Opinión
Mónica Lozano Ayala
“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”.
Antonio Gramsci
Es ya una tradición política que, previo a algunas elecciones federales, ocurra una reforma importante en materia electoral. Estas reformas pretenden cambios estructurales basados en las experiencias del pasado, pero, sobre todo, en las presiones políticas del momento. Actualmente hay una gran inquietud en un sector de la población que siente amenazada la democracia de nuestro país, democracia que ya de por sí se ha mantenido con gran insatisfacción de parte de la ciudadanía. [1]
Dentro de los temas que están en la mesa de discusión de esta reforma están los párrafos 7 y 8 del artículo 134 constitucional que se introdujeron en 2007 al sistema electoral mexicano por la necesidad de regular la influencia del funcionariado público en las contiendas electorales por medio de la difusión de propaganda gubernamental y el uso de recursos públicos. En ese momento político había una urgencia de establecer un nuevo modelo de comunicación política. No olvidemos el impacto que estos factores tuvieron en las elecciones del 2006, con la llamada guerra sucia, que influyó negativamente en la decisión final del electorado.
La tercera generación de reformas electorales, dijo el constituyente, debía dar respuesta a los dos grandes problemas que enfrentaba la democracia mexicana en ese momento: el uso y abuso del dinero y de los medios de comunicación. De esta manera, comenzó el impostergable diseño de un nuevo modelo de comunicación política que continuó con la reforma del 2014.
En este sentido, las nuevas reglas prohibieron la difusión de propaganda gubernamental y la promoción personalizada, en cualquier elección y hasta la conclusión de la Jornada Electoral, —lo que llamamos tiempos prohibidos— desde cualquier nivel de gobierno, con algunas excepciones, como son: las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Introdujeron, pues, la obligación constitucional al funcionariado público de mostrarse en todo momento neutral e imparcial, para preservar el principio de equidad en cualquier contienda.
Desafortunadamente esta reforma del mencionado 134 no cuenta a la fecha con la respectiva ley reglamentaria, es decir, no fue completado el marco normativo. Solamente fueron regulados algunos aspectos en leyes secundarias, consecuentemente la Sala Superior del TEPJF ha ido construyendo criterios a lo largo de estos años para cubrir las lagunas normativas.
En este descuido legislativo las funciones de la Sala Especializada y de la Sala Superior, quedaron imposibilitadas de imponer sanciones por este tipo de ilegalidades, es decir, cuando declara a través de sus sentencias que alguna persona del servicio público quebrantó la ley y que amerita una sanción, sólo puede enterar —dar vista— a su superior jerárquico, que normalmente son los órganos internos de control. Sin embargo, estas sentencias por lo general se guardan en algún cajón, o bien, los órganos responden que no cuentan con procedimientos específicos para sancionar y por lo tanto no lo harán. Otras quedan en simples llamadas de atención al funcionario o funcionaria. En pocas palabras, normalmente no se cumple con lo ordenado en la sentencia. Esto implica que el proceso jurisdiccional no llega a ningún fin, porque el propósito jurisdiccional no es el de dictar sentencias declarativas, sino que debe tener una sanción y ser inhibitoria de las conductas ilícitas.
En este momento es muy prematuro vislumbrar a qué acuerdos llegaran las fuerzas políticas que están involucradas actualmente en las reformas, sin embargo, parece una buena oportunidad para hacer ajustes a las normas imperfectas, que provocan callejones sin salida y que no cumplen con la intención de lo que llamamos el espíritu de la norma.
Al parecer la propuesta de reforma contempla abrirle la puerta al funcionariado público para actuar con liberalidad. Desde mi punto de vista esta es un arma de doble filo, por una parte, que haya libertad de la propaganda gubernamental da posibilidad de que el elector se entere de los logros del trabajo del gobierno y así tome una decisión “informada” en las urnas. Por otro lado, el riesgo es que, como ya sucedió anteriormente, se use toda la maquinaria del Estado y los dineros públicos por el partido en el poder, el que sea, para obtener así una posición de ventaja ante el electorado.
Lo anterior, porque a lo largo de este joven devenir del 134, en la Sala Especializada y en sí en el TEPJF, se siguen resolviendo una cantidad importante de asuntos que atraviesan estas irregularidades del servicio público. Hay otras conductas que con base en sentencias dejaron de practicarse dentro del nuevo modelo de comunicación política, pero no es el caso respecto a las quejas sobre posibles actos ilegales del funcionariado público.
Respecto a esto una reflexión se antoja pertinente. El funcionariado público no debería perder el foco de atención en su trabajo, aquel que debe desarrollar en el cargo que le fue encomendado mientras tenga la responsabilidad de la prestación del servicio público. En mi opinión, no debería distraerse en hacer campañas político-electorales, debe recordar en todo momento las obligaciones que asumió frente a la sociedad y por lo que es retribuido.
Ya sea que se expida la ley reglamentaria y que el TEPJF pueda sancionar directamente, o bien, que la reforma abra la posibilidad de que el funcionariado público haga propaganda gubernamental y promoción personalizada en cualquier tiempo, al menos la modificación permitirá transitar a una constitución que no tenga dobles discursos, porque pareciera que se pretende evitar algo, que en realidad no quiere evitarse. Además, no podemos perder de vista que el trabajo jurisdiccional también usa recursos del erario para el desarrollo de su función y que, en casos como éste, no cumple con el propósito y al interior es terriblemente desalentador.
Si analizamos todo lo anterior, pareciera que el problema que atraviesa la aplicación del 134 constitucional no es puramente legislativo, sino que está en medio de juegos de poder que no son saludables y que se deben de erradicar a toda costa. Esto último me lleva a una reflexión: el problema es mucho más profundo y hasta cierto punto desesperanzador; el camino por recorrer para conseguir la vida democrática anhelada parece inalcanzable.
Todos y cada uno de los actores políticos tenemos nuestra propia responsabilidad, considero que es aconsejable que la revisemos, pues al parecer nos conformamos, sin generalizar, de la siguiente manera:
- Contamos con una clase política enfocada en sus intereses particulares, desconectada de las necesidades sociales, que está interesada en mantenerse en la cima ostentando los poderes políticos y económicos convirtiéndose en un “elitismo democrático” y permitiendo la presión de poderes fácticos como el del crimen organizado.
- Interactuamos con partidos políticos sin verdaderos procesos democráticos al interior; conformados por personas sin identidad ideológica afín al partido; pero lo más grave, como dijo Peter Mair, los partidos políticos “se han desconectado hasta tal punto de la sociedad en general y están empeñados en una clase de competición que es tan carente de significado que ya no son capaces de ser el soporte de la democracia en su forma presente”. (Mair, 2013, p. 12).
- Aceptamos la persistencia de un funcionariado público que puede perder de vista la responsabilidad que representa tener poder de decisión dentro de un Estado y que debe vigilar conducirse con honestidad y vocación en su vida privada y pública, porque la una afecta a la otra y a la sociedad toda.
- No percibimos el riesgo que conlleva una ciudadanía desinteresada, desafectada y sin memoria, que difícilmente ejerce presión en la vida institucional y en la agenda legislativa y que cree que su actividad democrática se constriñe a emitir su voto el día de la jornada electoral y que al final termina votando por la opción que le parece “la menos mala”.
- Continuamos auspiciando unas instituciones pesadas y cuestionadas de cuya imparcialidad y autonomía la sociedad duda, porque al final no se ven garantizados los derechos ni las libertades prometidas a la ciudadanía.
- Toleramos a los medios de comunicación que quieren conservar su poder y su dinero y que pareciera que calculan el costo beneficio de las multas a las que pueden ser acreedores en tiempos electorales y que no les preocupa seguir infringiendo la ley.
Ante esta irresponsabilidad de la generalidad de los actores políticos, entonces ¿cómo podremos salir de esta situación? ¿Cómo podemos darle sustancia a nuestra democracia? Es evidente que no hay reforma que por sí misma pueda llegar a arrancar estos profundos problemas.
En este sentido, parece impostergable que hombres y mujeres desde cualquier rol que desempeñen dentro de la sociedad hagamos conciencia plena, a través del entendimiento de las problemáticas que nos aquejan y de cuestionar las estructuras, esas que ya tienen que caer, pero sobre todo a través de acciones concretas y enfocadas que no se queden en la queja y en el ingenio de los memes, porque es en la participación de la ciudadanía en donde se puede crear una democracia con contenido, la ciudadanía tiene la capacidad —si se involucra y participa— de hacer la transformación necesaria y romper las inercias aprendidas y repetidas, esas a las que Aleida Hernández llama “la institucionalización de la injusticia”. (Hernández Cervantes y Burgos Matamoros, 2018, p.88).
Como seres humanos sociales debemos practicar dentro de nuestros círculos el habla-escucha para generar nuevas conclusiones y acuerdos, tal como lo siguen haciendo las y los pobladores de comunidades originarías, acuerdos que puedan expandirse a todos los niveles, reconocer al servicio público como lo que es: ¡un servicio! que requiere de compromiso; no podemos olvidar que las y los servidores públicos también son ciudadanía.
Es urgente la construcción de nuevos paradigmas, porque cada vez parece más difícil resarcir los daños causados por nuestra indiferencia. Para dicha construcción hay que destruir lo que dentro del régimen político ha fracasado, necesitamos transformarnos con nuevos comportamientos, en nuevas estructuras culturales, deshacernos de nuestros sistemas de creencias al que ya no podemos darle más vida, despojarnos de la aspiración de que las mismas prácticas den solución a nuestros problemas que cada vez son más graves.
El fin último de la vida dentro de una democracia no es que podamos votar y que nuestro voto sea respetado; no, el fin último de la democracia debe verse reflejado en la mejora de la existencia toda, una sensación de bienestar que incluye el aspecto espiritual, como cada persona lo anhele y lo conciba y que cuide de la dignidad humana.
En efecto, nuestra democracia requiere de una reforma radical —de raíz—, pero no me refiero a esa que se negocia y se reparte entre las diferentes fuerzas, a estas alturas ya deberíamos de saberlo, sino de la que está basada en el actuar de cada uno de nosotros de cada una de nosotras, con todas nuestras capacidades dentro de este complejo entramado y desde nuestras particulares tareas: nuestro actuar como la medicina democrática.
Para ello, cada vez se hace más necesaria la creencia en un concepto de democracia que emane de la deliberación social; es decir, que además de participativa ofrezca la posibilidad de contar con una masa social más crítica. Esto, que ahora se posibilita con la intervención de las redes sociales, puede conducir, sin lugar a duda, al surgimiento de una mejor sociedad y de menos simulaciones democráticas.
Nota
[1] Ruta: Análisis Online. La democracia. Percepción de la democracia en su país. Satisfacción con la democracia. Selección de país y año
Referencias
Mair, P. (2013). Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental. Madrid: Alianza Editorial.
Hernández Cervantes, A. y M. Burgos Matamoros (coord.) (2018). La disputa por el derecho: la globalización hegemónica y la defensa de los pueblos y grupos sociales. México: Bonilla Artigas Editores-UNAM-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales y Humanidades.