El viernes 18 de julio de 2025, alrededor del mediodía, se celebró una reunión en el pueblo de Xcucul Sur, convocada por sus habitantes. Al encuentro —al que por cierto se invitó a un medio de comunicación local— acudió un grupo de vecinos a denunciar los daños materiales, el desgaste anímico y el clima de conflictividad social provocados por la extracción indiscriminada de materiales pétreos destinados a la construcción del Tren Maya. La principal preocupación expresada durante la reunión fue que una explosión más pudiera ocasionar el derrumbe de sus viviendas, cuyos cimientos, techos y paredes ya muestran daños severos tras más de veinte años de detonaciones en los bancos de materiales cercanos. Estas explosiones, reactivadas con cada proyecto de infraestructura, se han intensificado a raíz de la alta demanda de insumos para la construcción del Tren Maya, cuya proximidad a las viviendas ha hecho visible y ha agravado el problema socioambiental de la minería de materiales pétreos, no sólo en Xcucul Sur, sino en toda la península de Yucatán, donde diversas comunidades enfrentan impactos similares.
Dos días antes de la reunión, agentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se presentaron de manera sorpresiva en el domicilio de don Rubén, uno de los vecinos afectados, para notificarle que acudirían a clausurar el banco de materiales más cercano a las viviendas. Dicho banco, previamente autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), operaba sin contar con el permiso de cambio de uso de suelo forestal avalado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán. Al momento de la inspección, el terreno ya se encontraba deforestado y con excavaciones que llegaban incluso por debajo del nivel freático, situación que generaba graves riesgos ambientales y sociales adicionales. Los inspectores colocaron un sello de clausura en la malla perimetral del predio y, al día siguiente, la empresa detuvo sus operaciones y comenzó a retirar la maquinaria que permanecía en el sitio.
De acuerdo con información proporcionada por las instituciones ambientales de los tres estados de la península de Yucatán, entre 2018 y marzo de 2025 —es decir, en el contexto de la construcción del Tren Maya— se ha autorizado la operación de 326 bancos de materiales pétreos en la región: 53 en Yucatán, 108 en Quintana Roo y 165 en Campeche. En Yucatán, 10 se ubican en Umán, 5 en Sudzal, 5 en Valladolid, 3 en Tixkokob, 3 en Tixpehual, 3 en Uayma, 3 en Cacalchén, 3 en Chemax, 3 en Izamal, 2 en Acanceh, 2 en Chocholá, 2 en Tinum, y 1 en cada uno de los municipios de Baca, Bokobá, Cuzamá, Dzitas, Kanasín, Kantunil, Tunkás, Ucú y Maxcanú. Las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) se encuentran archivadas en dicha dependencia, que ha obstaculizado reiteradamente su acceso y consulta pública, con lo cual dificulta la transparencia de la información. Aún más opaca es la información relativa a los bancos de materiales registrados en años anteriores, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) era la responsable del registro. De estos sitios, muchos de los cuales se encuentran actualmente abandonados, se desconoce su situación legal, operativa y ambiental.
Desde 2018, cuando el proyecto del Tren Maya fue anunciado oficialmente, diversos pueblos asentados a lo largo de su trazo y múltiples organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de la naturaleza han denunciado las graves afectaciones socioambientales que ha provocado en la península de Yucatán: deforestación masiva, destrucción de cenotes, fragmentación de hábitats y las profundas alteraciones en los modos de vida locales. Sin embargo, poco se ha analizado el impacto específico de la construcción de su infraestructura ni, en particular, las consecuencias derivadas de la minería de materiales pétreos, actividad de la que dependió la materialización del Tren Maya, incluyendo no sólo la vía del ferrocarril, sino también obras de infraestructura complementarias, como caminos, puentes, hoteles, puertos y aeropuertos. El análisis antropológico de los bancos de materiales explotados para esta obra permite comprender cómo la minería de materiales pétreos opera en los márgenes de la legalidad y la ilegalidad, articulando un complejo ensamblaje de instituciones estatales, empresas constructoras, autoridades locales, marcos regulatorios flexibles y comunidades afectadas. Este patrón no es un hecho aislado, sino una expresión localizada de un modelo extractivo que, bajo el argumento del desarrollo infraestructural, reproduce dinámicas de despojo, deterioro ambiental y vulneración de derechos colectivos y de la naturaleza en toda la península de Yucatán.
A pesar de la clausura, el jueves 17 de julio representantes de Adobe Constructora y Consultoría S.A. de C.V., interesada en explotar el banco vinculado a Proser, continuaron presionando a don Rubén para que firmara una carta de autorización para realizar tres voladuras, con el fin de extraer material pétreo destinado a cumplir un contrato con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para la construcción de los nuevos ramales de carga del Tren Maya en los tramos Poxilá-Progreso y Poxilá-Mérida. Según explicaron en una carta dirigida a don Rubén, esta extracción les permitiría recuperar su inversión, ya que Grupo Zamudio —supuesto responsable del banco desde 2022— les arrendó el predio con un contrato que vence el 26 de julio. No obstante, el banco de materiales continúa operando de forma irregular, sin que las autoridades competentes intervengan.
Este banco de materiales opera con una autorización emitida por la Delegación Federal de la Semarnat en Yucatán para una MIA denominada “Rehabilitación de banco de materiales para la extracción en estrato húmedo”, promovida por la empresa Asesoría Proser S.A. de C.V., en la que se establece que no se usarán explosivos. Según testimonios de los habitantes, el terreno donde se autorizó el banco fue adquirido por la empresa mediante una asamblea a puertas cerradas, sin el consenso de la mayoría de los ejidatarios y sin que el acta o contrato resultante se hiciera público, lo cual ha generado preocupación sobre posibles irregularidades legales y conflictos comunitarios persistentes. El documento de la MIA contempla la extracción de material pétreo hasta cuatro metros por debajo del nivel freático, en una superficie total de 164,270.10 m², sin especificar el volumen a extraer. De esta superficie, 56,520 m² (es decir, el 34.41%) se destinarán a la explotación en estrato húmedo —en un área que, según el promovente, ya habría sido explotada en seco—, mientras que 37,680 m² (22.94%) funcionarán como área de amortiguamiento para conservar la vegetación existente y 69,996.05 m² (42.61%) se ocuparán para infraestructura operativa y circulación vehicular. El presupuesto asignado para diez años de explotación asciende a ocho millones de pesos, de los cuales ochocientos mil se destinarán a medidas preventivas, de mitigación y compensación de los impactos ambientales, como la restauración del suelo, la reforestación con especies nativas y el desarrollo de un proyecto de uso alternativo del predio, sujeto a autorización de las autoridades competentes.
Sin embargo, desde que inició operaciones en 2021, el banco de materiales ha incumplido lo establecido en la MIA, lo que ha llevado a que los habitantes de Xcucul suspendan en distintas ocasiones sus actividades. La primera suspensión ocurrió en 2022, cuando la Sedena revocó el permiso de uso de explosivos luego de que la empresa realizara una serie de detonaciones con dinamita que contravinieron su compromiso de no emplear este tipo de material. Además, dichas detonaciones, puesto que se efectuaron a menos de 100 metros de viviendas de la localidad —en abierta contradicción con lo manifestado en la MIA—, provocaron daños estructurales en cimientos, techos y paredes, así como múltiples secuelas materiales y emocionales en la comunidad. Dos años después, a finales de 2024, el banco de materiales reanudó operaciones bajo la nueva administración del Grupo Zamudio, que se presentó con un nuevo permiso emitido por la Sedena para el uso de explosivos, lo que desató nuevamente el conflicto con los habitantes.
Consciente de estos antecedentes, don Rubén les manifestó que no podía firmar en nombre de las demás personas afectadas, por lo que invitó a los representantes de Adobe a asistir a la reunión vecinal del viernes 18 de julio, con el fin de que consultaran directamente a los pobladores de manera pública y transparente. Sin embargo, no les informó que también había sido convocado un medio de comunicación local para cubrir una nota sobre el conflicto y los daños provocados por la explotación de los bancos de materiales.
La confluencia de vecinos inconformes, reporteros y representantes de la empresa extractora —quienes insistieron en solicitar autorización para realizar “solamente tres voladuras para recuperar su inversión”— produjo un enfrentamiento tenso que quedó registrado por las cámaras de los reporteros y por mi propia grabadora. Durante el intercambio, los vecinos manifestaron su rechazo a nuevas explosiones, preocupados de que una más pudiera causar el derrumbe de sus viviendas y poner en riesgo a toda la comunidad. Para evidenciar los daños, llevaron a los representantes de la empresa al interior de sus casas y les mostraron las rajaduras en techos y muros provocadas por las ondas sísmicas de las voladuras anteriores. Antes de que los empresarios se retiraran, los afectados les exigieron que respondieran quién se haría responsable por los daños ya ocasionados, pero los representantes negaron que la responsabilidad fuera suya, subieron a sus vehículos y se retiraron del lugar, no sin antes afirmar que buscarían otro sitio del cual extraer el material que pretenden vender a la Sedena.
En los días posteriores a la reunión, se publicaron en las redes sociales un par de reportajes sobre los bancos de materiales irregulares para el Tren Maya en Xcucul Sur. Ello trajo resultados positivos para las personas afectadas, quienes reclamaban la reparación de sus viviendas y de su entorno ecológico: por un lado, permitió que los habitantes se reconocieran a sí mismos como actores activos frente a los problemas de su localidad; por otro, atrajo el interés de personas e instituciones externas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de la naturaleza, las cuales se han manifestado a su favor y les han brindado asesoría y acompañamiento en su lucha por la defensa de su territorio. Este escenario ha impulsado a los habitantes afectados a iniciar un proceso de organización comunitaria, mediante el cual buscan enfrentar legalmente a las empresas y autoridades responsables, con el fin de exigir la reparación integral de los daños ocasionados tanto a sus viviendas como a su entorno socioambiental.
Los pobladores de Xcucul Sur merecen una respuesta justa, pero identificar con claridad a los responsables de los daños a sus viviendas y a su entorno social y ecológico implica analizar con profundidad el complejo ensamblaje compuesto por instituciones estatales, empresas constructoras, autoridades y habitantes locales, infraestructuras, leyes y múltiples regulaciones que se entrelazan y operan en los márgenes de la legalidad e ilegalidad, todo lo cual trae consigo desafíos significativos para la defensa de la comunidad.
