Para el antropólogo Claudio Lómnitz (Santiago de Chile, 1957), la reforma de la Guardia Nacional que implicó legalizar su presencia en las calles hasta 2028 es parte de una nueva etapa marcada por la contingencia en la que vive el Estado mexicano, en sus distintos órdenes, una etapa que coincide con la transición democrática y de la que no son ajenos los sucesivos gobiernos mexicanos en las últimas tres décadas.
En entrevista, el también autor de libros referentes en el estudio antropológico de la realidad mexicana, como Evolución de una sociedad rural (1982), Idea de la muerte en México (2006) y El regreso del camarada Ricardo Flores Magón (2015), entre otros, explica que la permanencia de esta policía militarizada se debe a una incapacidad y falta de voluntad de los distintos gobiernos para emprender una profunda reforma en el sistema de procuración de justicia que solvente las necesidades surgidas por las economías ilícitas. En su óptica, el narcotráfico es una actividad criminal que ha evolucionado desde la producción y exportación a Estados Unidos de mariguana y heroína durante casi todo el siglo XX, pasando por la entrada de la cocaína en los años 90 —con las implicaciones transnacionales de comercio adicional ilícito hacia el sur—, y la más reciente entrada de precursores químicos provenientes de Asia, lo que “calentó” las otras fronteras marítimas y puertos mexicanos.
Estos temas fueron objeto de una serie de conferencias que Claudio Lomnitz impartió a finales de 2021 en El Colegio Nacional y que después fueron reunidas en el libro El tejido social rasgado (Era, 2022), sobre el cual habló en esta entrevista para Revista Común. A lo largo de esta conversación, Lomnitz propone una metodología para la comprensión de las dinámicas criminales del narcotráfico. Esta propuesta consiste en la catalogación de cuatro subregiones en las que están presentes no sólo las actividades de la economía ilícita, en tensión permanente con las economías formales, sino que son el origen de la incapacidad del Estado en otra esfera: la posibilidad de generar un discurso oficial que no esté marcado por la contingencia, el denominador común de los gobiernos de las últimas dos décadas.
“Hay una dimensión de la regulación de las economías informales y de las economías ilícitas para la cual una policía militarizada simplemente no sirve”, explica el también investigador de la Universidad de Columbia, quien a la par de esta estimación sobre las incapacidades de este tipo de policía en la práctica a nivel de calle de limitar y regular la constante tensión entre economías lícitas e ilícitas, remarca otras características que las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública.
Agrega: “Me parece que el papel regulador del ejército o de la guardia nacional es un factor importante en, por ejemplo, la correlación de fuerzas entre diferentes organizaciones”, una tarea que si bien mantiene cierta paz social, es en detrimento de su legitimidad ante la sociedad: “Lo que pasa cuando fuerzas militares optan por esa estrategia es que al final quedan enlodadas”.
¿Cómo podemos entender estas cuatro subregiones?
El espíritu de los seis capítulos de El tejido social rasgado es movilizar ciertos conceptos y abordajes antropológicos para tratar avanzar un poco en nuestra comprensión de la violencia en México y de la transformación del Estado mexicano. Uno de esos abordajes —que trabajé en mi tesis doctoral hace muchísimos años— tiene que ver con el enfoque espacial o geográfico. En los estudios criminológicos, u otras maneras de enfocar la naturaleza de la violencia, las unidades de análisis están mal definidas. Conceptos como cártel, pandilla o crimen común quedan normalmente aislados de modo que cada uno se convierte en el tema de un enfoque; lo que hago es proponer una forma de integrar diferentes tipos de organización social alrededor de un tipo de región productiva, de una economía ilícita.
Una de las cosas que alega el libro, y no creo que sea nada original, es que el narcotráfico tuvo un papel muy importante históricamente en el desarrollo de las economías ilícitas en México, especialmente a partir de los años 1980 y 1990, cuando se vuelve más complejo, cuando pasa de estar orientado a la comercialización de dos grandes productos de exportación mexicana (mariguana y heroína) a comerciar con productos que no están producidos en México: en primer lugar, la cocaína (viene de Colombia) y después las metanfetaminas y una serie de drogas cuyos precursores vienen de Asia.
Entonces México deja de simplemente ser un exportador y entra al mercado de la cocaína. De este modo la economía ilícita se vuelve muchísimo más compleja porque no sólo tiene el problema de contrabandear a Estados Unidos producto de las zonas productoras de México, sino articularse hacia el sur (primero a Colombia y Centroamérica), después a Asia. Esto hace que se calienten varias fronteras que antes no eran realmente relevantes en el tema de la economía del narcotráfico. Antes la única frontera relevante era la México-Estados Unidos; hoy día son relevantes la de México-Estados Unidos, la de Guatemala-Belice y los puertos del Pacífico, el Golfo y el Caribe. Todas las fronteras mexicanas se calentaron económicamente a partir de esa transformación. Estamos hablando de economías ilícitas que tienen por lo menos en su punta de lanza —el narcotráfico— una economía transnacional. No todas las economías ilícitas operan a nivel transnacional. Hay muchas. Por ejemplo, el derecho de piso en mercados, que no es transnacional.
En cada una de esas cuatro subregiones analizo cómo se articulan diferentes formas de organización social que están operando en la economía ilícita; no es sólo un “cártel” o sólo una “pandilla”. Una de estas subregiones tiene en el centro de su economía ilícita al narcomenudeo (sur de California); otra lo tiene en un espacio productor (Sinaloa); otra lo tiene en el contrabando (Matamoros). La cuarta es una economía regional que ni es el gran mercado narcomenudista, ni la gran productora ni contrabandista pero sí tiene espacios de paso importantes (Honduras).
Aquí hay dos aspectos de la cuestión: en el primero alego que en lugar de fijarse en un tipo de organización social específico —“cártel” o “pandilla”— hay que fijarse en cómo se articulan alrededor de una economía ilícita regional; en segundo lugar, como se trata de economías transnacionales de gran complejidad, para entenderlos a veces nos vamos a tener que mover fuera del espacio mexicano.
¿Qué representan las policías militarizadas como posibilidades de pacificación y qué representan como riesgos para la sociedad?
Una de las cosas que es muy importante darse cuenta es que las policías no sólo se dedicaban a “regular” al crimen, sino también a regular la relación entre la economía formal y la informal. Esto es fundamental. Recordemos que México tiene y ha tenido siempre más de la mitad de su economía en la informalidad. Entonces, vigilar la frontera entre la economía formal y la informal es un papel muy importante de la policía.
La economía informal se caracteriza justamente por tener elementos fuera de la regulación: ya sea porque no pagan impuestos, no pasan códigos sanitarios o evaden diferentes regulaciones que tienen que ver con derechos de propiedad, como acceso independiente a agua corriente o electricidad. La definición de economía informal es justamente que opera transgrediendo ciertos códigos. No estamos hablando de criminales ni de criminalidad. Estamos hablando de una economía que la gente siempre ha hecho y que sigue teniendo que hacer. Sin quererlo naturalizar, la policía es muy relevante para entender por qué, en un momento dado, tal o cual actividad es o no informal.
Hay procesos de informalización y de formalización. La frontera entre lo formal y lo informal es importante y la policía también se dedica a eso. La policía tiene una función reguladora de la economía de mercado en un nivel muy de calle, que no es perseguir a un criminal, sino decidir cuántos vendedores ambulantes permite en una calle; en decidir quién negocia con el dueño de una tienda formal respecto a quién se puede o no poner enfrente de su tienda a vender los mismos productos; quién puede vender bebidas alcohólicas sin licencia y quién no. Todo eso. Y estamos hablando de la mitad de la economía.
Ese trabajo regulador no es cosa pequeña y no creo que la policía militarizada tenga esa capacidad. No está claro que tenga ni siquiera la tarea de regular la calle. Entonces, lo que tiene la Guardia Nacional es a la tropa encuartelada. Se va perder del día a día, digamos, de la regulación económica, y en ese sentido, de la regulación de la paz social. Su naturaleza es reactiva: reacciona ante una amenaza o un hecho violento.
Me parece que el papel regulador del ejército o de la Guardia Nacional es un factor importante en, por ejemplo, la correlación de fuerzas entre diferentes organizaciones. Entonces ahí sí mantiene cierta paz; esto está bastante documentado. Por ejemplo, en el caso de Nayarit, la Comisión Nacional de Búsqueda, en su reporte sobre desapariciones en el estado, documentó que entre 2011 y 2017 el gobernador y su fiscal tenían un pacto con un cártel llamado “H2” (una rama del grupo de los Beltrán Leyva). Entonces mantenían fuera al otro cártel de competencia, el Jalisco Nueva Generación. Hubo seis años de relativa paz. ¿Por qué? Porque el ejército y las policías federal y estatal —una policía estatal, en ese caso, muy importante pero militarizada— básicamente servía como fiel de la balanza entre dos grupos.
En cierto modo, podemos decir que eso sucedió también en Iguala en septiembre de 2014; es decir, el cuartel estaba aliado con un grupo y en contra de otros grupos que podían, en un momento dado, querer entrar a ese espacio. Ahí sí puede tener una función reguladora que no es legal pero sí puede ser una fuerza de estabilización. Pero de ahí a regular la calle eso ya es otra cosa. Regular lo que está pasando en la venta de narcomenudeo en Ciudad de México o en Guadalajara, no lo pueden hacer, ni lo van a hacer, ni les interesa. Entonces ahí hay mucha violencia. Si tú no regulas eso, empiezan las competencias por monopolizar esa venta y ahí se ha matado y han desaparecido muchísimas personas.
Para resumir un poco: hay una dimensión de la regulación de las economías informales y de las economías ilícitas para la cual una policía militarizada simplemente no sirve; y hay otra dimensión para la que puede servir aunque no nos guste, aunque no sea legal, pero puede ser un elemento regulador pero que tiende también a manchar mucho al cuerpo, a las fuerzas armadas, como ha pasado con lo de Iguala. La razón por la que no termina ese escándalo es porque tiene un lado sistémico: en zonas como esa —una zona históricamente productora de amapola y exportadora de heroína y demás— el ejército estaba finalmente aliado con un grupo en contra de otros. Y eso sucede en muchas regiones, si no es que en todas. No lo sabemos. Pero creo que se justifica la hipótesis de pensar que quizá eso haya estado sucediendo en todas las regiones. Es posible.
¿En qué momento se puede romper esta frontera entre esa mitigación de la violencia y, ya que se cree, lo que usualmente se conoce como narcoestado?
Cualquier trabajo de regulación que le esté dando un poco la espalda a la ley implica recibir recursos de esa economía ilícita: ya sea narcotráfico, pesca ilegal, tala de bosques o minería ilegal.
Pero hablemos un poco del ejemplo del narcotráfico. Lo que sucede cuando una policía o un ejército pacta con un grupo para mantener cierta regulación, este pacto implica ponerle ciertos límites al grupo que está metido en eso. Si no, no hay regulación. Le garantiza un espacio a un grupo a cambio de algo. Ese algo es dinero y, en algunos casos, drogas directamente. Meterse a regular tiene siempre el efecto secundario de que va uno a recibir recursos de esa actividad. En ese sentido, el cuerpo de gobierno que esté haciendo eso queda vulnerable a ser visto como cómplice y como parte de la actividad ilícita. Lo que pasa cuando fuerzas militares optan por esa estrategia es que al final quedan enlodadas. Eso es lo que estamos viendo con estos Guacamaya Leaks.
La reciente reforma de la Guardia Nacional contempla que ésta rinda informes al congreso. ¿Garantiza esto que se vayan a prevenir o corregir excesos en el uso de la fuerza?
Me parece mal encaminada toda esta reforma, y no sólo esta reforma, sino toda la tendencia que lleva sucediendo desde hace 15 o 20 años de militarización. Esto incluye la militarización al interior de las policías o ahora, centralización y creación de la Guardia Nacional que es un cuerpo militar de punta a punta. Es un error. El sistema previo se caracterizaba por una policía extorsionadora que vivía básicamente de la extorsión, pero que tenía ciertos límites dictados por el sistema autoritario unipartidista verticalmente integrado que ayudaba a que, en un momento dado, en la policía pudiera haber una orden de arriba abajo.
Esa capacidad de poner límites se perdió y es parte de la historia de la toma de tantas policías por parte de organizaciones de crimen organizado. El sistema anterior no funcionaba pues siempre fue muy injusto. Lo que pasa es que le salía muy muy barato al gobierno: era un sistema policial que regulaba mal, con mucha injusticia, con extorsión todos los días, con mordidas, pero que regulaba y que le salía casi gratis al Estado mexicano.
Hacer un cambio en el sistema de justicia pasa no sólo por la policía sino por todo el sistema de justicia. Si quieres poderlo hacer legalmente, necesitas invertir fuertísimamente en todo el aparato justicia, de arriba a abajo, —jueces, ministerios públicos, peritos, policías y todo—, lo cual significa una inversión muy grande. Para hacer una inversión pública de esa envergadura primero se necesita convencer a la sociedad, explicarle cómo se pagan las policías, cuánto cuestan las fuerzas armadas, cuánto cuesta el Ejército, cuánto cuesta todo esto, cuánto costaría y cómo se podría hacer para financiar y crear un sistema de justicia más o menos viable.
Esa discusión pública no la ha habido hasta la fecha en México, ninguno de los gobiernos la ha presentado, y menos éste. Entonces la gente cuando se siente desesperada, insegura, piensa: “Pues lo que sea que me dé más seguridad. Si tengo una tropa en la esquina de la casa, me voy a sentir más seguro a que si no hay nada enfrente de la casa”. Entonces, la gente apoya la militarización, digamos, como medida de desesperación, pero no es una medida que realmente garantice una solución, ninguna solución a la corrupción ni a la violencia que viene con las economías ilícitas. Encima de todo, aquí y en China la militarización significa abonar al autoritarismo. Siempre. Nunca ha habido militarización sin mayor autoritarismo.
¿Cómo podemos entender el Estado, o la situación en la que nos encontramos ahora en cuanto al discurso del Estado?
En el capítulo final del libro, sobre la contingencia, es el inicio de una discusión en la que va a haber que profundizar mucho más. Básicamente, los años 1980 y 1990 fueron conocidos en su tiempo como la crisis. Y la gente se refería a la crisis.
La idea de crisis implicaba que había un punto de quiebre y que estábamos ante un proceso de transición de algún tipo. El discurso más exitoso para darle dirección a esta crisis fue el de la transición democrática. Así como se hablaba de crisis todo el tiempo también se hablaba de transición democrática, de construcción de ciertas instituciones, muchas de las cuales, han sido bastante exitosas. Pienso en el INE por su capacidad de generar elecciones verificables, creíbles, que antes no había en México. Todo eso fue el horizonte institucional que se abrió ante la idea de que vivíamos en una crisis.
Desde la declaración de la guerra del 2006 para acá ha habido un proceso de normalización que implica como un reconocimiento de que estamos ante una situación crónica. Y de ahí viene la idea de la contingencia. Si algo no se puede resolver y si la violencia, por ejemplo, empieza a ser vista como una madeja a la que no le puedes encontrar la punta, es una cosa que ya es absolutamente endémica inmanejable. Entonces ya no estamos en una crisis o en un punto de quiebre hacia un cambio, sino que estamos ante una situación crónica. Y cuando estamos ante una situación crónica, una idea como la contingencia es útil porque está un poco peor ahorita, pero estará un poco mejor mañana: “No hay que salir porque ahorita hay mucha violencia y hay balazos. Al ratito ya podemos salir y podemos reintegrarnos a la normalidad”.
La contingencia es un tipo de normalidad, es el tipo de normalidad que está empezando a imperar ahora en México. Y es un tipo de normalidad que tenemos que entender porque es muy paradójica: que podamos vivir en un país que tiene cientos de miles de muertos, 106 mil desaparecidos, y al mismo tiempo podamos vivir en una normalidad. La idea de contingencia que propone El tejido social rasgado es un primer acercamiento a la forma en que se construye una idea de normalidad ante una violencia tan sistémica como la que estamos viviendo.