Tercera de tres partes sobre Cerimedo, La Derecha Diario
y la capacidad de intervención electoral como activo
El 21 de agosto de 2026, preso en Bolivia, Cerimedo vendió su parte de La Derecha Diario a Javier Negre. La primera parte de esta serie propuso leer lo vendido como un activo de intervención electoral con dos capas que se solapan: una fabricada de cuentas y bots, medida en alcance, y una patrimonial, hecha de audiencia y marca, así como de las relaciones que permiten controlarlas. Queda, con todo, abierta la pregunta de cuánto de esa capa patrimonial —descrita a mayor detalle en la segunda parte— permanece disponible para un nuevo dueño. Esta tercera parte pregunta de dónde viene ese activo y qué haría falta para alcanzarlo. La historia de esa arquitectura no empieza con Cerimedo, sino mucho tiempo atrás.
Décadas antes de Trump y de la neorreacción, la contracultura estadounidense de los años sesenta, la del Whole Earth Catalog y la comunidad reunida en torno a Stewart Brand, aportó el vocabulario con el que Silicon Valley se pensó a sí mismo, según reconstruyó Fred Turner en From Counterculture to Cyberculture. Aquella comunidad legó a la industria la idea de que redes y mercados pueden sustituir a las instituciones y la de que el cambio social llega por la herramienta antes que por la organización colectiva. Richard Barbrook y Andy Cameron bautizaron esa fusión como “ideología californiana”, y ya contenía el desprecio por el Estado y por los cuerpos deliberativos que su versión autoritaria llevaría al extremo.
Entre 2007 y 2014, el ingeniero informático Curtis Yarvin publicó bajo el seudónimo Mencius Moldbug una serie de ensayos, continuada desde 2020 en Gray Mirror, donde sostiene que la democracia liberal está condenada a degenerar. Allí bautiza “Catedral” al conjunto formado por universidades, prensa, burocracia estatal y mundo intelectual, al que atribuye poder para anular a cualquier gobierno de derecha surgido de las urnas. Su propuesta, entonces, consiste en reemplazar el orden democrático por un gobierno corporativo conducido por algo semejante a un director ejecutivo con atribuciones de monarca. Nick Land cruzó esas ideas con el aceleracionismo en The Dark Enlightenment, publicado por entregas en 2012. Timnit Gebru y Émile Torres agruparon bajo el acrónimo TESCREAL siete corrientes vecinas, del transhumanismo al longtermismo, que confían a una élite técnica la conducción del destino colectivo, y rastrearon su raíz en la eugenesia angloamericana del siglo XX.
Esa doctrina prefiere la salida a la voz, y antes que disputar el Estado propone construir jurisdicciones propias donde no llegue el voto. Quinn Slobodian, en Crack-Up Capitalism, rastreó esa pulsión a través de décadas de zonas económicas especiales, enclaves y ciudades privadas. El ciclo reciente agregó un movimiento que esa genealogía deja en segundo plano, porque sus promotores dejaron de esperar el enclave y fueron por el Estado existente.
Peter Thiel escribió en abril de 2009, en un ensayo publicado en Cato Unbound, que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles. En 2022 financió la campaña al Senado de J. D. Vance, hoy vicepresidente de los Estados Unidos. Por su parte, Elon Musk se volvió, en 2025, la figura pública central del esfuerzo de eficiencia gubernamental conocido como DOGE, que aplicó sobre la administración federal una versión práctica del reinicio que Yarvin había imaginado en abstracto. A su vez, David Sacks quedó a cargo de la política de inteligencia artificial y criptomonedas, y lo que durante quince años circuló como subcultura de internet pasó a administrar presupuestos públicos.
El modelo de negocio que sostiene esa conversión se aprecia en Palantir, la empresa que Thiel cofundó en 2003 y cuyo software opera en agencias federales de defensa, inteligencia e inmigración. Su director ejecutivo, Alex Karp, sostuvo con Nicholas Zamiska en The Technological Republic que la industria tecnológica tiene una obligación con la defensa de Occidente. Thiel financia a políticos dispuestos a reducir los controles democráticos y preside la empresa que vende al Estado los sistemas de vigilancia y mando que esa reducción vuelve rentables. El caso de Cerimedo se deja comparar con ese modelo, no porque forme parte de la misma red empresarial, sino porque repite su forma de articular negocio y política en el extremo latinoamericano, donde el servicio que se vende es electoral antes que militar. No obstante, el vínculo concreto que sí está documentado es el contractual con Parscale.
Varias relaciones concretas enlazan a Cerimedo con esa arquitectura. La más directa es contractual y quedó anunciada en marzo de 2025, cuando fue presentado como licenciatario para América Latina de Campaign Nucleus y EyesOver, las plataformas de segmentación y monitoreo de Brad Parscale, director digital de Trump en 2016, jefe de su campaña de 2020 y, desde enero de 2025, director de estrategia de Salem Media Group. Ante el New York Times, Cerimedo dijo que Parscale montó toda la infraestructura con la que trabaja. En declaraciones posteriores se refirió a él como quien le facilitó la tecnología de sus campañas.
Otra relación corre por el financiamiento y la amplificación. X aportó alcance gratuito cada vez que su dueño decidió que Milei merecía llegar a sus seguidores, y el capital latinoamericano apareció en la arquitectura con el desembarco de Negre en México de la mano de Salinas Pliego, un vínculo que Sheinbaum presentó en agosto de 2026 como una contratación a partir de lo publicado por el propio Negre, mientras Negre niega que Salinas lo financie. Son relaciones de distinto sujeto y alcance, porque el vínculo con Salinas describe una alianza mediática en México cuyo financiamiento está en disputa, y la amplificación un entorno de circulación favorable a ciertos dirigentes, y unirlas en una misma red operativa en torno a Cerimedo exigiría un enlace que las fuentes todavía no ofrecen; una de esas fortunas, además, controla la plataforma sobre la que circula buena parte de su producto.
Esa trama tiene asimismo un correlato doctrinario, porque las consignas editoriales de La Derecha Diario contra la izquierda, la ideología de género y la Agenda 2030 comparten el adversario que Yarvin nombró como la Catedral, aunque compartir enemigo habilita hablar de afinidad y no de una filiación doctrinaria demostrada. El que Yarvin situó en universidades, prensa y burocracia reaparece a diario en el portal bajo la forma de universidades públicas, periodismo profesional, organismos internacionales y funcionarios de carrera. La red de medios construye además sus propios criterios de credibilidad, en los que las fuentes externas de verificación pierden autoridad y el propio portal decide qué cuenta como dato fiable.
El desenlace boliviano ofrece un primer material para observar esa arquitectura. La caída de interacciones reportada tras la detención de Cerimedo plantea la pregunta por la dependencia operativa del portal respecto de su figura, aunque con los datos publicados no es posible separar el efecto de una eventual interrupción técnica del daño reputacional o de otros cambios en la circulación, y la propia Infobae recoge que Negre ya dirigía la operación cotidiana. El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, informó que en los allanamientos se secuestraron unos 43 mil dólares, documentos y equipos que describió como una “mini granja de bots”, mientras la defensa sostuvo que se trataba de teléfonos satelitales y módems. La Política Online informó que el portal perdía métricas y anunciantes desde la caída de su socio, señal de un daño en el valor del activo, cuya marca, audiencia y vehículo societario cambiaron de control por una compraventa de acciones. Suspender cuentas y procesar personas alcanza a la actividad y a quien la ejerce; la marca, la audiencia y la sociedad, en cambio, se transfieren por el mismo procedimiento con que cambia de manos cualquier participación societaria.
El problema es de trazabilidad antes que de extinción de responsabilidad, porque el cambio de accionistas no borra por sí mismo las obligaciones de la sociedad, que es sujeto de derecho; mientras la propiedad real siga opaca y los cambios de control no se declaren, reconstruir quién contrató, financió, ejecutó y controló una operación repartida entre varias sociedades y países seguirá siendo casi imposible. Las obligaciones de información tendrían que recaer sobre quien presta servicios electorales remunerados, una actividad que hay que distinguir de la simple línea editorial de un medio. Mariana Mazzucato, David Eaves y Beatriz Vasconcellos sostienen que las infraestructuras públicas digitales incorporan siempre una dirección y unos valores, y que maximizar el valor público exige un Estado que oriente el mercado antes que limitarse a corregir sus fallas. Trasladado a este problema, ese criterio convierte el registro de la propiedad real, la declaración obligatoria de cambios de control y la conservación de la documentación en instrumentos para reconstruir la cadena de contratación y control.
Leída con las dos capas, la venta de La Derecha Diario muestra que una intervención electoral organizada puede separarse en parte de la persona que la ejerció, porque la marca, los canales y la audiencia siguieron disponibles bajo un nuevo dueño aunque su valor se resintiera. La categoría de capacidad instalada ayuda a ver esa diferencia, que un enfoque centrado en el enunciado falso o en la cuenta sancionable capta en la capa fabricada y pierde en la patrimonial. Los límites de esta lectura provienen del material, que cubre pocas semanas posteriores a la venta y extrapola, a campañas de otros países, un mecanismo descrito sobre todo en el caso brasileño. Establecer si el portal conserva su valor bajo Negre, sin el operador que lo armó, depende de seguir su actividad durante los próximos ciclos, con información sobre públicos, anunciantes y titularidad que hoy es fragmentaria y no sistemática. Saber si un registro de propiedad real y de cambios de control bastaría para regularla es otra tarea, que exige evaluar qué permitiría obtener cada obligación y qué operaciones seguirían quedando fuera de su alcance.
* Dardo Neubauer es investigador de la UNAM. Rodrigo Ardissom de Souza es profesor-investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE (México). Douglas Carvalho Ribeiro es investigador en economía política internacional.
