En los tiempos recientes se ha puesto de moda —particularmente entre los críticos del gobierno mexicano— el término “narcoestado”, así como otros similares. El objetivo, por supuesto, es propagar la idea de que el Estado mexicano ha sido cooptado por el crimen organizado. Para los críticos y la oposición política de la 4T el gobierno se ha fusionado, en todos los niveles, con los narcotraficantes y, por esta razón, cualquier medida para combatirlo es aceptable… Como una intervención de Estados Unidos en el país. Este discurso es maniqueo, oportunista y, además, demuestra la nula autocrítica al papel que han jugado los partidos de oposición en el país en la consolidación de la corrupción y el crimen organizado como una suerte de poder paralelo al de la autoridad tradicional en todos los niveles.
El narcotráfico como mito ha sido explorado por investigadores como Oswaldo Zavala en sus libros Los cárteles no existen y La guerra en las palabras. La esfera mediática se ha encargado —en alianza con los gobiernos y los llamados poderes fácticos— de crear una especie de enemigo invencible, el “jefe de jefes”, el narcotraficante que opera al margen de la sociedad y que corrompe, desde el exterior, el funcionamiento de todo un país. Sin embargo, la historia es más compleja y su desarrollo ha cambiado mucho desde la aparición del narcotráfico como fenómeno social en el siglo XX hasta su comportamiento en nuestros años. El periodista británico Misha Glenny especializado en crimen global documenta en su libro McMafia. Un viaje a los bajos fondos globales el auge de las organizaciones delincuenciales en gran parte del mundo a partir de la desregulación económica de finales de los 80 y los 90. El neoliberalismo no sólo privatizó amplios sectores del Estado, sino que moldeó un mapa en el que las antiguas barreras y controles para el flujo de capitales desaparecieron. La financiarización de la economía global la convirtió en un casino y, además, creó territorios para el lavado de dinero. Petromonarquías como la de Emiratos Árabes Unidos —y su ciudad insignia Dubái— demuestran que los combustibles fósiles dieron lugar a un próspero entramado en donde se disuelve la línea de lo legal y lo ilegal. Los Estados corporativos de Medio Oriente y sus alianzas con el crimen organizado global promovieron mafias trasnacionales que usan la producción y el tráfico de droga como un producto más de una cartera de negocios que se expande constantemente. A pesar de esto, el imaginario popular asume que el crimen se reduce a bandoleros traficando con droga y evadiendo la acción de la justicia.
La investigadora Guadalupe Correa-Cabrera publicó recientemente su investigación Cárteles Inc. La “nueva generación” que controla las redes criminales en la que describe la transformación del crimen organizado a partir de la aparición de Los Zetas. Ahora en decadencia, este cártel puso en práctica tácticas y entrenamientos paramilitares. No hay que olvidar, por supuesto, la extrema violencia con la que actuaban. Sin embargo, un factor casi siempre olvidado por los periodistas y analistas que estudian el crimen organizado es la estructura financiera, la penetración del dinero ilegal en el circuito financiero legal —por medio del lavado de dinero— y, sobre todo, el grado de especialización de la organización. Los Zetas implementaron un modelo corporativo que, posteriormente, fue copiado por otros cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Al igual que una empresa, estos grupos criminales han desarrollado diferentes áreas de trabajo que involucran reclutamiento, financiamiento, alianzas con la economía formal, relaciones con políticos y comandos paramilitares que usan la extrema violencia como propaganda y carta de presentación.
El periodista Andy Robinson publicó en el año 2020 Oro, petróleo y aguacates. Las nuevas venas abiertas de América Latina. La investigación aborda el floreciente aparato paramilitar que controla la industria extractivista en la región. Materias primas —los famosos commodities— han sido explotadas a un altísimo costo humano y ambiental gracias a la omisión o asociación de gobiernos que abarcan todo el espectro ideológico. Cobre, soya, papa, carne, gas, oro, aguacates, petróleo y, recientemente, litio se extraen en las llamadas “zonas de sacrificio” para impulsar el mercado global que necesita una expansión perpetua. La gestión de ese circuito corre a cargo de grupos paramilitares que aprovechan la inefectividad o corrupción del Estado para depredar personas, animales y naturaleza. Correa-Cabrera refiere, para el caso mexicano, el mapa criminal —particularmente las zonas más violentas, como regiones enteras de Guerrero, Veracruz, Chiapas o Tamaulipas, entre otras— que coincide con la explotación de recursos de todo tipo. Se puede asumir que el capitalismo de nuestro siglo, en su última etapa, extermina cualquier obstáculo legal para que el capital siga fluyendo en los mercados internacionales. En tal escenario, los cárteles, como empresas que combaten ferozmente para ejercer el monopolio de la fuerza en el país, se han convertido en competidores del Estado y en un poder paralelo.
Correa-Cabrera propone, además, otra lectura inquietante del narcotráfico actual. La captura del Estado por el crimen organizado corporativo no es un enfrentamiento entre dos poderes antagónicos. Es claro que los flujos de capitales producidos en el mercado ilegal penetran el comercio y, en general, la estructura financiera legal. Sin embargo, se puede documentar que la paramilitarización del país también es fomentada por el Estado que recurre a esta estrategia para competir con el crimen organizado y, de paso, reducir cualquier oposición social a proyectos extractivistas y de despojo para la obtención de recursos energéticos, naturales y minerales. La población de las zonas de sacrificio —en expansión constante en los años recientes— vive, por si fuera poco, una realidad que promueven sin pudor los ideólogos del capitalismo más extremo: el reclutamiento forzado de personas para ser usadas como mano de obra desechable y la aniquilación del entorno que sustenta a las comunidades sin sufrir ninguna consecuencia. Los Estados fallidos o militarizados en el Sur Global son el territorio ideal para las corporaciones que dominan el mundo en estos años. El crimen organizado funciona como una extensión del capitalismo global que requiere la extinción del Estado de bienestar, los derechos laborales y humanos. La lógica del “narcoestado”, como se puede ver, va mucho más allá de lo que apuntan, de manera superficial, muchos de los críticos de este gobierno. Empezaremos a creerles cuando denuncien este funcionamiento y todo lo que ocurre atrás de la caricatura que han hecho del narcotráfico.
