Perspectivas
Fabiola Escárzaga
En este artículo me propongo mostrar la manera en que la extrema derecha fujimorista, hegemónica en el Congreso peruano, generó un escenario totalmente adverso a la gestión de Pedro Castillo, a quien el voto popular había logrado poner en la presidencia, siendo la primera vez que un candidato de izquierda, con el que étnica y socialmente podía sentirse identificado, logró el triunfo. Para vacarlo (destituirlo), el Congreso aplicó desde el inicio de su gobierno una estrategia de descalificación, hostilidad y bloqueo permanente que impidió la gobernabilidad, también fue agredido por los medios de comunicación y acusado de corrupción. Finalmente, el 7 de diciembre, escudándose en el fallido autogolpe de Castillo y utilizando la investidura de la vicepresidenta Dina Boluarte, se logró la vacancia (destitución) de Castillo luego de 18 meses de mandato. Tras esto se ha constituido una dictadura cívico militar en la que la presidenta es manejada por las fuerzas de extrema derecha del Congreso (el fujimorismo), en alianza con las Fuerzas Armadas, la Fiscalía de la Nación y los medios de comunicación limeños y con apoyo internacional.
La población del sur indígena del país, indignada, se ha movilizado desde el primer día en contra de un gobierno que consideran ilegítimo: aducen que dicho gobierno ha usurpado el poder a Castillo y que Dina Boluarte ha traicionado al presidente y a la población a la que en múltiples escenarios prometió que no asumiría el poder en caso de que Castillo fuera vacado. Los movilizados demandan la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente. Boluarte respondió estableciendo el estado de emergencia y toques de queda; con el uso de una violencia policial extrema que ya han provocado para fines de enero más de 60 muertos y 1500 heridos. Lejos de amedrentar a los descontentos los enardece más. El discurso manejado por la presidenta, congresistas y medios de comunicación acusan a la población de ser manipulados por el narcotráfico, la minería informal, Evo Morales y los ponchos rojos de Bolivia, o por el terrorismo, negándoles su capacidad de iniciativa. La élite política, los comentaristas de televisión y la presidenta afirman no entender qué es lo que quieren, por qué se movilizan, y por qué los movilizados no entienden que todo lo que ellos piden es imposible.
A mediados de enero se ha convocado a un Paro Nacional y la movilización se ha trasladado hacia la capital, desde las diferentes regiones del país que fueron el escenario principal con bloqueos de carreteras e intentos de tomas de aeropuertos entre diciembre y el inicio del 2023. Desde las regiones movilizadas (Ayacucho, Andahuaylas, Puno y Cusco) se han trasladado campesinos y estudiantes hacia Lima en autobuses, contando con el apoyo en alimentos de sus comunidades y de las poblaciones a su paso. A continuación mostraré los antecedentes por los que se constituyó la institucionalidad política vigente, neoliberal y contrainsurgente y las manifestaciones recientes de sus crisis y su irracionalidad.
La prolongada hegemonía fujimorista
Hay dos elementos estructurales fundamentales para entender la actual coyuntura peruana, el primero es la polarización étnica y social que mantiene en la exclusión política y económica a los sectores mayoritarios de la población. Estos sectores de ascendencia indígena que habitan en la sierra andina y los que han emigrado a las ciudades en los últimos 50 años han sido sistemáticamente discriminados por los sectores blanco mestizos urbanos; la fractura costa- sierra se mantiene hasta la actualidad.
El otro elemento es la hegemonía fujimorista que construyó a partir del autogolpe de Alberto Fujimori en 1992: un nuevo sistema político que incorporó a nuevas élites y una nueva Constitución. Éste instauró el neoliberalismo mediante la represión sobre las insurgencias armadas del PCP-Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) mediante una estrategia contrainsurgente violatoria de los derechos humanos, con el apoyo del Ejército, los medios de comunicación y el capital extranjero beneficiado con su política. El fujimorismo tradujo la polarización étnica y social vigente en una confrontación entre terroristas o terrucos (que incluye a campesinos, sindicalistas, profesores, estudiantes, izquierdistas, etc.) y ellos los “defensores de la sociedad”, escalando su contenido violento. Para legitimarse y mantener el poder económico y político la extrema derecha requiere mantener vivo al enemigo terrorista, lo ha hecho desde 1992 y continúa haciéndolo, las leyes antiterroristas vigentes le permiten criminalizar a toda oposición y evitar la consolidación de alternativas populares de izquierda.
El autogolpe de Alberto Fujimori en abril de 1992 disolvió el Congreso y en 1993 promulgó una nueva Constitución, que estableció un Congreso unicameral integrado por 130 representantes. Con ello conformó una nueva clase política que posibilitó la privatización de gran parte de la actividad económica y la apertura total de la actividad minera al capital extranjero; incrementó el flujo de recursos y estimuló la actividad económica; eliminó la inflación y la devaluación y ha mantenido el PIB entre los más altos de la región durante mucho tiempo, pero ha extremado la pobreza de la mayoría. La política contrainsurgente produjo el triunfo frente a la insurgencia y la total legitimidad del gobierno de Fujimori interna y externamente, lo que permitió su reelección en 1995 y en 2000, hasta que el descubrimiento por el gobierno norteamericano de la venta de armas a las FARC lo hizo caer en desgracia y presentar su renuncia en una gira en Japón (su lugar de nacimiento). El fujimorismo era una dictadura con fachada legal, que no fue cuestionada por el gobierno norteamericano por cumplir eficaz y fielmente con la aplicación del programa neoliberal.
Los eventos ocurridos en el año 2000 (el fraude cometido en contra de Alejandro Toledo en las elecciones de abril, la movilización popular que motivó el fraude —llamada la Marcha de los Cuatro Suyos— y la renuncia de Fujimori desde Japón en noviembre —que llevó a la presidencia provisional del país al presidente del Congreso Valentín Paniagua, quien convocó a nuevas elecciones y creó una Comisión de la Verdad—) inauguraron una retórica que pretendía una supuesta transición desde la dictadura fujimorista a la democracia: se habló de restaurar la Constitución de 1979, pero fue muy poco lo que se modificó. Prevalecieron los mismos grupos empresariales, nacionales y extranjeros, y persistió la retórica de la amenaza terrorista para justificar la continuidad neoliberal de entrega de los recursos naturales a las empresas extranjeras y para perseguir las luchas de las comunidades campesinas contra la minería y encarcelar a sus dirigentes para apagar las movilizaciones. Los gobiernos subsiguientes fueron de derecha o se derechizaron, y el neoliberalismo fue defendido tenazmente por sus beneficiarios.
En 2005, Alberto Fujimori intentó volver a candidatearse a la presidencia en las elecciones de 2006, pero lo detuvieron en Santiago de Chile y se inicia un juicio de extradición por delitos de lesa humanidad y corrupción. Se impide así que se convierta en presidente nuevamente. En 2007, Fujimori fue extraditado a Perú, enjuiciado y sentenciado a 25 años de prisión. Pero su hija Keiko, que había sido su primera dama desde 1994 al 2000, ingresa de lleno a la política y se convierte en la congresista con mayor votación en 2006, mostrando la vigencia del fujimorismo como único factor de articulación de una derecha incapaz de conformar un bloque orgánico y legítimo. Desde el Congreso la hija del dictador da continuidad al fujimorismo, para ello construye un partido llamado Fuerza Popular, que cuenta con un grupo amplio de políticos experimentados formados durante la presidencia de su padre y con una base social popular muy amplia, la construida con asistencialismo y la manipulación a través de los medios de comunicación y con amplios recursos materiales producto de la corrupción. La carrera a la presidencia de Keiko se planteó como su primera gran meta lograr la liberación de su padre.
También hay un fuerte posicionamiento antifujimorista por parte de la izquierda electoral y de otros sectores sociales que ha logrado impedir que Keiko gane la presidencia en 2011, 2016 y 2021. En los tres procesos electorales ha llegado a la segunda vuelta, pero no ha logrado ganar la presidencia. Pero el fujimorismo ha logrado con sus votos la mayoría en el Congreso y a través de él sigue decidiendo los destinos de Perú, gobernando indirectamente, presionando e incluso controlando los gobiernos a través de reformas constitucionales. El sistema político peruano y los cambios impulsados por su bancada posibilitó mecanismos de desestabilización que permitieron el virtual control del legislativo sobre el ejecutivo. La inestabilidad política de los últimos años es resultado de su estrategia de ingobernabilidad.
Breve reseña de la ingobernabilidad en el quinquenio (2016-2021)
Durante el anterior período presidencial del neoliberal Pedro Pablo Kuschinsky (PPK) (2016–2021) hubo un prolongado proceso de desestabilización dirigido por Keiko Fujimori y su partido a través de su representación en el Congreso. Así, no obstante que el 24 de diciembre de 2017, PPK decretó el indulto presidencial que le permitió a Alberto Fujimori pasar a prisión domiciliaria, bajo el argumento de su debilitada salud, en marzo de 2018 el fujimorismo logró que PPK renunciara acusado de corrupción, en su lugar asumió la presidencia su vicepresidente Martín Vizcarra.
En septiembre de 2019, Vizcarra disolvió el Congreso porque éste le negó la cuestión de confianza al gabinete presidencial, y en enero de 2020 se eligió un Congreso que funcionaría durante año y medio. En noviembre de 2020, Vizcarra fue vacado por el Congreso, sin investigación de por medio, acusado de “permanente incapacidad moral”, pese al rechazo de la opinión pública, que consideraba inoportuno destituir al presidente en medio de una pandemia y sin motivos suficientes. El 10 de noviembre de ese mismo año, Manuel Merino, presidente del Congreso, asumió como presidente de la República, en lo que se consideró un “golpe de Estado” parlamentario.
La crisis política propiciada por la desestabilización fujimorista encendió la movilización en Lima protagonizada por la llamada Generación del Bicentenario integrada por jóvenes urbanos. Fue un “ya basta” en contra del fujimorismo que gobierna a través del Congreso. En esas jornadas, dos jóvenes fueron asesinados por la policía y la presión de la opinión pública llevó a Merino a renunciar cinco días después de haber asumido el cargo, en su lugar asumió el 16 de noviembre el presidente del Congreso Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado (un partido de centro), opositor a la vacancia de Vizcarra, quien se comprometió y logró unas elecciones limpias en medio de la pandemia. El Congreso aprobó una ley que limita la cuestión de confianza, es decir, la atribución del ejecutivo para disolver al Congreso, rompiendo así el equilibrio de poderes. Además, para bloquear iniciativas ciudadanas, se aprobó una ley que restringe el derecho a convocar a un referéndum sobre el cambio de Constitución. Todo esto con el aval del Tribunal Constitucional cuyos miembros, por supuesto, son designados por el Congreso.
El triunfo de Castillo sobre el racismo
Pedro Castillo, maestro rural, de Cajamarca, al norte del país, y dirigente magisterial que cobró visibilidad al dirigir en 2011 la movilización de los maestros en contra de la Ley que los evaluaba y les quitaba su plaza si no aprobaban; campesino, hijo de campesinos analfabetas, miembro de las rondas campesinas y evangélico, fue candidato presidencial por el partido Perú Libre, un partido de izquierda. Castillo fue el candidato porque su dirigente Vladimir Cerrón, quien fue presidente regional de Junin, fue inhabilitado por corrupción. Esta es una estrategia de criminalización que ha impedido a dirigentes de izquierda de diferentes regiones que han sido presidentes regionales, ser candidatos presidenciales. De esta manera se obstruye las posibilidades de representación de los sectores populares y sobre todo de las regiones.
Nadie esperaba que Castillo triunfara y no estaba preparado para ser presidente, pero como la derecha se presentó dividida en 16 partidos, más cuatro de centro y dos de izquierda el voto se fragmentó. Verónika Mendoza de Juntos por el Perú -el otro partido de Izquierda, quien el 2016 obtuvo el 20% de la votación, quedando en tercer lugar- fue el blanco de los ataques de los medios de comunicación durante la campaña por la primera vuelta y no ganó el voto de la población rural de la sierra. Castillo en cambio, resultó más cercano a los electores y fue invisible para los medios de comunicación “nacionales” -que en estricto sentido son los limeños- y no fue atacado en esa fase. Sus votantes hacían campaña subterránea a su favor a través de las redes informales de las organizaciones locales de los programas asistencialistas o de los maestros rurales. Una total sorpresa fue que obtuviera el primer lugar en la primera vuelta con 19%, mientras que Keiko Fujimori obtuvo el 13%.
Para explicar el resultado de la primera vuelta debemos considerar otros factores, el primero es el desprestigio de la clase política peruana, protagonista de escándalos de corrupción durante este siglo, los cuales llevaron a juicios o a la cárcel a todos los expresidentes desde Alberto Fujimori hasta Vizcarra. Incluso Keiko Fujimori tenía abierto un juicio siendo candidata presidencial, igual que los expresidentes por sobornos de la empresa brasileña Odebrecht que financió sus campañas electorales a cambio de la concesión de obras de infraestructura durante sus gobiernos. Por su parte, el Congreso como institución tiene los más bajos índices de aprobación 6%, como protagonista de los procesos de desestabilización orquestados por el fujimorismo desde 2006 y que se extremaron en los dos últimos períodos presidenciales.
Otro factor fue el empobrecimiento sufrido por la población rural y la urbana popular mayoritariamente dedicada a actividades informales, durante la pandemia. La cuarentena rígida establecida y la deficiente infraestructura pública en salud, se sumaron a los limitados apoyos establecidos para la atención de los enfermos y colocaron a Perú como el país con mayor índice de mortalidad por la pandemia según la Universidad Johns Hopkins.
Tal vez el elemento más importante que explique el triunfo de Castillo es la alta identificación de los sectores populares urbanos y rurales con el maestro rural. Un David enfrentando a Goliat. Keiko y la derecha mostraron durante la campaña por la segunda vuelta su gran desprecio racista por los votantes de Castillo, a los que descalificó por votar mal, no saber ejercer el voto y alguno de sus simpatizantes afirmó que había que quitarles el derecho al voto pues no lo merecían (Avilés, 2021). Ni el apoyo activo de Vargas Llosa a Keiko evitó que el 6 de junio de 2021, triunfara Castillo por una mínima diferencia, 50,12 % contra 49,87 % de Fujimori (Burt, 2021).
Luego de la segunda vuelta, Keiko Fujimori interpuso demandas por fraude ante el órgano electoral que retrasaron el reconocimiento del triunfo de Castillo. Desde el inicio del nuevo gobierno de Castillo el 28 de julio de 2021, el Congreso de mayoría derechista se planteó el objetivo de su destitución. El presidente fue presionado, descalificado, insultado por los congresistas y llamado por los medios “burro” por su falta de capital cultural. La campaña de desestabilización fue constante. Sin pruebas sólidas fue acusado de corrupción al igual que su familia.
En los inicios de su gobierno Vladimir Cerón presidente de Perú Libre, pretendió manejarlo, le impuso ministros, pero Castillo no lo acató. También estableció alianzas con Juntos por el Perú, pero estas fueron rápidamente rotas. La presión del Congreso lo llevó a cambiar los ministros de izquierda por otros de derecha, para congraciarse con esos sectores, o por allegados suyos y familiares a quienes tenía más confianza. Castillo como presidente hizo muchos cambios de ministros, sus medidas de gobierno fueron erráticas y hubo mucha ineficiencia, que fue magnificada por los medios de comunicación.
Los logros del gobierno de Castillo fueron pocos, las iniciativas presidenciales fueron bloqueadas o aplazadas por el Congreso. Uno de ellos fue la Ley de huérfanos, por la cual los niños y jóvenes que hubieran perdido a uno o dos de sus padres recibirían mensualmente 200 soles. Algunas medidas como eliminar la propaganda gubernamental a la prensa, una forma de subsidio y quitarles las exenciones de impuestos generaron la adversa reacción de éstos. Los sectores medios y altos urbanos desplazados del ejercicio del poder por provincianos formados en universidades públicas o privadas de poco prestigio cuestionaron su gobierno. Un tema crucial fue su compromiso expresado ante sectores campesinos de no renovar las concesiones mineras a las empresas extranjeras que están venciendo en este año. El conflicto minero ha sido el eje de la movilización campesina y popular en lo que va del siglo XXI y contra ella se dirige el mecanismo del terruqueo.
La inexperiencia, y falta de capacidad política de Castillo fueron sumando sus errores y desastrosas consecuencias para la administración pública, pero la burla y descalificación sistemática del presidente por congresistas y medios de comunicación por sus atributos identitarios y por su incompetencia política fue eventualmente percibida por los sectores rurales y urbano populares como una agresión hacia ellos mismos, un grado más en el tradicional desprecio que los sectores altos y medios blancos practican contra la población chola o indígena. Y como siempre ocurre en la vida política peruana, la percepción de la realidad que se construye desde Lima no coincide con la que se tiene desde las regiones. Para la gente identificada con Castillo las autoridades y los medios de comunicación que lo acusan de corrupción no tienen credibilidad. Castillo bajó paulatinamente en las encuestas hasta un 20% de aceptación, mientras el Congreso llegó al 6%. Encuestas previas señalaron que la vacancia del presidente generaría un alto descontento social.
Sobre el fallido autogolpe y el golpe parlamentario
Es posible que el acoso, la presión, y las amenazas de las últimas semanas antes de su destitución y juicios por corrupción llevaran a Castillo al incomprensible evento del 7 de diciembre de 2023. En él, el presidente lee el anuncio de la disolución del Congreso, la declaratoria del estado de emergencia y la intervención del poder judicial y la proclamación de un golpe de Estado. Aún se especula sobre el que Castillo haya sido drogado y obligado a leer la proclama, es evidente que fue engañado al asumir esa solución y que su ignorancia e ingenuidad facilitaron que lo hiciera. Tal medida no tenía ninguna posibilidad de consumarse, no había el apoyo del Ejército ni de alguna fuerza política, pero sirvió de justificación para lograr la vacancia de Castillo que no se había logrado en dos ocasiones y que no tenía los votos necesarios para lograrse en la tercera convocatoria (el 66%) programada para ese día. Finalmente, la vacancia se tramitó por el supuesto delito de rebelión sustentado en su proclama y fue detenido sin juicio político que lo desaforara y reemplazado dos horas después por su vicepresidenta Dina Boluarte, quien de inmediato contó con el apoyo del Congreso, del Ejército, los medios de comunicación, el empresariado y el gobierno de Estados Unidos.
Boluarte tendría al menos seis meses negociando con la derecha en el Congreso para ser la salida legal a fin de reemplazar a Castillo, ya que sin ella la sucesión se habría dado por el presidente del Congreso, el general en retiro José William Zapata —ultraderechista con un historial genocida durante la guerra interna—, una figura más repudiada que Merino en 2020. La estrategia seguida por los grupos dominantes construye el escenario legal que utiliza a Boluarte como fachada constitucional. El hecho es que el golpe congresal se dio, pero con ella como presidenta y de inmediato se estableció el estado de emergencia y toques de queda locales, en los lugares donde la población comenzó a movilizarse contra de la destitución de Castillo. Esta pretendida legalidad niega sustento a la movilización en repudio al golpe cívico-militar y se lanza a la policía contra los manifestantes a los que se señala como terroristas. La policía actúa en consecuencia, haciendo la guerra a la población desarmada.
El fujimorismo es una forma grotesca de dominación política que apela a una legalidad política a modo, creada por ellos mismos y que carece de legitimidad. Su largo control sobre los medios de comunicación le ha permitido convertir en hegemónica su distorsionada visión del mundo y normalizar el autoritarismo y el racismo que se ejerce contra las mayorías para mantener su dominación. Por esa legalidad puede acusar de ser terroristas a los manifestantes que piden una Asamblea Constituyente.
La respuesta campesina y popular
La destitución de Castillo, al exceder todo límite, ha hecho visible para grandes sectores de la población la ilegitimidad con que se ejerce el poder en Perú y los ha llevado a rebelarse contra él, dejando de lado el miedo que el siniestro aparato represivo del Estado ha generado entre la población durante décadas, con un Ejército y policía que gozan de total impunidad ante las violaciones a los derechos humanos que cometen sobre de las poblaciones indígenas y pobres de la sierra que se movilizan. La decisión de movilizarse desde las distintas regiones del sur del país para rechazar la imposición de la derecha fujimorista de una nueva dictadura es una novedad por su amplitud, generalización y duración.
La movilización campesina y popular en el sur del país comenzó de inmediato y espontáneamente, fue autoconvocada —como señalan los propios movilizados— pidiendo la restitución de Castillo, la disolución del Congreso, la renuncia de Boluarte y una nueva Constitución. Consideran a Boluarte como traidora —en tanto provenía de la fórmula de Patria Libre y se había pronunciado en varias ocasiones en apoyo a Castillo— y asegurado que si este era vacado ella renunciaría. La consideran una usurpadora y rechazan que los que perdieron las elecciones de 2021 se hayan hecho del poder.
La acusación de terroristas contra los campesinos indígenas que se manifiestan es indignante para ellos por varios motivos, el principal es que fueron ellos los que, organizados como rondas campesinas reconocidas por el Estado como fuerzas contrainsurgentes, lograron la derrota de los grupos insurgentes. Y ese mérito les fue reconocido incluso por el gobierno de Fujimori.
Para finales de 2022 habían muerto 25 personas en las protestas en Ayacucho y Andahuaylas, asesinatos perpetrados, con toda la saña, por armas de fuego de la policía. La mayoría se realizaron en el intento de tomar el aeropuerto de Ayacucho por la población, para evitar la llegada de refuerzos militares y para visibilizar la protesta contra Boluarte. En estos hechos hubo la presencia de infiltrados enviados por el ejército para presentar a los movilizados como azuzados por terroristas, y para provocar una violencia extrema que amedrente a los descontentos y desactive las movilizaciones. Pero la represión con un uso desproporcionado de la fuerza policial y militar y las declaraciones de la presidenta descalificadoras de los movilizados, hechos con una fuerte carga racista, no ha logrado frenar las movilizaciones, por el contrario, no han hecho sino echar gasolina al fuego.
El ministro del interior acusa a los manifestantes de ser miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), organización política que deriva del extinto PCP-Sendero Luminoso, y de estar financiados por la minería informal y el narcotráfico. El ministro también señalaque Evo Morales ha enviado las armas que usa la población y que las movilizaciones populares son parte y evidencia del golpe orquestado por Castillo. La presidenta en su alocución pide a la población no dejarse engañar y manipular por esos elementos y dice no entender por qué se movilizan.
Los descontentos decidieron hacer un receso de fin de año y reiniciar las movilizaciones para el 4 de enero, ya de manera más organizada, extendiéndose a otras regiones y localidades, la más significativa es Puno, frontera con Bolivia con la que comparte una alta proporción de población aymara, la cual mantiene la más sólida organización comunitaria. El 9 de enero de 2023 se produjo una nueva matanza, en el intento de la toma del aeropuerto de Juliaca, en Puno, con 17 muertos.
La indignación de la población escala conforme aumenta el número de muertos y la extrema violencia con que se ha respondido a la justa indignación provocada por la destitución de su presidente, a quien ellos llevaron a la presidencia y que con todas sus limitaciones personales los representaba. La descalificación del otro pobre, cholo, indio, y la negación de sus derechos y de sus capacidades políticas por parte de las élites enredadas en su laberinto de terruqueo y racismo, les impidió atender a las señales de peligro para su propia dominación.
Se convocó a un paro nacional para el 19 de enero, justo en el aniversario de la fundación de Lima, la Lima colonial que siempre obligó a sus migrantes a abandonar sus vestimentas y su lengua para ser admitidos como subalternos, no como ciudadanos, hoy se viste de trajes indios y de cholas, que se han autoconvocado para llegar a la capital, sectores campesinos indígenas y populares del sur, del centro y del norte del país que en los últimos días se han desplazado en combis desde el campo a las ciudades, y en autobuses desde éstas hacia la capital, para expresar su rechazo a Dina la asesina, Dina “Balearte” y para que se entere de una buena vez de que lo que quieren es su renuncia, el cierre del Congreso, nuevas elecciones ya y una nueva Constitución. Por decisión de asambleas, con sus propios medios las comunidades campesinas aymaras, quechuas y de la Amazonía, envían a sus representantes, con el apoyo de sus comunidades y de la población que los recibe y despacha en las ciudades intermedias, las universidades públicas de Lima los están hospedando, y la población limeña los está apoyando con ollas comunes para su permanencia en Lima hasta la renuncia de Boluarte. Los carnavales de Ayacucho y Puno, los más importantes del país se han cancelado, “porque no se puede bailar sobre los muertos”, dicen, pero las marchas en Lima, que se realizan cada tercer día, desde los distintos conos de la ciudad (barrios populares en sus extremos) y con participantes de las distintas regiones del país recrean los carnavales.
El futuro es incierto, la terquedad del poder es incomprensible y la represión se incrementa. Pero ellos están decididos a defender la democracia que les permita la autorepresentación con la que quieren defender sus propios intereses frente a las élites que no los consideran parte del Perú.
Referencias
Avilés, M. (13 de junio de 2021). Pedro Castillo podría vencer a la derecha peruana, pero no a su racismo. The Washington Post.
Burt, J. M. (20 de julio de 2021). Perú tiene un nuevo presidente, pero la gran mentira de fraude pone en peligro la democracia. Wola.