En el primer cuarto del siglo XXI los comunes se han convertido en uno de los conceptos clave de los debates políticos y teóricos de la izquierda social. Muchos investigadores y activistas han encontrado en la reflexión y la práctica en torno a los comunes una caja de herramientas teórica y política para abordar la crítica del capitalismo contemporáneo y las posibilidades de transformación antagonista. El precio de esta popularidad es, inevitablemente, algún grado de imprecisión: empleamos las nociones que evocan los comunes para denominar cosas muy distintas, aunque razonablemente congruentes.
A grandes rasgos, los usos contemporáneos de los conceptos relacionados con los comunes se mueven entre dos extremos. En su sentido más restringido y preciso, los comunes son instituciones sociales tradicionales capaces de regular recursos necesarios para la vida que se producen, utilizan y administran colectivamente. Este tipo de propiedad colectiva —distinta tanto de la propiedad privada como de la propiedad estatal— ha sido a menudo un instrumento robusto, igualitario y ecológicamente sostenible para organizar el acceso a los medios de subsistencia. Pueblos de todo el mundo han cuidado colectivamente bosques, pastos, agua para el regadío, bancos de pesca, caza, caminos o canalizaciones siglos antes de que existieran los mercados o los estados modernos. Para muchos teóricos y activistas hay lecciones importantes en esa herencia histórica que podemos replicar en las sociedades industriales del siglo XXI.
En el extremo contrario, el atractivo contemporáneo de los comunes no tiene que ver tanto con los detalles de su materialización histórica como con su capacidad para evocar una constelación amplia de conceptos relacionados con la solidaridad, la igualdad y la autocontención en la gestión de los recursos materiales… Por eso, Peter Linebaugh decía que ‘lo común’ se ha convertido en “un término ómnibus” que, más allá de sus dimensiones técnicas, es útil para sugerir “alternativas al patriarcado, a la propiedad privada, al capitalismo y a la competencia”. El paraguas de ‘lo común’ tal vez se use a veces con poca precisión pero realmente ha servido para agrupar las energías utópicas de movimientos sociales fragmentados y heterogéneos, a los que ha proporcionado un horizonte discursivo compartido.
Estas diferentes aproximaciones al espacio de los comunes, no exactamente contradictorias pero con evidentes puntos de tensión, se han ido reformulando y retroalimentando en los últimos veinticinco años por medio de, al menos, tres espacios o momentos de intervención antagonista.
En primer lugar, a principios de siglo los movimientos de conocimiento libre y cultura digital abierta lograron popularizar una serie de ideas relacionadas con los comunes que previamente habían tenido un recorrido académico y político mucho más minoritario. Los ciberactivistas entendieron las redes digitales como un espacio político en disputa donde pugnaban dos concepciones diferentes de la tecnología, la cultura y el conocimiento. Frente a las estrategias mercantilizadoras y burocráticas de las grandes empresas tecnológicas, los ciberactivistas propusieron un programa de prácticas colaborativas horizontales que trataba de recuperar formas de producción comunal precapitalistas. La idea de fondo era que el contexto digital abría un espacio de abundancia propicio a la colaboración espontánea, el cual rompía con la escasez y la competencia capitalistas y, en cambio, se acercaba al tipo de reformulación de las prácticas cooperativas tradicionales que se estaban reivindicando, por ejemplo, desde el movimiento zapatista. Se pueden hacer muchas críticas a esta intervención tecnopolítica, pero su éxito comunicativo es incuestionable: el primer contacto que muchísima gente tuvo con los comunes fueron las licencias Creative Commons.
En segundo lugar, el discurso de los comunes se viralizó y adquirió un sentido políticamente más ambicioso a partir de la Gran Recesión de 2008. En distintos lugares del mundo, la crisis del neoliberalismo dio lugar a movilizaciones populares en las que la reivindicación de ‘lo común’, en el sentido amplio que defendía Linebaugh, fue muy importante. Se trató de un momento de maduración del neocomunalismo contemporáneo con, al menos, dos hitos relevantes. Por una parte, el marco de los comunes permitió a los movimientos sociales comprometidos con la defensa de las políticas de bienestar elaborar una crítica del autoritarismo burocrático. Los servicios públicos universales, como la sanidad o la educación, eran vistos como una herencia irrenunciable, pero, al mismo tiempo, los gobiernos y sus aparatos administrativos estaban siendo actores clave en la destrucción de las políticas de bienestar y la promoción de los procesos de privatización. La teoría de los comunes apareció, así, como una alternativa no estatocéntrica desde la cual defender la sanidad, la vivienda o la educación públicas, recuperando una tradición política antiautoritaria que abogaba por la participación directa en la gestión de los servicios de bienestar.
Por otra parte, en el contexto de la Gran Recesión el discurso de los comunes tuvo un rendimiento conceptual menos visible pero de largo recorrido: ha reintroducido en los debates públicos contemporáneos la importancia de la propiedad colectiva, que en las últimas décadas había ido perdiendo peso en la agenda antagonista en favor de las políticas redistributivas basadas en la igualdad salarial, las transferencias o los servicios públicos. Así, los proyectos comunales vuelven a poner en el centro de la disputa política la cuestión de la propiedad como un elemento irrenunciable de la soberanía popular y la capacidad de control democrático, pero lo han hecho añadiendo dos importantes novedades. La primera es un ensanchamiento de la idea de propiedad colectiva, pues demuestran que, además de la propiedad público-estatal convencional, existen otras posibilidades —eficaces e igualitarias— de gestión comunal de los bienes y servicios que necesita una sociedad. Un buen ejemplo son las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso, en las que la propiedad del inmueble es colectiva, de modo que los residentes pueden usar la vivienda toda la vida, pero no vender la casa ni alquilarla a un precio superior al que se ha establecido colectivamente. La segunda novedad es que la intervención política comunal va más allá de la colectivización clásica de los medios de producción: aspira a intervenir sobre los medios necesarios para la vida en un sentido más amplio e íntimamente relacionado tanto con la crisis de los cuidados como con la crisis ecosocial contemporánea.
En ese sentido, precisamente hoy estamos viviendo un tercer momento de reivindicación y actualización de los comunes relacionado con el ecologismo político. Muchos teóricos y activistas consideran que los conceptos y las prácticas comunales son imprescindible para abordar los retos de la transición ecosocial desde una perspectiva emancipadora. ¿Por qué? Para empezar, porque la crisis ecológica parece la revancha de los críticos de los comunes que siempre han defendido que nadie cuida lo que no es de nadie. Si existe un recurso común, dicen, lo que ocurrirá es que cada uno de los agentes privados que tienen acceso a ese recurso intentará sacar el máximo provecho de él hasta agotarlo, aunque ese es un resultado que perjudique a todo el mundo y que nadie desea. Esa es la llamada “tragedia de los comunes” , la cual, si bien no es una situación que se pueda generalizar a cualquier interacción social, sí que describe algunos de nuestros problemas socioambientales. Por ejemplo, mi contribución personal al cambio climático es infinitesimal: que yo, una sola persona, no realice el esfuerzo de desplazarme en bicicleta supone una diferencia imperceptible. Así que, hagan lo que hagan los demás, es una conducta individualmente racional desplazarme en coche. Si los demás van en coche, mi falta de cooperación no detendrá el cambio climático y no tiene sentido sacrificarne. Si los demás van en bicicleta, mi falta de cooperación contribuirá de un modo insignificante al cambio climático. El mismo dilema se reproduce a muy distintas escalas: afecta a empresas, barrios, ciudades, regiones y países.
Por eso justamente que, desde el ecologismo político contemporáneo, se reivindican las instituciones comunales. Parece sensato pensar que, si estamos viviendo una versión global de un tipo de dilema colectivo que se ha dado históricamente a una escala menor, haríamos bien en explorar una reformulación de las soluciones que muchas sociedades han encontrado en el pasado a esas espirales de irracionalidad colectiva. Las instituciones comunes tradicionales proliferaron en sociedades obligadas a sobrevivir en ecosistemas frágiles, en los cuales el riesgo de sobreexplotación era alto. Esas sociedades, por lo tanto, desarrollaron sistemas de valores basados en la autocontención y culturas capaces de generar una sensación subjetiva de abundancia en economías de estado estacionario.
Este ecocomunalismo es una perspectiva valiosa y nada ingenua que nadie debería ridiculizar. Ha permitido desarrollar innovaciones jurídicas importantes, como la categoría de “bienes comunes naturales”: recursos, como el agua potable, respecto a los cuales el Estado tendría deberes de cuidado y supervisión, pero no derechos de propiedad, lo que debería limitar drásticamente su posibilidad de privatización o sobreexplotación. Sin embargo, el comunalismo ecologista plantea al menos dos problemas importantes imposibles de eludir.
El primero es que a veces imaginamos una especie de correlación automática entre comunes tradicionales y sostenibilidad, lo que es poco realista. Los comunes nunca han sido espacios sociales armónicos. Todo lo contrario: las instituciones comunes aparecen precisamente como soluciones a situaciones sociales potencialmente explosivas, y su objetivo es contener la amenaza de un conflicto catastrófico. Por ello no está claro que en sociedades como las nuestras los sistemas colaborativos locales sean siempre la mejor solución para lograr esa limitación del conflicto, aunque sólo sea porque tenemos que coordinar diferentes sistemas de solidaridad poco coherentes entre sí. A diferencia de lo que ocurría con las instituciones comunales tradicionales, no vivimos en comunidades aproximadamente coherentes y legibles: nuestras sociedades son profundamente confusas, y formamos parte al mismo tiempo de distintos grupos mal definidos y cambiantes con reglas y objetivos incompatibles: somos trabajadores de empresas, consumidores, habitantes de nuestra ciudad y de nuestro país, usuarios de servicios públicos…
El segundo problema del ecocomunalismo tiene que ver con la urgencia de la crisis ecológica y la velocidad y magnitud de algunos de los cambios que necesitamos. Uno de los motivos por los que las propuestas comunales son populares en el campo del ecologismo es que las políticas estatales han sido no sólo cómplices sino protagonistas de la crisis medioambiental, a causa tanto de las alianzas ecocidas del Estado con las empresas capitalistas como de la lógica burocrática alejada del cuidado local de los ecosistemas. Sin embargo, al menos por lo que toca a la transición energética, no parece que podemos renunciar a la capacidad que tiene el Estado para impulsar gigantescos cambios coordinados a una velocidad asombrosa. Un ejemplo extremo es China, cuya descarbonización se está produciendo a un ritmo impensable para cualquier país sin su capacidad de intervención gubernamental autoritaria: China está construyendo el doble de instalaciones de energía solar y eólica que el resto de países del mundo juntos. El margen temporal del que disponemos para mitigar los peores efectos del cambio climático y evitar la catástrofe absoluta es muy estrecho. En una situación así, renunciar a las políticas públicas a gran escala o incluso al poder coercitivo del Estado es un suicidio ecosocial.
En realidad, el comunalismo ecologista muestra concentradas tensiones presentes en cualquier política comunal contemporánea ambiciosa que inevitablemente necesita combinar una dimensión universalista ausente en los comunes tradicionales con la autogestión y la participación. La transición ecológica exige eficacia y rapidez; es decir, intervenciones públicas a gran escala y con capacidad impositiva. Pero, al mismo tiempo, es imposible que esa guerra relámpago medioambiental tenga éxito si no se producen cambios en nuestro sentido común, hacia una nueva concepción de la vida buena compartida que nos permita dejar atrás el estilo de vida imperial del consumismo para ganar en libertad y capacidad de decidir colectivamente sobre nuestras propias vidas. Pensar los comunes contemporáneos con realismo significa, en definitiva, diseñar una retroalimentación entre las políticas públicas y la autogestión comunal capaz de fructificar en espacios sociales pluralistas y complejos.
