Los accidentes geográficos y las relaciones históricas desiguales han condenado a México a sufrir en primera línea los cambios políticos estadounidenses. La historia demuestra un consenso entre los dos partidos principales de Estados Unidos relativo a muchos de los temas más pertinentes para esa relación bilateral, como son la política comercial, migratoria y extranjera. En ese contexto, entonces, son diferencias apenas relativas las que pueden resultar determinantes para el margen de maniobra del gobierno mexicano y las condiciones en las cuales se reproduce la vida en su territorio.
El presente ciclo electoral no es excepción, aunque no ha sido una campaña cualquiera. En unas pocas semanas, se ha visto la renuncia de un presidente a su candidatura de reelección, un atentado de asesinato y la primera candidatura presidencial femenina por parte de uno de los dos partidos principales del país.
No comenzaba así. Ante la terquedad de un presidente cada vez más envejecido e incoherente, la campaña de 2024 prometía una repetición degradada de la campaña de 2020, con la variante de una alta probabilidad de que el candidato demócrata perdiera la contienda. Tras el debut catastrófico de Biden en el primer debate, empero, la revancha entre el Presidente y su antecesor fue cancelada. Ante presiones tanto internas como externas, Biden fue obligado a aceptar su renuncia como candidato, abriendo camino para la candidatura de su Vicepresidenta, la ex-fiscala y senadora Kamala Harris.
Harris había jugado un papel menor y no particularmente grato en el gobierno de Biden. Se le asignaron, por ejemplo, misiones de suyo desprestigiadas, como la de viajar a Guatemala para decirles a las personas migrantes que “no vengan.” Nunca fue una política especialmente carismática, pero ante el alarmante deterioro de Biden, su relativa juventud revivió de milagro a una campaña que ya no daba señales de vida. La designación del gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, como candidato a la Vicepresidencia levantó aún más a los ánimos de la base, dado que Walz es un humilde y simpático funcionario rural de orientación más progresista y populista.
Al otro lado de la cancha se encuentra la notoria figura de Trump, acompañada en esta ocasión por el personaje extraño y oportunista de J.D. Vance. Ante la seguridad de su victoria inminente, el nombramiento de Vance fue un gesto con la derecha radical vinculada a Silicon Valley y representada por actores como Peter Thiel y Elon Musk. Tras el cambio de la fórmula demócrata, empero, Vance se convirtió en un lastre, pues repela las simpatías de personas indecisas. De un triunfo opositor anunciado, el resultado electoral parece, cada vez más, favorecer al partido de gobierno.
Ante este panorama, las preguntas para México y todo el mundo sujeto a los caprichos del imperio estadounidense son dos: qué consecuencias tendría una victoria republicana y qué se podría esperar de un gobierno Harris-Walz. A continuación, proporcionamos algunas respuestas tentativas en materia migratoria, un tema con profundas implicaciones regionales y globales.
Tendencias recientes
La política migratoria estadounidense es, en última instancia, un mecanismo de regulación del mercado laboral; es decir, responde a los caprichos de la acumulación, por lo cual al examinar su historia reciente se encuentran más coincidencias que divergencias entre gobiernos republicanos y demócratas. A fin de cuentas, los dos partidos se han distinguido más en su retórica que en su práctica: los republicanos adoptan un discurso abiertamente racista y xenofóbico, mientras los demócratas asumen una postura de aparente realismo pragmático con limitados gestos humanitarios.
Sin embargo, también es cierto que cada banda tiene sus distintivos. Si bien el giro actual hacia la exclusión y expulsión masiva fue consolidado bajo el gobierno de Obama (2009-2016) en el contexto de la Gran Recesión, el gobierno de Trump (2017-2020) resaltó por su crueldad gratuita. En el marco de la política de “zero tolerancia”, se separaron las familias migrantes detenidas y más de 5,500 niños e infantes migrantes fueron secuestrados de esta manera por las autoridades estadounidenses, de los cuales, hasta la fecha, unos 2,000 aún no han sido reunidos con sus familiares deportados.
Trump hizo de los gobiernos de la región ladrillos en su muro. Fue bajo la amenaza de aranceles que el gobierno de López Obrador abandonó su política solidaria inicial y cambió hacia una estrategia de represión y contención a manos de la nueva Guardia Nacional. La imposición de los “Migrant Protection Protocols” o “Quédate en México” en 2019 confinó a las personas solicitantes de asilo en la zona fronteriza norte de México mientras esperaban sus citas; ese mismo año, Estados Unidos firmó acuerdos de “Tercer país seguro” con Guatemala, Honduras y El Salvador, a fin de que esas naciones albergaran a personas solicitantes de asilo.
A la vez, las personas migrantes de larga residencia se convirtieron nuevamente en blanco de las autoridades migratorias adentro de Estados Unidos. Se buscó suspender programas que protegían a cientos de miles de personas de la deportación, incluyendo las 800,000 personas bajo el esquema de “Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y las 300,000 que gozaban del “Temporary Protected Status” (TPS). Las expulsiones de personas radicadas en el interior del país se incrementaron de 65,332 en 2016 hasta casi 86,000 en 2019.
La recesión pandémica sólo agravó las tendencias hacia la exclusión. Mientras el gobierno de Biden (2021-2024) revocaba los acuerdos y restauró los programas suspendidos, se avanzó en la externalización fronteriza, realizando incluso operaciones en la selva del Darién. Las deportaciones hacia México bajo la figura del Título 42, iniciadas por Trump bajo el pretexto de la salud pública en la pandemia, continuaron hasta mediados de 2023, sumando tres millones de expulsiones en menos de tres años. Esas cifras hicieron de Biden el mayor deportador desde la presidencia de George W. Bush. Mediante el uso del Título 42, su gobierno efectivamente eliminó el derecho al asilo, y llegó a ordenar el cierre de la frontera para personas solicitantes cuando los “encuentros” promedios registrados por las autoridades migratorias superaran los 2,500 diarios.
A la vez, Biden dio continuidad a la política de Obama de crear y ampliar categorías temporales y contingentes de permisos migratorios. Expandió el TPS para más de un millón de personas migrantes ya presentes en Estados Unidos e incrementó el uso del “parole humanitario” para personas de nacionalidad cubana, nicaragüense, haitiana y venezolana con patrocinio económico en Estados Unidos.
La investigadora Cecilia Menjívar teoriza estos estatus precarios como una “legalidad liminal” que sujeta a la persona migrante a una constante inseguridad jurídica y laboral. Para David Feldman, la tendencia hacia la inclusión selectiva y precarizada, a la par de una exclusión y expulsión masiva, indica un emergente régimen de “gestión militarizada de la migración”, implementado por los Estados de los centros imperialistas en un afán de subordinar los flujos migratorios a las necesidades del capital en un contexto de crisis.
El factor político
Sin duda, la prolongada crisis capitalista que ha caracterizado los últimos quince años está detrás del despojo y el desplazamiento de poblaciones cada vez más diversas. A estas condicionantes estructurales, empero, hay que agregar las cruzadas ideológicas en la política exterior estadounidense.
En 2023, 40% de las solicitudes de asilo en Estados Unidos fueron interpuestas por personas venezolanas y cubanas. En México, el 28.5% de la población extranjera en situación migratoria irregular registrada por las autoridades en 2023 era de origen venezolana, siendo la nacionalidad más numerosa por más de 100,000 personas. No es casualidad. Una parte importante de esta movilidad forzada se puede atribuir al régimen de sanciones impuestas por el gobierno estadounidense sobre esos dos países.
Por supuesto, el bloqueo de Cuba tiene orígenes en la revolución de 1959 y, aunque se ha sostenido por décadas, cabe reconocer que el gobierno de Obama se distinguió por su estrategia de acercamiento y apertura hacia el país caribeño. No obstante, la elección de Trump revirtió por completo esa política, pues durante su gobierno se implementaron 243 nuevas restricciones, mediante las cuales se eliminaron las vías legales de viajar o inmigrar a Estados Unidos desde Cuba y también los canales de recepción de remesas para las familias cubanas y divisas para su Estado. Asimismo, la designación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo” imposibilitó que tuviera acceso a apoyo financiero internacional.
La combinación de este renovado bloqueo con los impactos de la pandemia provocó una crisis económica sin precedente en la isla. Las transferencias de remesas cayeron por casi US$1.8 mil millones entre 2019 y 2021, privando al país de ingresos esenciales, mientras el turismo y otras industrias se suspendieron por la crisis sanitaria. Biden aflojó algunas de las medidas consulares y sobre las remesas, pero dejó intacto a muchas de las sanciones impuestas por Trump, incluyendo la clasificación del Estado cubano como patrocinador del terrorismo.
En el caso de Venezuela, las sanciones iniciaron tras la elección de Hugo Chávez en 1998 con un embargo de armas impuesto por el gobierno de George W. Bush después del fracasado golpe de Estado de 2002. Bajo Trump, las sanciones se ampliaron para restringir las exportaciones petroleras y congelar a los bienes del Estado en el exterior, algunos de los cuales fueron transferidos a la oposición. La reducción consecuente en exportaciones le costó al país entre $13 y $21 mil millones por año.
Bajo Biden, la estrategia trumpista de “máxima presión” sobre Venezuela se sostuvo sin modificaciones significativas. El gobierno demócrata ha usado las sanciones como instrumento de presión y negociación a favor de la oposición política venezolana, sin lograr el soñado cambio de régimen. Mientras tanto, el éxodo venezolano ha adquirido dimensiones sin precedentes a escala mundial.
La campaña
En 2020, los demócratas prometieron una política migratoria más humana, denunciando las barbaridades perpetuadas contra las familias migrantes por parte del gobierno trumpista. Cuatro años después, el discurso demócrata ha dado un giro marcado hacia la derecha. En comentarios el 30 de julio, Harris se jactó de que gobierno del que ella ha fungido como Vicepresidenta ha sido más efectivo en materia de control fronterizo que el de Trump. Además, en publicidad electoral de agosto, Harris prometió contratar a miles de agentes más para la patrulla fronteriza.
Por su parte, la respuesta de los republicanos ha sido atacar a Walz por promover la inclusión de la población migrante refugiada e indocumentada en su estado. Tal como en 2016, Trump ha satanizado la migración — inventando relaciones con un imaginado aumento de la violencia o vínculos con el narcotráfico, por ejemplo— como eje de su campaña.
“Tenemos que sacar a gente muy mala de este país. […] Será más difícil que cuando lo hizo el presidente Dwight Eisenhower, entonces nadie se quejó porque el país era muy diferente, pero no tenemos otra opción. Son asesinos, traficantes de drogas y de personas,” dijo el candidato, haciendo ilusión a las expulsiones masivas de personas trabajadoras mexicanas bajo el “Operation Wetback” de 1954.
Además de proponer campañas de deportación de personas indocumentadas a una escala sin precedente, la campaña de Trump amenaza con violar la soberanía mexicana. El expresidente sueña con mandar fuerzas especiales militares al territorio mexicano para realizar asesinatos y ejecutar operaciones contra el crimen organizado. En comentarios previos, Vance también expresa su apoyo al despliegue del ejército estadounidense en México bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.
En este sentido, un segundo gobierno de Trump promete acciones aún más extremistas y desestabilizadoras, mientras los demócratas afirman la continuidad de las estrategias represivas vigentes. Tal como suele ocurrir en las elecciones gringas, se trata de una decisión entre males menores y peores.
Consideraciones finales
Hay muchos temas más de máxima importancia internacional en juego en el presente proceso electoral estadounidense, incluyendo la catástrofe ecológica y el genocidio perpetuado por Israel en Gaza. Por lo pronto, cerramos aquí con algunas reflexiones finales.
Las poblaciones trabajadoras hoy enfrentamos una coyuntura de crisis múltiples y convergentes. Ante el evidente agotamiento del neoliberalismo y la decadencia de la hegemonía imperialista, la política estadounidense institucionalizada propone dos caminos. Por un lado, otro salto al vacío con Trump, en clave de resentimientos racializados y ansiedades patriarcales. Por otro, aferrarse a un statu quo en crisis, con el afán de preservar una democracia liberal desgastada y la promesa de recuperar un sentido de normalidad perdida.
Ninguna de esas opciones propone resolver las profundas contradicciones que hoy siguen desalojando y criminalizando a las poblaciones periféricas empobrecidas, las cuales arriesgan sus vidas por alcanzar territorio estadounidense. Será y sigue siendo tarea de los movimientos populares, tanto adentro de Estados Unidos como afuera, exigir y construir respuestas colectivas orientadas a la dignidad humana, la soberanía de los vecinos y las reparaciones históricas.