En diciembre de 2018, en su toma de protesta, el presidente López Obrador prometió rehabilitar las seis refinerías existentes en el país y —después de 40 años— construir una nueva en Dos Bocas, Tabasco. Aunque insistió en que la construcción se haría “en tiempo récord”, y con un presupuesto de 8,000 millones de dólares, lo cierto es que cinco años después la refinería todavía no puede refinar, y el sobrecosto sigue en aumento. Eso sí, ya fue inaugurada. Faltaba más.

Este año, el inicio de las campañas presidenciales ha traído consigo nuevas ocurrencias. En algunas de ellas, al menos, las candidatas están de acuerdo: los programas sociales no se reducen, sino que se incrementan, aun cuando parezca inviable. Aquí el presidente parece haber ganado la batalla. Sin embargo, es mucho más difícil llegar a un acuerdo con respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex). ¿Abrir nuevas refinerías es una ocurrencia? ¿O la ocurrencia es cerrarlas, así como así?

El pasado 9 de marzo, en Monterrey, la candidata Xóchitl Gálvez anunció que, de llegar a la presidencia, cerraría en los primeros seis meses las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero, que aportan alrededor del 25% de los combustibles producidos en el país. Dijo también que había antecedentes que mostraban la viabilidad de hacerlo, como el cierre de la refinería de la Ciudad de México en 1991. En aquella ocasión se construyó un parque ecológico: esta vez, Gálvez propone algo ligeramente distinto: Cadereyta será el nuevo “Silicon Valley”, dijo la candidata.

¿Pero qué tan exitoso fue el cierre de aquella refinería de la Ciudad de México? ¿Qué podemos rescatar de esa experiencia? De aquella refinería, inaugurada en 1932 por la Compañía El Águila, también se decía que había sido construida en tiempo récord y que, además de contribuir con la industrialización del centro del país, prometía solucionar el mayor problema ambiental de la época —la deforestación— sustituyendo con combustibles fósiles el carbón de leña que se usaba diariamente en los braseros y anafres de la ciudad.

Trabajadores en la refinería de Azcapotzalco, 1934; 1949. Archivo Casasola, INAH.

Como sabemos, todo lo que se construye en México en tiempo récord suele terminar mal. Tras su instalación, los problemas se volvieron cotidianos: fugas, incendios que alcanzaban sembradíos, filtraciones que llegaban al drenaje y fuertes olores a huevo podrido que afectaban las colonias colindantes en Azcapotzalco y Tacuba. Lo que al inicio fue una preocupación para los vecinos, pronto se extendió a toda la ciudad. En la década de 1970, los problemas ambientales se agravaron, tanto por la refinería como por otras industrias. El Estado y los empresarios achacaron la responsabilidad a los individuos, particularmente a los automovilistas. El nuevo villano de la historia era el alto contenido de plomo en la gasolina (producida por Pemex), que afectaba la atmósfera y provocaba serios problemas de salud, y no sólo de los humanos.

En el invierno de 1987, parvadas de pájaros aparecieron muertos en la Ciudad de México, producto de la contaminación. El Grupo de los Cien y otros movimientos ambientalistas exigieron eliminar el plomo de las gasolinas, impulsaron el “Hoy no circula” y demandaron el cierre de la refinería. En 1989, un estudio reveló la gravedad de los contaminantes de la planta de Azcapotzalco: aun cumpliendo con las normas mexicanas, las emisiones de hidrocarburos totales, dióxido de azufre y monóxido de carbono estaban muy por encima de refinerías similares en Estados Unidos, algo que sin duda preocupaba en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Aunque el petróleo se mantuvo al margen del tratado, y Pemex no se privatizó, como muchos temían, la llegada de Carlos Salinas de Gortari sí trajo cambios sustanciales para la empresa. Además de encarcelar a la Quina, otro de los grandes actos del presidente respecto a Pemex fue el cierre de la refinería de la Ciudad de México, decretado un 18 de marzo de 1991. Alrededor de cinco mil trabajadores fueron despedidos, y en muchos casos, arrojados a un mercado laboral incierto. En ese mismo momento llegó otra ocurrencia: construir un parque ecológico en los terrenos de la refinería.

Difícil situación. Las infraestructuras no pueden desaparecerse así nada más, por decreto. El lugar se había convertido en un nodo de oleoductos y en un área de almacenamiento y distribución que debía mantener sus funciones. El desmantelamiento de la refinería tampoco fue sencillo. Una parte del equipo se relocalizó y otro tanto se volvió chatarra. Una parte de esa chatarra se convirtió en arte, como la “Escultura Cósmico-Ecológica” hecha por Jorge Espinosa, ubicada en un parque inaugurado por Salinas, justo al lado de la refinería. Fue una especie de parque provisorio —no el prometido—, hecho sólo por salir del paso.

Mientras tanto, el resto de los terrenos, en espera de convertirse en megaparque, se volvieron una zona de sacrificio. Filtraciones de hidrocarburos invadieron el subsuelo, y pronto se descubrieron almacenados “askareles” (bifenilos policlorados, o PCBs) e incluso tanques con tetraetilo de plomo. La situación era dramática: algunos contaminantes habían desaparecido de la atmósfera de la ciudad, pero otros seguían bajo la tierra e incluso en los cuerpos de sus habitantes. Pasaron muchos años, gobiernos y recursos, para que la zona finalmente se rehabilitara. Salinas había cerrado la refinería y prometió un parque que nunca llegó. Irónicamente, Calderón prometió una refinería que nunca llegó —otra ocurrencia— y terminó inaugurando un muy cuestionable Parque Bicentenario.

Para algunos, cerrar la refinería de Azcapotzalco fue un chivo expiatorio, como para otros sería un “cabrito expiatorio” cerrar Cadereyta si no se considera el problema en toda su dimensión, como escribí en otra parte. Es cierto que el cierre de Azcapotzalco contribuyó a mejorar la calidad del aire de la capital, y lo mismo debería esperarse con el cierre de otras refinerías. Pero no debe perderse de vista que la medida debe acompañarse de otras que vayan en la misma dirección: planes de apoyo a los trabajadores y sus comunidades, gestión de contaminantes, reconversión industrial e impulso al transporte público.

Las transiciones energéticas deben pensarse no sólo en términos ambientales o económicos, sino de justicia social. En todo el mundo, los partidos políticos están conscientes de esto y no se cansarán de decirlo, pero la mayor parte del tiempo serán sólo palabras vacías. Desde Azcapotzalco hasta California, cerrar refinerías ha traído grandes adversidades para los trabajadores y las comunidades que dependen de ellas. Es un paso necesario, pero que debe hacerse con cautela y aprendiendo de experiencias pasadas. El caso alemán con sus minas de carbón, por ejemplo, muestra la importancia de evitar políticas verticales y precipitadas, y de asegurar la participación local en el diseño de estrategias de transición.

Sin embargo, tampoco es sencillo copiar fórmulas: reconversiones como la anterior se han apoyado en sistemas de seguridad social y laboral sólidos de los que carecemos en México, además de contar con grandes inversiones públicas en infraestructura y remediación ambiental. Todo esto vuelve la tarea aún más complicada y plantea enormes retos para casos como el mexicano. La sensibilidad ambiental es oro molido en el periodo electoral y se puede jugar con ella para ganar votos. Discutir sobre las refinerías y el futuro de Pemex es más que necesario, pero habrá que hacerlo con bases sólidas y no sólo con ocurrencias.

Author