1. La marea rosa y México
Durante la primera década de este siglo, América Latina anunció el advenimiento de una nueva izquierda al poder que prometían terminar con el neoliberalismo e implementar políticas de soberanía nacional basadas en el desarrollo y bienestar. En la mayoría de los casos, las luchas contra el neoliberalismo —populares, comunitarias e indígenas, citadinas y campesinas— abrieron el camino para la llegada de partidos o coaliciones de izquierda al poder. En este contexto, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Ecuador fueron parte de lo que se denominaría la marea rosa. No hay consenso sobre lo que significa progresismo o marea rosa,[1] pero se puede entender como gobiernos que se propusieron romper con el neoliberalismo a través de reformas económicas para promover la igualdad redistribuyendo la riqueza e implementando proyectos de desarrollo económico a partir de la venta de materias primas en los mercados globales. Sin embargo, el ímpetu inicial del progresismo de la marea rosa en América Latina empezó a apagarse en la segunda década del Siglo XXI. Los gobiernos de izquierda de la marea rosa construyeron economías diseñadas para incentivar el “desarrollo desde abajo,” basándose en la re-estatización de la explotación y venta de los recursos naturales con una agenda basada en la redistribución de las riquezas generadas a través de programas de bienestar social.El objetivo de impulsar la economía a partir del extractivismo gestionado por el Estado era que eventualmente se desarrollara una economía industrial basada en procesos de producción y servicios aprovechando las habilidades de los trabajadores locales mejorando estándares de producción y calidad. Sin embargo, las economías de la marea rosa terminaron basándose en la dependencia de los mercados internacionales asumiendo el riesgo de la volatilidad de sus precios. Y es así como en los albores del colapso de los precios de los recursos naturales en 2015 y de la menguante marea rosa, ocurrió un giro generalizado a la derecha en América Latina: Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina, Maduro en Venezuela.
En México, el proyecto del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador ha sido interpretado como la llegada tardía de la marea rosa sudamericana al país fronterizo con EE. UU. Si bien la elección de Andrés Manuel López Obrador no ocurrió luego de un ciclo importante de luchas populares como en otros países, como figura política, López Obrador detentó en los últimos veinte años el lugar simbólico de la oposición en México contra de los regímenes neoliberales. No obstante, el resultado de las elecciones de 2018 tuvo más que ver con hartazgo, con la corrupción y votar en contra de los partidos que han sido responsables en México por 15 años de guerra neoliberal, que por un programa posneoliberal como en Bolivia y Ecuador.
De espíritu anti-neoliberal, López Obrador ha buscado re-estatizar sectores clave de la economía nacional aunado, como en Venezuela, Ecuador y Bolivia, a programas de bienestar social para distribuir recursos a los sectores sociales excluidos.
En México, los fondos para estos programas hasta ahora han provenido de recortes presupuestales, reformas fiscales y en un futuro, se proyecta que estos fondos vengan de ganancias generadas por empresas y megaproyectos estatales gestionados por el ejército. En cuanto a las medidas de austeridad, el gobierno de López Obrador ha eliminado algunas subsecretarías de las secretarías de Gobernación, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público para gastar menos en aparatos burocráticos. El gobierno “se aprieta el cinturón” haciendo que sus funciones sean subsumidas a otras secretarías.[2] En un futuro, y en línea con la política económica de la marea rosa, se proyecta que los fondos para la palanca para el desarrollo del país vengan del fortalecimiento en la recaudación de impuestos, de ganancias generadas por el rescate de Pemex y la CFE[3] y por la nacionalización de la extracción de litio[4]. Las reformas al aparato de Estado, al esquema de suministro de energía, los programas de bienestar y el plan de economía política del presidente López Obrador, vienen de la mano del intento de construir una nueva hegemonía militar, cultural y política centrada en una moral nacionalista.
A muchos,[5] el discurso del presidente les parece autoritario y antidemocrático, porque los procesos políticos del país parecen estar centrados en la figura del presidente. El líder de la nación está todos los días en contacto con “el pueblo” a través de una brillante estrategia de comunicación. Los discursos del presidente han puesto en marcha la polarización de clase basada en la tensión entre los “fifís neoliberales” (de clase media y media alta) contra los “chairos del pueblo buenos” (la clase media baja y baja) que excluye al 1% o la oligarquía, que son los dueños de monopolios y contratos del estado. La polarización maniquea que sustenta al régimen no sólo genera violencia e intensifica tensiones raciales y de clase, sino que escamotea los efectos en el cambio climático traídos por la intensificación del extractivismo, la violación del derecho a la consulta previa a comunidades afectadas por megaproyectos de muerte y que las políticas del régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador mantienen a la élite en el poder contenta y a las estructuras capitalistas intactas. La oposición –encarnada por López Obrador– es la hegemonía y no permite disidencia, la cual está siendo sistemáticamente fulminada con instrumentos como Hacienda, linchamientos mediáticos, muerte social y muerte real.
Jesús Silva- Herzog señaló que cuando AMLO anunciaba el ‘fin del neoliberalismo’ en México, en marzo de 2019, estaba implementando recortes presupuestales jamás vistos bajo sus predecesores neoliberales. Meses más tarde, el Congreso aceptaría la “ley de austeridad federal republicana”. Inconsciente del precedente de la marea rosa sudamericana, Silva-Márquez (y otros críticos de derecha) han leído en las políticas de López Obrador un intento por revivir el nacionalismo revolucionario de México de la década de 1970, rectificando los fracasos del desarrollismo del PRI, con un proyecto neo-Cardenista de nacionalización de la extracción de los recursos naturales.[6] Ante un panorama de intensificación del extractivismo, corrupción generalizada, desaparición forzada, persecución de defensores del territorio, violencia de género, militarización y que el ejército esté a cargo de la distribución de gasolina, la construcción de sucursales bancarias, vigilancia carreteras, puertos, aeropuertos y aduanas,[7] un aparato conformado por la asociación público-privada de captura de datos biométricos para el control y vigilancia de los ciudadanos, persecución de periodistas, académicos, científicos al igual que de disidentes y críticos al régimen, la cooptación en Cámaras de Diputados y Senadores de otros partidos y un hueco gigante donde va la oposición, se hace más y más urgente una contra-izquierda unificada y organizada en México.
Parte del problema de la oposición en México es la izquierda cultural, que se opone a las políticas de Andrés Manuel López Obrador defendiendo a la democracia aislada del proyecto económico inconsciente del peligro y devastación extractivista. También cuenta el abismo que existe entre las luchas políticas en zonas urbanas afincadas en los feminismos, la defensa de los derechos humanos y en aras de salvaguardar el aparato de la democracia, las luchas por la defensa del territorio en zonas rurales y contra la desaparición forzada y otras formas contemporáneas de violencia de Estado. La brecha de este abismo, está cavada por ignorancia (o negación) y por la discriminación contra comunidades mestizas e indígenas disfrazada del valor utópico que se les impone a las autonomías: al ser observadas desde fuera y lejos, persiste la idea romántica de que los pueblos originarios “nos” van a salvar de los estragos del cambio climático. Además, la actual imposibilidad de politizar la violencia extractivista a una escala más amplia que las luchas locales es el machismo, ya que el extractivismo, que se plantea como la base del desarrollo económico y progreso, está intrínsecamente ligado a la explotación del trabajo y cuerpo femeninos que son la base de la modernidad colonial. Otra arista del problema de la falta de organización de la oposición en México es la falta de visión de las similitudes entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos sudamericanos de la marea rosa, especialmente Bolivia y Ecuador. No obstante, la manera en la que se generó la disidencia a estos gobiernos de izquierda puede servir de hoja de ruta para una nueva contra-izquierda en México.
2. El antecedente de Ecuador y Bolivia
Ecuador y Bolivia son casos de estudio relevantes aquí, porque parece que funcionan como plan de acción previo a las políticas de López Obrador.
Manuela Olivos Ángeles hizo una comparación de las estrategias de medios de comunicación y redes sociales del expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) con la de Andrés Manuel López Obrador. Según ella, ambos se establecieron como la figura del “presidente comunicador”. A través de las sabatinas de Correa y de las mañaneras de López Obrador, buscan influenciar como presidentes las agendas de los medios buscando también generar el apoyo de los ciudadanos y mantener la legitimidad. Rafael Correa usó el término “revolución ciudadana” para enfatizar su visión de transformar Ecuador, lo cual básicamente significó fortalecer al Estado y terminar con la “larga noche neoliberal” y convocar la Asamblea Constituyente. También estableció una serie de políticas públicas centradas en mejorar la salud, educación, vivienda y alimentación de la población ecuatoriana. En paralelo, la “Cuarta Transformación” de López Obrador significa: “cambio pacífico”, aunque López Obrador no ha convocado una nueva Asamblea Constitutiva para crear una nueva Constitución como en Ecuador, Bolivia y Venezuela –tal vez el TCMEC y otros tratados nacionales sean candados que lo imposibilitan–. No obstante, el presidente mexicano, según Olivos Ángeles, ha lanzado una “constitución moral” a través del uso de héroes patrios y mensajes simbólicos: austeridad, honestidad y la lucha contra la corrupción. Tanto las sabatinas como las mañaneras tienen el objetivo de comunicarse directamente y sin intermediarios con los ciudadanos: para rendir y pedir cuentas, para dar una imagen del líder que trabaja y que sigue de cerca las actividades de sus subordinados y que está dispuesto a dar explicaciones necesarias de sus decisiones. Ambos utilizan el formato del talk show incluyendo drama, ironía, humor y la demagogia como estilo. Utilizan el espectáculo para seducir a las masas. En sus foros para conectarse con los ciudadanos, ambos líderes colocan ciertos temas en la agenda de los medios, otros tantos, para darles visibilidad. López Obrador además, da instrucciones a los burócratas y colaboradores, anuncia programas sociales, envía mensajes políticos, presenta temas coyunturales, lanza diatribas contra la oposición (señalando con el dedo), presenta un tema coyuntural o no; los reporteros hacen preguntas que son contestadas o no. Su postura, como la de Correa, es contrahegemónica habiendo instaurado una nueva dinámica y una nueva distribución del poder en la que no tiene cabida la oposición.
Cuando subió a la presidencia en 2005, Rafael Correa anunció el fin de “la larga noche neoliberal” comprometiéndose con un modelo de desarrollo desde abajo basado en la extracción y venta de minerales y petróleo. Nacionalizando los recursos ejecutando reformas legislativas que dieron lugar a modelos de contrato que aumentaron las ganancias del Estado, Correa prometía un programa de desarrollo basado en la comercialización de materia prima en los mercados globales y nacionales. Bajo este esquema, Correa usó las ganancias de la extracción de recursos para subsidiar programas sociales como la transferencia mensual de efectivo conocida como bono de desarrollo humano. Según Thea Riofrancos, mientras que las políticas de Correa sí lograron que disminuyera en Ecuador la pobreza, las estructuras de desigualdad quedaron intocadas, ya que nuevos grupos se enriquecieron por medio de lazos comerciales con el Estado, y cuando los precios de la materia prima decayeron drásticamente en 2015, regresaron a Ecuador los recortes en el gasto social y, por lo tanto, el empobrecimiento masivo. Según Riofrancos, además, el capitalismo posneoliberal de Correa es problemático porque dependía de la inserción de Bolivia en los circuitos de comercio global como proveedores de materia prima, estableciendo un continuum entre la historia colonial y la división global del trabajo, relegando a Ecuador a un estatus periférico en un intercambio desigual de materia prima por importaciones refinadas o manufacturadas.[8]
En 2006, Evo Morales también declaró el fin del neoliberalismo en Bolivia anunciando el comienzo de una revolución agraria a partir de la adscripción de la tierra a una función socioeconómica. Así, Evo transformó el paisaje Bolivia reemplazando la siembra tradicional y a los bosques, cambiando formas de producción, propiedad y poder dando paso al desarrollo y expansión del complejo de soya agroindustrial. El Banco Mundial y el conglomerado corporativo de producción de soya, justifican esta forma de penetración capitalista en el campo con crecimiento económico, incremento de productividad, seguridad alimentaria, soberanía y generación de empleo. Sin embargo, si analizamos con cuidado las relaciones de producción de soya agroindustrial, se revelan dinámicas de exclusión y de apropiación de plusvalía por un oligopolio de mercado generando varias formas de despojo y desplazamiento. Parte del problema es que los componentes de la agricultura son más y más controlados por unas cuantas corporaciones multinacionales y el capital continúa su penetración de la agricultura incorporando a los campesinos y a sus tierras a sus cadenas de valor. Esto se logra imponiendo el requerimiento de la compra y uso de ciertas semillas y químicos para cumplir con exigencias de mercado estandarizados controlados por el oligopolio agroindustrial, atando a los campesinos a ciclos de deuda y dependencia, alterando su relación con la tierra. De acuerdo con Ben McKey, éstas políticas de Evo, a pesar de sus intenciones de retar el modelo económico neoliberal y perseguir una transformación estructural hacia una sociedad socialista, logró justo lo opuesto, generando nuevas formas de extracción económica, social y medioambiental amenazando a poblaciones históricamente marginadas. Porque la producción industrial de soya se desarrolló de forma similar a una enclave extractivista, desarticulada del resto de la economía de producción destinada para los mercados de exportación.[9]
En paralelo a la industria de la soya, la mayoría de la inversión pública en Bolivia se asignó al desarrollo de la extracción de energía e hidrocarbonos y a la infraestructura de transporte y comunicaciones. Sin embargo, tanto en Bolivia como en Ecuador, estas inversiones acabaron sirviendo a los intereses de la acumulación de capital, en especial en los sectores extractivos. Bajo estos gobiernos de la marea rosa, el Estado jugó un papel dual y contradictorio al facilitar la acumulación de capital y mantener legitimidad política gestionando discursos y políticas estratégicos para mantener el control de la economía a partir del aparato de Estado. El permitir que el Estado se beneficiara de los frutos del sector extractivo, logró parcialmente el objetivo de redistribuir la riqueza generada por la extracción de recursos, a través de transferencias de efectivo a los marginalizados y excluidos a través del gasto social y bienestar. Pero según varios observadores, mientras que la nacionalización parcial de los sectores extractivos permitió al Estado recolectar más rentas, se terminaron reproduciendo los mismo procesos, relaciones de poder, impactos sociales y medioamentales que el control privado y extranjero neoliberal. Estas dinámicas permitieron afianzar alianzas entre el Estado y el capitalismo para dar lugar a un capitalismo absolutista basado en la economía extractiva y devastación medioambiental.
El extractivismo ha sido definido como actividades para extraer vastas cantidades de recursos naturales que no se procesan sino que están destinados a la exportación. Suelen tener alto impacto medioambiental. El nuevo extractivismo se refiere al incremento del papel del Estado en los sectores extractivos a través de la nacionalización de industrias clave. Históricamente, el extractivismo ha sido central no sólo desde tiempos coloniales sino para la política desarrollista. El ansia de modernizar ha terminado generalmente por anular la preocupación por el medio ambiente. Los gobiernos de la marea rosa plantearon al extractivismo como indispensable para avanzar un proceso de transformación económica y estructural “dese abajo”, y atender problemas de pobreza y desigualdad con la riqueza generada, para eventualmente transicionar a economías industrializadas y procesar directamente la materia prima en éstos países. Sin embargo, varios observadores concluyeron que los estados boliviano y ecuatoriano fracasaron en transicionar a economías de valor agregado y que si bien los programas de transferencia de efectivo bajaron los niveles de pobreza, la falta de cambios estructurales hizo que las poblaciones marginadas quedaran vulnerables a la volatilidad de los precios de materia prima, haciendo que la transferencia de efectivo fuera discontinua y precaria, además de los costos sociales y medioambientales por la expansión de la frontera extractiva.
3. La reforma energética: O la utopía disfuncional de la soberanía energética
Como los regímenes de la marea rosa en Ecuador y Bolivia, el Presidente López Obrador busca con sus políticas formas de soberanía nacional, promoviendo la autonomía energética en contra de las políticas neoliberales que desmantelaron la CFE. En 2013, Enrique Peña Nieto llevó a cabo una reforma en la que la Comisión Federal de Electricidad quedó con el papel de comercializar la electricidad generada por empresas privadas y dar servicio de transmisión. De acuerdo con Manuel Barlett, el actual director de la CFE, esto hizo que la compañía estatal quedara relegada al servilismo, por lo que una nueva reforma en materia eléctrica estará orientada a restituir su función original de ser una empresa de Estado. Se busca recuperar el sistema eléctrico, preservar la seguridad y la autosuficiencia energética para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. Bajo el nuevo esquema, la CFE pasará de ser una empresa productiva del estado para ser un organismo del Estado[10].
En México hay escasez de gas natural, pero en vez de desarrollar infraestructura para extraerlo y distribuirlo, la actual administración optó por construir la refinería Dos Bocas en Tabasco. La construcción de la refinería al igual que la adquisición de la refinería Deer Park en Texas, tienen el objetivo de que PEMEX, la petrolera de Estado refina y surta toda la gasolina que se consume en México.
Ante la crisis en Texas de principios de 2021, el gobernador Gregg Abott restringió las exportaciones para proteger el consumo local. Así, se prevén reducciones en el consumo de gas y cortes en el servicio de electricidad a corto y a mediano plazo.[11] En México, con Manuel Bartlett Díaz, la Comisión Federal de Electricidad había invertido en 19 mil km de ductos para importar gas natural de Estados Unidos. Traer gas natural de EE. UU. permitió bajar los precios y la CFE pasó de ser una empresa de electricidad a ser una de energía. Entre 2021 y 2022, nuevas plantas de gas licuado van a comenzar a operar en Estados Unidos, por lo que México pasará a ser un consumidor secundario y tendrá que competir en precio y disponibilidad con otros países. En conjunción: con el desabasto de producción de Pemex y la CFE y las crisis energéticas, como la de Texas, encaramos un futuro de apagones intermitentes que vienen con crisis económica.
Sin lugar a dudas, México requiere ampliar sus fuentes de energía. La iniciativa del actual presidente fue cancelar la participación del sector privado en el gas natural y usar la energía más económica que es el combustóleo. La producción de gas natural en México está en crisis: los megacampos se están agotando y el desarrollo de campos pequeños es más lento. Además, por ley, no se puede almacenar el gas natural que se importa de Estados Unidos. El objetivo de la revisión de los permisos otorgados a empresas privadas es dejar que se sigan beneficiando con subsidios de la CFE en porteo de transmisión y distribución de energía eléctrica. En todo caso, en los últimos dos años se ha visto la desinversión extranjera de la industria energética del 20% al 6%. En resumen, el esquema que propone el Estado, es la quema de combustóleo como fuente de energía en detrimento de otros medios como la energía solar o eólica que han sido desarrolladas en el país por la industria privada. Pero, además de que claramente no somos autónomos en la producción de energía como país, se está apostando a una energía que daña al medioambiente.
Lo que tenemos en el panorama a mediano plazo es la persecución de defensores del territorio contra megaproyectos como el PPMorelos. Según los expertos, Pemex necesita urgentemente aumentar su producción de gas natural para reducir la dependencia de gas de Estados Unidos; el Gasoducto Morelos custodiado por la Guardia Nacional, es considerado por los defensores de la tierra como una amenaza ambiental y sanitaria para sus habitantes. Esto se debe a que pasa demasiado cerca de la zona del Popocatépetl. La termoeléctrica en Huexca, es la comunidad donde está afincado uno de los bastiones de resistencia más fuertes. Se ha documentado que la planta expulsa agua contaminada a riachuelos y hondadas. En febrero de 2019, Samir Flores Soberanes, uno de los líderes en resistencia contra la planta, fue asesinado.
Mientras tanto, la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica está a la espera de discusión en el Congreso. Sin embargo, trabas como el TCMEC hacen que la nacionalización de la extracción de recursos sea mucho más compleja que en América del Sur.
4. ¿Simulación o gaslighting?
En la carretera México-Toluca delante de La Marquesa, se asoma en el acotamiento la reproducción de un vehículo de la Guardia Nacional done se atisba un oficial mirando en la dirección que vienen los coches apuntando un velocímetro para medir la velocidad de los viajeros. Y no es que no sea suficiente con que pululen patrullas y oficiales reales de la nueva Guardia Nacional en carreteras, centros turísticos, calles de las ciudades, aeropuertos, playas, casetas de cobro, prestos a servir a la nación. La simulación de la patrulla de la Guardia Nacional en la carretera México-Toluca es parte de un régimen cibernético integral de poder basado en la simulación y el espectáculo. Dicho régimen data ya de varias décadas, de cuando la comunicación pasó a ocurrir a nivel de signos, imágenes, información, disolviendo la distinción entre apariencia y realidad, desmaterializando al mundo a través del reprocesamiento semiológico en el que imágenes y signos adquieren vida propia y organizan a la sociedad y a la política. Sin embargo, la estrategia de medios, redes sociales y de simulación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es laudable por su complejidad y destreza, abrazando al poder en la era cibernética, que se basa en reemplazar a lo real con la simulación. Esto quiere decir que, como la reproducción de la patrulla de la Guardia Nacional en la carretera, las representaciones de la realidad son omnipresentes haciendo imposible distinguir a lo real de los simulacros. Este régimen constituye un nuevo reino de la experiencia digitalizada en la que la realidad se ha transubstanciado en la simulación haciendo que semiología y economía política sean inseparables. En este régimen, la imagen y el campo de las apariencias determinan y toman posesión de la realidad. La vida deja de vivirse activa y directamente, y los ciudadanos consumen pasivamente espectáculos-mercancías.
La matriz de la simulación de la realidad de la nación tiene su origen en la figura del presidente, el siervo mayor dedicado al servicio de la nación-deidad. Como ya lo vimos, su estrategia de medios fue hábilmente diseñada para instaurar y mantener la hegemonía y el consenso estableciendo una política de medios y redes sociales para dar visibilidad al poder todos los días y controlar toda la información que se disemina.
Otro ejemplo que opera de manera similar a la patrulla que “cuida”, “vigila”, con un velocímetro en la mano apuntando a los coches que ‘vienen’, que sirve a los ciudadanos con su mera presencia, es la visita a principios de diciembre de 2021 del presidente al Lago de Texcoco de la cual se diseminó un video en redes sociales. La visita sirvió para anunciar el plan del gobierno de crear un enorme parque ecológico donde el sexenio anterior inició la edificación del ya cancelado Aeropuerto de la Ciudad de México. En el video que se diseminó en las redes sociales del presidente, se ven también a María Luisa Albores, la secretaria de medio Ambiente y Recursos Naturales, y a Claudia Sheimbaum, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Vemos también un representante del ejército y junto al jorongo y huipil, la foto representa la imagen de marca del actual gobierno, como lo es también la simulación que sustenta su visita oficial al parque ecológico de Texcoco.
La analogía que hago entre la reproducción en tamaño natural de la patrulla y la foto del presidente y funcionarios anunciando el Parque Ecológico del Lago de Texcoco se parecen porque escamotean dos cosas: la patrulla, la ocupación militar incipiente del Estado en el territorio nacional, y la visita del presidente a Texcoco, que anuncia un proyecto ecológico y de conservación, esconden la degradación generalizada por todo el territorio de la real degradación de los ecosistemas terrestres y acuáticos provocada por la industria extractiva. Mientras que los estados con mayor presencia de minas son Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Baja California, y Baja California Sur, pero también Sonora, Zacatecas, Durango, Guerrero y Coahuila, un grupo de 100 empresas mineras son poseedoras de concesiones para extraer 250 millones de metros cúbicos anuales de agua, principalmente en zonas desérticas del país. Esta cantidad es 6.2 veces mayor a las que tenían en usufructo hace 25 años y que supera la demanda de agua en la zona de La Laguna. Según un artículo reciente publicado en La Jornada, hay un total de 1 609 concesiones de minas que operan en 68 de las 142 áreas protegidas terrestres, operando en un total de 1.5 de hectáreas concesionadas.[12] Así, tanto el insulso video de López Obrador de tour en Texcoco, como la burda reproducción de la patrulla de la Guardia Nacional plantada en la carretera, simulan políticas del gobierno para proteger el medio ambiente y proteger a la ciudadanía escamoteando respectivamente la masacre medioambiental en curso y la intensificación de la militarización y la sofisticación del ejército (golpe de Estado).
La estrategia de simular para esconder recuerda también la práctica tóxica que caracteriza las relaciones heteropatriarcales del gaslighting, que es una forma de manipulación que siembra dudas en el receptor del mensaje para que dude de su cordura. Por ejemplo, el muy celebrado discurso reciente del presidente López Obrador en las Naciones Unidas, en el que expuso su “Plan mundial para la fraternidad y bienestar”, para el que pidió el 4% de las ganancias de los más ricos del mundo y 4% de las mil corporaciones más grandes y 0.2% del PIB de cada país del G20.[13] Según López Obrador, los retos más grandes que encaramos hoy son la pobreza y corrupción, porque el espíritu de cooperación ha perdido campo al deseo por la ganancia llevándonos a la barbarie. El resultado, según López Obrador, es la alienación generalizada y el olvido de principios morales y el darle la espalda al dolor de la humanidad generando pobreza, desigualdad, violencia y migración.
Mientras tanto, el diagnóstico de México del Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada, anuncia que el país se mantiene en situación de desapariciones forzadas en gran parte del territorio y la falta de datos confiables sobre el problema, el escaso número de condenas y la emergencia que constituye el alto número de fosas clandestinas.[14] Y en el pueblo zapoteco de San Pedro Quiatoni en Oaxaca, donde minas trasnacionales explotan pozos profundos, ríos y otras fuentes de agua, por mencionar un ejemplo de cientos de casos, el agua ha sido contaminada con arsénico. Don David Gold es una de las tres compañías en contra de las que la comunidad de San Pedro Quiatoni interpuso un amparo en la corte para parar las concesiones para explotar el subsuelo. Los abogados que representan a la comunidad declararon que no hubo consulta previa con toda la información, además de no reparar el daño causado por el medio ambiente. El gobierno federal otorgó diez concesiones mineras en la región, algunas de las que vencen en 2064 y otras en 2063. Los habitantes de San Pedro sostienen que las concesiones fueron emitidas sin representar el derecho al territorio o sin consulta previa, libre e informada a la comunidad zapoteca. El amparo está centrado en las concesiones de El Águila y el Águila II, porque en sus documentos anuncian que operan en “tierras que pertenecen a San Pedro Totoloapan”. Después de más de un año que comenzó el juicio, no hay resolución. Los pozos profundos ya no tienen agua y se ha hecho daño irreparable. [15]
El despojo continúa a través de estrategias varias que amenazan la sobrevivencia de los pueblos indígenas. Por ejemplo, a través de la instalación de una planta alemano-suiza de amoniaco para producir fertilizante en el puerto de Topolobampo en Sinaloa. Los pescadores han denunciado que el proceso de instalación de la planta (que está en curso, aunque los pobladores nunca fueron consultados de acuerdo con sus derecho) hace que peligre la pesca. La planta producirá únicamente 2200 toneladas de amoniaco que pueden destruir el sistema del lago Santa María-Topolobampo Ohuira. La desaparición de Rodrigo Palafox Corral, ocurrió en el marco de la lucha contra la instalación de la planta de amoniaco. Otro ejemplo de estrategia para asegurar la continuidad del despojo, es el reciente decreto del Presidente López Obrador que declara a los megaproyectos de su administración como obras de interés público y seguridad nacional. Con el decreto, el ejecutivo federal puede blindar la información relacionada con el desarrollo de los megaproyectos al igual que permitir que se emitan permisos o licencias en menos de cinco días para acelerar la construcción. Las obras que tienen que ver con este decreto están ligadas al sector de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, hidráulicas, hídricas, medio ambiente, turismo, salud, vías férreas, ferrocarriles, energía, puertos y aeropuertos. Las implicaciones son: la criminalización de la oposición y la obliteración de consultas previas y el derecho al amparo.
Los territorios indígenas, que incluyen espacios marítimos y lagos, se han vuelto aún más vulnerables, aunado a Guerra neoliberal en curso que facilita el campo a la intensificación del extractivismo. Según el reporte más reciente de Human Rights Watch, altas tasas de homicidio y desaparición forzada, persecución de personas migrantes, ataques contra defensores del territorio, violencia de género, han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.[16] Continúa, asimismo, la violencia contra defensores de megaproyectos impulsados por el gobierno federal y el asedio a las áreas naturales protegidas. A pesar de la implementación del programa gubernamental Sembrando Vida, proteger al medioambiente no es claramente la prioridad del actual gobierno.[17] La Semarnat ha sido adelgazada con recortes de personal y de presupuesto, una de las consecuencias es la pérdida de cobertura forestal, sobre todo en el Sureste del país donde se siembra cacao, palma africana, soya y ganadería a escala industrial.[18]
Hay que tomar en cuenta también, la expansión de la militarización en el país con la creación de la Guardia Nacional y que el ejército está a cargo de la distribución de gasolina, la construcción de sucursales bancarias y megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico que implican corredores industriales, empresas maquiladoras, armadoras automotrices al igual que más concesiones mineras, extracción petrolera, fracking, gasoductos, oleouctos, refinerías, parques eólicos, represas hidroelécticas, plantaciones forestales comerciales y agroindustrias. Está también el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, además de la vigilancia carreteras, puertos, aeropuertos y aduanas.[19]
4. ¿La contra-izquierda por venir en México?
Si en los albores de la marea rosa en las décadas de 1990 y 2000 los movimientos sociales por todo América Latina lucharon contra las políticas neoliberales clamando la nacionalización de la extracción de recursos naturales, los gobiernos de izquierda que subieron al poder dieron lugar a una forma de polarización política basada en la oposición al extractivismo.[20] Es decir, la oposición a la izquierda anti-neoliberal resultó en una contra-izquierda anti-extractivista luchando por la defensa del territorio y los derechos de los indígenas. Desde el punto de vista de México, ¿desde dónde se puede pensar en una contra-izquierda, habiendo aprendido las lecciones de los experimentos de la marea rosa, en oposición a la re-estatización populista y militarizada de López Obrador y en el contexto de la guerra neoliberal?
Bolivia y Ecuador son casos donde se articuló una contra-izquierda a partir de la lucha por un modelo post-desarrollista basado en el buen vivir, la traducción del concepto Kichwa Sumak Kawasai. Buen vivir significa coexistir en diversidad y harmonía con la naturaleza para lograr una buena forma de vida. Implica además defender los derechos de los indígenas, luchar contra la contaminación medioambiental, explotación laboral, autonomía territorial y autodeterminación local. Ésta forma de oposición surgió como una manera de resistir la nacionalización de Correa y Morales de la extracción de recursos. Esto a partir de puntos de vista distintos acerca del modelo económico, la relación entre naturaleza y sociedad y la autodeterminación territorial de las naciones y pueblos indígenas. Según Riofrancos, la oposición al modelo “populista-extractivista” de Correa llevó cuatro años en conformarse en Ecuador; Correa los deslegitimó acusándolos de ser “imperialistas”.
Más allá de la nacionalización, en el contexto de la globalización, los movimientos populares de Ecuador y otros lados están reclamando soberanía radical sobre la extracción de recursos. En Ecuador, mientras que las comunidades del Amazonas identificaron la extracción de recursos como amenaza a su integridad territorial y autodeterminación, la contra-izquierda propuso modelos de gobernancia de los recursos basados en su integridad territorial y autodeterminación; la coordinación política y económica de las relaciones socio-naturales de la parte del Estado y élites corporativas[21].
La posición antiextractivista en los movimientos sociales en Ecuador se cristalizó tres años después de que Correa subiera al poder. Esto creó una realineación política: los activistas que habían luchado por la nacionalización de los recursos naturales, ahora se oponían a la extracción de recursos. Correa argumentó que la oposición a la extracción de petróleo y minerales era una táctica imperialista disfrazada de medioambientalismo[22].
En México, a pesar de las políticas de bienestar enfocadas en paliar la pobreza y traer desarrollo para todes, la política energética, los megaproyectos y otras formas de extractivismo como el turismo y las EPZ, al igual que la militarización, están detrás del despojo, desplazamiento y desaparición forzados en curso que perpetúan la guerra neoliberal iniciada por Felipe Calderón. Es por eso, que una contra-izquierda mexicana (una izquierda-en-resistencia, opuesta a la izquierda-en-el-poder), tendría que basarse en las contradicciones del modelo económico-político cuyas políticas de bienestar y desarrollo, a pesar de estar diseñadas para “el bienestar de los de abajo”, están continuando el despojo y violencia neoliberales. Mientras que tienen contentos y generando riqueza sin precedentes a los oligarcas[23], la restatización de la economía y la eliminación de la pobreza a través del gasto del Estado están colocándolo como una compañía más que genera recursos a partir de la destrucción medioambiental y la violación al derecho de consulta de los pueblos. En ese sentido, el gobierno de López Obrador sí es distinto a los gobiernos neoliberales, porque bajo el modelo de la liberalización del mercado, el Estado deja de ser el administrador de los bienes de la nación. Sin embargo, el modelo de Estado de López Obrador tiene rasgos de la economía autocrática del socialismo de mercado de China, el cual no está exento de problemas. En el caso de México, la preocupación principal son las secuelas sociales y medioambientales de la economía extractivista y del uso de energías sucias. También, la continuidad desde hace cuarenta años del asalto a la población mexicana por parte del neoliberalismo, que ha intensificado la transferencia de la riqueza del 90% de la población hacia los oligarcas.
En ese sentido, las políticas del presidente López Obrador están contribuyendo a la destrucción del mundo al ignorar la emergencia climática. Al mismo tiempo, azuza un proto-fascismo en México, en el sentido de un giro a la derecha populista y evangélica en el espectro político. Parte del problema es que aparte de las comunidades en zonas rurales que sí están organizadas, la mayoría de la sociedad está atomizada, la gente enojada, resentida, desorganizada, sobreviviendo de quincena en quincena, encarando al poder privado concentrado. Esto es campo fértil para la polarización cotidiana azuzada por los discursos del presidente, que además plantean a los problemas del mundo como retos morales, como cuestión de recuperación de los valores perdidos y que los ricos se “toquen el corazón”. Si el neoliberalismo fue una forma de guerra de clases, los planes de López Obrador, en cuanto a que buscan maximizar el uso de combustibles fósiles, suman a la guerra la destrucción generalizada de la posibilidad de la continuidad de la vida humana organizada en la tierra.
La falta de voluntad política para paliar la destrucción medioambiental y el calentamiento global no es única a López Obrador sino global. Esto se hizo evidente durante la COP26 en Glasgow, en la que sobresalió la participación sin precedentes de pueblos indígenas luchando por la protección del Amazonas. Ello es prueba de que los pueblos originarios son nuestros líderes y maestros luchando por el cambio climático y por la posibilidad de un futuro humano en la tierra. Más que nunca, ellos necesitan solidaridad y apoyo de la contra-izquierda urbana. A principios de enero de 2022, se llevó a cabo en la planta ocupada de Bonafont desde agosto de 2021 en Santa María Zacatepec, Puebla, una asamblea de defensores de la tierra agrupados en trece organizaciones incluyendo las Comunidades Unidas de la Región Cholulteca, el Frente de los Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPDTA) y el Congreso Nacional Indígena. Las organizaciones se encuentran en lucha en contra del ducto de gas Morelos y de la extracción masiva de agua de sus tierras por Bonafont, Hylsa, Driscroll, VolksWagen y otras compañías instaladas en la zona que han secado el manto acuífero de sus tierras, jagüeyes y pozos. Esta reunión representa a la contra-izquierda, que se opone al Decreto presidencial de noviembre de 2021 de declarar a los megaproyectos de “interés nacional”,[24] lo cual los coloca en una posición extrema de enemigos del estado. Por eso, una contra-izquierda en México tendría que abrazar una estrategia de crítica concentrada en solidarizarse y movilizar directamente a los afectados del desarrollo extractivista y de sus secuelas (la violencia subcontratada de Estado y corporativa), planteando al post-extractivismo como una visión positiva, señalando la disparidad territorial constitutiva al capitalismo global. Por el bien de todes.
[1] René Rojas. 2017. “The Ebbing ‘Pink Tide’: An Autopsy of Left-Wing Regimes in Latin America.” New Labor Forum 26 (2): 71.
[2] “Austeridad permite financiar programas de bienestar para la población: presidente” 2 de septiembre de 2020.
[3] Plan de Desarrollo Nacional 2018-2024 p. 50.
[4] Georgina Zerega, “La asesoría de Bolivia a México sobre la extracción del litio alimenta la idea de la nacionalización”, El País 19 de mayo e 2021.
[5] Según la nota de Gloria Reza publicada en Proceso sobre una mesa de diálogo tiulada: “La desilusión liberal: comprendiendo el descontento con la democracia” en la que participaron Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Ana Laura Magaloni, Valeria Moy, Guillermo Sheridan y José Wondenberg.
[6] Tony Wood, “AMLO’s AUSTERITY” New Left Review, 25 enero, 2021.
[7] Fernando Escalante Gonzalbo, “No es el pueblo”, Nexos 1 de enero de 2021.
[8] Thea Riofrancos, Resource Radicals: From Petro-Nationalism to Post-Extractivism in Ecuador, Durham and London: Duke University Press, 2020, p. 55.
[9] Ben McKay, The Political Economy of Agrarian Extractivism: Lessons from Bolivia, Halifax: Fernwood Publishing, 2020, pp. 33-39.
[10] Braulio Carbajal, “Prevé Sener crear empresa para explotar litio” La Jornada, 18 de noviembre de 2021.
[11] “The Disconnect: Power, Politics and the Texas Blackout,” NPR Podcast.
[12] “Concesionan a mineras más agua de la que se debía a Estados Unidos en octubre de 2020” La Jornada 4 de diciembre e 2021.
[13] “Mexico’s AMLO proposes global anti-povety speech,” Al Jazeera, noviembre 9, 2021.
[14] Alonso Urrutia, “Tras resistencias, México se abre a visita de la ONU sobre desapariciones”, La Jornada, 15 de noviembre de 2021.
[15] Proceso, 7 noviembre 2021.
[16] “México Eventos 2020” de la página de Human Rights Watch.
[17] Tania Gómez y Sergio Rincón, “Sembrando Vida y la fábrica de chocolates” Proceso, 28 de noviembre de 2021.
[18] Thelma Gómez Durán, “Las deudas ambientales de México en 2021”, Pie depágina, 20 de diciembre de 2021.
[19] Fernando Escalante, “No es el pueblo” Nexos, enero 2021.
[20] Idem.
[21] Riofrancos, pp. 60-63.
[22] Riofrancos, p. 83.
[23] Redacción Animal Político, “Larrea, Slim, Salinas Pliego y Baillères incrementan su fortuna pese a la pandemia: Forbes”, Animal Político, 6 abril de 2021.
[24] Ángel Melgoza, “La vida de los pueblos es más importante que la industria”, Pie de Página, 16 de enero de 2022.