El 8 de noviembre fue nombrado Enrique Graue como rector de la UNAM para un segundo periodo hasta 2023. La continuidad del médico oftalmólogo al frente de la mayor institución educativa del país se da tras una serie de visibles cambios en el contexto nacional, así como un estado de exaltación y vulnerabilidad para la universidad nacional. En el nuevo escenario político, la presumible apuesta del gobierno federal por la reelección de Graue se hizo con base en la estabilidad que el médico le podría entregar a este espacio clave de politicidad en México. Las odas de algunos de sus connotados voceros universitarios a su primera gestión, arguyendo la ampliación de infraestructura y oferta educativa o la conquista de posiciones en rankings internacionales, así lo constatan.
La UNAM es una institución clave de la política mexicana por su población (356 000 estudiantes y 41 000 trabajadores académicos y administrativos), presupuesto (44 942 millones de pesos para 2019) y lugar en la cultura nacional. La restringida forma de acceder a los cargos de dirección en la Máxima Casa de Estudios hace recaer su elección y continuidad en la eficiencia y los resultados entregados en el periodo para el cual son designados. Sin duda los miembros de la Junta de Gobierno —máximo órgano directivo de la UNAM— habrán sopesado el contexto y propuestas del resto de aspirantes para elegir a Graue Wiechers. Empero, planteo algunos acontecimientos a considerar sobre su primer periodo y los escenarios ante su continuidad.
Si bien la reelección no fue sorpresa, la llegada de Enrique Graue como máxima autoridad de la UNAM en noviembre de 2015 sí lo fue. En aquella terna en la que resultó electo el exdirector de la Facultad de Medicina también estaban Sergio Alcocer (exsecretario general de la UNAM y exsubsecretario de Relaciones Exteriores) y Francisco Bolívar Zapata (excoordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República, y exmiembro de la Junta de Gobierno). Graue prometía un perfil universitario y con independencia frente a un gobierno federal desacreditado por la administración de Enrique Peña Nieto tras la crisis por los 43 de Ayotzinapa y las muestras de solidaridad que dieron los universitarios. La ilusión duró poco, en febrero de 2017 el nuevo rector embaucó a la UNAM en la iniciativa “Vibra México”, en la cual confluyeron organizaciones y personalidades tan polémicas como Mexicanos Primero o Isabel Miranda de Wallace. Si bien el rector se manifestó contra los ataques de Donald Trump a nuestro país , en la esfera pública la acción se leyó más bien como un espaldarazo al agonizante gobierno de Peña Nieto en plenas manifestaciones contra el gasolinazo, quien había abierto la puerta de Palacio Nacional al todavía candidato republicano tan sólo seis meses antes .
La UNAM también atrajo reflectores por lo que pasaba puertas adentro de Ciudad Universitaria. El 3 de mayo de 2017 fue encontrado el cuerpo de Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiante universitaria de 22 años, al lado de una caseta telefónica y con señales de estrangulamiento en las inmediaciones del Instituto de Ingeniería. Ante un primer comunicado doce horas después de lo ocurrido sin brindar identidad ni adscripción , se sucedieron varias declaraciones de autoridades universitarias que calificaron a Lesvy de “estudiante irregular” y dieron pie a que los medios especularan sobre presuntos abusos de drogas y alcohol como elementos para el caso. Dos meses después, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México clasificó el caso como feminicidio agravado. Tras un largo proceso de reclasificación del delito con evidencias contundentes, y gracias al esfuerzo de la madre Araceli Osorio, en octubre de este año Jorge Luis González Hernández, expareja de Lesvy y extrabajador de la UNAM, fue sentenciado como culpable por el delito de homicidio. Este caso sienta un precedente fundamental para que otros se puedan dictaminar como feminicidio. Por desgracia, la percepción es que la UNAM aparece como la primera en una lista de instituciones públicas que obstruyeron el proceso, más que una que haya coadyuvado a él.
Ya en tiempos postelectorales, el 3 de septiembre de 2018, un grupo de estudiantes del CCH Azcapotzalco, que demandaban mejores condiciones de estudio en su plantel, fueron agredidos por un grupo de porros. Varios resultaron con heridas de gravedad. La transmisión en vivo y la presencia evidente de algunos elementos de Auxilio UNAM en el ataque provocaron un amplio rechazo y una movilización masiva de universitarios en repudio al porrismo. El 12 de septiembre el rector firmó un pliego petitorio aceptando las demandas que los estudiantes le formularon en asamblea, sin embargo, es poco probable que a raíz de esa firma el porrismo haya desparecido como una herramienta de agresión e intervención política encubierta por las autoridades universitarias y de algunos ayuntamientos de la Ciudad de México.
Otros problemas tuvieron una continuidad preocupante dentro del mismo periodo, como la inseguridad dentro de los planteles de la UNAM, la cual sigue en ascenso. Más allá de hechos puntuales como la balacera que tuvo lugar el 28 de febrero de 2018 en los Frontones de Ingeniera (lugar documentado por la venta de drogas), la realidad es que los planteles de la universidad nacional son ubicados como lugares peligrosos dentro de un contexto ya de sí violento. La rectoría de Graue implementó acciones, como el cercamiento de áreas comunes en el campus de 370 hectáreas de Ciudad Universitaria o la malograda campaña “No es tu amigo, es un narco”, que lejos de ayudar a resolver el problema sembraron desconfianza y malestar entre la comunidad universitaria.
Porrismo, inseguridad y violencia de género son algunos de los problemas urgentes que el primer periodo de Enrique Graue al frente de la rectoría de la UNAM no pudo resolver. Aunque en muchos de ellos la rectoría intervino, la percepción es que poco ha resuelto y que más bien han ahondado en el conflicto. El ejemplo actual es el de la violencia de género y el acoso que se padece —la mayoría de veces impunemente — en la cotidianidad universitaria, como Mónica Quijano anota con puntualidad en su texto “Por la eliminación efectiva de la violencia de género en la UNAM”.
Si los problemas urgentes e inmediatos no se han podido resolver, ¿qué podemos esperar sobre las cuestiones estructurales y grandes debates a los que se enfrenta la Máxima Casa de Estudios? La defensa y ampliación del presupuesto universitario; la preponderancia de la investigación, docencia y difusión de la cultura (labores sustanciales de la educación superior) frente a las lógicas burocráticas y gerontocráticas; la vinculación para pensar y aportar a la resolución de problemas sociales apremiantes; la tosca desigualdad salarial imperante entre académicos; o el debate nacional sobre la ampliación de la matrícula universitaria son sólo algunos de los que me vienen a la mente en un conteo rápido.
El sociólogo norteamericano Barrington Moore planteó en su clásico La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión (IIS-UNAM, 1996) que una de las tres causales de rebelión dentro de una comunidad es el sentimiento de inseguridad y la vulnerabilidad que sus miembros adquieren, pues a quien le correspondía esta labor dentro del pacto social, no la lleva a cabo de manera satisfactoria. Bien haríamos en releer a Moore para intentar explicarnos los últimos acontecimientos dentro de la UNAM. Que parte del legado del primer periodo de Enrique Luis Graue Weichers sean las imágenes cotidianas de la torre de Rectoría cerrada y maltratada o que la pinta “UNAM feminicida” aparezca tras los paros de estudiantes que buscan la erradicación de violencia de género en las aulas, es un sentimiento de agravio que nos debe de preocupar y ocupar a todos lo que fuimos formados y hemos sido parte de esta noble institución.