Han sido años aciagos para las mujeres en este país, en esta ciudad, en estos barrios, en estas casas. De eso y no de otra cosa son expresión las protestas ocurridas los días 12 y 15 de agosto, la primera frente a la procuraduría de justicia de la Ciudad, la segunda convocada alrededor del Ángel de la Independencia. Como toda protesta social, sus integrantes formamos un espectro amplio, múltiple y plural. No se trata de una masa homogénea sino de mujeres interpeladas por la situación de extrema violencia en la que vivimos, una violencia que ha colonizado nuestros mundos, tanto en el espacio público como al interior de nuestros hogares. En México son asesinadas 9 niñas y mujeres al día (Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida en México, 2016 p. 13). Basta mirar el mapa elaborado por María Salguero de los feminicidios en México para darnos una idea gráfica del horror. Un horror extendido en todo el territorio nacional.
Una de las principales causas del incremento de la violencia ejercida contra las mujeres en nuestro país es la impunidad. Según el Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida en México solo el 10% de las denuncias culminan con la sanción del agresor. Vivimos dentro de un estado que sistemáticamente se ha mostrado incapaz de impartir justicia y procurar espacios seguros para sus ciudadanas, mujeres, adolescentes y niñas. Y no solo eso, en muchas ocasiones son los mismos agentes del orden público los que ejercen esta violencia. De ahí la furia cuando en los medios de comunicación se filtra la noticia de una denuncia en la alcaldía de Azcapotzalco levantada por una menor que acusaba a cuatro policías de haberla agredido sexualmente. La primera protesta para exigir la aclaración de ciertas irregularidades en el proceso y protestar contra la violencia de género se organizó el lunes 12 de agosto frente a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad. La brillantina lanzada sobre el titular de la Secretaría de Seguridad capitalina, Jesús Orta, y la puerta de la procuraduría destruida sirvió para que una parte de la opinión pública empezara a atacar a las activistas y a recriminarles (a veces de manera violenta) por sus actos vandálicos. La deslegitimación de la protesta comenzaba a gestarse en Twitter, en los medios de comunicación, en las declaraciones de la jefa de Gobierno, en la mesa de diálogo convocada por ésta el 14 de febrero para discutir sobre la violencia de género. El espectro de las críticas fue amplio, todas ellas en contra de la falta de mesura de las activistas feministas. En el mejor de los casos se decía: “entendemos la rabia”, pero #AsíNo, en los peores: amenazas e insultos.
Desde su nacimiento, en los movimientos de protesta social ha habido defensores de la acción directa. No se trata de un desborde, de hechos irracionales y desorganizados o de la ruptura del límite de la política. Al contrario, la acción directa es una estrategia organizada que se mueve en el terreno del disenso y la confrontación. En “Anarquistas posmodernos”, una pertinente revisión histórica de estos grupos, Carlos Illades señala cómo “George Rudé (en abierta polémica con las tesis de Gustave LeBon) mostró magistralmente que la acción de la multitud moderna obedecía a propósitos racionales y tenía objetivos específicos: habitualmente restablecer el pacto social roto por los gobiernos o las clases dominantes. Cristales rotos, máquinas destruidas, graneros quemados constituían el saldo mayor de la ira popular. La clase obrera industrial hizo de la manifestación callejera espacio de su expresión pública, en parte porque en casi todo el siglo XIX careció de derechos políticos y, también, porque la esfera pública quedó en manos de las clases propietarias”. Estas formas de acción política, históricamente vinculadas con el movimiento obrero, no fueron ajenas a las primeras luchas feministas. El caso de las sufragistas británicas, recordadas en redes sociales a raíz de las últimas manifestaciones, son un buen ejemplo: las integrantes de la WSPU (Women’s Social and Political Union, por sus siglas en inglés) fundada en 1903 por varias mujeres, entre ellas Emmeline Pankhurst, optaron por desarrollar tácticas de protesta más radicales que otras organizaciones de sufragistas existentes, quienes concentraban sus acciones en mítines, marchas y en buscar alianzas con representantes políticos para que apoyaran su causa. La WSPU optó por no establecer ningún tipo de alianza con los partidos políticos existentes. Sus integrantes solían irrumpir en los mítines de los partidos, intentaban entrar en el Parlamento por la fuerza, se presentaban en las casas de los altos funcionarios encadenándose en ocasiones a ellas. También llegaron a incendiar inmuebles vacíos, hacer pintas y romper a pedradas las propiedades de los miembros del Parlamento. Muchas de ellas fueron reprimidas brutalmente por las fuerzas del orden y encarceladas por estos actos calificados como vandálicos. No todas las organizaciones sufragistas aprobaban las tácticas de la WSPU, lo cual provocó escisiones pero también productivas discusiones sobre la pertinencia política de la “acción directa”. Figuras importantes como Charlotte Despard desaprobaron lo que calificaban como actos violentos, así como la negativa de la WSPU de colaborar o dialogar con otros partidos. Incluso surgieron denominaciones para distinguir a las activistas: la llamada ala radical se identificó con el nombre de suffragettes y el ala moderada como suffragists.
Recordar los movimientos del pasado nos permite salir de un presente totalizador. Nos ayuda a entender que en la diversidad y el disenso se va construyendo la política. Nos muestra cómo desde sus inicios los movimientos feministas se han caracterizado por presentar distintas estrategias de acción para lograr objetivos comunes. Este es para mí su legado: hacer visible que el disenso y las diferencia forman parte de cualquier tipo de organización social y política. El movimiento feminista no es una totalidad homogénea, pero los momentos en los que ha logrado transformar el orden social se ha caracterizado por exigir una serie de demandas concretas y compartidas, por tener un meta común. A pesar de las diferencias, las sufragistas lograron el acceso universal de las mujeres al voto. Y lo hicieron porque tenían claro lo que querían y se organizaron para ello.
Como lo he señalado en otras ocasiones, el disenso no siempre es armónico ni está libre de rabia. Pero en las distintas formas de protesta que han coincidido en las marchas de este mes de agosto veo demandas claras y un objetivo común. Entre ellas destaca la activación de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVG) en la CDMX y la entidades del país donde todavía no se ha activado, la investigación y sanción de la filtración de información en los ministerios públicos, la garantía de seguridad para que las mujeres puedan transitar de manera libre y segura por el espacio público, la aclaración de las irregularidades en los casos en que las denuncias no han sido atendidas por incompetencia, corrupción o negligencia de los funcionarios y sanción para quienes las comentan, así como la creación de un protocolo estricto con perspectiva de género para el reclutamiento de los cuerpos policiacos.
Las protestas de este mes han vuelto a poner en el centro de la discusión pública la urgencia de transformar los mecanismos de justicia en este país, así como la imperiosa necesidad de que nuestros hogares y calles sean espacios que las mujeres podamos habitar con libertad, sin temor a ser agredidas. Han mostrado que los protocolos y las leyes no bastan si no se hace una revisión y un cambio estructural de las instituciones y de las conductas de los funcionarios cuya responsabilidad es hacer que las leyes se cumplan. Pero sobre todo muestra en toda su fuerza la emergencia de un actor político heterogéneo, sí, pero con objetivos comunes que seguirá interpelando al Gobierno y a sus instituciones, desde la furia de la brillantina, hasta lograr la transformación total de los espacios que habitamos para que estos dejen de ser una amenaza y se conviertan en lugares que nos permitan construir un horizonte de vida plena y común.