Desde el 2 de junio asistimos al concierto de las interpretaciones fallidas sobre el resultado electoral. Ya mucho se ha dicho —y reído— sobre las lágrimas de fachos, derramadas a costa de su propio repertorio de mentiras. Pero después de unas semanas, vemos cómo los más sofisticados entre ellos se secan con el puño de la camisa para explicarnos, con su sobrada soberbia, qué está pasando.
Una de las recientes afirmaciones sobre el avasallante triunfo electoral de Claudia Sheinbaum y Morena tiene que ver con su sentido, con lo que significa para la sociedad mexicana y con sus efectos de corto y largo plazo. A decir de algunos de estos analistas, el resultado del voto masivo que pinta de guinda el país en los poderes ejecutivo y legislativo representa un retroceso histórico. Un retroceso histórico-democrático. Lo debatible, entonces, no es la elección ciudadana —aceptada a regañadientes—, sino lo que esta significa para la configuración de la vida pública e institucional del país. Lo que se disputa es la lectura política de la realidad nacional. Discutamos, pues.
Quienes sostienen la idea del retroceso han insistido en dos ideas. La primera gira en torno al relato de la transición democrática, fraguado y repetido durante años por cierto grupo de académicos, políticos y periodistas —los Nexos y sus circuitos próximos—. La segunda plantea que este presunto “retroceso histórico-democrático” representa la vuelta a un régimen de partido hegemónico, equiparable a la época de López Portillo.
En la primera de ellas hay varios puntos intencionalmente ciegos. El concepto de “transición democrática” fue importado de los debates relacionados con la caída de la Unión Soviética, el fin de la dictadura de Francisco Franco en España y las dictaduras militares en América Latina, y sirvió como marco de análisis para mostrar que en México, a partir de la reforma político-electoral de López Portillo, había comenzado un intervalo de disolución del viejo régimen autoritario hacia uno plenamente democrático. Los intelectuales detrás de este relato ubican dos momentos claves en ese proceso: 1996-1997, con la creación de los órganos y procedimientos electorales, y el comienzo de la alternancia en el poder con el triunfo del PAN en el año 2000. La instrumentación de procedimientos y la implementación de reformas en esos años requirieron de la confluencia de distintos actores que participaron en el lobby político o en el diseño técnico necesario. Algunos de ellos encabezaron la Marcha Rosa-YoDefiendoalINE-VamosConXóchitl y se presentan ahora como artífices salvíficos de la democracia nacional.
La prueba de fuego de este aparataje institucional no fue la alternancia de 2000, como gustan repetir los analistas de televisión, siguiendo un manual simplificado de teoría política, sino los procesos electorales de 2006 y 2012. Son estos dos momentos de la historia reciente de este país los que de forma fáctica demuestran el sesgo ideológico del relato de la transición. Mientras el lustroso sistema electoral se pulía desde dentro, el fraude electoral de 2006 movilizó a miles de ciudadanos dispuestos a defender el traicionado voto, cargados con infinidad de pruebas que el entonces IFE desechó para entregar la presidencia a Felipe Calderón. En 2012, ese mismo organismo engavetó la denuncia y las evidencias de la millonaria compra de votos con las tarjetas Monex en favor de Enrique Peña Nieto.
La reiterada negación del robo de la voluntad ciudadana ahora enreda a los llorosos analistas de salón que intentan convencernos de que veníamos de una historia de triunfos democráticos que sólo ellos aplaudieron entre sí. Su cantaleta hace evidente, una vez más, cómo lo que se hizo durante esos sexenios fraudulentos fue remozar la violencia de la política neoliberal y la degradación social provocada por el contubernio entre gobierno y narcotráfico. Apertrechados durante años en el excesivo formalismo institucional y leguleyo que convirtió al actual INE en un elefante blanco, alimentado por una gigantesca cantidad de recursos públicos, los tecnócratas y sus escribanos no vieron ni oyeron durante años el creciente malestar que se guardó en la memoria colectiva. Y ahora se preguntan por qué, de dónde vino. “¿Será acaso el ethos autoritario de un pueblo conformista?”, repiten y repiten.
La segunda idea con la que ahora engordan a sus audiencias, como decía párrafos atrás, es la supuesta vuelta al sistema de partido hegemónico. Este concepto, tematizado por Giovanni Sartori, distingue entre los sistemas que permiten a los partidos acceder o no al poder, y describe la capacidad competitiva de estos, misma que se verifica en la alternancia gubernamental. Así, según esta teoría, hasta antes de la reforma animada por Reyes Heroles, en México vivíamos en un esquema unipolar de partido hegemónico.
Bajo este mismo esquema, los comentócratas más cultivados del debate público insisten en que la predominancia incuestionable que ha adquirido Morena es ya una vuelta a esa realidad, que cierra las puertas a la competencia de las otras fuerzas políticas, lo que nos llevaría a un escenario equivalente al sexenio de López Portillo. Este artificio argumental es algo más que una licencia interpretativa, pues representa la intencional negación de la historia social de este país.
El dominio político del PRI durante el gobierno de López Portillo (1976 – 1982) no sólo se ejecutaba con la estructura institucional del Estado mexicano, la cual le permitió ser el único candidato a la presidencia, sino también mediante la violencia de Estado, empleada para aniquilar cualquier fuerza política que contraviniera la lógica gubernamental. Después del sanguinario sexenio de Luis Echeverría, la represión política siguió funcionando como una maquinaria de control social. Eran los tiempos de plena vigencia de la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca. Vale la pena decir que una de las grandes diferencias entre las desapariciones forzadas del crimen organizado actual y las operadas por esos cuerpos policiacos o para-policiacos es que entonces tenían una finalidad claramente contrainsurgente. Baste recordar la desaparición aún no esclarecida de Víctor Yodo, líder de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI). Fueron años en los que la militancia de izquierda y de oposición se movía en la constante amenaza del encarcelamiento, la tortura y la muerte.
Por eso indigna ver a esos encorsetados analistas hacer analogías grandilocuentes y escandalosas. Pero no se trata sólo de límites de clase o ideológicos: hay en esto una operación de censura histórica. Se trata de negar las luchas sociales que nunca estuvieron en los tabloides de los periódicos oficiales. Se trata de seguir ocultando los rostros de esas batallas clandestinas y anónimas que jamás han sido parte de la narrativa creada por los transitólogos. Su transición ha sido un artificio creado con fines políticos que nunca reflejó la lucha de los más oprimidos para cambiar este país. No pueden ver una realidad a la que jamás han asomado la nariz desde sus palacios institucionales. Por eso no entienden que no entienden los agravios firmemente guardados por los millones que salieron a dar su voto para un proyecto en el que creen. Millones que no entregan cheques en blanco ni regalan silencio, porque ese silencio jamás ha existido: acá siempre ha habido quienes levantan la voz. Es a ellos a quienes les debemos que ahora el voto tenga un valor político; no a los gritos de las emperifolladas señoras que siempre han comido a la mesa del patrón.
