Agradezco a lxs miembrxs de la Caravana que me permitieron recabar información de primera mano
y documentar su proceso durante este acto profundamente político.
La Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida fue una movilización climática latinoamericana integrada por organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios. Inició el 4 de octubre de 2025 en México y concluyó el 9 de noviembre de 2025 en la sede de la última Conferencia de las Partes 30 (COP 30), en Belém do Pará, Brasil. A lo largo del recorrido, sus integrantes denunciaron cuatro crisis centrales y configuraron un ejemplo de cómo, en contextos de regímenes de movilidad restrictivos, la movilidad humana se transforma en un acto insurgente de resistencia y de rearticulación política. En este artículo, propongo que la Caravana expresa esa potencia y puede comprenderse como una forma de movilidad insurgente para impedir la pérdida de su hábitat y resguardar las condiciones materiales de existencia que están siendo desmanteladas. Al mismo tiempo, revela que la movilidad debe analizarse junto con el régimen global que administra quién puede moverse y quién es detenido al intentarlo. Con pueblos originarios, campesinos, afrodescendientes, mujeres y defensores del territorio como protagonistas, la Caravana transformó el desplazamiento en un gesto político frente al despojo.
Crisis sistémicas entrelazadas, megaproyectos, militarización, migración forzada y mercantilización de la vida
La Caravana por el clima y por la vida surgió de una coalición de organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios de diferentes latitudes del Abya Yala. Entre ellas se encuentran la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Deuda x Clima, el Legado Gaia (LEGAIA), el Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria, la Acción Colombiana por la Soberanía Ambiental y más.
El movimiento comenzó en México, el 4 de octubre de 2025, en territorio Yaqui, en Sonora, y terminó el 9 de noviembre en Belém do Pará, Brasil, sede oficial de la COP 30. Recorrieron México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y llegaron a Belém en barco desde Santarém.
La COP, como cumbre anual medioambiental de más alto nivel de Naciones Unidas, reúne a jefaturas de Estado, ministerios de medio ambiente, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Sin embargo, ha pasado por un proceso de desencantamiento, dado lo institucional, excluyente y lenta que es frente a la urgencia climática (TecScience, 2025). Después de 14 años, la COP se celebró en Latinoamérica; por ello, para la caravana se enmarcó como un espacio para poder posicionar problemáticas climáticas que están viviendo a flor de piel las comunidades; para poner ellas mismas tales problemáticas en las mesas de negociación y que se deje de hablar en nombre suyo. Como dijeron representantes de la Caravana: “Los Estados y los Gobiernos dentro de estas reuniones siempre firman documentos y acuerdos y no pasa nada y todo sigue igual. La esperanza está en los Pueblos Originarios”.
El objetivo fue fortalecer las capacidades para oponerse al extractivismo y la crisis climática, mediante comunicación global, articulación de resistencias y presión política en la COP30, por medio de información, acompañamiento territorial y un documento de demandas para incidir internacionalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la COP 30. Estas vías permiten comprender la Caravana como un recorrido territorial y como un mecanismo de incidencia geopolítica desde abajo.
La Caravana surgió como una movilización de resistencia con una esperanza anclada en la realidad política, como señaló Luis Luján, miembro de la Caravana y fundador de Faceta consciente. Ante esto, la Caravana estructuró su lucha en torno a cuatro crisis sistémicas, consideradas por sus integrantes como los pilares del colapso contemporáneo.
La primera crisis es la producida por los megaproyectos y la militarización, reconociendo que la expansión extractiva requiere fuerza coercitiva para imponerse sobre los territorios. Durante la caravana, Edwin Yovanis, un pescador artesanal del territorio Lenca en El Salvador mencionó que “[…] mi vivienda fue rodeada por nueve carros de patrulla […] intimidando a mi compañera de vida, diciéndole de que entregara su documento único de identidad.”
La segunda crisis es la migración y el desplazamiento forzado. La Caravana expone cómo la violencia estatal, el crimen organizado y los impactos climáticos se combinan para provocar expulsiones masivas. El Banco Mundial (Informe Groundswell, 2018) proyecta hasta 3.9 millones de migrantes internos en México y Centroamérica para 2050 sólo por efectos climáticos.
La tercera crisis es la monetización y mercantilización de la vida. Los testimonios denuncian la financiarización de la naturaleza mediante supuestas “soluciones”, como los bonos verdes o fondos como el Tropical Forest Forever Fund, señalados como nuevas máscaras del colonialismo financiero que privatizan bosques, ríos y territorios en nombre del clima. La Caravana rechaza estas falsas soluciones y exige la anulación de la deuda externa del Sur Global, entendiendo que la deuda funciona como un dispositivo de reconfiguración territorial.
La cuarta crisis, la del agua, atraviesa toda la región. Privatización, contaminación industrial, desvío de ríos, destrucción de manglares y acaparamiento de acuíferos conforman el núcleo de una crisis de derechos humanos. La defensa del agua se vuelve entonces inseparable de la defensa de la vida. Diversas autoridades que conforman el Gobierno Tradicional de la Tribu Yaqui mencionaron que “por desgracia, en el Estado de Sonora hemos tenido muy malos gobiernos que nos atacan ferozmente, para despojarnos de nuestros derechos […] sobre las aguas del río Yaqui”.
Es aquí donde la teoría de Sassen sobre la “pérdida de hábitat” (2016) resulta crucial. Según la autora, estos movimientos son expulsiones forzadas, impulsadas por la aniquilación de las condiciones esenciales para la vida. Ángel Flores, coordinador de MILPA Filial Oriente, narra cómo dado el megaproyecto Aeropuerto del Pacífico, “el paisaje ha sido cambiado violentamente, desmontando la forma y estilo de vida propios de estos territorios para dar paso a la mercantilización de la vida.»
En este contexto, la pérdida de hábitat se manifiesta como daño ambiental, despojo territorial y violencia política, y en tanto tal obliga a reorganizar formas de vida y, en muchos casos, a desplazarse. La Caravana se convirtió en los 50 cuerpos en movimientoque, habiendo sido expulsados por la extracción, la violencia y el colapso ambiental, politizan su mera existencia al circular (De Génova, 2002) y desafiar públicamente los regímenes de movilidad restrictivos que intentan contenerlas. Su marcha fue un acto de disputa contra el mismo sistema que está en el origen de su desplazamiento.
La caravana como disputa política frente a los regímenes restrictivos
La movilidad y la inmovilidad no son opuestas, sino parte de un sistema que distribuye de manera desigual el derecho a circular: la movilidad de las élites se celebra, mientras la de pueblos desplazados se criminaliza. La Caravana Mesoamericana revela con claridad estos mecanismos, en tanto que su recorrido está marcado por la necesidad de proteger el anonimato de comunidades enteras debido a la violencia estatal y paraestatal.
Las tecnologías de inmovilidad estatales se manifiestan como atrapamiento, vigilancia, miedo y procedimientos burocráticos diseñados para restringir la agencia. Glick Schiller y Salazar (2013) conceptualizaron estos procesos opresores como parte de los “regímenes de movilidad”: dispositivos institucionales, legales y simbólicos que administran quién se mueve, quién espera, quién es detenido y quién queda inmovilizado. Bernardo Xaal, defensor del territorio maya, relató: “el Estado me arrebató cuatro años de mi vida al criminalizarme por defender el río de mi comunidad.”
Políticas de inmovilidad, espera y perfilación racial
Las políticas contemporáneas de inmovilidad, la gestión de la espera y la perfilación racial constituyen mecanismos centrales mediante los cuales los Estados administran la movilidad humana. Como plantea Begoña (2018), el control de la movilidad también opera sobre el tiempo, regulando quién puede avanzar, cuánto esperar y bajo qué ritmos, produciendo desigualdades. La distribución desigual del tiempo se convierte así en una forma de poder que produce vidas aceleradas y vidas ralentizadas.
Este régimen temporal opera bajo una lógica de sospecha, que clasifica a las personas en categorías de riesgo y activa dispositivos diferenciales de control. Los testimonios de integrantes de la Caravana reflejan cómo esta sospecha se inscribe en los cuerpos. Luján describe que, al llegar a Nicaragua, se sintió criminalizado, ya que fueron retenidos durante alrededor de cuatro horas sin causa explícita, mientras una coordinadora era aislada en un cuarto. La espera funcionó como un mecanismo de disciplinamiento, al producir inquietud, vulnerabilidad y la sensación de ser observadas como mecanismo de coerción. La frontera actúa como una tecnología temporal capaz de suspender el movimiento y generar estados de incertidumbre administrada.
Del mismo modo, Daniela, militante de Deuda x Clima y miembro de la Caravana, relata que los cruces fronterizos estuvieron marcados por tensiones y cuestionamientos sobre la presencia de un grupo diverso en tránsito. La negativa de entrada a Nicaragua desencadenó preocupación y una reorganización urgente del recorrido, pues muestra cómo, con los tiempos impuestos, tiempos interrumpidos, tiempos bloqueados, surge la necesidad de reconfigurar decisiones y emociones. Estos episodios no son casos aislados; por ejemplo, Miranda lo ha expuesto en diversos artículos publicados en Revista Común. Pero la tendencia es clara, la movilidad está atravesada por tiempos arbitrarios, donde cada detención o trámite abre la posibilidad del estancamiento, la deportación o el encierro.
Aunque, dada su visibilidad, la Caravana no vivió formas extremas de encierro institucional, sus miembros sí experimentaron microformas de esta suspensión. La articulación entre cronopolítica y racialización del tránsito resulta especialmente visible en un testimonio sobre el cruce hacia Honduras. Mientras la Caravana entera declaró estar en tránsito, compañeras indígenas provenientes de Guatemala recibieron un trato más hostil y sólo tres días de permiso, frente a los más de ochenta días otorgados al resto. La diferencia temporal asignada a sus cuerpos no responde a un criterio técnico; se articula a partir de un proceso de clasificación racial que define cuánto tiempo merece cada quien para existir en tránsito, reforzando una jerarquía injusta de valor entre vidas que pueden circular y vidas que deben ser contenidas.
Así, los testimonios de la Caravana revelan que la política de control migratorio o de movilización transfronteriza excede el ámbito de las fronteras físicas, desplegándose también en dispositivos temporales que ralentizan, bloquean o aceleran la movilidad a partir de parámetros racistas, clasistas y sexistas. Las esperas forzadas, la clasificación discrecional y los ritmos impuestos producen vulnerabilidad, miedo e incertidumbre, pero también se vislumbra la capacidad colectiva de reorganizarse, continuar y sostenerse mutuamente, formas emergentes de agencia que se tejen desde la experiencia compartida del movimiento interrumpido.
Cuerpos en movimiento, afectos, miedos y esperanzas como fuerza política
Muchas veces pasa inadvertido el hecho de que la movilidad no es sólo física, sino también emocional. La Caravana revela que dentro de la movilidad hay cuerpos marcados por el miedo, la ansiedad y la amenaza constante. Pero también, en cada encuentro, emerge una experiencia colectiva de esperanza que impulsa la acción política. La Caravana convirtió el dolor en rabia organizada y la vulnerabilidad en fuerza comunitaria. En este sentido, junto con su actuar político, se produjeron cuidados, vínculos y horizontes compartidos.
Las luchas migrantes, como Varela (2022) retoma, son expresiones organizadas de resistencia, donde migrantes, refugiados y deportados no son víctimas o criminales: son sujetos políticos con agencia propia. Estas luchas no sólo buscan el derecho a migrar; además, afirman el derecho a no migrar y a decidir dónde vivir, desestabilizando los regímenes globales de control fronterizo, repensando la hospitalidad, la solidaridad y la justicia en un mundo marcado por la desigualdad y el cierre de fronteras.
En cada parada, la Caravana creó espacios de escucha, articulación y denuncia en los que se revelaron patrones regionales de violencia. Allí la movilidad se transformó en un método de aprendizaje colectivo y de producción de conocimiento desde los pueblos. En este marco, la noción de Varela sobre un “activismo epistémico” (2022), cobra un sentido particular. Este activismo epistémico implica producir conocimiento con las personas en movimiento, desmontando tanto los marcos analíticos eurocéntricos como las narrativas mediáticas que convierten la movilización en espectáculo. Esta práctica constituye una pedagogía de la esperanza, capaz de contrarrestar los discursos de miedo y la muerte mediante el reconocimiento de la agencia, la memoria y la capacidad de futuro de quienes se desplazan en búsqueda de una vida digna.
Los testimonios confirman esta dimensión esperanzadora, aunque marcada por el miedo, la incertidumbre y la falta de alternativas. Luis, miembro de la Caravana, recuerda que muchas personas no viajaban desde una posición de elección, sino porque “quizás era un último llamado de esperanza”, un movimiento forzado por condiciones estructurales que no ofrecen otra salida. A la vez, Daniela describe cómo la travesía transformó los afectos del grupo; ella confiesa haber partido con inseguridad y miedo ante eventuales escenarios de riesgo, pero la colectividad, la organización previa y la convivencia cotidiana produjeron un tránsito afectivo hacia “más seguridad, más liviandad, más soltura”. Incluso en contextos hostiles, la movilidad colectiva genera formas de cuidado mutuo y reconfiguraciones subjetivas que permiten sostener la esperanza.
Movilidad como derecho a la vida y reconfiguración del futuro
La experiencia colectiva demuestra que la movilidad forzada puede devenir en movimiento político, capaz de desafiar el orden que produce expulsiones, confinamientos y fronteras militarizadas. Su visibilidad y su presencia articulada afirman la premisa central de que no habrá justicia climática sin justicia territorial, ni transición ecológica sin desmilitarizar los territorios y garantizar el derecho a moverse de quienes defienden la vida. Frente a la pérdida de hábitat, la movilidad humana se convierte en un derecho y en una forma de resistirse a perder su hábitat.
Luján sintetiza esta dimensión política al señalar que, ante la lentitud de los procesos multilaterales y la inacción estatal, se vuelve indispensable fortalecer el accionar local y crear formas de articulación que el sistema institucional no ofrece. Para él, la caravana conectó luchas distintas, permitiendo imaginar “un horizonte en común con esperanza enraizada en la realidad” en medio de la crisis climática y social.
En el contexto actual global, en el cual existe una militarización reforzada, un giro antimigrante y el colapso ambiental, la Caravana constituye una teoría de cambio en movimiento: mientras los Estados administran la inmovilidad mediante fronteras, detenciones y dispositivos militares, la Caravana administra la movilidad mediante solidaridad, cuidado y construcción de comunidad transfronteriza. Sus prácticas cuestionan el orden territorial impuesto por la acumulación capitalista y abren la posibilidad de reconfigurar el futuro desde el caminar colectivo y resiliente. La caravana nos recuerda, en última instancia, que en tiempos de colapso climático movernos en conjunto es mantener viva la posibilidad de otro mundo, uno donde la esperanza no sea un gesto abstracto. Que es una práctica común arraigada en la realidad del viaje y en la defensa compartida de la vida.
Entre el 4 de octubre y el 9 de noviembre, los pueblos y comunidades del Abya Yala se movilizaron para afirmar su derecho a permanecer en sus territorios y evitar un futuro en el que la pérdida del hábitat los obligue a desplazarse de manera permanente.
*Anjani Punjabi González es egresada de Relaciones Internacionales de la UNAM, con enfoque en diplomacia climática, justicia social y participación juvenil. Se desempeña en proyectos académicos sobre gobernanza ambiental. Investiga pérdidas y daños climáticos en Belice desde una perspectiva decolonial y ha participado en espacios internacionales de acción climática.
