegalidad migrante en general— el Estado-nación produce lo que después denomina y sanciona como “negligencia parental” y “vulneración de los derechos del niño”.
La nueva política migratoria chilena está intensificando el ejercicio de la violencia y multiplicando los mecanismos de vigilancia y punición contra las infancias y las familias migrantes. Sin embargo, como muestran las estudiosas de las migraciones y las infancias en Chile, la violencia contra las infancias, el parentesco y los cuidados es más una parte constitutiva de la producción del orden nacional, que un rasgo excepcional del gobierno de Kast —aunque su crueldad sí se perfila como una configuración singular—. En este sentido, la amenaza de la separación familiar es un fantasma que ha infundido terror en las vidas migrantes en Chile, no sólo durante gobiernos conservadores y de extrema derecha, sino también en el marco de políticas humanitarias de gestión de los movimientos de migración.
“Aquí te quitan a los niños”: el fantasma de la separación familiar en espacios humanitarios
La separación familiar como tecnología de desincentivación, control y castigo a las poblaciones migrantes se ha exacerbado con la llegada de Kast al poder; sin embargo, su ejercicio no es nuevo. Por el contrario, ha sido un elemento central del control de las migraciones y las fronteras chilenas en el marco de la intensificación de los movimientos hacia el país a partir del 2020. Es decir, las narrativas y prácticas en torno a la separación familiar han trascendido el signo político de los gobiernos chilenos y resultan transversales —aunque con sus singularidades— a formas de control del movimiento tanto punitivas como humanitarias.
A partir de 2021, en el marco de mi investigación doctoral, realicé una serie de viajes de trabajo de campo a veinticuatro localidades y zonas de frontera ubicadas a lo largo de una nueva espacialidad del control migratorio y fronterizo denominada corredor del oeste sudamericano, basada en la canalización y aceleración del movimiento al interior de Sudamérica y operacionalizada principalmente por actores humanitarios. En aquel momento, Chile había adquirido gran relevancia a partir de la intensificación de los movimientos de migración hacia el país, en un contexto de cierre generalizado de fronteras. La desestabilización del orden fronterizo como efecto de la fuerza de la migración, junto a la violencia nacionalista materializada en la infame marcha “NO + MIGRANTES” del 25 de septiembre de 2021, dieron lugar a la expansión de la arquitectura humanitaria en el norte del país. Esto se produjo especialmente con la instalación de los llamados “Dispositivos Transitorios” en las localidades de Lobito y Colchane, y la expansión de la intervención de ONG y organismos internacionales en la gestión del movimiento. Este contexto hizo del norte chileno un lugar de suma relevancia para el desarrollo de mi investigación, durante la cual llevé a cabo observaciones participantes en espacios humanitarios y entrevistas en profundidad con migrantes e instituciones involucradas en el gobierno del movimiento.
En este contexto, registré que las infancias y sus cuidados tenían una preeminencia singular en el discurso y las prácticas humanitarias. Como sostuvo un trabajador de la ONG World Vision en el llamado campamento Lobito, “Chile tiene una política de infancia súper potente”. Fundamentalmente, explicó que la llamada “vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes” implicaba un sistema de denuncia y sanción —no necesariamente penal, pero resueltas en Tribunales de Familia— sobre el cual debían enseñar y concientizar a lxs padres y madres migrantes.
La inmersión en espacios humanitarios me permitió capturar un ejercicio pedagógico sistemático con las poblaciones migrantes que consistía en evocar, explícita e implícitamente, la separación familiar como el efecto de no seguir ciertas pautas nacionales de cuidado. En una entrevista con las gestoras de un albergue para migrantes ubicado en la ciudad fronteriza de Arica, una de ellas recordó una intervención que realizó a la madre de un niño de grandes ojos azules. Explicó que aquel niño estaba “desgreñado, sus pies… Todo, todo el día descalzo”; para ella, esto se debía a que “son gente básicamente del Caribe, del clima caliente”. Le explicaba a la madre que “aquí [en Chile] es elemental tener al enano ordenado, peinado”. Para cambiar la conducta de la madre, le dijo: “Te van a ver así con los niños y te los van a quitar. Aquí te quitan a los niños, no porque sean malos, sino que están viendo la seguridad y si yo los veo así, no están cuidados tus hijos”. El ejercicio pedagógico de la trabajadora humanitaria velaba, en la diferencia cultural de “lo caribeño”, la violencia racial y nacionalista ejercida en contra de los cuidados migrantes. En este contexto, la pulcritud de los cuerpos infantiles se imponía como la métrica de los cuidados y criterio de distinción entre cuidadorxs negligentes y responsables.
La separación de las infancias era una problemática que una trabajadora de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) percibía como generalizada entre la población migrante con la que ella trabajaba cotidianamente: “Tenemos muchas mujeres que tienen a los niños en dispositivos de familia. Muchas mujeres”. En su experiencia, la situación de calle era una problemática que desencadenaba procesos de institucionalización, los cuales podían producirse desde el nacimiento del hijx en caso de que lxs médicxs reconocieran la situación. Ella enfatizaba la importancia de “explicarles cómo tiene que ser tratado un niño”, evocando una narrativa nacionalista de los cuidados: “[Si les dices] ‘mira, en Chile es así, así, así, así’, ellas pueden comenzar a actuar como es en Chile. Pero si no les dicen y les quitan a los niños sin explicarles, ahí está el caos”.
La experiencia de las personas migrantes y las sensaciones que reciben en Chile materializan el fantasma de la separación familiar. Una mujer migrante, luego de vivir por un tiempo en el campamento “Lobito”, había logrado salir y construir paulatinamente su vida en la ciudad; sin embargo, los efectos de la vigilancia nacionalista del cuidado que había experimentado en el campamento la seguían hasta su presente. Me contó que: “Allá me andan buscando unas organizaciones para quitarme a los niños”. Explicó que una coordinadora del campamento le había realizado una denuncia de vulneración de derechos porque ella trabajaba limpiando autos en la vía pública y no tenía más opción que hacerlo con sus hijos, porque no tenía con quién dejarlos. Igualmente, ella había conseguido trabajar en unas cuadras específicas, por lo que la gente del lugar ya la conocía, lo que le daba a ella y su familia mayor seguridad. No entendía por qué la querían “joder” si ella estaba trabajando tranquila y les daba un techo a sus hijos. “No tienen que ser así, porque yo ando pa’ todos lados con mis hijos y limpios los tengo. Por qué no me buscan para darme una ayuda, eso es lo que quiero yo, una ayuda”.
Al mismo tiempo que el Estado chileno producía masivamente la ilegalidad migrante mediante el cierre generalizado de fronteras —entre otras prácticas—, condenaba a las familias migrantes por los efectos de dicha ilegalización. La centralidad del RUT (Registro Único Tributario) en la vida social chilena, impedía el acceso a la mayoría de los trabajos, incluyendo los precarizados, como así también la posibilidad de arrendar una vivienda y acceder a servicios públicos. Dichas condiciones, sumadas a la falta de redes —generalmente feminizadas— de apoyo mutuo en los procesos de crianza, derivaban en la generalización de las familias migrantes ilegalizadas como perpetuadora de “vulneraciones de los derechos del niño”.
Atacar a las familias, proteger a La Familia
El siete de marzo del corriente año, Carla Muzzio, Vicejefa de Gobierno de Buenos Aires —miembro del partido político Propuesta Republicana (PRO) que integra la coalición de ultraderecha de La Libertad Avanza— compartió en sus redes sociales un fragmento del discurso del presidente Kast, durante el encuentro conservador de Political Network for Values: “Los padres no deben ser reemplazados por el Estado en la crianza de sus hijos (…) Creemos en la familia como el lugar último de nuestra existencia, el primer lugar para la educación y el amor”. Al mismo tiempo que el mandatario sostenía que el Estado no debe reemplazar a lxs padres y madres nacionales y conservadores, proponía que el Estado reemplace a los padres y madres migrantes ilegalizadxs. ¿Hay en la disonancia entre aquellas afirmaciones y las prácticas del Estado una contradicción en los términos?
La violencia contra las familias migrantes no constituye una contradicción sino más bien un mecanismo de reafirmación de la familia blanca heterosexual nacional como principio regulador de la vida social y piedra angular del orden nacional. Basta con recordar que el primer artículo de la Constitución Nacional de Chile sostiene que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. En este sentido, la separación de las familias —incluso cuando se trate de amenazas solapadas— forma parte del racismo nacionalista implicado en la familia nuclear como ideal regulador. Como muestra Sophie Lewis, en nombre de la protección de las infancias, los Estados despliegan y multiplican los sistemas de control y vigilancia sobre los cuidados de las familias pobres, migrantes, negras e indígenas y se lxs compele a encarnar un ideal normativo imposible —establecido por las políticas públicas y por el imaginario cultural— en tanto se basa en la propiedad privada, la blanquitud y la nación. Al mismo tiempo, las políticas migratorias delimitan formas legítimas de cuidado, parentesco y organización familiar, haciendo de la familia un dispositivo central de gobierno migratorio. La protección y la salvaguarda de La Familia, estandarte del gobierno de Kast, se producen a expensas del despojo de integrantes de las familias racializadas, empobrecidas y extranjerizadas. Las expulsiones, la institucionalización de las infancias, el encarcelamiento masivo, los asesinatos estatales y la pauperización de las vidas que desmiembran a aquellas familias, cimientan la reproducción del orden nacional.
Resulta tan urgente como necesario dirigir nuestra energía política y nuestra potencia analítica hacia las intervenciones estatales sobre las infancias, las familias y los cuidados migrantes. La separación familiar constituye una tecnología de gobierno que pone de manifiesto la mutua constitución entre las violencias patriarcales, racistas, capitalistas y nacionalistas. Por esta razón, considero que luchar contra la separación de las familias implica combatir, más que reformar, las instituciones que hacen posible su existencia. Es decir, luchar contra las expresiones más cruentas de la violencia del cuidado implica problematizar y contestar las reivindicaciones de la institución familiar, incluso bajo sus formas más diversas, y la apelación a la presunta inocencia infantil o al imperativo moral de proteger a lxs más vulnerables. Son precisamente estas poderosas representaciones las que perpetúan la violencia del cuidado, ya sea en sus configuraciones más explícitas y hostiles, como solapadas y afables. Por ello, necesitamos revitalizar nuestra imaginación política y construir nuevas gramáticas para pensar el sostenimiento colectivo de la vida más allá de la familia como principio organizador del orden social. En un contexto en el que las extremas derechas expanden las fronteras hacia la intimidad, lo privado y lo nacional, resulta menester reivindicar la libertad de movimiento de las personas, los afectos y los cuidados. Quizás uno de los desafíos políticos más urgentes de nuestro tiempo consista en imaginar formas de cuidar y de pertenecer que no dependan de la nación, la propiedad o la familia como únicos horizontes posibles para organizar la vida y construir futuro.
* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Centro de Conocimiento, Formacion e Investigación en Estudios Sociales, Universidad de Buenos Aires
Quisiera agradecer especialmente los comentarios y sugerencias de la Dra. Natalia Lantaño.
