Cuando acepté la invitación que Común me hacía para contribuir a este dossier, pensé dedicar las páginas a proseguir las reflexiones sobre la conflictiva relación en la teoría republicana entre propiedad y división social del trabajo. Aunque temía repetirme, porque son cuestiones que he tratado lateralmente en otros textos para la revista, creo que quedan puntos por aclarar (quizá por aclararme a mí mismo) o perfilar adecuadamente. Sin embargo, la lectura del artículo, en Reutopías, “Cleistopolítica y poder digital. Urbit como utopía neorreaccionaria”, de Alejandro Estrella, ha modificado completamente mi intención primera. A partir de la coincidencia de fondo de que en la coyuntura actual hay un viraje de los discursos utópicos o normativos del capitalismo hacia un despojamiento de los ropajes liberales, me remitiré a debates muy alejados de la coyuntura actual para encontrar las raíces conceptuales de términos todavía en disputa, como tecnofeudalismo o neorreacción. Mi intención es evitar que su uso, sin esa excursión histórica, vuelva difusa e ineficaz una argumentación que busca dialogar con los análisis de las transformaciones del presente. La tesis que trataré de construir es la que sigue: las utopías o diseños normativos neorreaccionarios se apropian de algunas de las nociones clave del republicanismo en su vertiente oligárquica. Lo hacen mediante el sacrificio de la diferencia entre propiedad fiduciaria republicana y propiedad absoluta o soberana —esto es, la propiedad capitalista—. Me centraré en un aspecto basal: ¿quién es ciudadano? ¿Quién ejerce el control sobre aquellos a los que delegamos la agencia o ejercicio del poder? Esto es, ¿quiénes son propietarios en una democracia de propietarios?
A brocha gorda, contrapongamos dos definiciones de democracia. La primera se limitaría a considerar como democracia a aquellos procesos instituyentes cuyo fin es desplazar las fronteras antropológicas que jerarquizan o excluyen del campo político. Siguiendo a Étienne Balibar, señalo tres barreras: la división social del trabajo —el trabajador manual se considera carente de agencia y/o competencia—, la raza —esta abarca desde el racismo del Estado de Israel hasta la exclusión política del migrante— y la diferencia sexual —es decir, los mecanismos de dominación y explotación masculina—. Es el concepto que manejan desde Jacques Rancière hasta Cornelius Castoriadis, el mismo que podemos encontrar en el consejismo de los años 30 y, sin forzar el texto, en El Estado y la revolución de Lenin. De hecho, quizá fuera mejor usar “democratización” y no democracia en cuanto que las fronteras se desplazan aun sin extinguirlas. Desde esta perspectiva, solo en un comunismo final sin Estado, sin poder político, las diferencias antropológicas perderían su vigencia.
La segunda definición de democracia refiere al sistema de instituciones y mecanismos que garantizan que quienes son considerados ciudadanos ejerzan o controlen el poder político; esto es, que aquellos a quienes delegamos las funciones legislativas obedezcan al interés del pueblo y no a los suyos propios. Esta segunda acepción es la que ocupa principalmente a los pensadores republicanos, sin obviar que toda constitución se tiene primero que instituir. O de modo polémico: si, como ironiza Castoriadis, ningún sistema político ha otorgado la ciudadanía a todo bípedo parlante, la constitución establece la frontera entre el ciudadano y el doméstico —la mujer o el asalariado— y el extranjero. Y en la constitución de estas barreras la propiedad ostenta un lugar privilegiado.
Este debate instituyente se evidencia en Los debates de Putney. Los levellers (esos antecesores de los bolcheviques, al menos según Rosa Luxemburg) defendieron el derecho al voto de todos los varones nacidos en Inglaterra —no se concebía a la mujer más allá de la casa—, con independencia de que fueran o no propietarios. El sufragio sería un derecho natural de los ingleses irrestricto. El movimiento obrero consiguió que el derecho al voto universal fuera una verdad clara y evidente; la neorreacción ha conseguido que vuelva a ser cuestionada. El derecho al voto pertenece al individuo más allá de cualquier mérito: es indiferente a que seas pobre de solemnidad o inmensamente rico o a cualquiera que sea tu aporte a la reproducción social. Nos pertenece por el hecho de haber nacido dentro de un Estado-nación. Sin embargo, Oliver Cromwell, Henry Ireton o Maximilian Petty se valieron de la propiedad para negar la ciudadanía a los desposeídos. Así, por ejemplo, Henry Ireton afirma que los derechos políticos han de constreñirse a quien “tenga un interés permanente y sólido dentro de este país”. ¿Quiénes son estos con preocupaciones tan asentadas? Como la época no se prestaba a eufemismos ni birlibirloques, Ireton responde contundentemente: “que aquellos que eligen a los representantes que elaboran las leyes por las que se tiene que ser gobernado este Estado y este país son las personas que comprenden los intereses de este reino; esto es, aquellas que poseen las tierras y los miembros de la corporación, que tienen en sus manos todo el comercio”. Es decir, que los no propietarios sean volubles y mezquinos tiene consecuencias epistémicas determinantes.
La estructura institucional del poder es republicana, pero la frontera se dibuja con nitidez. El yerno de Cromwell, además, equipara al pobre con el extranjero: otorgar el sufragio a los pobres sería tan descabellado como el voto de un extranjero que se estableciera en Inglaterra. Ni uno ni otro poseen intereses perennes en la buena marcha del Estado. Por eso, sentencia en otro momento de los debates, tanto el extranjero como el pobre tienen que obedecer leyes que no han consentido ni ellos ni sus antepasados. Si eso se les hiciera insoportable, siempre les resta el derecho de salida: “Un hombre tiene que resignarse a una ley que no ha consentido, con la salvedad de que, si no se siente satisfecho, puede marcharse a otro País”.
Ireton posiblemente presente el ala más beligerante del republicanismo oligárquico, pero incluso quienes intentan posiciones de consenso han de contar con esa exclusión propietaria. Por ejemplo, en estas palabras de Maximilian Petty: “Pienso que la razón para excluir a aprendices y servidores, o a aquellos que viven de limosna es que ellos dependen de la voluntad de otros hombres, y tengan miedo de llevarles la contraria. Ya que servidores y aprendices están atados a sus amos, al igual que aquellos que reciben limosna de puerta en puerta”.
No sólo eso, argumenta el coronel Nathaniel Rich: podrían optar por acabar con la propiedad, si se llegara a promulgar, para colmo de males, una “ley que prescribiera la igualdad de los bienes y las posesiones”. O, en un sentido inverso complementario, a falta de seguridad económica, mercadearían con su voto. Ireton reformula este último reparo, en el sentido de que los pobres conformarían un parlamento de “hombres [que] renunciarían a su libertad y no a hombres deseosos de conservarla”. Hay, como vemos, suficientes razones republicanas para que las clases populares carezcan de derechos políticos.
He traído este resumen de una parte de los debates de Putney con el casi banal propósito de demostrar que no todo el republicanismo estuvo en manos de los jacobinos, el movimiento obrero, Rosa Luxemburg o los bolcheviques de primera hora. En él también, para no irnos muy lejos, caben demarcaciones de exclusión severísimas. La democracia pertenece a los libres; es decir, a quienes —y cito otra vez al yerno de Cromwell— “son independientes de otros”, sin que esa máxima normativa exija en ningún extremo la obligación de asegurar que todos los nacidos en un Estado disfruten de esa libertad. Por consiguiente, es perfectamente compatible con el republicanismo la condena a un estado precivil de dependencia de todos aquellos que carezcan de propiedad.
En suma, la democracia es la relación civil entre los igualmente libres que se dotan a sí mismos de las instituciones de funcionamiento y mecanismos de supervisión de los poderes públicos, fiduciarios de ellos. Los igualmente libres son los propietarios. De allí se derivan dos posturas: aquellos que no cuestionan la distribución de la propiedad —los pobres lo son porque no se han esforzado lo suficiente, porque son vagos, porque son inferiores racial, sexual o intelectualmente, etc.— y quienes enarbolan la bandera de su universalización.
Pero no hemos definido propiedad. Para ello voy a dar un rodeo por su utilización en distintos procesos históricos al siglo XVII inglés. José Luis Arrese, ministro de Vivienda durante la dictadura de Franco, dijo que quería una España de propietarios y no de proletarios. Posteriormente, Margaret Thatcher empleó la consigna de la democracia de propietarios para privatizar la vivienda social que la socialdemocracia de posguerra había edificado. ¿Eran republicanos la dictadura franquista y los tories británicos? Huelga decir que no, por más que la propiedad de la tierra se usó como criterio de discriminación entre el republicanismo oligárquico en Putney.
Abro un inciso: la vivienda en propiedad, entendida como Arrese o como los conservadores ingleses, subyace a la gentrificación de ciertas zonas en la ciudad ―de las que, por cierto, ya habían sido desalojadas las clases populares―. Es más importante, desde este punto de vista, estudiar cómo la vivienda (propiedad de la tierra convertida en activo financiero o renta del suelo) cumple dos funciones: 1) compensa la caída de los salarios reales con rentas provenientes del arrendamiento o la venta. En el caso de las clases populares españolas, que han considerado desde las políticas franquistas la vivienda en propiedad como el primer objetivo vital, es palmario: el 30% de los cambios de titularidad en las viviendas en España durante 2025 fue por donación o herencia. La trampa radica en que esa propiedad heredada es raquítica para estas clases y se orienta por su propia dinámica a la concentración. 2) Capitaliza el excedente salarial de las clases medias que, una vez embarcadas en este proceso, comparten parcialmente intereses con los grandes tenedores. Ninguna de estas características es compatible con la propiedad republicana, sino con la propiedad soberana que es el quid de la torsión neorreaccionaria de la normatividad republicana.
La propiedad republicana se limita por sus dos extremos. Del lado del individuo, es inalienable, puesto que vender la propiedad que nos hace independientes significa vender la libertad. No sería muy diferente a vendernos como esclavos. Si retomamos la operación thatcheriana, la vivienda social es mucho más republicana que el título de propiedad si se deja expedita la senda al mercado. Así pues, la propiedad republicana queda exenta de comercio. Del lado de la sociedad política, la propiedad es fiduciaria del Estado, siempre que en este se delibere por el bien común. Es la llamada cláusula antiacumulatoria. Ningún individuo (o corporación) podrá concentrar tanta propiedad que llegue a amenazar la soberanía popular. Este proceso en el que las grandes corporaciones determinan las políticas públicas contra los intereses de los ciudadanos es el que define Antoni Domènech como refeudalización del capitalismo.
Frente a la propiedad republicana tenemos la propiedad absoluta, soberana o liberal… la propiedad capitalista. Veamos su funcionamiento en ambos lados del espectro. Respecto al individuo, la propiedad soberana juega con dos barajas. Con una baraja alienta la completa alienabilidad de la propiedad. Si algo es tuyo, lo que hagas con eso no compete a nadie; ya sea que lo regales, lo malbarates, lo vendas o lo dones. Sin embargo, para que se puedan repartir los naipes de esta baraja se necesita que el propio cuerpo sea mercancía, propiedad alienable. Esto es, se necesita concebir la fuerza de trabajo como propiedad suficiente para la libertad. Es la llamada autopropiedad liberal que los republicanos no concebían, porque para ellos la libertad radica en la independencia de la voluntad ajena. Si el propio cuerpo fuera la propiedad, en lugar de algo ajeno a uno mismo, ello dejaría de resguardar la libertad frente a la contingencia del mercado. Sin embargo, la libertad al modo liberal concluye que cualquiera puede hacer del propio cuerpo (la fuerza física y las competencias técnicas e intelectuales) el fundamento de su propiedad, porque la mera integridad corporal signa la libertad. Esta concepción desemboca en la paradójica situación de poder venderse uno a sí mismo como esclavo. En la lógica liberal, las clases populares son, parafraseando a Marx, doblemente libres: libres de la atadura perenne a la tierra, que reclamaba Ireton, y libres para comerciar con su tiempo, con su cuerpo; es decir, con la única propiedad que les resta.
Bien, ¿qué pasaría si combinamos el concepto republicano de libertad con la propiedad soberana capitalista? Del lado de las clases populares, devolveríamos a los desposeídos a una situación precivil en la que no cabe ya la conservación de los derechos políticos. Son siervos que, a lo sumo, deciden cambiar de amo si consideran que otro los trataría mejor. Del lado del capital, eliminaríamos toda cortapisa normativa a la acumulación en pocas manos, cuyo derecho a determinar las políticas públicas es incuestionable, puesto que sólo ellos son realmente libres en un sentido republicano.
Mi hipótesis es que en los discursos utópicos de dominio tecnológico, que describe pormenorizadamente Alejandro Estrella, conviven amalgamados torticeramente la propiedad soberana y la norma republicana. El efecto de la confusa mezcla salta a la vista en la primera acepción de democracia que planteaba al comienzo del artículo: hay un desplazamiento de las fronteras antropológicas; pero, contra el proceso democratizador que alentaba a los postmarxistas, ese desplazamiento es hacia la exclusión de la mayoría de la población. Se trata, pues, de una desdemocratización.
