Respuesta al artículo “Universal o ciudadana. Un problema de la Renta Básica Universal”, de Jesús Ángel Ruiz Moreno.
El artículo de Jesús Ángel Ruiz Monero al cual responde el presente escrito organiza y presenta algunos argumentos a favor y en contra de la Renta Básica Universal (RBU), inclinándose de manera sutil pero clara hacia los segundos. Entre otras cosas, sugiere —a mi ver incorrectamente— que la RBU tiene una genealogía esencialmente neoliberal y que, debido a su carácter ciudadano/estatal en lugar de global, su implementación podría provocar consecuencias que, en realidad, no son atribuibles a la propia RBU. Más bien, es razonable pensar que podría contribuir a mitigar algunas de ellas.
Antes de repasar con más detalle algunos de los puntos con los que estoy en gran y fraternal desacuerdo, me gustaría resaltar un aspecto general sobre los debates en torno a la RBU. Si bien ésta es, sin duda, una propuesta que debe analizarse en términos pragmáticos como una política pública implementable, en realidad también opera socialmente como una idea y un horizonte. Creo que abordarla en estos términos obliga a poner sobre la mesa discusiones que otras políticas, como la subida del salario mínimo, los controles de precios de la vivienda o las reformas más progresivas del sistema fiscal, no suscitan por sí mismas. Consideremos esto como un primer argumento a favor de la RBU. Por ello, la idea de este artículo-respuesta, escrito por invitación de la misma Revista Común, no es exclusivamente contrargumentar algunos de los puntos del texto de Jesús, sino usarlo también como excusa para provocar pensamiento político.
Comencemos con la sospecha que genera su supuesto carácter ecuménico
Aunque es indudable que la simplicidad de la definición de la RBU ha generado la ilusión de que ésta pueda poner de acuerdo a todo el mundo, esto nunca ha sido así. Desde mi punto de vista, lo que la RBU genera es lo que podríamos llamar un clivaje específico, que une a personas y corrientes pertenecientes a familias distintas, tanto a favor como en contra. Esto no es una característica única de la RBU; hay muchos temas que se convierten en temas de clivaje por diferentes razones: el Estado-Nación, la Ilustración, la migración o las identidades son sólo algunos ejemplos. Se trata de temas que pueden generar fronteras distintas de las que consideramos a priori como las familias políticas tradicionales. De hecho, me temo que habitamos un mundo donde estas fronteras ya no operan tan sistemáticamente, si es que alguna vez lo han hecho.
La RBU tiene la característica de ser considerada fácilmente una herramienta; es decir, algo cuyo contenido político está definido por quien la use. No es, en este sentido, ecuménica. No busca una especie de cuadratura del círculo que ponga de acuerdo a derecha e izquierda: en ambos bandos hay radicales detractores por motivos similares. Es una idea que muestra explícitamente que algunas propuestas, cuando se presentan de forma aislada, no tienen muchas veces un contenido político propio, sino que dependen de los discursos y políticas que las acompañan. Buena parte de la derecha considera que hay que eliminar las políticas sociales porque “la mejor política social es el empleo”, o incluso que lo que debe hacerse es mejorar los salarios, vía aumentos de productividad, y dejar que cada uno se pague su educación y su salud. ¿Alguien pensaría que la propuesta de tener salarios altos o más empleo es, esencialmente, de derechas?
Dentro de un horizonte post-capitalista creo que es fundamental empujar fórmulas que nos ayuden a avanzar en una agenda de liberación del trabajo humano de las relaciones de explotación. En mi opinión, la RBU es una pata clave de esta agenda más amplia de desmercantilización del trabajo. Esto no descarta que, al igual que con el ejemplo de los salarios, la RBU pueda usarse para empujar hacia un mayor disciplinamiento y sometimiento. Allí está la pelea que hay que dar en términos políticos.
Vayamos al famoso artículo “L’allocation unviersalle” (1985), del colectivo Charles Fourier, calificado de “distópico y aterrador”
Este artículo es considerado como el inicio de la discusión más académica sobre la propuesta de la RBU. Pero es importante saber que no es ni de lejos el origen del concepto, y que a lo sumo podemos considerarlo el inicio de una genealogía específica. En todo caso, comencemos con un poco de contexto. Al momento de escribirlo, Philippe Van Parijs formaba parte del conocido September Group, un colectivo de marxistas analíticos, junto a personajes como Jon Elster, John Roemer, Adam Przeworski y Erik Olin Wright (este último, por cierto, también férreo partidario de la propuesta de RBU, acaso por ser también un gran defensor de la categoría compleja de clase social). Se trata de un artículo escrito en un contexto de debates que, desde inicios de los años 70, estaban movilizando a una parte de la academia y la política del centro de Europa. La cuestión, simplificando, era cómo adaptar el estado de bienestar al progresivo descentramiento del trabajo industrial. O, visto con perspectiva histórica, se trata del inicio del final de los Trente Glorieuses.
La revista La Revue Nouvelle, de izquierda cristiana, publicó un número especial dedicado a la propuesta de “L’allocation universelle” con varios artículos sobre el tema para intervenir en este debate. El artículo firmado por el colectivo Charles Fourier tiene un tono claramente provocador que busca explícitamente generar discusión. Comienza con esta cita del autor a quien alude el nombre del colectivo:
Por otra parte, como la inmensa mayoría, una vez que se ha asegurado un mínimo abundante, difícilmente estaría dispuesta a trabajar, habría que idear y organizar un sistema de industria atractiva que garantizara que, a pesar de su malestar, la gente siguiera trabajando.
Charles Fourier, La fausse Industrie (Paris, 1836).
Efectivamente, como lo plantea Jesús, a lo largo del artículo se preguntan qué pasaría si desreguláramos el mercado laboral y elimináramos todas las prestaciones monetarias, contributivas y no contributivas, para sustituirlas por una renta básica —lo que en ningún lado dice es que haya que suprimir la escuela o la salud públicas, como también menciona Ruiz Moreno—. El resto del artículo se dedica a responder a esta pregunta. El argumento del manifiesto es que la capacidad de negociación que otorga una RBU podría tener mayores efectos para mejorar la situación de los trabajadores que el entonces vigente sistema de prestaciones y regulación del mercado laboral sobre el cual se estaba discutiendo. No sólo eso, sino que las reformas que gradualmente se estaban implementando en este proceso de adaptación ya iban encaminadas a integrar estas prestaciones, y, en ese sentido, según el artículo sería mucho más eficaz para sus propósitos declarados que lo hicieran en forma de RBU. Así termina el resumen: “Este sistema permitiría poner fin a la pobreza y al desempleo, abolir las tareas ingratas, estimular otro tipo de economías y reformar el trabajo doméstico (y las relaciones entre mujeres y hombres)”.
Podemos discutir si efectivamente el sistema de incentivos que generaría una RBU nos llevaría a esto, o incluso aceptar que una lectura descontextualizada se presta a confusión, pero nadie que lea el manifiesto completo, más allá de la frase “desregular el mercado laboral”, puede pensar que se trata de un artículo que firmaría Milton Friedman. En las decenas de declaraciones posteriores, en las que tanto la Red Global de Renta Básica (BIEN por sus siglas en inglés), como miles de proponentes de izquierdas han recalcado la necesidad de que ésta sea un añadido al actual sistema de bienestar —eliminando, evidentemente, casi todas las prestaciones monetarias de menor cuantía y los beneficios fiscales que sustituiría—, deberían dejarnos tranquilos al respecto.[1]
En todo caso, si éste es el problema, la solución es bastante sencilla: asumamos y promovamos que la RBU sea eso, un derecho más, sobre el que construir formas de bienestar y emancipación colectiva. Podemos pensar el derecho a la salud de manera independiente al de la educación o la vivienda, y cada uno de ellos tiene un debate sobre cómo alcanzarlo, con qué vías y con qué presupuesto. De igual manera, el derecho a un ingreso no es más que otra área de bienestar, y la RBU es una forma específica de hacerlo desde un enfoque universalista.
El problema del trabajo y el dilema del free rider… ¿La RBU rompería con la reciprocidad social?
Aquí hay dos aspectos clave que Jesús pasa completamente por alto. El primero es que no todo trabajo o acción que beneficia a la comunidad se realiza bajo una relación salarial: el dilema del surfista se resuelve mucho mejor si tenemos en cuenta que el surfista quizás está entreteniendo a alguien, dando vida al barrio o simplemente dejándose fotografiar para que el hotel de la esquina pueda vender más habitaciones. Pero, aún mejor, si consideramos que al recibir una RBU algunas personas podrían dejar de estar empleadas para dedicarse a trabajos de cuidados o al trabajo comunitario, como parece respaldar la evidencia empírica —información ignorada en el artículo—. El problema del free rider se ha planteado de forma incompleta e inconsistente, como se ha señalado insistentemente desde el feminismo. ¿Es tu abuela una free rider? Muy al contrario, el free rider puede terminar siendo el empresario que parasita el trabajo doméstico necesario para reproducir la fuerza laboral que requiere para explotar.
De nuevo, por las características de la RBU mencionadas al inicio, ésta puede ir acompañada también de una retórica que reconozca que, aunque no todos los trabajos pasan por el mercado, también merecen ser sostenidos. Qué se considera aportar o no aportar, o qué es trabajo productivo o no productivo y bajo qué relaciones sociales, como bien nos recuerda Marx, es un problema político en sí mismo. Y esto me lleva al segundo punto: ¿es el afán de independencia individual de la libertad republicana una contraparte a la interdependencia esencial entre los humanos? De nuevo, no lo creo. La evidencia empírica sobre los posibles impactos de una RBU muestra que, en determinados contextos y bajo circunstancias que deben fomentarse, es bastante más probable, comparada con otras clases de prestaciones, que la RBU aumente la conexión social, la participación comunitaria y la activación laboral (de todo tipo), y que al menos atenuaría los bien documentados problemas de salud mental, soledad e individualización que generan algunos empleos. No sólo eso: parece que ciertas formas de transferencias incondicionales a algunas comunidades amazónicas, puesto que las liberan de buscar ingresos, están ayudando directamente a su lucha contra la deforestación. Un gran argumento a favor de la RBU, y en general de los derechos de existencia, es que todos merecemos el reconocimiento social precisamente porque somos parte de esta red de interdependencia necesaria para vivir.
La RBU como una utopía “triste”
Creo que una de las fortalezas de la RBU como utopía es que puede operar en un contexto de cierre de horizontes. No es la única, pero se trata de una utopía concreta, factible con herramientas que podemos imaginar o que ya tenemos a mano. No sólo es posible pensar en ponerla en marcha a corto plazo, sino que incluso podemos empezar a avanzar en esa dirección (otorgando prestaciones universales por hijo o una pensión universal para adultos mayores, como en el caso mexicano, o aumentando la incondicionalidad de las prestaciones existentes, etc.). Se trata, como ocurre con otros grandes servicios del estado de bienestar o con otras formas de organización comunitaria, de algo de comunismo aquí y ahora. Creo que las utopías que pueden operar en el contexto actual deben considerar el estrechamiento de la distancia entre la experiencia y el horizonte de expectativas del mundo en el que vivimos. El problema político no es describir una utopía lo más radical posible, sino combinar algo radicalmente deseable con algo creíble y accionable. Esperar que sea posible tener derecho a un ingreso sin necesidad de ser explotado por otro, o ser lo suficientemente pobre para optar por una especie de beneficencia, me sigue pareciendo un horizonte concreto y deseable para todos. Quizás es una utopía triste para quienes soñaron otras de mayor alcance en los años 60, pero ignorar los cambios estructurales de nuestras formas de temporalidad y, en general, del capitalismo global, hablando como si la solución pudiera ser volver a la edad de oro del capitalismo de posguerra, me sigue sin parecer una solución.
Sobre la supuesta supremacía del trabajo intelectual respecto al trabajo manual
Dentro de la literatura sobre la RBU, se valoriza el trabajo gratificante en contraposición al no gratificante, sin especificar cuál sea cuál. La expectativa razonable del impacto a medio y largo plazo de una RBU es que trabajos como el de limpiar la oficina o el de profesor que usa como ejemplos el artículo de Jesús se acerquen más en su capacidad de negociación, y también que el profesor de asignatura precario se aproxime más al investigador titular. De alguna manera, la RBU haría más factible que las personas dediquen su tiempo a actividades que realmente les gustan, incluso si esto implica un salario más bajo, y reduciría el tiempo dedicado a tareas que no les agradan, lo cual empujaría esos salarios hacia arriba.
Finalmente, la extraña cuestión de la universalidad que no es universal
Aunque entiendo que la palabra pueda prestarse a equívocos, es un consenso dentro de las políticas públicas que el concepto de universalidad se contrapone al de focalización —generalmente por renta— y no al de aplicación nacional o territorial. Por eso, por ejemplo, podemos hablar de pensión universal para adultos mayores o de prestación universal por hijo. Ambos están delimitados por la edad, pero no están focalizados por renta. La sanidad y la educación también establecen límites sobre quién está dentro y quién no, aunque también se las denomine con frecuencia universales. Toda política universal en este sentido enfrenta el problema de quién es considerado miembro de la comunidad que define el “universo”. Es decir, la crítica de que la RBU es ciudadana/estatal y deja fuera a quienes no son ciudadanos en realidad es aplicable a todas las políticas públicas de un estado.
Ahora, ¿cuál es la ventaja de todas las políticas universales? Que precisamente rompen la dicotomía insiders/outsiders en los países del Norte o la de formales/informales en los países del Sur. La supuesta externalidad negativa que generaría la RBU, mencionada en el artículo de Jesús, ya existe: es la gran brecha al interior de los países que se genera entre quienes están plenamente integrados en el mercado de trabajo con garantías laborales y quienes no lo están. Los primeros tienen acceso a derechos y a toda la gama de servicios del estado de bienestar contributivo; el resto queda excluido, a la espera de derechos residuales para los “pobres”. La RBU, al igual que el resto de los servicios públicos cuando son universales, viene a romper esta frontera —la cual posee una marcada dimensión de género— que generan los derechos exclusivamente contributivos. Dicho de otra manera: el argumento es, en realidad, exactamente al revés: la RBU rompe con parte de las causas estructurales de esa división.[2] Políticas como la reducción de la semana laboral, por ejemplo, son mucho más peligrosas en este sentido, ya que reforzarían a quienes ya están muy protegidos. Esta es otra buena razón para acompañarla estratégicamente con una RBU.
Si pensamos, en cambio, en términos internacionales, las diferencias actuales de bienestar entre quienes tienen derechos plenos de ciudadanía y quienes no, en cualquier país, pero especialmente en el Norte, son seguramente la frontera dentro/fuera más determinante para cualquier persona. De nuevo, esto ya es así. Ya estamos viviendo cierres étnicos que supuestamente protegen los derechos de los nativos frente a los que no los tienen. Lo derechos laborales conquistados por los movimientos obreros son parte sustancial de estas diferencias. En este sentido, el problema radica en la forma misma del estado-nación y en los desequilibrios y relaciones de poder históricos globales entre países; no es un problema atribuible a una futura RBU. No sé a dónde podríamos llegar si rechazamos cualquier mejora en la calidad de vida en un país por temor a que se convierta en un privilegio dentro del sistema global. Más bien, trabajemos en diluir sus causas.
De todas formas, también aquí podemos trasladar el debate a qué tipo de RBU queremos. Por ejemplo, el dividendo anual que paga Alaska a sus ciudadanos de forma universal se dejó de pagar paulatinamente a diferentes categorías de reclusos. Esto generó una discusión sobre si quienes habían cometido delitos deberían considerarse sujetos de este derecho y hasta qué punto serían miembros plenos de la comunidad.[3] Una RBU que los comprenda podría ayudar mucho a los procesos de reinserción.
Para concluir, es importante reconocer que la RBU sí tiene un componente global (término que es más preciso). Se está discutiendo tanto en países del Norte como del Sur y en todos los continentes. Es posible que los países emisores netos de migración que implementaran una RBU vieran efectos significativos en la retención de población —es decir, en la reducción de ciertos flujos migratorios—. A pesar de los altos costos de implementar la RBU, los países del Sur con economías informales mucho más grandes podrían beneficiarse especialmente de políticas como ésta. Si el argumento es que no tenemos un gran gobierno global para implementar cualquier política, creo que no nos queda mucho por discutir.
Notas:
[1] Dónde poner este límite respecto a las funciones específicas de otras prestaciones monetarias y su complementariedad o no es otro debate.
[2] De hecho, el grupo de insiders de la RBU es por definición mucho más grande que el grupo de los asalariados, o de los que perciben la prestación por pertenecer a una categoría (desempleados, pobres, u cualquier otro subgrupo). También es previsible que pudiera ayudar a romper con mitos persistentes como que son los “extranjeros” que acaparan las ayudas sociales, porque la recibiría todo el mundo.
[3] Ver Dorsett, R. (2019). Basic Income as a policy lever: a case study of crime in Alaska. Westminster Business School, Working Paper Series, 2.
