Étienne Balibar, en Derecho de ciudad, construye una doble génesis de la producción de la ciudadanía durante lo que llama la “primera modernidad”. Esa construcción se basa en dos modelos teóricos que, aun no coincidiendo, representan distintos modos de articulación de los principios de la igualdad y la libertad. Una primera trayectoria aparece vinculada a los nombres de Rousseau y Kant. Para el primero de ellos, grosso modo, la ciudadanía se instituye a través del pasaje identificado con el tránsito de la soberanía del príncipe al soberano colectivo: la comunidad de ciudadanos. Para el segundo, en estrecha relación con lo anterior, la libertad se circunscribiría a la capacidad de estos ciudadanos para ser los autores de las leyes a las que se someten. El segundo itinerario estaría vinculado a una lectura balibariana de Locke y Spinoza, según la cual la autonomía se identifica con la propiedad de sí mismo: la articulación de la igualdad y de la libertad se produce en el elemento del contrato o del intercambio en términos de utilidad recíproca. Es en este segundo itinerario, donde la relación entre la ciudadanía, el cuerpo y el trabajo encuentra ciertas aporías irresueltas.
Si se me permite la digresión literaria, Juan Carlos Rodríguez, en La literatura del pobre, establece, a partir de La Celestina, una definición del mercado como un espacio que permite y hace posible el encuentro entre “almas iguales” —y cabría añadir “libres” en la medida en que el amor que se expresan está mediado por el furor de los cuerpos y no por la ideología religiosa—, ya sea mediante el amor o intercambiando trabajo por dinero. Este es, precisamente, el sentido en el que el contrato de trabajo puede pensarse como una relación de igualibertad: dos partes que, formalmente, comparecen como iguales para satisfacer una necesidad. Es el terreno sobre el que cierta modernidad burguesa había hecho descansar una ruptura de las tutelas feudales y una vía hacia la ciudadanía basada en la propiedad de sí.
Sin embargo, esa racionalidad mercantil, guiada por los valores de uso, no agota lo que ocurre en el contrato de trabajo. Como precisa Jacques Bidet, el valor y el plusvalor son lógicas completamente incomparables: la abstracción real del valor pertenece a la racionalidad de la relación mercantil, mientras que la abstracción real del plusvalor remite a la irracionalidad de la relación capitalista. Mientras el intercambio mercantil puede definirse bajo la lógica de un poder sobre las cosas —comprar, vender, consumir una mercancía—, la obtención del plusvalor se define como un poder sobre las personas que permite comprar su fuerza de trabajo y explotarlas. La asimetría es decisiva: es la irracionalidad capitalista la que aloja en su interior a la racionalidad mercantil —la contiene, la hace posible—, mientras que dentro de la racionalidad mercantil no puede encontrarse ni verse la irracionalidad capitalista que la envuelve. De allí que, jocosamente, Althusser señalara que el modo de producción mercantil donde los sujetos libres maniobran en condiciones de equidad —trabajan como hormiguitas, ahorran ascéticamente e intercambian sus mercancías con otros sujetos— sólo exista en la cabeza de la burguesía. Esta asimetría explica por qué el trabajador puede firmar un contrato genuinamente igualitario y, aun así, ver comprometida en su ejecución la propiedad de sí. En una entrevista, Gonzalo, empleado en una cafetería, experimenta este conflicto ante clientes que lo tratan, en sus propias palabras, como si fuera un siervo o un esclavo: “Eso es una cosa que valoro mucho en mi trabajo, porque en otros me pasaba que tenías que callarte y aguantar ahí recto, en restaurantes que trabajé un poco más pijos y, dices: ‘joder, me estás insultando, me está faltando al respeto, y por qué me tengo que quedar recto?’ Soy una persona, no soy un esclavo ni nada, ¿sabes?”.
La dificultad para establecer esta distinción entre el mercado y el capitalismo constituye una de las aporías a las que se enfrenta la construcción de la ciudadanía, ya desde la modernidad. No obstante, la explotación y el trabajo asalariado sitúan a la ciudadanía lockeana frente a una antinomia irresoluble en torno a qué es alienable y qué no lo es. Recordemos que el Locke del Primer tratado escribió contra Filmer para desmontar el poder absoluto y patriarcal del monarca sobre sus súbditos, y funda su alternativa en que todo hombre tiene la propiedad de su propia persona, que nadie sino él mismo puede disponer de su vida. Sin embargo, cuando llega el momento de justificar la propiedad y el trabajo asalariado en el Segundo tratado, Locke afirma que un hombre libre puede vender “por un cierto tiempo, los servicios que se compromete a hacer a cambio de los salarios que va a recibir”, y traza ahí la línea que separa al asalariado del esclavo: el primero enajena su trabajo, nunca su vida, que sigue siendo, dice Locke, propiedad de Dios y por tanto inalienable. Lo propio puede alienarse si el sí mismo —el yo que permanece idéntico y sujeto de derechos— permanece, pero, sin que Locke lo advierta, la línea —vender el trabajo sin vender la vida— no deja de moverse en la medida en que la existencia del asalariado queda comprometida en virtud de la reposición mínima de su capacidad de trabajar. El autor que había escrito contra el poder arbitrario de un hombre sobre la vida de otro termina naturalizando, sin advertirlo, una relación que produce efectos equivalentes; es decir, que, por otra vía, enajena la libertad y la igualdad. Es exactamente esta costura de la ciudadanía la que Marx expondrá mucho después en El capital: “Mediante la prolongación desmesurada de la jornada laboral, en un día puedes movilizar una cantidad de mi fuerza de trabajo mayor de la que yo puedo reponer en tres días. Lo que ganas así en trabajo, lo pierdo yo en sustancia laboral. La utilización de mi fuerza de trabajo y la expoliación de la misma son cosas muy diferentes” (tomo 1, en la traducción de Pedro Scaron).
Esta expoliación de la sustancia laboral marca el umbral en el que el cuerpo del trabajador se aproxima más al de un subjectus (quien está sujeto o sometido) que al de un ciudadano. No es casual que Marx y Engels hablaran de “esclavitud asalariada” o que se refirieran al “mundo encantado de las relaciones feudales” para caracterizar la relación de violencia que continuaba existiendo en la división del trabajo en las fábricas. Esta contradicción no desaparece con la segunda modernidad, sino que se reorganiza bajo las condiciones de la ciudadanía social.
Lo que, si seguimos la clasificación clásica de T. H. Marshall, no exenta de cierto evolucionismo, podríamos llamar “ciudadanía social” se edificó bajo el paraguas del keynesianismo de posguerra. Podemos señalar, sin embargo, que los “buenos tiempos” del keynesianismo se sostenían mediante tres pilares: el trabajo, el Estado-nación y la masculinidad. Esa triangulación construyó un modelo específico de ciudadanía: el adulto varón en torno a cuyo trabajo convergía una protección social generalizada a través del desarrollo de lo que Robert Castel llama la “propiedad social”: nacionalizaciones, servicios públicos y el papel regulador del Estado. Sin embargo, los otros dos elementos de la ecuación contribuirían a sobredeterminar la articulación en la medida en que el universalismo de los derechos ciudadanos estaría limitado a las fronteras nacionales y a su vez, dentro de ellas, a una exclusión interior basada en una división social del trabajo fuertemente marcada por el género. Así, el modelo surgido de la posguerra, parcialmente redistributivo e integrador del conflicto, habría sido un modelo de universalidad que excluía a quien no fuera hombre nacional, cabeza de familia, cotizante, contribuyente y poseedor de un trabajo formal. Una ciudadanía, en definitiva, cuyo marcado carácter masculino, laboral-industrial y nacional dejaba sin reconocimiento a todos los grupos que no podían representarse en ese imaginario.
Por su parte, lo que utilizando el vocabulario althusseriano podríamos llamar “formación social neoliberal” se caracterizaría por aunar dos importantes dinámicas: por un lado, el desmantelamiento de las protecciones sociales que habían configurado la ciudadanía laboral fordista y, por otro, la búsqueda continua de la distinción social. Una dinámica que habría advertido tempranamente Luc Boltanski al señalar cómo, entre 1930 y 1970, la generalización de la condición asalariada favoreció la aparición de una lógica de distinción cultural entre el sector asalariado burgués y el obrero, en la medida en que el capital cultural adquirido permitía cerrar mercados a otros competidores y acceder a nuevos espacios de retribución. El desmantelamiento de los soportes sociales del Estado de bienestar fue, sin embargo, presentado como una reafirmación de la autonomía y la realización personal en lugar de como un menoscabo de los derechos sociales. Un modelo de ciudadanía atado al riesgo, basado en una afirmación de la libertad sin apoyos sociales, comenzaba a fraguarse paulatinamente, no exento, paradójicamente, de componentes serviles que harían resucitar el desdoblamiento del sujeto en subjectus bajo nuevos moldes.
Es en este sentido en el que el trabajo de José Luis Moreno Pestaña ha contribuido a caracterizar una doble dinámica inscrita en el neoliberalismo que afecta directamente a los cuerpos. Por un lado, un retorno de la intensificación de los ritmos productivos que dificulta enormemente la reproducción de la fuerza de trabajo. Por otro lado, y, a menudo asociada a ella, una explotación cultural que convierte determinados recursos de los trabajadores en criterios de jerarquización —y, por tanto, antiigualitarios—, en el seno de las empresas. Por ejemplo, el código estético impuesto a los trabajadores de una empresa vulnera, así, el fundamento que Balibar indicaba como propio de la primera modernidad: ni respeta la autopropiedad que exige el itinerario lockeano, ni se somete a ningún procedimiento de autolegislación colectiva que lo legitime como norma —nadie ha votado el código, simplemente “vino un estilista y nos dijo cómo nos teníamos que peinar”, como recordaba Andrea en una entrevista.
De lo anterior se desgajan dos elementos importantes que amenazan la propiedad de uno mismo: por un lado, cuerpos formalmente libres que, sin embargo, se extenúan y degradan como los cuerpos de un esclavo, comprometiendo su integridad física, moral y psíquica; por otro, cuerpos obligados a adoptar una disposición específica en el espacio de trabajo, expresada en una determinada morfología corporal, gestualidad, vestimenta, interacciones, etc. Esta disposición adopta así la forma de una prestación que excede lo específicamente demandado por el trabajo y que, además, no se retribuye ni cuenta con condiciones para su cuidado: una suerte de corvea simbólica.
La legitimidad del neoliberalismo procede, como decíamos, de la promesa de valorización individual mediante la adquisición y exhibición constante de recursos culturales. Esta dinámica, cada vez más extendida entre las capas populares a través de la emulación de las clases medias, desplaza la dominación hacia nuevos criterios de jerarquización. El testimonio de Eva, trabajadora en una franquicia de restauración, da cuenta de ello: “De hecho, nos contrataron a dos personas a la vez. Yo y una chica. La otra chica era más joven que yo, más delgada, iba más maquillada con una imagen, a lo mejor, más estética, fue directamente a atención al público, y a mí me metieron en cocina”.
Esta observación, entre otros testimonios recogidos en un amplio trabajo de investigación aún en marcha, permite precisar la figura del subjectus como la posibilidad de que el sujeto de derechos sea producido, dentro de determinadas relaciones sociales, como un cuerpo sometido. El subjectus no designaría entonces una condición jurídica alternativa a la del ciudadano, sino una posición que puede emerger en el interior mismo de esta última: el ciudadano sigue siendo formalmente libre mientras determinadas dimensiones de su existencia quedan sometidas a las exigencias de otros.
El cuerpo constituye un lugar privilegiado para observar las ambivalencias de la ciudadanía y sus exclusiones. La dialéctica entre sujeto y subjectus reaparece bajo una forma contemporánea en la que ambas figuras no se excluyen: es precisamente la posibilidad de que coexistan lo que constituye una de las contradicciones fundamentales de la ciudadanía y los espacios de trabajo. La distinción entre sujeto y subjectus no se encuentra, por tanto, fuera de la ciudadanía, sino que constituye una de las fronteras internas de la democracia y que tiene en el trabajo su taller oculto.
