La política se juega todos los días en instituciones, territorios, conflictos y negociaciones que no empiezan ni terminan en las elecciones presidenciales. Pero en Colombia se vive bajo la distorsión contraria, propia de las campañas presidenciales, que invitan a pensar, durante unas semanas, que un país entero puede resumirse en una pelea entre izquierda y derecha. Se trata de una ilusión cómoda, pero engañosa; una ilusión que tiene una función clara de ordenar el ruido del momento y ofrecer una brújula rápida para ubicarse. El problema es que también aplana la realidad.
Pensar sólo en izquierda y derecha vuelve miope la mirada histórica. Colombia no ha vivido su disputa pública del mismo modo que otros países de la región. Durante décadas, la guerra, la seguridad, la paz, la relación entre centro y periferia y la debilidad estatal explicaron mejor la confrontación que una simple etiqueta ideológica.
La oposición fácil entre izquierda y derecha encierra al votante en una experiencia demasiado pequeña. Cada quien mira desde su salario, su barrio, su rabia, su miedo o su memoria personal. Pero, retomando a Wright Mills, una sociedad no se piensa bien desde el tamaño de una biografía; se requiere un poco más de imaginación para comprenderla.
El balance del gobierno de Petro no sirve para absolverlo ni para condenarlo en bloque. Sirve para entender el país que llega a esta elección. Hubo avances que no deberían borrarse por reflejo antipetrista. Bajaron la pobreza y el desempleo, aumentó la inversión en educación superior pública y la formalización de tierras volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Estado. Para muchos votantes, eso confirma que el primer gobierno progresista abrió discusiones necesarias sobre desigualdad, campo, paz y derechos sociales.
Pero ese mismo gobierno alimentó parte del malestar que hoy aprovecha la derecha más dura. La ejecución fue débil en varios sectores, la crisis de medicamentos golpeó la vida diaria de miles de familias, la presión fiscal se volvió más visible y la violencia siguió castigando a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades rurales. A ello se sumó una relación errática con las instituciones. Petro denunció bloqueos reales, pero con frecuencia confundió la crítica, el control judicial o la oposición parlamentaria con una conspiración contra el pueblo. Esa manera de gobernar reforzó el personalismo que decía combatir.
La oposición tampoco ayudó a ordenar el debate. En lugar de discutir con seriedad qué reformas eran necesarias, muchas veces prefirió la alarma permanente, el insulto y la idea de que todo cambio social era una amenaza autoritaria. El resultado ha sido una conversación pública cada vez más pobre, donde las instituciones pierden credibilidad por ambos lados. En medio de esa desconfianza, el ciudadano termina buscando un salvador antes que un programa.
Ese es el terreno en el que aparece la disputa entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Cepeda recoge la promesa incumplida de profundizar la paz, reducir la desigualdad y defender la Constitución de 1991 como marco de derechos. De la Espriella capitaliza el cansancio con el desorden administrativo, la inseguridad y el lenguaje confrontativo del petrismo, pero lo hace desde una política de castigo, mano dura y cercanía con élites empresariales que buscan convertir el malestar democrático en una oportunidad para hacerse con el control sobre el Estado, como ha empezado a suceder ya en Estados Unidos, El Salvador y Argentina.
La Colombia de hoy debe leerse, por ello, dentro de un momento más amplio de cansancio democrático. No se trata sólo de un giro latinoamericano ni de una moda populista. En muchos países crece la idea de que las instituciones no resuelven, los partidos no representan y la deliberación pública no sirve para cambiar la vida cotidiana. Ese malestar ha abierto espacio a figuras que prometen ordenar el país desde la voluntad personal, ya sea en nombre del pueblo, de la seguridad, de la libertad económica o de la lucha contra una élite corrupta.
Colombia participa de esa tendencia, pero no llegó allí por las mismas razones. Viene de un largo conflicto que no se deja cerrar, de un acuerdo de paz todavía incompleto, de regiones donde el Estado sigue haciendo más daño que bien o a las que de plano no llega, de una Constitución de 1991 que amplió derechos, pero no logró cerrar la distancia entre ciudadanía formal y protección real.
Finalmente, aunque no lo parezca, la oposición simplista entre izquierda y derecha también distorsiona el modo en que se mira a los actores sociales. Se los usa como adornos de campaña, pero rara vez los entiende como fuerzas reales que producen agenda, presionan al Estado y cambian el curso de los debates públicos.
En esa lectura empobrecida, los militares y la Iglesia aparecen automáticamente del lado de la derecha, mientras los estudiantes, los campesinos y los pueblos indígenas quedan ubicados, sin matices, del lado de la izquierda. Colombia es mucho más compleja que esa caricatura.
La Iglesia no es sólo un bloque conservador. En algunas regiones ha servido para legitimar discursos de orden, pero en otras ha sido mediadora humanitaria, defensora de comunidades amenazadas y puente en procesos de paz. Las Fuerzas Militares no son simplemente un actor de derecha. Cargan con el peso de la guerra, con demandas legítimas de seguridad, con tensiones frente a la justicia transicional y con la necesidad de actuar dentro de un orden constitucional que no siempre ha logrado resolver la violencia territorial. Reducirlas a un bando impide discutir seriamente qué seguridad necesita el país.
Lo mismo ocurre con estudiantes, campesinos e indígenas. No son una reserva electoral progresista disponible para cualquier candidato. Los estudiantes pueden defender la universidad pública y, al mismo tiempo, desconfiar de un gobierno que promete más de lo que ejecuta. En el mundo rural conviven pequeños productores que piden tierra, ganaderos que temen inseguridad jurídica, comunidades golpeadas por economías ilegales y organizaciones campesinas que exigen vías, crédito y protección. Los pueblos indígenas tampoco son un símbolo decorativo de la izquierda. Tienen agendas propias sobre autonomía, jurisdicción, territorio, seguridad y representación política.
Parte del fracaso de Petro fue no haber leído siempre esos matices. Su gobierno habló mucho en nombre del pueblo, de los territorios y de los excluidos, pero a menudo confundió respaldo social con disponibilidad política. Creyó que nombrar a los actores bastaba para representarlos. No bastaba. Muchas comunidades esperaban ejecución, seguridad, interlocución estable y menos discurso. Parte del desafío de esta elección consiste precisamente en mirar esa realidad sin convertirla en propaganda.
Por todo esto, si el país se mira sólo con el lente electoral, se pierden de vista las contradicciones institucionales que lo organizan. Se pierde la huella de la violencia que lo ha estructurado y el modo en que los miedos en torno a su persistencia pesan sobre el votante; se pierde de vista el lugar que ocupa la Constitución de 1991 como un hito democratizador y los riesgos que implica denigrarla y buscar deslegitimarla; se omite ver en los acuerdos de paz el símbolo de un escenario tanto de esperanza como de crisis nacional; y, por último, se menosprecia el hecho de que siguen coexistiendo elecciones con competencia real entre distintas fuerzas políticas con violencias territoriales persistentes.
Por eso, cuando se pregunta si un candidato respeta los contrapesos, acepta los resultados o gobierna contra las cortes, no se está discutiendo una abstracción. Se está discutiendo el corazón mismo del orden político colombiano.
Esto no quiere decir que la elección presidencial no importe. Pero sí entender que no es la totalidad de la política. La elección sirve para orientarse, no para reemplazar la complejidad del país. Los problemas que vive Colombia no terminarán el 21 de junio, día de la segunda vuelta electoral. Después seguirán actuando los partidos en el Congreso, la Iglesia, los mandos militares, los gremios empresariales, los estudiantes, las organizaciones campesinas y los pueblos indígenas.
Todos presionan, vetan, negocian, movilizan y condicionan las decisiones del gobierno de turno; de allí que un presidente sin mayorías, sin legitimidad ante las cortes, sin interlocución con las regiones o sin capacidad de contener la polarización gobierne menos de lo que promete.
El recurso a la distinción entre izquierda y derecha funciona en últimas como un instrumento que ayuda a ubicarse, pero no logra abrir los espacios para comprender a cabalidad la tierra que se pisa. Confundir el juego político cotidiano con el momento de las elecciones es como confundir el paisaje con una brújula… El paisaje colombiano actual es mucho más complejo y desafiante y, además, ante la eventual victoria de una candidatura que aliente un quiebre institucional y relativice el respeto por los derechos humanos, podría llegar a ser, incluso, más dramático.
