Una primera versión de este texto fue publicada por Notes from Below, el 7 de febrero de 2024.
La elección como presidente del autopercibido “anarcocapitalista” Javier Milei, en el balotaje del 22 de noviembre, profundizó la crisis económica, social y política que atraviesa Argentina. Admirador de Trump y Bolsonaro, Milei alcanzó popularidad como un comentarista de programas de TV, en los que, con un estilo agresivo rechazaba a “la política” y los “políticos”, y proponía la dolarización de la economía como una receta mágica para resolver los problemas de la población. Ganó la elección con el apoyo de una coalición derechista y con los votos de un heterogéneo arco social: desde trabajadores y trabajadoras decepcionados por el gobierno peronista, hasta personas de las clases medias que se oponen a la intervención estatal en la economía y a políticas de distribución del ingreso. Su programa, centralmente enfocado en dolarizar, desregular y privatizar la economía, así como la idea de terminar con los privilegios de una “casta” indefinida, también provocó una intensa oposición social. A juzgar por aquellos perjudicados por las medidas de gobierno, parece que la “casta” son los trabajadores y los pobres, y que los “privilegios” con los que busca terminar son, de hecho, los derechos laborales y sociales.
El 24 de enero (24E) más de un millón y medio de personas participaron en la Huelga General y en las movilizaciones que se desarrollaron en el Congreso Nacional y en las principales ciudades de Argentina. Es la primera vez que una movilización de tal magnitud tiene lugar a sólo 45 días de asumido un nuevo gobierno elegido democráticamente. La huelga del 24E recogió apoyos significativos no sólo a escala nacional, sino también internacional: las principales confederaciones sindicales globales publicaron declaraciones de solidaridad y se organizaron acciones en España, Francia, Brasil, Uruguay y México —entre otros países—.
La huelga fue protagonizada por un amplio arco de asociaciones. En efecto, numerosos grupos feministas, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de trabajadores de la cultura, de inquilinos y partidos políticos —desde la izquierda trotskista con representación parlamentaria agrupada en el Frente de Izquierda hasta facciones de los partidos tradicionales— se unieron a la convocatoria lanzada por las centrales sindicales (CGT, CTA-A y CTA-T) y por las organizaciones “piqueteras” y de la economía popular para mostrar el rechazo masivo al Decreto y al proyecto de ley que el gobierno intentó imponer. Entre los participantes se destacaron las Madres de Plaza de Mayo, una organización creada durante la última dictadura para reclamar la aparición de las personas secuestradas y desaparecidas por la Junta Militar. Su presencia en el escenario, junto a la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) —los secretarios generales de los sindicatos de Sanidad y Camioneros—, reivindicó la demanda popular de Memoria, Verdad y Justicia frente a una administración cuyos principales referentes defienden a los militares y al gobierno de la Junta Militar.
Este proceso de unidad en la acción multisectorial es una respuesta a la ofensiva que lanzó el ultraderechista Javier Milei sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador y sobre los derechos sociales, laborales, ambientales y feministas. El nuevo gobierno intenta implementar reformas en los sistemas de relaciones laborales y pensiones, desregular la actividad económica, privatizar las empresas públicas y “achicar” el Estado cerrando ministerios y organismos públicos, despidiendo masivamente a trabajadores e imponiendo medidas de austeridad y desfinanciamiento en áreas como cultura, educación, salud, ciencia o políticas sociales. Lo hacen con el argumento de que estas medidas son necesarias para controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y, de esta forma, cumplir las metas establecidas por el Fondo Monetario Internacional.
En resumen, el gobierno ultraderechista de Milei pretende no sólo implementar políticas de austeridad y lograr la estabilización macroeconómica en clave capitalista; sino que también busca una profunda reestructuración socio-económica, por medio de su programa ultraliberal en lo económico, y conservador y autoritario en lo político. Se trata de un programa refundacional que busca desorganizar a la clase trabajadora para cristalizar una relación de fuerzas favorable al capital. Pese a que resulta un proyecto extremadamente ambicioso para una fuerza política sin formación ni experiencia, que es minoritaria en ambas cámaras del congreso y que no posee representantes en la gestión provincial ni municipal, el gobierno confía en tener consenso social para las políticas de ajuste.
Las medidas implementadas provocan una brutal transferencia de ingresos hacia la clase dominante y profundizan la matriz “extractivista” de la economía. Los resultados sólo pueden alcanzarse a través de políticas autoritarias de criminalización y disciplinamiento de la clase trabajadora, y eliminando los derechos conquistados no sólo en materia social y laboral, sino también de derechos humanos, género y diversidad.
Reestructuración económica y represión: la guerra del gobierno contra la clase trabajadora
Tan pronto asumió el poder, Milei impuso una devaluación del peso argentino del 118% y la desregulación de todos los precios, lo que significó un duro golpe a los bolsillos de la clase trabajadora, los jubilados y la clase media. Estas decisiones espolearon la dinámica inflacionaria (el índice de inflación alcanzó el 25% en diciembre, rondó el 20% en enero y es probable que se mantenga en torno a esos valores durante unos meses) y provocaron una caída catastrófica en los ingresos populares. En efecto, entre diciembre y febrero, el salario real experimentó una caída del 15%. Esta administración congeló los salarios de los trabajadores públicos, las pensiones y los programas sociales; y se licuaron los aumentos salariales previstos en las negociaciones colectivas (con excepción de algunos sectores que negociaron cláusulas de indexación).
Al mismo tiempo, el gobierno busca avanzar en la reestructuración económica y social. Por una parte, intentó imponer un “Decreto de Necesidad y Urgencia” (DNU) —herramienta legal que no necesita debate en el parlamento para entrar en vigencia—. El Decreto incluye modificaciones de leyes y regulaciones en áreas que impactan directamente en el costo de vida, como alquileres, precios y producción de medicamentos, petróleo, abastecimiento de alimentos o servicios públicos. Por otra parte, envió al Congreso el proyecto de ley titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que, luego de más de un mes de tratamiento legislativo, el 6 de febrero fue retirado por el propio gobierno al reconocer que no lograban obtener los votos para su aprobación.
En su versión original, el ambicioso proyecto de ley incluía 664 artículos y sus anexos y abarcaba una amplia variedad de aspectos sociales, políticos y económicos entre los que se destacan: la delegación de facultades extraordinarias al presidente de la nación por un periodo que podía extenderse hasta por cuatro años; una reforma electoral; fuertes restricciones y criminalización de reuniones públicas, asambleas y manifestaciones; la suspensión de la movilidad previsional; cambios tributarios que benefician a las grandes empresas y la privatización de las 41 empresas públicas o con participación estatal del país, incluyendo la petrolera YPF S.A., el Banco de la Nación y los medios de comunicación, entre otros.
En ambos instrumentos se prevén medidas para avanzar en una reforma laboral de gran alcance, con implicancias en los derechos laborales individuales, colectivos y en las organizaciones sindicales: se promueve el empleo informal, se facilitan los despidos sin causal, se extiende el periodo de prueba y se flexibiliza la jornada laboral. A la vez, se limita seriamente el derecho a huelga y a la actividad sindical en los lugares de trabajo, la negociación individual se privilegia por sobre la colectiva y se recortan fuentes de financiamiento de las organizaciones sindicales.
La ley también permite la profundización de estrategias estatales represivas, penaliza reuniones “no autorizadas” en la vía pública, endurece penas para participantes en manifestaciones y limita notoriamente el derecho a la protesta. El llamado “Protocolo antipiquetes” fue el primer avance de esta política represiva. Lanzado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich unos días antes de la manifestación en conmemoración de las Jornadas de 2001, autorizaba el uso de la fuerza para “despejar las calles” en caso de bloqueo. El protocolo fue desafiado por la movilización popular.
La reacción popular
La respuesta popular a este ataque generalizado no se hizo esperar. En primera instancia, se sostuvo la convocatoria para la concentración en Plaza de Mayo con el objetivo de conmemorar el aniversario del “Argentinazo”, la revuelta popular que terminó con el gobierno conservador de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001 —desafiando el “Protocolo antipiquetes” elaborado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich—. Convocada por partidos de izquierda, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, la exitosa movilización alentó la reacción social en contra de las medidas del gobierno. Por la noche, luego de que Milei anunciara el Decreto en cadena nacional, se sucedieron cacerolazos espontáneos en Buenos Aires y en su zona metropolitana, como una muestra de descontento con las medidas previstas. La gente marchó desde los barrios de la ciudad de Buenos Aires hasta el Congreso Nacional, confluyendo así en el primer cacerolazo de la era Milei, a 10 días de haber asumido el gobierno. Los cacerolazos y las asambleas barriales se repitieron en los días siguientes y se replicaron en más barrios y en otras ciudades.
Estas expresiones de descontento popular, junto con la negativa del gobierno a negociar los contenidos de la Reforma Laboral, impulsaron una convocatoria de la CGT para presentar un recurso de amparo en contra del capítulo laboral del DNU. Así, respaldada por una masiva movilización de carácter multisectorial en los Tribunales, la CGT presentó la primera impugnación al DNU el 27 de diciembre de 2023. Los recursos de amparo contra el decreto se sucedieron con suerte dispar, presentados por diferentes organizaciones perjudicadas por éste. En particular, todos los referidos al capítulo laboral fueron aceptados, por lo que se suspendió su vigencia. A inicios de febrero, la Cámara competente declaró que el contenido del DNU referido a materias laborales es inconstitucional.
Los cacerolazos, la movilización del 27 de diciembre y la persistencia del descontento popular allanaron el camino para la convocatoria de una Huelga General con movilización por parte de la CGT.
“El 24E ya es de todos”
El 24E presentó varias particularidades en comparación con otras huelgas generales, que reflejan tanto la coyuntura política como las transformaciones en la composición de las fuerzas en lucha. Como mencionamos, la organización de una Huelga General a 45 días de asumido un nuevo gobierno es un hecho inédito en la historia de una CGT sumamente acoplada a los tiempos electorales e institucionales. De hecho, el último paro general fue en 2019, a pesar de las inmensas dificultades que atravesó la clase trabajadora durante y después de la pandemia. Cabe la pregunta de si la conducción de la CGT, caracterizada por su inclinación al “diálogo social”, estaría planteando un cambio de estrategia en el contexto de una fuerte ofensiva del capital y de un gobierno que no desea dialogar.
Otra característica relativamente inédita del evento es el rol que asumió la CGT como entidad con capacidad de articular movilizaciones multisectoriales, como se demostró inicialmente el 27 de diciembre cuando se le unieron otras confederaciones sindicales e innumerables organizaciones sociales y políticas. Todos estos sectores encontraron puntos en común para apoyar la Huelga General del 24E. Con el eslogan “El 24E ya es de todos”, la CGT amplió la convocatoria en sus publicaciones y en las redes sociales. Además de la fracción del sindicalismo clasista —minoritaria pero con presencia consolidada en el movimiento obrero—, se unieron a la huelga general las organizaciones de la economía popular, asociaciones culturales, de inquilinos, las asambleas barriales y el movimiento feminista, confluyendo entonces en una gran movilización multisectorial de rechazo al DNU y al proyecto de ley.
Esta diversidad expresa la heterogeneidad interna de la clase trabajadora y la naturaleza parcial de la representación de la CGT, debido al creciente peso del trabajo informal que alcanza casi el 50% de los trabajadores ocupados —incluyendo a trabajadores no-registrados, cuentapropistas y cooperativistas de la economía popular—. Estos cambios estructurales en la clase trabajadora tienen su raíz en la reestructuración capitalista que se desplegó durante la década de 1990, a raíz de la cual también se modificaron las formas de organización y las dinámicas de acción colectiva. De una parte, la CGT representa predominantemente a los trabajadores formales del sector privado, y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T) representan a los del sector público, independientemente de su forma de contratación. A pesar de los altos niveles de informalidad laboral en Argentina, las organizaciones sindicales mantienen un significativo poder de movilización, que se explica por el importante grado de inserción dentro del movimiento obrero. Comparada con estándares internacionales, la tasa de afiliación sindical en el país es relativamente alta: el 37% en el sector privado y 46% en el sector público. De otra parte, los movimientos sociales y las organizaciones de la economía popular representan a los sectores informales y desocupados de la clase trabajadora, cuya reproducción está vinculada a la percepción de planes sociales. Estas organizaciones encuentran sus raíces en los movimientos de trabajadores desocupados que emergieron en los años de 1990.
Es por esto que la incorporación de los movimientos sociales y de los trabajadores de la economía popular, junto con organizaciones de la cultura, de derechos humanos, feministas, entre otras, fortaleció significativamente la representatividad de la protesta, que se convirtió así en una masiva respuesta frente al carácter generalizado de la ofensiva gubernamental sobre los trabajadores, los jubilados y el pueblo en su conjunto.
También es importante subrayar la participación de una cantidad significativa de personas autorganizadas u organizadas recientemente, a pesar de los intentos del gobierno para intimidar y criminalizar la protesta. En especial, el resurgimiento de las asambleas barriales recupera las experiencias populares de militancia desplegadas durante la crisis del 2001.
Desafíos y perspectivas: qué hay después del 24E
El balance general de la huelga y la movilización es positivo. En términos de sus consecuencias inmediatas, se pospuso el tratamiento del proyecto de ley que, finalmente, tuvo que ser retirado por el Poder Ejecutivo. A su vez, el capítulo laboral del DNU fue declarado inconstitucional, otros capítulos se encuentran suspendidos y el Congreso demora la ratificación del mismo.
El escenario del conflicto está abierto. Su desarrollo dependerá de la fuerza y de la coordinación que logren la clase obrera, los sectores medios y los sectores populares, dada la necesidad de acciones masivas y multisectoriales para enfrentar los planes gubernamentales. Es así que el 24E abre un conjunto de preguntas: ¿Hasta dónde los diversos sectores en la conducción de la CGT están dispuestos a asumir el rol articulador de la protesta social que se insinuó el 27D y el 24E? ¿Los sectores autorganizados serán capaces de mantener la presión sobre los sindicatos y las centrales sindicales para la continuidad de la movilización? Más importante: ¿Cuáles son las perspectivas de radicalizar la resistencia a los intentos de refundación ultraliberal? ¿Hasta dónde la coyuntura actual abre un espacio para el crecimiento y la acumulación de corrientes de izquierda con presencia en el movimiento sindical y en los sectores movilizados?
